Derecho de Petición al Dr. FELIPE MUÑOZ, Director del DAS

"No se trata, Doctor Muñoz, de algo del pasado, sino de estrategias en plena marcha, como lo revela la manera como se está utilizando al desmovilizado alias “Samir”, domicialiado actualmente en la Brigada XVII contra toda norma legal, para confeccionar montajes infames contra la Comunidad de Paz, con el concurso del ex Ministro del Interior y Justicia, Dr. Fernando Londoño Hoyos, y otros numerosos medios de comunicación que quebrantan toda la ética de la información".

Bogotá, julio 13 de 2009

De. FELIPE MUÑOZ

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

Carrera 28 No. 17-A-00

BOGOTÁ, D. C.

            Ref: OJUR 41185 – Junio 30 de 2009

De toda consideración.

Acuso recibo de su oficio de la referencia, el cual venía acompañado del texto del Derecho de Petición que había sido radicado en su despacho el pasado 16 de junio bajo el No. 548913-0.

La petición formulada en dicho documento tiene su sustento en el artículo 15 de la Constitución Nacional, en el cual se establece que toda persona en Colombia tiene derecho a “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Los documentos citados del CTI nos confirman, con suficiente seguridad, que en el Departamento Administrativo de Seguridad, bajo su actual dirección, se ha desarrollado una recopilación de información durante seis o más años, contra 10 integrantes de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ y contra el suscrito, con características que para los mismos investigadores de la Fiscalía revelan procedimientos ilegales y de persecución política.

Su respuesta del pasado 30 de junio hace alusión a las investigaciones penal y disciplinaria que adelantan actualmente la Fiscalía y la Procuraduría y a las órdenes internas que usted le ha dado a los funcionarios de su despacho para que faciliten dichas investigaciones, lo cual me parece correcto, pero en nada responde a la petición formulada el pasado 16 de junio. Una cosa es que se investiguen los hechos y procedimientos que han sido violatorios de la Constitución y de la Ley y otra es que se cumpla con el mandato constitucional de dar a conocer a las personas las informaciones que se hayan recogido sobre ellas, legal o ilegalmente.

En nuestro caso, Doctor Muñoz, el acceso a dicha información es de vital importancia, pues en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se conocen numerosos montajes judiciales para desprestigiarla y exterminarla, combinando, de manera perversa, el fusil con la toga. Usted seguramente sabe que más de 180 personas de la Comunidad y de su entorno han sido asesinadas desde que se creó la Comunidad en 1997 y que otros numerosos crímenes (más de 700) han sido perpetrados contra sus integrantes, tales como: desapariciones, torturas, bombardeos indiscriminados, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, abusos sexuales, difamaciones, anuncios de exterminio, amenazas de muertes, incineración de viviendas, destrucción de cultivos, pillajes, robos de animales de carga, de animales domésticos, de herramientas de trabajo, asaltos a mano armada, etc, hechos todos en los cuales la población ha podido ver en directo la unidad de acción entre la fuerza pública y los grupos paramilitares que asumen diversos nombres según el período. Todo muestra que hay allí una política del alto gobierno, traslucida a través de las calumnias e injurias del Señor Presidente Uribe, de las políticas de la Vicepresidencia y de todas las estrategias de Acción Social de la Presidencia en la zona. Plenamente articulado a todo esto ha estado el aparato judicial de Urabá con sus ramificaciones hacia arriba en Medellín. Numerosos campesinos del entorno de la Comunidad han sido víctimas de montajes judiciales dirigidos por la Brigada XVII y ejecutados por fiscalías, juzgados y tribunales de la región, con el concurso de procuradores y defensores, desconociendo los principios constitucionales de independencia de poderes, de igualdad de los ciudadanos ante la ley y las normas del debido proceso. Un derecho de petición fue elevado a las Altas Cortes del Estado el pasado 19 de enero para que declaren un “estado de cosas inconstitucional” en Urabá, sobre la base de cerca de 20 expedientes que revelan todo tipo de aberraciones jurídicas.

No se trata, Doctor Muñoz, de algo del pasado, sino de estrategias en plena marcha, como lo revela la manera como se está utilizando al desmovilizado alias “Samir”, domicialiado actualmente en la Brigada XVII contra toda norma legal, para confeccionar montajes infames contra la Comunidad de Paz, con el concurso del ex Ministro del Interior y Justicia, Dr. Fernando Londoño Hoyos, y otros numerosos medios de comunicación que quebrantan toda la ética de la información.

En mi caso particular, como lo reveló el Senador Gustavo Petro en reciente debate en el Senado, las carpetas del DAS que están hoy bajo análisis revelan que el montaje del cual fui víctima en un video que me hacía aparecer, junto con la Doctora Gloria Cuartas, el Dr. Álvaro Leyva y el periodista Hollman Morris, como “Frente Internacional de las FARC”, había sido elaborado en el DAS. Varias de la “declaraciones” falsas y remuneradas que conozco personalmente, rendidas supuestamente por “desmovilizados” asesorados por la Brigada XVII, en las cuales aparezco como colaborador de la guerrilla a la cual le llevaría dinero, alimentos y armas, son viles montajes dentro de la misma estrategia. Uno se pregunta cuántos otros montajes por el estilo se habrán hecho allí. La Constitución Nacional nos da pleno derecho a acceder a esa información.

Como puede ver, Doctor Muñoz, el acceso a la información que reposa en el DAS sobre la Comunidad de Paz de san José de Apartadó y sobre mi persona, esclarecería muchísimas cosas cuyo análisis tiene entre manos la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros muchos organismos intergubernamentales de Derechos Humanos, pero, sobre todo, podría evitar la perpetración de muchos crímenes que se han venido cometiendo de manera sistemática desde hace doce años contra la Comunidad de Paz y de los cuales no nos queda duda alguna que se han originado y se siguen originando en instituciones del Estado de alto nivel.

Acogiéndome, pues, nuevamente, al derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional  e invocando el artículo 15 de la misma, le reitero la petición de darnos acceso a la información que reposa en el DAS sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y sobre mi persona.

Agradeciéndole su atención a la presente, le ruego responder, dentro de los términos legales.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.