CIDH - MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COMUNIDAD DE PAZ

(...) vivimos en un país donde el clamor de los excluidos y de las masas cuyos derechos son desconocidos no es jamás escuchado sino silenciado y castigado (...)
Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha ido dejando constancias ante el país y el mundo, durante los últimos 19 años, de las continuas agresiones del Estado colombiano, el cual ha querido siempre destruirnos, difamarnos y estigmatizarnos, no contento con asesinarnos a más de 300 compañeros, amigos solidarios y vecinos de nuestro entorno geográfico y social, además de destruir nuestros cultivos, quemar muchas de nuestras viviendas, violar mujeres, realizar montajes judiciales y capturas ilegales, torturar, amenazar y desplazar, desaparecer y profanar los cuerpos y la memoria de nuestros muertos. Ahora las agresiones se vienen ampliando de manera preocupante a la población civil de nuestro entorno. La Brigada XVII está empeñada en reprimir incluso las legítimas denuncias y protestas sociales con mecanismos perversos de simulación judicial, desatando una verdadera persecución al estilo de la que tuvo lugar a finales de los años 70 mediante el Estatuto de Seguridad del tristemente célebre, criminal y corrupto presidente Turbay Ayala. Dejamos nuevamente constancia ante el país y el mundo de esa represión ampliada contra nuestra población campesina y contra los integrantes de nuestra Comunidad de Paz.
En uno de sus apartes se refiere a su manera de comprender y enfrentar la protesta social y la defensa de los derechos humanos. Afirma al respecto:
Aquí claramente se revela la idea que tiene dicho Coronel sobre la protesta social y su profundo irrespeto por la misma. Llega a identificar la protesta social con la violación de los derechos humanos. Su conciencia perversa sale a la luz aquí con toda claridad: le niega a las víctimas el derecho a protestar y a exigir sus derechos y está afirmando, en un discurso reflejo, que las víctimas deben someterse a las arbitrariedades de sus victimarios, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde el clamor de los excluidos y de las masas cuyos derechos son desconocidos no es jamás escuchado sino silenciado y castigado.
En otro de sus apartes dicho coronel se refiere a las denuncias que la población realiza sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte del ejército, y en particular por parte de la Brigada XVII:
Dicho coronel parece ignorar cuál ha sido el desempeño real de la justicia en Colombia y particularmente en Urabá. Parece ignorar que los campesinos hemos puesto denuncias durante varias décadas ante los órganos competentes de la justicia por muchos millares de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados por el ejército, por otros agentes del Estado y por sus criminales brazos paramilitares, sin que haya habido justicia. Parece ignorar que para lo único que han servido las denuncias es para que se asesine a los testigos, a los denunciantes y a los familiares y para destruir a las comunidades y organizaciones de las víctimas que se atreven a denunciar. Parece ignorar también –lo cual no tiene derecho a ignorar- es los montajes que se han construido en la Brigada XVII contra multitud de campesinos inocentes, utilizando muchas veces a supuestos desmovilizados y no pocas veces utilizando la tortura y el soborno. No hay derecho a que dicho coronel ignore la podredumbre extrema del aparato judicial y la manera como fiscales, jueces, magistrados, procuradores, defensores, agentes judiciales pisotean los principios constitucionales del debido proceso, los principios rectores del Código de Procedimiento Penal y los principios de los tratados internacionales de derechos humanos, además de la más elemental ética universal. Se nota que dicho Coronel no se ha leído el libro ¨Fusil o Toga, Toga y Fusil¨ en el que se detallan todos esos horrores en el Caso de la Comunidad de Paz, con fechas, radicados y nombres propios. Ignora tal coronel la corrupción extrema de la justicia y por ello justamente invita a las víctimas a que acudan a justicia tan corrupta, pues esa corrupción ha sido y sigue siendo el mejor amparo para la impunidad de sus horrendos crímenes. Pero además es el propio Coronel y el Ministerio de Defensa quienes se han negado contumazmente a acatar la Sentencia 1025/07 de la Corte Constitucional, en la cual obliga a que sean entregados los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la fuerza pública que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes. Al negarse a dar esos nombres, bajo órdenes reiteradas de la Corte Constitucional, no solo pisotean la Constitución Nacional sino que convierten a sus agentes en encapuchados al peor estilo paramilitar para evadir toda justicia.
