La pandemia que realmente mata en Urabá

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude al país y al mundo para compartirle lo que sigue percibiendo y sufriendo en su territorio y su entorno, que en nada se compadece con la dignidad humana ni con los principios constitucionales y universales de derechos humanos.

La situación de pandemia que se vive a nivel mundial y que ha producido medidas drásticas de aislamiento y de restricción extrema de movilidad y de relaciones sociales, al amenazar con su presencia en una zona como la nuestra, acostumbrada al dominio del paramilitarismo desde hace tantas décadas, si bien no ha producido ningún muerto en Apartadó ni en los pueblos vecinos y al parecer ningún contagiado, sí se ha convertido en una ocasión adicional para que los paramilitares, que han gozado de todo el respaldo y la y protección del Estado y de gran parte de la capa social dirigente, asuman un poder más explícito, un autoritarismo más arrogante y un dominio y control territorial más apabullante, ejerciendo de hecho la autoridad que le correspondería a instituciones del Estado.

La pandemia parece entonces que convierte formalmente a los paramilitares en “fuerza pública”, sin que las instituciones estatales muestren preocupación alguna o intentos de investigación y sanción por esa usurpación. En las veredas de San José de Apartadó los paramilitares dictan normas de restricción de movilidad, de prohibición de ingreso a familiares o visitantes, mientras ellos mismos se pasean por el territorio con armas cortas y largas, a veces con uniformes camuflados y a veces en ropa civil, a plena luz del día y organizan orgías, como quien sabe de antemano que ningún poder diferente al de ellos mismos les podrá estorbar sus actuaciones.

El pasado 12 de marzo (2020) la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en la sentencia que ordenó restituir las tierras de la finca La Niña, de la vereda California de Turbo, a 11 familias despojadas, dejó al descubierto al mismo tiempo y ordenó investigar penalmente por crímenes de lesa humanidad, a las empresas BANANERAS DE UARABÁ y BANACOL, las cuales tramaron y ejecutaron durante años la estrategia del despojo, valiéndose de las estructuras paramilitares financiadas e impulsadas por ellas mismas. Esto revela la íntima relación del empresariado bananero de Urabá con el crimen organizado. (Radicado: 05045 31 21 002 2014 00021 2).

Por otra parte, en una entrevista al diario El Espectador el pasado 20 de abril (2020), el Obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, manifestó, con pleno conocimiento de causa, ya que él ha prestado servicios de mediación en el proceso de paz y en su implementación, que no percibe ninguna voluntad de parte del Gobierno Nacional de controlar o reprimir las estructuras paramilitares, particularmente las llamadas AGC o “Clan del Golfo” (según la denominación que le da el Gobierno), a pesar de ser esta fuerza el principal agente de violencia en la región.

A nuestra Comunidad de Paz no le queda fácil emitir evaluaciones sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia para enfrentar la proyección nacional de la Pandemia, pero sí percibe que la drasticidad de las medidas ha favorecido de manera evidente e intensa la contención de la protesta social que venía incrementándose fuertemente desde noviembre de 2019; el ocultamiento de fenómenos como la fuerte baja de popularidad del Presidente Duque y el creciente rechazo de su política nacional; el incumplimiento de los Acuerdos de Paz; el asesinato sistemático e intensivo de líderes y lideresas sociales y de desmovilizados de la guerra, así como el silenciamiento de las gravísimas denuncias de fraude electoral, de corrupción a los más altos niveles del Estado, de políticas mortíferas como el extractivismo y demás formas de destrucción generalizada del medio ambiente, el desorbitado gasto militar y de seguridad de altos funcionarios, los espionajes a una extensa gama de personas y la injerencia de gobiernos criminales en la conducción de la política interna y a la vez de injerencia de Colombia en las decisiones soberanas de otros Estados, en violación de numerosos tratados internacionales. Los medios masivos de comunicación han contribuido intensamente a estas desviaciones y ocultamientos, silenciando todos estos gravísimos problemas bajo el terror del contagio de un virus biológico, sin que les importe para nada el contagio de virus que destruyen la ética y los parámetros más humanos de convivencia y de dignidad colectiva.

En esta ocasión queremos dejar constancia pública de hechos que revelan el avance del poderío paramilitar en nuestro territorio, como los siguientes:

  • En la semana del 12 al 18 de abril de 2020, según testimonios de pobladores del centro urbano de San José de Apartadó, varias personas, al menos 5, fueron reclutadas por paramilitares en el caserío, algunos menores y otros mayores de edad, con el fin de conducirlos a la vereda Playa Larga, centro tradicional de entrenamiento paramilitar.

 

  • El miércoles 15 de abril de 2020, en horas de la tarde, llegaron tres encapuchados, entre ellos una mujer, a la casa de un poblador de la vereda Las Nieves y le exigieron que les dieran hospedaje, pero no se identificaron.

 

  • El sábado 18 de abril de 2020, en horas de la mañana, pasaron dos paramilitares por la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio, en trajes civiles con radios de comunicación y armas cortas. En horas de la tarde, ese mismo día, subieron por allí mismo tres paramilitares en trajes civiles con armas largas.

