Avanza la agresión avalada por la impunidad

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necedidad de dejar constancia ante el pais y el mundo sobre toda la barbarie a la que somos sometidos diariamente por este Gobierno con sus estructuras paramilitares.

Cada vez más nuestra comunidad de paz es sometida a intentos de exterminio por parte de un Estado que ha buscado permanentemente, desde hace 20 años, estrategias para sacarnos de sus caminos y, para lograrlo, se ha valido de estructuras paramilitares estrechamente ligadas a su fuerza pública, las cuales han contemplado, entre otros muchos crímenes, la eliminación física de nuestros integrantes y del campesinado de nuestro entorno.

Ni para el gobierno nacional ni para los gobernantes locales, como el Gobernador de Antioquia, existen hoy día estructuras paramilitares y así lo han manifestado muchas veses por los medios masivos de comunicación. En cambioquienes vivimos en el campo y tenemos que enfrentar diariamente esas estructuras criminales que se apoyan en la tolerancia, la aquiescencia, la colaboración, la unidad de acción y la solidaridad evidentes de las instituciones oficiales, el paramilitarismo está dominando y sometiendo al campesinado a sus proyectos y de esto no hay duda posible porque el sufrimiento diario de su fuerza se nos impone con toda crudeza.

En los últimos días se han producido nuevos hechos de los cuales dejamos constancia ante el país y el mundo:

  • Además de lo denunciado en nuestra constancia del 22 de diciembre, en la que pusimos en conocimiento público el plan revelado por el paramilitar Isaías,alias “Malaca”, en el caserío de San José, según el cual iban a asesinar a Germán Graciano (representante legal de nuestra Comunidad) y a envolver el crimen, ya concertado con la Brigada XVII, en un robo de dinero para manejarlo ante los medios como un atraco, libreto que trataron de ejecutar así el 29 de diciembre pasado, hemos evaluado otras revelaciones que habían llegado a la Comunidad por esos mismos días, en la semana de 20 de diciembre,como lo manifestado por el paramilitar alias “Elías Idaldo”, quien intentó penetrar en el asentamiento de San Josesito dos veces, según el cual existía el plan de los paramilitares de entrar a nuestro asentamiento de San Josesito y cometer una masacre y hacerla aparecer como un intento de robo. Esto muestra que el plan criminal ha estado detalladamente diseñado y seguirán intentando realizarlo, sobre todo cuando se comprueba la complicidad de la fuerza pública por su inacción frente a la invasión paramilitar en la zona; la complicidad del aparato judicial al dejar en libertad inmediatamente a los victimarios, y la complicidad del gobierno departamental al lanzar a los medios masivos una versión tan falsa y grotesca como la del Gobernador de Antioquiadel 2 de enero, la cual buscó estigmatizar más a muestra comunidad victimizada y arropar con un manto encubridor a los victimarios.  Además, si este diseño se confronta con las declaraciones del Ministro de Defensa cuando niega que los asesinatos de líderes sociales responden a un plan persecutorio, se puede concluir que ahora a las brigadas militares y a sus brazos paramilitares se les exige un diseño previo del crimen, de modo que aparezca en primer plano un móvil de delincuencia común o bien conflictos interpersonales en las organizaciones atacadas o conflictos sentimentales denominados “líos de faldas”.  La perversidad de nuestro Estado no tiene límites.

 

  • El Martes 09 de enero de 2018 a las 11:30 horas, un grupo de 6 páramilitares camuflados y bien armados hicieron presencia en las veredas Miramar,Cristalina, La Linda y El Mariano, del corregimiento de San José de Apartadó. Nuestra Comunidad de Paz lanzó la voz de alerta por la red, pues la intención de estos paramilitares era llegar hasta nuestro asentamiento de San Josesito. En los días anteriores nos habían enviado amenazas desde el corregimiento de Saiza (Tierralta, Córdoba) manifestando que: “esto que les pasó a nuestros compañeros allá en esa HP comunidad no se va a quedar así, porque vamos a ir y les vamos a hacer una masacre para que vean que con nosotros no se juega”.Allí en Saiza reunieron a todos sus “puntos de información”, al igual que a la población civil que vive en las veredasde ese sector; por eso conocimos sus amenazas.

 

  • El miércoles 10 de Enero de 2018 nuestra Comunidad fue informada de un plan de los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó, según el cual allí se fraguaba una estrategia para incendiar nuestro asentamiento de San Josesito, para lo cual han estado acumulando gasolina en cantidad.

 

  • El  jueves 11 de Enero de 2018, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó de nuevo lanzaron amenazas encontra de miembros de la Comunidad de Paz. Allí manifestaron que, a toda costa, tenían que asesinar a GILDARDO TUBERQUIA y a GERMAN GRACIANO, porque están estorbando los planes que el paramilitarismo tiene preparados para esta región.

 

  • El  martes 16 de Enero de 2018 hacia las 11:30 horas, cuando un miembro de nuestra ComunidadPaz se disponía a recoger a su hija,quien se encuentra muy enferma en el sitio conocido como La Casona, de la vereda Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó, fue interceptado por un paramilitar quien lo amenazó diciéndoleque por ningún motivo se llevaría la niña sin una orden de los paramilitares,a lo que el miembro de nuestra Comunidad respondió que se llevaría la hija a un centro médico porque se encontraba muy enferma y después la traería de regreso a su madre quien está en esa zona. De nuevo el paramilitar le replicó:“¿qué es lo que usted se cree? ¿cree que porque es de la comunidad de paz va a hacer lo que le da la gana?Si se siente muy macho, vaya y traiga a toda esa comunidad y se  lleva la niña, si es que es muy verraco”.Ese mismo paramilitar, el día siguiente (miércoles 17 de Enero de 2018 hacia la 13:20 horas) entró a nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio y comenzó a amenazar a los miembros de nuestra Comunidad que se encontraban allí trabajando, diciéndolesque si los miembros de esa Comunidad de Paz eran muy machitos, que fueran y se llevaran la niña de donde está, porque no lo ibana permitir, ya que esto era una orden del Viejo, quien se encontraba ahí en La Casona. Después se marchó del lugar. Aún la niña se encuentra muy enferma por falta de atenciones médicas y los paramilitares no permiten que sea movida para ser atendida. Es preocupante que ya ni los padres tienen derecho a llevar a sus hijos a los centros médicos porque estos grupos paramilitares no lo permiten y condenan a los niños a la muerte por falta de atención médica. Esto revela el tipo de dominio y control exhaustivo de la población que el paramilitarismo está implantando en la región.

En las últimas semanas, muchas personas y grupos de diversos rincones del mundo han protestado fuertemente ante el gobierno colombiano por lo sucedido el 29 de diciembre pasado, cuando se intentó asesinar a varios líderes de nuestra Comunidad, entre ellos a nuestro representante legal, Germán Graciano. Se acudió entonces a un nuevo intento de encubrimiento que estuvo acompañado por nuevas estigmatizaciones contra nuestra Comunidad de Paz. Esa tarea se le encomendó al Gobernador de Antioquia LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ, en cuya hoja de vida hay episodios tan horrendos como la “Operación Orión” que masacró, bombardeó, torturó, desapareció y perpetró abundantes montajes judiciales y detenciones arbitrarias en la Comuna XIII de Medellín (una de las comunes más pobres de la ciudad) cuando él ejercía como Alcalde (octubre 2002).

El pasado 2 de enero de 2018, Luego de un amañado “Consejo de Seguridad” en el que las informaciones las suministraron militares y policías, el GOBERNADOR LUIS PÉREZ  lanzó a los medios la versión según la cual los victimarios no eran ningunos paramilitares sino integrantes  de nuestra misma Comunidad, en concreto “el peluquero de la comunidad”, quien con una capucha quiso atracar una tienda del mismo asentamiento, concluyendo el Gobernador que nuestra Comunidad es mentirosa y comparable a la figura mítica del “pastorcito mentiroso. El Gobernador se adelantaba, pues,  a justificar que el Estado no hará nada para defender nuestra Comunidad cuando sean ejecutadas las grandes masacres que se vienen anunciando, dado que, según él  “la comunidad es tan mentirosa como el pastorcito mentiroso”.

Mucha gente, en el país y en mundo, se encuentra indignada y se pregunta  por qué un Gobernador que procede de esa manera no es sancionado ejemplarmente. También se preguntan por qué los funcionarios judiciales que dejaron en libertad a los victimarios a las pocas horas de entregárselos con la mediación de un Viceministro del alto gobierno, no son destituidos y sancionados. En realidad, estamos tan acostumbrados a  vivir en medio de un Estado mentiroso y criminal y al lado de un poder judicial que ha dejado en la impunidad absoluta millones de crímenes de lesa humanidad y está hundido en la corrupción más aterradora, que estos nuevos episodios aberrantes nos parece que hacen parte del “paisaje normal” de este Estado.

La tolerancia o coordinación del gobierno con el GOBERNADOR PÉREZ GUTIÉRREZ viola las normas establecidas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191 de 2004. Dicha Sentencia establece que cuando un mandatario pretende INFORMAR, jamás puede hacerlo con base en fuentes no verídicas, pues  pisotea el derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución “a recibir información veraz e imparcial”, e incluso cuando trata de EXPRESAR SUS OPINIONES ante la población, tal libertad de opinión no puede transgredir las nociones de veracidad e imparcialidad tan importantes en la Constitución. Dicha Sentencia afirma: “… aunque en principio la libertad de pensamiento no conoce restricciones, cuando la opinión expresada se fundamenta sobre hechos no veraces, ésta se desnaturaliza al no versar sobre una interpretación o valoración de hechos ciertos o pensamientos verídicamente conocidos, generándose, entonces, una vulneración a los derechos de información en cabeza de los receptores de la opinión, así como una eventual amenaza injusta a los derechos a la honra y al buen nombre del sujeto o sujetos objetos de la opinión” (cita también la Sentencia T-1202 de 2000). Además la Sentencia recuerda que:  “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ (…) También afirma dicha sentencia que a todas las autoridades les compete “una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos.  Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección constitucional tales como los defensores de derechos humanos, los reinsertados, los desplazados por la violencia o los miembros de comunidades de paz (Sentencia T-588 de 2003 y T-327 de 2004), quienes debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, que se manifiesta en un mayor nivel de exposición a riesgos de carácter extraordinario y de amenaza de sus derechos fundamentales, especialmente de los derechos a la seguridad personal, a la integridad física y a la vida, merecen un tratamiento especial y la adopción de medidas reforzadas de protección”.

La misma Sentencia, frente a la eventualidad de transmisión por parte de mandatarios de informaciones inexactas que desconocen derechos fundamentales de personas y grupos, afirma que deben ser objeto de diferentes controles, tales como: un control político en el seno del Congreso de la República;  un control político ciudadano a través de veedurías ciudadanas; un control judicial mediante acciones penales por calumnia e injuria; una acción de tutela cuando se lesionan derechos fundamentales; una acción ante tribunales internacionales establecidos en defensa de los derechos humanos (Cfr. Sentencia T-1191/04, Parte II, No. 4.2) Para la Corte, tales afirmaciones falsas tienen un agravante mayor cuando se expresan ante medios masivos de comunicación “en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos, debido a que el espacio de reflexión de las noticias que se reciben a diario, y a las mínimas posibilidades de defensa que tienen aquellos sujetos que puedan resultar afectados por las informaciones que se transmiten (...) el empleo de esta categoría de medios genera en el Presidente, como en cualquier otra autoridad particular, una mayor responsabilidad que aquella que deviene de la utilización de otros sistemas de comunicación no masivos” (ibid. Parte II, No. 4.3).

Si el gobierno respetara la Constitución, las leyes y sus compromisos internacionales, no dudaría en destituir fulminantemente a esegobernador, un verdadero delincuente que hasta se ufana de acciones tan perversas. Pero es evidente que el gobierno tolera y protege sus crímenes en un contexto de criminalidad estatal de alto nivel.

Este episodio nos recuerda otro de similar repugnancia cuando el gobernador era el Señor SERGIO FAJARDO. En ese entonces, en estrecha unidad de acción, militares y paramilitares desaparecieron a un joven de la vereda La Hoz de San José de Apartadó. Cuatro magistrados de la Corte Constitucional enfrentaron a Fajardo en Medellín (18 de septiembre de 2013) para pedirle actuar contra tal crimen de lesa humanidad perpetrado en su jurisdicción. La respuesta de Fajardo fue indignante: soy agente del Estado y solidario con sus actuaciones, entre ellas las de la fuerza pública; dejemos que ella resuelva el problema (a sabiendas de que miembros de la fuerza pública estaban involucrados en el crimen). Respuesta que dejó estupefactos a los magistrados y a otras personalidades presentes. Indigna saber que ese Señor esté aspirando ahora a la presidencia de la República.

Nuestra Comunidad agradece nuevamente la gran cantidad de mensajes de solidaridad recibidos desde muchos rincones de Colombia y del mundo, en los cuales rechazan y condenan la actitud unificada del Estado con las estructuras paramilitares para justificar el exterminio de nuestra Comunidad. Con todas esas personas, grupos, comunidades, municipalidades, instancias locales y regionales de gobiernos y organizaciones internacionales, nos sentimos identificados en unos principios éticos y humanos, que hoy brillan por su ausencia en el poder creciente de nuestros victimarios avalados por nuestras instituciones falsamente democráticas.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Enero 22 de 2018

 

 

 

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