Los alcances no imaginables ni sustentables de la mordaza

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, apoyándonos en nuestras convicciones insobornables, recurrimos al país y al mundo para compartirles lo que estamos viviendo y dejar constancias de ello. Lo hacemos porque durante varias décadas nuestras denuncias y clamores nunca han sido escuchados por las instituciones que tienen obligación de protegernos y porque los principios más esenciales de una democracia incluyen el derecho a la libre expresión y a la denuncia, como lo han declarado todos los órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que han tenido por misión definir los derechos fundamentales del ser humano.

En las últimas semanas hemos vivido y conocido lo siguiente:

• El domingo 15 de noviembre de 2020, en horas de la noche, según las informaciones a las que tuvimos acceso, se presentó una contienda en un establecimiento público del centro urbano de San José, protagonizada por paramilitares armados. Los policías que realizaron allí un allanamiento dijeron que allí había “armas de fogueo o tramadoras”, pero quienes estaban cerca reconocieron que eran armas de fuego utilizadas por los paramilitares y además afirmaron que la policía les había devuelto las armas a dos personas, conocidas como “DEINER” y “SEBASTIÁN”, reconocidos paramilitares de Nuevo Antioquia, corregimiento  del municipio de Turbo. En la contienda resultó herido un campesino. Lo más preocupante es escuchar cómo se incautan armas y muchas veces, como supuestamente en este caso, la policía se las devuelve a sus dueños y éstos no son capturados sino dejados en plena libertad, lo que reconfirma, una vez más, la cercanía y coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Según los mismos testigos, unos días después los paramilitares habrían buscado a las personas involucradas en la contienda de esa noche y les habrían entregado sumas de dinero (según se dice, de un millón de pesos) al parecer para que no dijeran nada de lo que había ocurrido allí esa noche.
• El miércoles 18 de noviembre de 2020, en horas del día, abogados amigos nos hicieron llegar el texto de la Sentencia T-342/20 de la Corte Constitucional, en la cual se revisa la acción de tutela que la Brigada XVII había interpuesto contra nuestra Comunidad de Paz el 28 de septiembre de 2018, alegando que nuestras Constancias vulneraban su derecho al buen nombre. La Sala de Revisión de la Corte, compuesta por los magistrados ALEJANDRO LINARES, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO y LUIS GUILLERMO GUERRERO, éste último quien actuó como ponente y ya se retiró de la Corte, concluyó declarando que el derecho de los militares al buen nombre había sido vulnerado por nuestras denuncias, pues éstas “no tienen respaldo en decisiones judiciales condenatorias en firme”.  

Quienes representaron a la Corte en esta ocasión, con una visión opuesta a la de los magistrados que en años pasados defendieron los derechos de nuestra Comunidad de Paz en las sentencias  T-249/03;  T-327/04; T-1025/07 y en los Autos 034/12; 164/12 y 693/17, también pasaron por alto reiteradas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el escrito que le dirigió a la misma Sala de Revisión el Relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, refiriéndose a esta tutela del ejército y en la cual afirma tajantemente que: “Un sistema democrático y plural requiere que los funcionarios públicos y su gestión estén expuestos a un alto nivel de control. Por lo tanto, las autoridades deben tener una mayor tolerancia frente a estas expresiones por más chocantes, desagradables o perturbadoras que sean y abstenerse de imponerle limitaciones y proteger a quienes las emiten”.

Pero un análisis más de fondo de esa sentencia deja en claro que la Sala de Revisión se apartó en muchos puntos de la jurisprudencia defendida durante muchos años por la misma Corte Constitucional, especialmente en su punto central que consiste en darle prevalencia al derecho al buen nombre de una institución sobre el “derecho a la libre expresión de las víctimas. Una larga y abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que el “buen nombre” (o “reputación”) es algo que se conquista con el buen comportamiento, ganándose el aprecio de la sociedad y no como algo ligado a un cargo o a decisiones judiciales o abstractas, por ello insiste en que el buen nombre no existe cuando no se da ese aprecio social construido con el comportamiento y por lo tanto es imposible defender un derecho a algo que no existe. Y en el caso de la Brigada XVII lo que sí existe es una larga y abundante cadena de quejas y condenas por violación de derechos humanos y comisión de crímenes contra la humanidad, registrada en las Cortes nacionales e internacionales (incluso en sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia), donde aparece como crimen recurrente y permanente la estrecha relación con grupos paramilitares, todo lo cual hace más inexistente el “buen nombre”, y lo que no existe no se puede defender.

Esta sentencia desconoce y contradice también la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la prevalencia del Derecho a la Libre Expresión y sobre las normas que rigen los casos muy limitados de tutelas contra particulares o que pretenden defender derechos de entes jurídicos o estatales. Al modificar sustancialmente los criterios de interpretación del concepto de “buen nombre” (negando su esencia de relación con el comportamiento, que produce aceptación en la sociedad) y separarse y contradecir las jurisprudencias de larga trayectoria sobre este y otros conceptos, refrendadas por la Corte en Pleno, esta Sala y esta Sentencia incurren en nulidad e invalidez. Si hubieran querido modificar los criterios de interpretación de todos estos conceptos, hubieran tenido que reunir a la Corte en Pleno y lograr su aprobación, lo cual no hicieron y por lo tanto sus decisiones son nulas. Nuestra Comunidad de Paz ya ha solicitado  que se declare su nulidad.

No podemos sino lamentar la degradación tan grande a que han ido llegando nuestras instituciones jurídicas, que ya no ofrecen ninguna credibilidad a las víctimas.

