Y ahora el silencio amordazante: un sello en la boca

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Es tanta la permisividad del Gobierno frente a las relaciones de sus instituciones militares con el paramilitarismo, pues el gobierno nacional, el departamental, el regional y el local siguen negando la existencia de los paramilitares, pero la verdad es que tanto los paramilitares como la guerrilla y la fuerza pública han tratado de controlar el territorio y es tanta la barbarie que se comete con el campesinado que al querer controlar sus vidas y sus propiedades les quitan todas las libertades y los convierten en verdaderos esclavos.

En estos momentos la zona se encuentra bajo el control paramilitar y la población civil es el principal testigo porque tiene que verlos a diario y callarse por miedo a ser asesinados o expulsados de sus propiedades. Además nunca ha habido confianza en las instituciones para dejar allí las denuncias, pues en años anteriores muchos pobladores dejaron denuncias en la Fiscalía para que se investigara y por el contrario, empezaron a ser investigados y judicializados quienes colocaron las denuncias y la mayor parte de ellos asesinados por los paramilitares que contaban con listas que al parecer se las suministraron las mismas instituciones judiciales del Estado.

El silencio no es más que un sello en la boca que el paramilitarismo le impone al campesino, Es claro que por miedo nadie denuncia, pues las fuertes amenazas a que se enfrenta una persona cuando se encuentra con los grupos paramilitares la llevan más bien a callarse, ya que es extorsionado por los mismos. Sus palabras siempre han sido: “hagan de cuenta que no vieron nada y si no, se atienen a las consecuencias”. Por esta razón nuestra Comunidad de Paz nunca ha callado frente a este modelo de muerte, pues siempre estarán allí nuestras constancias públicas como una manera de visibilizar y denunciar públicamente la barbarie a la que está sometida nuestra región.      

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:

• El sábado 23 de febrero de 2019, fue realizada una fiesta en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, organizada por campesinos de la vereda pero a la vez participó un grupo grande de paramilitares integrados durante el día en el campeonato de fútbol y en la noche en el baile. Era tal la concentración de paramilitares que  conformaron un equipo de fútbol  para jugar contra otros equipos de campesinos de otras veredas, en los alrededores de la celebración los campesinos que venían  para participar en la fiesta observaron que avía una seguridad armada de los mismos paramilitares los cuales protegían a este grupo de paramilitares que se encontraba en la fiesta.
• El  domingo 3 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m.  llegó a nuestro asentamiento de San Josesito un hombre que se identificó como William Hernando Arcila Morales, según él, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, solicitando una persona de nuestra comunidad para que lo acompañara a un recorrido por el rio a buscar unas coordenadas con una GPS, diciendo que eran unos puntos donde empezaría un exploración para extracción minera y que dichos puntos GPS se encontraban en terrenos de nuestra Comunidad de Paz. Inmediatamente se le impidió la entrada a nuestros terrenos, y mucho menos para ubicar puntos de explotación minera, pues como Comunidad de Paz siempre hemos rechazado la explotación minera y además esta persona llegó sin aviso previo alguno, lo cual lo hacía más sospechoso.
• El jueves 7 de marzo de 2019, nos llegó una contestación, por medio del Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, a una demanda de posesión sobre la finca llamada “La Roncona”, ubicada junto a nuestro asentamiento de San Josesito, la cual adquirimos como poseedores de buena fe desde hace más de 20 años. En dicha contestación el abogado de la familia Jaramillo menciona y se apoya en versiones que brinda el señor DAFNIS DANIEL SIERRA MARTÍNEZ alias “Samir”, al afirmar que fueron las FARC-EP las que nos entregaron esa finca y además que no fue desde el comienzo de la Comunidad sino en el 2005, por medio de nuestro Concejo Interno, lo cual es totalmente falso. Nuestra Comunidad de Paz nunca ha adquirido terrenos cedidos por las FSRC-EP en ningún momento de nuestra historia, por el contrario, fue alias “Samir”, un comandante de una columna llamada “Otoniel Álvarez”, quien desangró sin investigación alguna a mucha parte de la población civil de la región del Urabá, desde que ingresó como comandante en esta región. Él mismo, centenares de veces amenazó a nuestra Comunidad de Paz por no estar a su servicio. Sabemos que alias “Samir” fue el autor material e intelectual del asesinato de  mucha gente que fue retornando a esta región después de haberse desplazado en años anteriores, y después él mismo se desmovilizó de las FARC- EP  integrándose a la Brigada 17 del ejército en el municipio de Carepa, Antioquia, unidad militar que le brindó alojamiento ilegalmente y que además allí empezó a crear  una gran cantidad de falsos testimonios en contra de nuestra Comunidad, en los cuales manifestaba muchas veces ser amigo de la Comunidad o que se reunía con ella, cuando la realidad fue que alias “Samir” siempre buscó cómo matar a miembros de nuestro proceso de vida y exterminarlo.

