Constancias

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación de dejar constancias ante la humanidad y la historia de los horrores a que es sometida en sus integrantes y en la población campesina de su entorno. Los hechos de los últimos días que entregamos al juicio de la historia son los siguientes:

El viernes 12 de abril de 2013, hacia las 17:00 horas, se presentó un nuevo combate en la vereda La Linda del corregimiento de San José de Apartadó, entre tropas del ejército nacional y guerrilleros de las FARC. Este cruce de disparos se mantuvo por cerca de una hora, colocando en grave riesgo a la población civil del entorno.

En tan solo 70 horas se han presentado dos muertes violentas en el corregimiento de San José de Apartado. Es necesario y es nuestra obligación con la historia, seguir registrando estas acciones de muerte, arbitrariedades, abusos y amenazas que se siguen presentando contra nuestro proceso, y la población del entorno, creemos que la constancia de estas podrá algún día llevar a que la humanidad haga justicia, los hechos que a continuación dejamos ante la humanidad y la historia son;

"...Estas amenazas coinciden con las declaraciones y señalamientos realizados por el actual Coronel LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO de la Brigada XVII y por HERNAN GIRALDO Comandante de la Séptima División del Ejercito Nacional...".

La Corte Constitucional, en su Auto 164/12, les ordenó a varias instituciones del Estado corregir y reparar graves violaciones contra nuestra Comunidad de Paz perpetradas en 16 años. Pero mientras el Gobierno prepara el acatamiento de algunas órdenes, sus agentes e instituciones siguen perpetrando crímenes. ¿Hasta cuándo? ¿Hay algo de coherencia en el Estado?

El país y la comunidad internacional han ido conociendo a través de muchas confesiones e informes lo que fue la estrategia del General Rito Alejo Del Río en la Brigada XVII a mediados y finales de los años 90, con el respaldo irrestricto del entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez: promoción de bases paramilitares, operaciones gigantescas de genocidio y desplazamientos masivos, concertación con las grandes empresas multinacionales que financiaban el paramilitarismo, exterminio de grupos, comunidades y organizaciones no sumisas a su estrategia. Algunos líderes del paramilitarismo de la región han confesado que encontraron apoyo total para continuar con esa estrategia en todos los comandantes que se sucedieron en la Brigada XVII.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz, se ve obligada a dejar nuevas constancias ante la humanidad de los hechos que ponen en evidencia la connivencia entre instituciones cómplices del estado con los paramilitares los cuales, amedrantan, siembran zozobra y terror contra nuestra comunidad y la población civil del entorno. Los últimos hechos son los siguientes:

·         El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas se presento un enfrentamiento armado en el casco urbano de San José. Nuevamente la población civil es coloca como escudo humano.

Como Comunidad de Paz de San José de Apartadó nuevamente nos vemos en la obligación de gritarle al país y al mundo las agresiones de que somos víctimas, ya que el Gobierno se comporta como “ciego” y “sordo” frente a nuestros clamores:

·         El miércoles 30 de enero de 2013, hacia las 15: 40 horas y por espacio de 40 minutos, se presentó nuevamente un combate en el centro urbano de San José de Apartadó. Al parecer fue un combate entre tropas del ejército allí acantonadas y alguna unidad de combatientes de las FARC, quedando en medio del fuego cruzado cuatro civiles, entre ellos un miembro de nuestra Comunidad de Paz quien en ese momento transitaba por allí. Tanto los militares como los policías presentes en el caserío disparaban indiscriminadamente en todas direcciones, colocando así en alto riesgo la seguridad de los pobladores y de las transeúntes. La vivienda de un miembro de nuestra Comunidad, en la cual se encontraban en ese momento niños y adultos, fue impactada por un proyectil proveniente de la base militar, viéndose obligados los moradores a buscar refugios. Una vez más se comprueba que los criterios emitidos repetidas veces por la Corte Constitucional sobre la ubicación de las bases militares y puestos de policía, exigiendo que en zonas como ésta nunca se ubiquen en medio de la población civil, son criterios muy acertados que el Gobierno no ha querido acatar, por lo cual se hace responsable de todas las tragedias que su desobediencia a la Corte está causando.

