CIDH - MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COMUNIDAD DE PAZ

Muchos de nuestros amigos y comunidades solidarias nos han preguntado si el “Perdón” solicitado a nuestra Comunidad de Paz por el Presidente Juan Manuel Santos el pasado 10 de diciembre, por las calumnias proferidas años antes por su predecesor en la jefatura del Estado, sancionadas por su carácter delictivo por la Corte Constitucional, habían tenido o podrían tener un efecto de no repetición. Lamentablemente el Presidente Santos no cumplió con la segunda parte de la orden dada por la Corte, a saber, la presentación “de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma (Comunidad), tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”. Esta omisión, no sabemos si premeditada o no, ha invalidado en la práctica los efectos del “perdón” presidencial, pues otros agentes del Estado, y en especial un subordinado directo del Señor Presidente como lo es el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, ha relevado al ex Presidente Uribe en su papel delictivo, integrándose así al crimen sistemático de PERSECUCIÓN y CALUMNIA contra nuestra Comunidad, expresado en ya varios millares de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que obran en tribunales internacionales.
Frente a un nuevo episodio bélico que tuvo lugar en el centro urbano de San José de Apartadó el pasado 5 de febrero, el cual al parecer dejó un saldo de víctimas militares, el Comandante de la Brigada XVII, CORONEL LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, seguido por un Concejal de Apartadó y algunos comerciantes de la ciudad, salió a los medios masivos a acusar a nuestra Comunidad de Paz de complicidad y hasta de coordinación estrecha con la guerrilla, la que supuestamente había colocado los explosivos. ¿La razón? Nuestras denuncias persistentes de que se están violando las prescripciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la ubicación de las bases militares y policiales, las cuales, en zonas de conflicto, no pueden estar ubicadas en cercanías de la población civil de modo que ésta pueda resultar afectada por los enfrentamientos bélicos. Resulta, entonces, que para el CORONEL GÓMEZ exigir que se cumpla la Constitución es “ser cómplice de la guerrilla”; defender los derechos de la población civil, es “ser cómplice de la guerrilla”. La enorme lista que a la fecha superan las mas de 150 graves afectaciones que han causado a la población y a los bienes civiles las bases policial y militar colocadas ilegalmente en el casco urbano de San José de Apartadó, en contra de las prescripciones de las altas Cortes, revela a las claras la magnitud de los daños de los cuales se ha hecho responsable el Gobierno Nacional. Por ello dejamos nuevamente constancia de los hechos ante el país y el mundo:
Una vez más manifestamos que nuestra Comunidad de Paz rechaza todas las acciones violentas vengan de donde vengan y que colocan en riesgo la vida e integridad de la población civil. Precisamente por ello insistimos en que mantener el Puesto de Policía y la Base Militar donde están, es un atentado permanente contra los derechos de la población civil y un desacato contumaz a las órdenes de las altas Cortes. Hemos elevado numerosos clamores al Presidente de la República para que cese en su rebeldía ante los órganos de control del mismo Estado y responda por la gravedad de los daños que sus desacatos han causado.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Febrero 7 de 2014
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