          En este episodio se comprueba una vez más cómo el Estado actúa de mala fe a través de funcionarios diseminados en diversos órganos judiciales, tratando de              deslegitimar a quienes siempre han sido sus víctimas para destruirlas siempre mucho más, pero en este caso no le da vergüenza de valerse de un personaje                  cuyas manos están manchadas con tantos crímenes y a quien el mismo Estado ha protegido desvergonzadamente violando todas las leyes que el mismo Estado            ha promulgado.

• El viernes 8 de marzo de 2019, a las 13:00 horas se escucharon muchos disparos de arma larga en la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores de la vereda, en el punto conocido como El Barro,   de la misma vereda, estaba una tropa del ejército, y a esa misma hora, en la parte del río, se encontraba un grupo de paramilitares, los cuales amenazaron a varios campesinos que pasaron a esa misma hora por ese lugar, manifestándoles que: “nada vieron; que hicieran de cuenta que no encontraron a nadie, o que si no, se atuvieran a las consecuencias”. Dichos disparos fueron hechos en momentos muy confusos de movimientos de tropas militares y grupos paramilitares; pareciera como si fuera con previo aviso querían transmitir mensajes.
• El domingo 10 de marzo de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones de campesinos de la zona, según las cuales hay una red clandestina de paramilitares que está extorsionando la región por vía celular y quien no pague la extorsión o informe de la llamada que le hicieron, sería asesinado junto con su familia.
• El miércoles 13 de marzo de 2019, se volvieron a escuchar muchos disparos de armas largas en la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó. Después, según pobladores, había habido un intercambio de disparos entre grupos armados y entre ellos  la fuerza pública. Al parecer  los militares y paramilitares están llegando a la vereda  y se acampan en las fincas de propiedad privada de los campesinos que allí viven con sus familias y los ponen en alto riesgo de ser asesinados.
• El sábado 16 de marzo de 2019, en la mañana llegaron dos reconocidos paramilitares de civil al caserío de la vereda La Unión de San José de Apartadó, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, después fueron vistos  reuniéndose con dos campesinos de la zona en las afueras del caserío.

Nuestra Comunidad de Paz está próxima a conmemorar sus 22 años de existencia. El 23 de marzo de 1997 hicimos pública nuestra decisión de no colaborar con ningún actor armado y de conformarnos como Comunidad solidaria, trabajando y resistiendo unidos para salvaguardar nuestras vidas, nuestra dignidad y nuestros territorios. Esa misma semana (Semana de Pasión en el calendario cristiano), el Estado colombiano inició una estrategia de genocidio para exterminarnos. En estos 22 años nos ha asesinado a 307 compañeros y amigos y ha perpetrado 1462 violaciones graves de los derechos humanos que en los tratados internacionales son identificadas como Crímenes de Lesa Humanidad por su sistematicidad, esto hasta junio de 2018. Al mismo tiempo ha desarrollado 7 estrategias de exterminio de la comunidad de paz, sostenidas durante muchas años: no solo de exterminio físico (ejecuciones) sino también de degradación mediática, de estigmatización ideológica, de extirpación biológica mediante cercos de hambre y eliminación violenta de todo proveedor o transportador alimentario, de criminalización legal sobre falsas pruebas y falsos testigos, de exclusión social y de depredación económica que incluye el despojo de territorios. Frente a todas estas estrategias convergentes y coordinadas para exterminarnos, nuestra decisión ha sido resistir unidos, sin echar para atrás, y seguir construyendo nuestro proyecto de vida enfrentando todas las tormentas. Invaluable energía nos la han dado numerosas comunidades solidarias en Colombia y en el mundo, las cuales nos transmiten fuerza moral permanente y solidaridad política frente a los victimarios que invocan poderes pervertidos para aniquilarnos.

Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables bajezas.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 19 de 2019