En otro de sus apartes, las revelaciones de dicho coronel tratan de ocultar el papel que ha jugado en la actual oleada de persecución contra el campesinado de la zona, mediante la práctica ya muy rutinaria en dicha brigada del montaje judicial:
La Brigada XVII tiene una larguísima tradición de usurpación del poder judicial, siendo parte del poder ejecutivo. Numerosos campesinos fueron llevados a las instalaciones de la brigada –en abierta violación de la ley- donde fueron sometidos a todo tipo de torturas, chantajes y presiones hasta forzarlos a aceptar hechos que jamás cometieron pero bajo promesas falsas de recuperar pronto su libertad. Multitud de veces se comprobó que en esa misma brigada fueron confeccionadas falsas pruebas, falsas declaraciones e incluso existen copias de numerosas elaboraciones acusatorias que obligaron a firmar sin leerlas a personas torturadas o que no sabían leer, bajo promesas de suspender las torturas o de prontas libertades que nunca llegaron. En este período, si bien el Coronel Rojas proclama a los 4 vientos que nada tiene que ver con las capturas que se están multiplicando, nadie le cree. Muchos de los capturados o que figuran en las enormes listas de gente para capturar, son personas que son objeto de sus odios por haberlo denunciado o por haber organizado protestas contra sus agresiones. REINALDO AREIZA se ganó su odio por haberse negado al chantaje cuando lo quiso obligar a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz si no quería que le inventara un falso proceso por narcotráfico o por rebelión. ARLEY CARTAGENA se ganó su odio por haber organizado manifestaciones y bloqueos de vías para forzar a la Brigada a que cumpliera varios principios constitucionales que viola sistemáticamente, pero Arley ya había sido amenazado por el Coronel Rojas desde 2009 (desde el Batallón Voltígeros que entonces comandaba) y en agosto de 2014 fue amenazado de muerte desde el celular 3144676586 y en ese mismo mes soldados presentes en el caserío de San José decían que había cinco millones de recompensa para quien matara a Arley. JUAN CELADA y NORBEY GÓEZ figuraban en listas para capturar y para matar que circularon en Nuevo Antioquia y otras veredas en octubre de 2015, difundidas por los paramilitares que siempre han tenido estrechísimos vínculos con la Brigada desde su origen. La arrogancia y prepotencia con que el Coronel Rojas anuncia las capturas y las mismas características de las listas, le demuestran a los buenos entendedores que es él quien define la identidad de quienes van a ser capturados. Las listas están llenas de arbitrariedades, toda vez que incluyen a personas que hace muchos años fueron condenadas por lo mismo, muchas de ellas siendo totalmente ajenas a esas conductas. También los métodos de capturas, saturados de trampas y tramoyas, remiten a un autor de conciencia perversa que responde a los perfiles de dicho Coronel. Algunos han sido llamados a reclamar giros o indemnizaciones en la empresa GANA y cuando llegan allí son capturados. La Señora LAURA CATAÑO, presidenta de la Acción Comunal de San José e hija del fundador de San José de Apartadó, el patriarca Bartolomé Cataño (odiado por el Coronel por haber sido Concejal de la U.P.), asesinado por militares y paramilitares, fue detenida al ir a visitar a Arley Cartagena, detenido horas antes. En el caso de la captura de NORBEY GÓEZ, es ¨vox populi¨ en el corregimiento que, cuando él se enteró de la orden de captura en su contra, se comunicó con la juez del caso y ésta le exigió una enorme suma de dinero para favorecerlo, suma que él alcanzó a girarle parcialmente, pero de todas maneras fue capturado en el camino hacia Medellín, faltando la juez a sus promesas, lo que lo obligó a fingir que él iba hacia la capital para entregarse a la justicia. Las componendas entre militares y agentes judiciales no son ninguna novedad en este sistema putrefacto de justicia, son, más bien, la moneda corriente.
Muchas personas amigas de la Comunidad de Paz nos han preguntado si es cierta la información que ha circulado sobre indemnización a las familias de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005. Nuestra Comunidad de Paz ha rechazado siempre las formas de reparación exclusivamente económica, pues ello convierte a las víctimas en mercancías que se compran y se venden, sin que su dignidad humana, su derecho a la justicia y sus proyectos históricos sean reparados. Además nuestra Comunidad ha experimentado la extrema corrupción de la justicia colombiana y por ello no acudimos a sus servicios. Sin embargo, familiares de varias víctimas buscaron abogados particulares, rentistas de la justicia, que demandaran al Estado por perjuicios económicos. Aunque el Ministerio de Defensa negó la responsabilidad en la masacre contra todas las evidencias, el Consejo de Estado forzó una negociación entre el Ministerio y los abogados y el Estado aceptó pagar indemnizaciones de varios miles de millones, muchos de los cuales serán para honorarios de los abogados, pero aceptando solamente una ¨responsabilidad por omisión¨ que está lejísimos de responder a la cruda realidad. Nuestra Comunidad no tuvo ni tendrá arte ni parte en ese espurio proceso.
De nuevo agradecemos a todas las personas y comunidades que nos sostienen con su fuerza moral en el país y en el mundo, en la coyuntura particular que vivimos en Colombia. Nuestra Comunidad de Paz quiere reiterar su convicción, expresada profundamente por nuestro acompañante Eduar Lanchero, fallecido en 2012: ¨La paz no tiene futuro sino sólo presente. No la construimos mañana sino HOY, en la medida en que HOY construyamos COMUNIDAD¨.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Marzo 17 de 2016
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