Atentados y atracos al orden del día en la política estatal

Nuevamente  nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de las últimas agresiones que hemos sufrido por parte de este Estado-Paramilitar que cada vez revela más su talante criminal.

Los asentamientos de nuestra  Comunidad de Paz se están viendo cada vez más asediados por grupos paramilitares que desde hace más de 20 años se pasean por nuestras montañas con la arrogancia de quienes se sienten protegidos por el poder del Estado y su fuerza armada  y que en esta coyuntura del “pos-acuerdo de paz” se han envalentonado aún más, afirmando que son la autoridad suprema de la región y que todo el mundo se les debe someter. Si bien nuestros asentamientos están marcados con vallas donde se enumeran nuestros principios y reglamentos de Comunidad ajena a la guerra, estos gestores del crimen violan, como fieras sin razón, apoyadas sólo en su fuerza bruta apalancada activa o pasivamente por las instituciones del poder de turno, nuestros más sagrados derechos.

¿Hasta cuándo seguirá el cinismo sin límites  de este gobierno sordo y ciego, que no escucha ningún clamor de las víctimas y asiente con la mirada desviada hacia otras latitudes a las prácticas criminales de sus subordinados? Un Gobierno que no cesa de repetirle al mundo que “no existen  paramilitares en San José de Apartadó ni en Colombia”, mientras éstos, al amparo de su encubrimiento y de sus falaces declaraciones, hacen de las suyas y vuelven añicos los derechos del pueblo. Ya no son solamente las vacunas, los informantes o “puntos” (como ellos los llaman), el reclutamiento forzado, la prohibición de denunciarlos, las amenazas,  sino que ahora el descaro los ha llevado a salir  a los caminos por donde transita la población civil con producciones agrícolas para robarle los dineros de la venta de sus pobres productos. Ahora, además, son estos grupos criminales los que deciden  quién  puede conservar la propiedad de sus lotes ancestrales y quién no. Estamos, realmente, cercados por demonios que gozan de toda la aquiescencia y tolerancia del Estado y de sus instituciones.

Nuestra Comunidad desde hace muchos años no cree en la justicia porque comprobó durante varias décadas que era corrupta y que sus “investigaciones” nunca producían  resultados creíbles, pero cuando hemos analizado el porte, los comportamientos, los cortes de cabello, los vehículos en que se mueven y el estilo de movimientos de quienes le han hechos los últimos robos a nuestra Comunidad a mano armada y con alevosía, los encontramos muy similares a los de los miembros de la fuerza pública que cuidan la “seguridad” del Banco donde tenemos nuestra cuenta.

 Los últimos hechos de los cuales dejamos constancia ante el país y el mundo son los siguientes:

  • El miércoles 25 de octubre de 2017 fue visto en la vereda Mulatos Medio, de San José de Apartadó,  un reconocido paramilitar que actualmente está trabajando como punto de información  en las veredas Mulatos y Resbalosa; allí estuvo por varias horas tomando fotos a las viviendas de los civiles y preguntando por miembros de nuestra Comunidad de Paz, especialmente por algunos que han sido amenazados de muerte.

 

  •  El  jueves 16 de noviembre de 2017 a las 8:50 de la mañana llegó un grupo de 7 paramilitares, entre ellos una mujer, al mando de alias  “Darío y Pantera”, los cuales se paseaban a caballo sin que nadie los molestara en su recorrido, entraron a nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio de  San José de Apartadó, allí preguntaron insistentemente por GILDARDO TUBERQUIA, miembro de nuestra Comunidad de Paz y de su Consejo Interno, y también preguntaron por las tierras que nuestra comunidad tiene para el trabajo comunitario, afirmando: ¿si las tierras son de la Comunidad por qué no las repartimos entonces?   Dejamos claro que nuestra Comunidad ha adquirido algunas tierras, que son comunitarias y están a beneficio de los miembros de nuestro proceso de vida comunitaria. Ningún grupo armado nos va a imponer  qué es lo que debemos hacer con nuestras tierras. Desde antes de ser constituida nuestra Comunidad de Paz,  es claro que el  paramilitarismo ha querido dominar la región con el apoyo de la fuerza pública para usufructuar todos sus recursos,  amenazando a quien no se someta a su proyecto de muerte. Frente a este hecho y  a otros que a diario ocurren en nuestra región hacemos responsable al Gobierno y  a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a miembros de nuestra Comunidad o a otros pobladores de la zona.