 

  • El sábado 18 de abril de 2020, un poblador fue detenido en un retén de la policía al llegar a la urbanización Las Colinas, en la salida de Apartadó, cuando trataba de realizar gestiones de su oficio. Los policías quisieron impedir su paso, pero ante sus incapacidades le permitieron pasar. Cerca de 300 metros más adelante fue detenido en otro retén, éste paramilitar controlado por personas en traje civil, donde cobraban impuestos por pasar, y al explicarles que la policía le había permitido el paso, ellos dijeron que para ellos no tenía ningún valor la decisión de la policía y él tuvo que pagarles un impuesto para que lo dejaran pasar. De esta misma forma, desde hace varias semanas los paramilitares han estado controlando con retenes e impuestos el ingreso a la vereda Salsipuedes, de San José de Apartadó. Esto muestra en detalle cómo la pandemia está siendo instrumentalizada por el paramilitarismo.

 

  • El domingo 19 de abril de 2020, sin respetar las normas nacionales de aislamiento a causa del COVID-19, varios líderes paramilitares estuvieron consumiendo licor con música a altos volúmenes toda la noche del domingo 19 al lunes 20, en el asentamiento de La Unión y el lunes se trasladaron a una finca vecina para continuar la orgía. Como la junta comunal había prohibido el consumo, de licor en este período de aislamiento, fijando sanciones de 600.000 pesos a quien abriera la cantina, cuando un miembro de la junta le fue a cobrar la sanción al dueño de la cantina, éste le comentó que él se había opuesto a abrirla, pero los líderes paramilitares alias “Chuchito”, alias “Ramiro” y alias “Pollo”, le dijeron que ellos eran la autoridad allí y lo obligaron a abrir y a suministrarles el licor.

 

  • El lunes 20 de abril de 2020, hacia las 23:00 horas tres paramilitares encapuchados pasaron por la cancha del caserío de La Unión. Ese mismo día, durante el día, había pasado por allí mismo, junto con tres hombres, el “punto” o espía paramilitar de la vereda El Porvenir, conocido como “El Cochero”.

 

  • El jueves 23 de abril de 2020, llegaron informaciones a la Comunidad de Paz, según las cuales el paramilitar conocido como alias “El Burro”, había subido al paraje conocido como Chontalito esa misma semana, para encontrarse con el paramilitar alias “Pablo”, con el fin de coordinar estrategias de control de la zona de la vereda Mulatos y zonas aledañas, aprovechando la situación de Cuarentena que se ha impuesto a toda la población nacional.

 

  • El sábado 25 de abril de 2020, siete paramilitares portando armas largas y en trajes civiles fueron vistos mientras se desplazaban de la vereda La Cristalina hacia el casco urbano de San José de Apartadó.

 

  • El lunes 4 de mayo de 2020, hacia las 19:00 horas, en el centro urbano de San José se escucharon varios disparos. Un grupo de policía contraguerrilla que se encontraba en el búnker de la Policía, bajó y supuestamente logró incautar varias armas de fuego, dejando libres a los portadores de las mismas que son paramilitares. Después del incidente, algunos policías sugirieron organizar un partido de fútbol entre policías y civiles, algo abiertamente violatorio de las normas de la cuarentena; se les oyó decir que por ellos no habría problema, pero preguntaban qué opinarían “los manes del radio”, o sea la estructura paramilitar. Nueva evidencia de coordinación y connivencia entre ambas estructuras.

 

  • El martes 12 de mayo de 2020, en horas de la tarde, en el sector conocido como Caño Seco, de la vereda Alto Bonito de San José de Apartadó, fue asesinado el joven de 19 años RAFAEL ANTONIO GUERRA LÓPEZ. Al igual que en los otros cuatro casos anteriores (2019-2020), se percibe, como causa de la ejecución, alguna desobediencia a órdenes de sus victimarios paramilitares. El mismo silencio que se está imponiendo en el poblado, evidencia el control absoluto del paramilitarismo en el corregimiento. Al parecer, en este caso, los paramilitares prohibieron incluso todo ritual funerario. Ninguna autoridad judicial ni administrativa hizo presencia o realizó diligencia alguna sobre el caso.

Todas las evidencias de control paramilitar en la zona, a partir de la desmovilización de las FARC-EP que siguió al formal Acuerdo de Paz de 2016, han sido puestas en conocimiento de la Presidencia de la República mediante Derechos de Petición, acompañadas de análisis que demuestran la complicidad de las instituciones oficiales con sus acciones y estrategias. Sin embargo, según las respuestas recibidas, el Presidente Duque repite los gestos de complicidad de sus predecesores, limitándose a remitir las informaciones a las jerarquías castrenses, evadiendo sus obligaciones constitucionales de ejercer como Garante de los Derechos Fundamentales.

Nuevamente agradecemos a todas las personas y comunidades de diversos países del mundo su constante solidaridad con nuestra Comunidad de Paz y a la vez nos solidarizamos con muchos de ellos ahora sometidos o drásticos aislamientos y restricciones y a la pérdida de algunos de sus seres queridos. Que sientan todas ellas y ellos nuestra cercanía y compañía moral.

 

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 14 de 2020

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