CIDH - MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COMUNIDAD DE PAZ

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude al país y al mundo para compartirle lo que sigue percibiendo y sufriendo en su territorio y su entorno, que en nada se compadece con la dignidad humana ni con los principios constitucionales y universales de derechos humanos.
La situación de pandemia que se vive a nivel mundial y que ha producido medidas drásticas de aislamiento y de restricción extrema de movilidad y de relaciones sociales, al amenazar con su presencia en una zona como la nuestra, acostumbrada al dominio del paramilitarismo desde hace tantas décadas, si bien no ha producido ningún muerto en Apartadó ni en los pueblos vecinos y al parecer ningún contagiado, sí se ha convertido en una ocasión adicional para que los paramilitares, que han gozado de todo el respaldo y la y protección del Estado y de gran parte de la capa social dirigente, asuman un poder más explícito, un autoritarismo más arrogante y un dominio y control territorial más apabullante, ejerciendo de hecho la autoridad que le correspondería a instituciones del Estado.
La pandemia parece entonces que convierte formalmente a los paramilitares en “fuerza pública”, sin que las instituciones estatales muestren preocupación alguna o intentos de investigación y sanción por esa usurpación. En las veredas de San José de Apartadó los paramilitares dictan normas de restricción de movilidad, de prohibición de ingreso a familiares o visitantes, mientras ellos mismos se pasean por el territorio con armas cortas y largas, a veces con uniformes camuflados y a veces en ropa civil, a plena luz del día y organizan orgías, como quien sabe de antemano que ningún poder diferente al de ellos mismos les podrá estorbar sus actuaciones.
El pasado 12 de marzo (2020) la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en la sentencia que ordenó restituir las tierras de la finca La Niña, de la vereda California de Turbo, a 11 familias despojadas, dejó al descubierto al mismo tiempo y ordenó investigar penalmente por crímenes de lesa humanidad, a las empresas BANANERAS DE UARABÁ y BANACOL, las cuales tramaron y ejecutaron durante años la estrategia del despojo, valiéndose de las estructuras paramilitares financiadas e impulsadas por ellas mismas. Esto revela la íntima relación del empresariado bananero de Urabá con el crimen organizado. (Radicado: 05045 31 21 002 2014 00021 2).
Por otra parte, en una entrevista al diario El Espectador el pasado 20 de abril (2020), el Obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, manifestó, con pleno conocimiento de causa, ya que él ha prestado servicios de mediación en el proceso de paz y en su implementación, que no percibe ninguna voluntad de parte del Gobierno Nacional de controlar o reprimir las estructuras paramilitares, particularmente las llamadas AGC o “Clan del Golfo” (según la denominación que le da el Gobierno), a pesar de ser esta fuerza el principal agente de violencia en la región.
A nuestra Comunidad de Paz no le queda fácil emitir evaluaciones sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia para enfrentar la proyección nacional de la Pandemia, pero sí percibe que la drasticidad de las medidas ha favorecido de manera evidente e intensa la contención de la protesta social que venía incrementándose fuertemente desde noviembre de 2019; el ocultamiento de fenómenos como la fuerte baja de popularidad del Presidente Duque y el creciente rechazo de su política nacional; el incumplimiento de los Acuerdos de Paz; el asesinato sistemático e intensivo de líderes y lideresas sociales y de desmovilizados de la guerra, así como el silenciamiento de las gravísimas denuncias de fraude electoral, de corrupción a los más altos niveles del Estado, de políticas mortíferas como el extractivismo y demás formas de destrucción generalizada del medio ambiente, el desorbitado gasto militar y de seguridad de altos funcionarios, los espionajes a una extensa gama de personas y la injerencia de gobiernos criminales en la conducción de la política interna y a la vez de injerencia de Colombia en las decisiones soberanas de otros Estados, en violación de numerosos tratados internacionales. Los medios masivos de comunicación han contribuido intensamente a estas desviaciones y ocultamientos, silenciando todos estos gravísimos problemas bajo el terror del contagio de un virus biológico, sin que les importe para nada el contagio de virus que destruyen la ética y los parámetros más humanos de convivencia y de dignidad colectiva.
En esta ocasión queremos dejar constancia pública de hechos que revelan el avance del poderío paramilitar en nuestro territorio, como los siguientes:
Todas las evidencias de control paramilitar en la zona, a partir de la desmovilización de las FARC-EP que siguió al formal Acuerdo de Paz de 2016, han sido puestas en conocimiento de la Presidencia de la República mediante Derechos de Petición, acompañadas de análisis que demuestran la complicidad de las instituciones oficiales con sus acciones y estrategias. Sin embargo, según las respuestas recibidas, el Presidente Duque repite los gestos de complicidad de sus predecesores, limitándose a remitir las informaciones a las jerarquías castrenses, evadiendo sus obligaciones constitucionales de ejercer como Garante de los Derechos Fundamentales.
Nuevamente agradecemos a todas las personas y comunidades de diversos países del mundo su constante solidaridad con nuestra Comunidad de Paz y a la vez nos solidarizamos con muchos de ellos ahora sometidos o drásticos aislamientos y restricciones y a la pérdida de algunos de sus seres queridos. Que sientan todas ellas y ellos nuestra cercanía y compañía moral.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Mayo 14 de 2020
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