Difícil entenderlo. Mientras varias instituciones del Estado comienzan a tomar medidas para acatar el Auto 164/12 de la Corte Constitucional, mediante el cual reconoce que la Sentencia T-1025 de 2007 en favor de nuestra Comunidad de Paz y en la cual esa alta corporación tomó medidas drásticas para intentar poner fin a los crímenes de lesa humanidad de agentes directos e indirectos del Estado contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población de nuestro entorno y para superar la escandalosa impunidad que los cobijaba, no habían surtido efecto, por lo cual ordenó ahora nuevas medidas perentorias, otras instituciones del Estado se empecinan en continuar la agresión criminal contra nuestra Comunidad de Paz, con desvergonzado cinismo y prepotencia, desafiando al “otro YO” de su Estado.

Por más de quince años hemos venido dejando constancia del actuar criminal de un Estado que habla un discurso contrario a la realidad de las víctimas, sin embargo el nivel de hostigamientos y amenazas de exterminio  continúan. Nuevamente la Comunidad de Paz deja constancias públicas de los últimos hechos que atentan contra nuestros derechos fundamentales

·         El sábado 1 de diciembre de 2012, un grupo de paramilitares subieron a la vereda el porvenir, allí, se acercaron a los campesinos preguntando por varias personas residentes de la vereda, pero que al momento no se encontraban ya que por ser fin de semana habían salido. Los amenazaron dejándoles un mensaje que era mejor que no volvieran a la zona si no querían morir.

Lo que ha venido sucediendo en estos últimos días en la zona, reafirma lo que desde hace meses, años,  venimos dejando en constancia y es el control total del paramilitarismo y su accionar de exterminio contra nuestra comunidad bajo el amparo y complicidad del estado en especial de las fuerzas Militares y de Policía, como una política de estado. Los hechos que queremos dejar a la historia para que algún día sean juzgados son:

·         El sábado 27 de octubre de 2012; hacia las 6 horas, en la vereda la unión  se presento un enfrentamiento entre el ejército nacional y la guerrilla de las Farc, quedando muerto el soldado “ALEXANDER BLANDON  MAYO” según los medios de comunicación local. Los militares habían acampado junto a una vivienda de una familia campesina quienes se encontraban allí dos adultos y un niño de 3 años al momento del combate. Los militares manifestaron que vengarían la muerte del soldado.

La población civil campesina que rodea nuestra Comunidad de Paz en San José de Apartadó, cada vez está más escandalizada de lo que significa la presencia de un Estado corrupto, empecinado en matar, destruir, difamar, mentir, manipular y extorsionar. En los últimos meses y semanas la misma población del caserío de San José, con una fuerte presencia de fuerza pública desde abril de 2005, cuando  nuestra Comunidad se desplazó de allí para no quebrantar su primer principio estructurante de no convivir con actores armados, y menos con victimarios que habían asesinado ya a centenares de nuestros compañeros, no sale de su asombro al experimentar que la han convertido en un escudo de la fuerza pública para proteger la vida de los armados, mientras las vidas suyas, como pobladores desarmados, es pagada como moneda despreciable para mantener la guerra. El gobierno se ha empecinado en no acatar las prescripciones de la Corte Constitucional, que prohibe colocar estaciones de policía o bases militares en medio de la población civil, pues no le importan las vidas de los civiles. Entre tanto, miembros de muchas instituciones del Estado continúan calumniando y difamando a nuestra Comunidad de Paz con cínica perversidad, amparados por una impunidad oficial que cubre y aplaude todas las podredumbres morales con tal de que le sirvan a los mezquinos intereses del poder.