 

  • Este mismo jueves 16 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, cuando venía de su finca ubicada en la Vereda El Mariano  y llegaba al caserío de  San José por el Río Mariano a recoger a su mamá en una bestia de carga, fue atacado a bala desde la base militar de El Mariano, a unos 200 metros, el joven JUAN DE LA CRUZ GUZMÁN SUCERQUIA, sufriendo varios impactos en su cuerpo y debiendo ser hospitalizado de inmediato.  Juan de la Cruz fue desplazado forzadamente por los paramilitares en septiembre del 2015 de la Vereda Playa Larga de San José de Apartadó lo que lo obligo a comprar un predio en el Mariano, además es hijo de ERNESTO  GUZMÁN,  asesinado por los paramilitares en la vereda Playa Larga el 21 de septiembre de 2015 por negarse a venderles su finca. Aquí nuevamente se expresa la unidad de intereses entre militares y paramilitares.

 

  • Domingo 19 de noviembre de 2017 en horas de mañana llegó un grupo de paramilitares fuertemente armados a nuestro asentamiento en la vereda La Esperanza del Corregimiento de San José de Apartadó, allí entraron como perro por su casa violando la propiedad privada ya que la casa se encontraba sola, luego se alejaron y a varios minutos intersectaron a un poblador de la zona al que le manifestaron:  ¿que en donde se encontraba el dueño de la finca de la comunidad de paz? ¿O fue que salió corriendo cuando nos vio?  pues allá solo encontramos las brazas del fogón, ya que lo estamos buscando por que necesitamos arreglar un asunto con él, pues sabemos que ese hp aquí en La Esperanza y Gildardo Tuberquia En Mulatos son los que nos denuncian cuando nosotros pasamos por los fincas, pero ese fueguito se les acabó por que los vamos a sacar de sus casas como sea y por encima del que sea. Nuestra comunidad de paz por mas de 20 años hemos dejado constancia de la barbarie de la fuerza publica y los paramilitares que nunca se cansan de asesinarnos y amenazarnos y por eso nunca pararemos de informarle al país y al mundo sobre toda esta gran complicidad que hay entre la brigada XXI y el paramilitarismo que hoy controlan nuestra región.

 

  • En las últimas semanas nuestra Comunidad de Paz ha tenido conocimiento de un plan expuesto por miembros de la Brigada XVII ante pobladores del centro urbano de San José de Apartadó para usurpar dolosamente varios espacios comunitarios de nuestra Comunidad, abandonados bajo la violencia implantada por el entonces Presidente Uribe Vélez al militarizar nuestros espacios de vida y trabajo el 1 de abril de 2005. Según se nos ha informado, los militares pretenden colocar allí salones de encuentros y oficinas, violando flagrantemente las normas de las Naciones Unidas que protegen los bienes de los desplazados. Nuevamente dejamos constancia de que nuestra Comunidad de Paz tiene unas propiedades en el casco urbano de San José de Apartadó, así como también las tienen varias familias de nuestra Comunidad, espacios   que quedaron abandonados el 1 de abril del 2005 pero con sellos y candados que fueron destruidos por militares y policías, al peor estilo de los ladrones. Nadie y menos a la fuerza pública  puede tomarse  unas propiedades que son bienes de una Comunidad forzadamente desplazada y de familias forzadamente desplazadas. Los PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS, documento de las Naciones Unidas (E/CN.4/1998/Add.2), en su PRINCIPIO 21 establece:  “La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes: a) expolio; b) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia; c) utilización como escudos de operaciones u objetos militares; d) actos de represalia; y e)  destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo. La  propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales”.

 

 Agradecemos nuevamente a todas la diferentes personas y organizaciones, nacionales e internacionales, que nos han apoyado política y moralmente con sus fuertes voces de ánimo, y los invitamos para que nunca paren de presionar con sus cartas a este Estado-paramilitar, sordo y ciego, al que nunca le ha importado la vida del campesino.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Noviembre 21 de 2017

 

 

Constancias: 
Media: