Impunidad, corrupción, objeción de conciencia, ruptura y constancias históricas

Ante las últimas agresiones del Estado contra nuestra Comunidad de Paz, consideramos importante reafirmar realidades y principios que fundamentan nuestras búsquedas de justicia y dignidad.

Los sectores conscientes del país y de la comunidad internacional conocen las formas de genocidio a que hemos sido sometidos desde que nos atrevimos a decirle NO la guerra y a la violencia. Los esfuerzos de muchos años para intentar que lo que en Colombia se llama “justicia” actuara eficazmente, fueron siempre frustrados. Centenares de denunciantes y declarantes de nuestra Comunidad eran inmediatamente amenazados, no pocos asesinados y otros obligados a desplazarse o estigmatizados o judicializados mediante horribles montajes. Todo nos fue mostrando que el victimario salía siempre triunfante, protegido por una impunidad a toda prueba que contaba con el aporte activo o pasivo de las diversas instituciones del Estado y que la víctima entraba forzosamente a un camino de re-victimizaciones sin fin.  Esa experiencia de muchos años nos llevó a la Objeción de Conciencia y a la ruptura con ese tipo de “justicia” que de justicia nada tenía. Ante semejante desprotección y conscientes de que el silencio y la resignación equivalían a nuestra destrucción total, acudimos al sistema de las constancias históricas y públicas, como un clamor a las franjas verdaderamente humanas del país y del mundo, para que con su solidaridad y su protesta protegieran nuestra vida y dignidad, ya que el Estado no la protegía sino que buscaba a toda costa destruirla.

Si en esas constancias públicas aparece de manera casi permanente un victimario de varias cabezas, es porque así lo hemos conocido, experimentado y sufrido en carne propia, en vivo y en directo. Los varios millares de crímenes de lesa humanidad de los que hemos sido víctimas y que hemos relacionado ante tribunales internacionales, han sido perpetrados por la alianza entre fuerza pública y paramilitares, una alianza que cubre al menos las dos décadas de nuestra existencia comunitaria y no ha habido poder humano que obligue a ese victimario de varias cabezas a dejar de violar nuestros derechos. El paramilitarismo, como su mismo nombre lo indica, es una entidad incrustada de una u otra manera en las prácticas militares y policiales, y si bien en el pasado y hasta hace muy poco se caracterizaba más por políticas activas de conjunción, en el último período ha dado primacía al apoyo pasivo y omisivo, no menos grave que el activo, y quizás más grave al darle más campo de acción a la franja ilegal que se sitúa fuera de todo control, de toda legalidad y de toda ética.

Hubo fiscales, vice-fiscales, directores de fiscalías y fiscales delegados quienes recibieron centenares de denuncias de crímenes horrendos bien documentadas y las engavetaron inmediatamente sin darles ningún trámite. Uno de ellos, el Sr. Luis González, aún hoy ocupa un alto puesto en la Fiscalía General de la Nación. Hubo procuradores, como el reelegido fraudulentamente, Ordóñez Valderrama, quien jamás quiso darle trámite a denuncias de nuestra Comunidad, alegando que no tenían los mínimos elementos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, a pesar de que siempre aportábamos nombres, fechas, horas, y sitios precisos de lo