•  El sábado 21 de noviembre de 2020, en horas de la noche, fue hallado muy mal herido el señor ELIÉCER MORALES en la carretera que de San José conduce a Apartadó, muy cerca del paraje conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Algunas versiones le atribuyeron los golpes a una caída de la mula en que se transportaba pero otras versiones hablan de un atentado contra su vida, el cual le causó la muerte pocos días después en el hospital.
• El domingo 22 de noviembre de 2020, en horas de la mañana, en la vereda La Unión falleció el campesino REINALDO AREIZA DAVID, al parecer por ingerir licor adulterado lo que se sumó a golpes graves ocasionados por varias caídas de la bestia. Reinaldo había sido integrante de nuestra Comunidad de Paz desde su fundación en 1997 y había ejercido un fuerte liderazgo, tanto como miembro del Consejo Interno como en el asentamiento de La Unión. En uno de nuestros momentos más dolorosos denunció con valentía, ante la Cámara de Representantes, la masacre de nuestros líderes y niños en las veredas Mulatos y Resbalosa el 21 de febrero de 2005; allí fue suciamente atacado y calumniado por el congresista ex militar Jaime A. Cabal y por varios generales de la cúpula militar. En enero de 2009 el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, lo contactó a través del paramilitar Wilfer Higuita para exigirle que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz, y si no aceptaba, sería sometido a un proceso penal con testigos falsos, ya fuera como líder guerrillero o como narcotraficante. Reinaldo se resistió al chantaje y lo denunció, lo que enardeció las furias de los militares y paramilitares quienes lo persiguieron en adelante, hasta llegar a quemarle su casa. Sus problemas lo llevaron a la adición al licor, lo que lo obligó a retirarse de la Comunidad por no poder cumplir con ese aspecto del Reglamento, sin que fueran suficientes los esfuerzos para que cambiara de vida. La Comunidad lamenta profundamente su muerte.  
•  El lunes 23 de noviembre de 2020, en horas del día, nos llegaron informaciones de que en las veredas El Porvenir y Las Nieves, de San José de Apartadó, los paramilitares están exigiéndole a cada familia campesina una suma de (200.000) doscientos mil pesos para darles regalos navideños a los niños. Esta es una de las manifestaciones del dominio y control abusivo que los paramilitares quieren tener de toda la población civil, de su economía y de su vida común, bajo el chantaje de las armas.
• El viernes 27 de noviembre de 2020, en horas del día, en la vereda La Resbalosa, en el punto conocido como La Despabiladora, fue visto un grupo de paramilitares fuertemente armados y a poca distancia de ellos un helicóptero de la empresa EPM descargando postes y materiales eléctricos. Hay que recordar que estos paramilitares, en el año 2018, electrificaron parte de las veredas La Resbalosa, Naín, La Resbalosita, Baltazar, Alto Joaquín, entre otras, del departamento de Córdoba en límites con Antioquia. Ahora supuestamente la empresa EPM busca legalizar todas estas redes que los paramilitares colocaron con dineros que forzadamente les extrajeron a los campesinos de esas veredas.  
• El sábado 28 de noviembre de 2020, en el punto conocido como La Máquina,  de la vereda Arenas Bajas, de San Jose de Apartadó, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas y al parecer estuvieron allí por varios días. 
• En  la última semana de Noviembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares se estarían coordinando con la Fiscalía, supuestamente para obtener informaciones sobre quién va hasta allí a hacer denuncias en su contra y también para controlar más estrictamente a quienes buscan suministrar informaciones a nuestra Comunidad de Paz. Este escenario nos recuerda episodios de años anteriores en que muchas víctimas se acercaban a la Fiscalía a presentar denuncias o a realizar otras diligencias y luego era evidente que esa información aparecía en manos de los paramilitares quienes tomaban represalias por las denuncias o atentaban contra la vida de víctimas de montajes. Nos viene a la memoria lo sucedido, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2010, cuando fueron citados a la Fiscalía 4 jóvenes que ya habían sido procesados por las mismas acusaciones, violando la prohibición judicial de realizar dos o más procesos por los mismos cargos. La Defensoría se negó a acompañarlos y al salir de la Fiscalía, ya de noche, en el camino fueron atacados a bala por los paramilitares, quedando herido Alonso Valle y logrando escapar Jorge Luis Higuita y José Albeiro David. Otros vinculados al mismo proceso, como John Kennedy Higuita y Bernardo Ríos, fueron asesinados en los meses siguientes; a Alonso Valle no le quisieron sacar la bala en el hospital y él mismo tuvo que sacársela con un cuchillo. Todo indicaba coordinación entre Fiscalía, paramilitares, Defensoría y Hospital, para contribuir a la muerte de estos jóvenes, en cuyos procesos judiciales se cometieron numerosos delitos procesales.
• En la primera semana de diciembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares están implementando nuevos planes de reclutamiento de miembros de su estructura con el atractivo de pagos más altos. Los paramilitares alias “RENÉ”, “JESUSITO” y “SAMUEL”, este último quien actuó como   comandante en veredas de Córdoba y luego ha sido enviado a la zona de La Unión, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas Bajas, Arenas Altas y veredas aledañas, estarían motivando mediante incentivos económicos a paramilitares desanimados por la muerte de sus comandantes, para que regresen a la acción. En el caso del paramilitar conocido como “RAMIRO”, presente en la vereda La Unión, quien es a la vez hermano del comandante “SAMUEL”, se sabe que estuvo presente el día en que dentro del operativo “AGAMENON 2” fue asesinado su comandante conocido como “PUEBLO” o “PUEBLITO” en una vereda del municipio de Mutatá, Antioquia, y según versiones, desde entonces se encontraba aislado. Por muchos esfuerzos que el gobierno haga por tapar el creciente desarrollo del paramilitarismo, su actividad criminal y su apoyo aquiescente por parte de la fuerza pública, le queda imposible “tapar el sol con las manos”,

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 13 de 2020