La rutinaria “Andrómeda” de San José de Apartadó

En los últimos días Colombia y el mundo entero se han escandalizado de los niveles de corrupción detectados en las instituciones colombianas de la fuerza pública. Centrales de inteligencia camufladas detrás de restaurantes y quien sabe cuántos otros establecimientos, violan la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales: pisotean la intimidad y los derechos más sagrados de los ciudadanos y ejercen espionajes perversos buscando controlar, atacar y destruir a quienes piensan o actúan en vías diferentes a sus proyectos excluyentes y criminales de sociedad. Todo esto ocurre en la cotidianidad de San José de Apartadó, donde la fuerza pública durante más de 17 años ha buscado destruir una Comunidad afianzada en valores éticos que ellos pisotean.

Los hechos de los últimos días nos imponen dejar nuevas constancias ante el país y el mundo.

• El martes 4 de febrero de 2014, miembros de nuestra Comunidad de Paz constataron la presencia de un grupo de militares quienes se habían ubicado en un predio que es propiedad privada de la Comunidad en la vereda Mulatos, donde la tropa había iniciado la construcción de un helipuerto y de un campamento para ellos pernoctar. Cuando un miembro de nuestra Comunidad, quien se hallaba allí en labores de mantenimiento de los cultivos, se encontró frente a frente con uno de los soldados, este lo conmino en forma amenazante a retirarse del predio, desconociendo que era el Ejercito el que estaba delinquiendo y debía retirarse inmediatamente del predio. No valió hacerle ver a la tropa que estaba violando derechos constitucionales y en forma arrogante y contumaz continuaron construyendo el helipuerto y el campamento. Aún más, cuando días después se retiraron del predio, hurtaron alimentos que la Comunidad había cultivado. Lo hicieron con pleno descaro y con plena consciencia de que estaban delinquiendo. El helipuerto causo destrozos en el bosque y la montaña.
• El sábado 8 de febrero de 2014, WBER AREIZA, miembro de nuestra Comunidad de Paz, quien fue retenido este día durante varias horas  por miembros del Ejército, poco antes de atravesar el caserío de San José de camino hacia el asentamiento de La Unión donde reside, fue puesto en libertad después de una intervención de un grupo de integrantes de la Comunidad que le exigió al oficial perpetrador dar razón de la arbitrariedad, pero él al verse sin razón alguna que sustentara su ilícito, el militar resolvió negar que lo tuviera retenido, lo que dio pie para que la Comunidad lo invitara a continuar su camino. Sin embargo, pocos minutos después, los militares y policías presentes en el caserío lo persiguieron y lo retuvieron nuevamente, exigiendo que se presentara algún familiar de él para identificarlo. Tal procedimiento es el utilizado rutinariamente por los paramilitares y es violatorio de la Sentencia 1206| 01 de la Corte Constitucional, la  cual prohíbe rotundamente los empadronamientos. Cuando nuevamente la Comunidad se hizo presente para exigir respeto a los derechos constitucionales, los militares y policías trataron de separar a los niños de los adultos, alegando que el reclamo y la protesta era un “mal ejemplo” para los niños, como ignorando que el verdadero mal ejemplo es transigir con la violación de los derechos humanos y constitucionales por parte de los mismos agentes del Estado.
• El martes 11 de febrero de 2014, hizo explosión un artefacto en el caserío de San José, en cercanía de la base militar, ubicada en medio de la población civil, poniendo nuevamente a ésta en alto riesgo. De nuevo se constatan las graves consecuencias del desacato del Gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en reiteradas sentencias han prescrito retirar bases y estaciones de la cercanía de la población civil.
• El 12 de febrero de 2014, la Presidencia de la RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD COLOMBIA VIVE, asociación internacional de Derechos Humanos hermanada con nuestra Comunidad de Paz, recibió un oficio del Secretario Ejecutivo de la PROCURADURIA PROVINCIAL DE APARTADO, Sr. FREDY SALAZAR IBANEZ, dentro del expediente IUS 2013-428785, anunciándole que por haberse negado a venir a Colombia a rendir declaraciones sobre los atropellos de la Policía contra nuestra Comunidad de Paz sobre los cuales la Red pidió a la justicia colombiana investigaciones que evitaran la impunidad, el expediente quedaba archivado sin apelación posible. Queda así al desnudo el perverso mecanismo utilizado por la Procuraduría para garantizar la impunidad de los crímenes: buscar testigos en países extranjeros, quienes por supuesto no estuvieron presentes en el momento del crimen, y evitar buscar a los testigos que sí estuvieron presentes en los días, sitios y horas en que fueron perpetrados los crímenes, con el fin de alegar que no fue posible la inmediatez de la prueba.
• El jueves 13 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José, abordaron a Diana Higuita, habitante de la vereda La Unión, y le mostraron fotos de varias personas de la región entre ellas de su compañero, manifestándole que él tenía orden de captura; que lo invitaban a trabajar con ellos como informante y que se ganaría jugosas recompensas.
• El viernes 14 de febrero de 2014, hacia las 15:00 horas, un grupo de militares realizaron pillajes a miembros de nuestra Comunidad de Paz en la vereda la Unión.
• El domingo 16 de febrero de 2014, hacia las 23:00 horas, se registró un hostigamiento a una base militar ubicada en el sitio conocido como La Antena, junto al casco urbano de San José. Nuevamente se sienten las consecuencias del desacato contumaz del Gobierno a sus propios órganos judiciales del más alto nivel.
• El martes 18 de febrero de 2014, un alto mando militar de la región, a través de los medios radiales de la región, tildo de irrespetuosa la exigencia de la ex Alcaldesa de Apartado, Doctora Gloria Isabel Cuartas, de que fueran removidas las bases militares y de policía en San José de Apartado, como ignorando que no es la ex Alcaldesa la que ha dado dicha orden sino las más altas Cortes de la Nación.  
• El viernes 21 de febrero de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares acampo en el caserío de San Josecito aprovechando que la mayoría de los miembros de la Comunidad nos encontrábamos por fuera del asentamiento, en los actos conmemorativos de la horrenda masacre de 8 miembros de nuestra Comunidad de Paz perpetrada por el Ejercito en compañía de los paramilitares. Allí, los militares colocaron sus armas de dotación en nuestras casas y amanecieron rodeando nuestras viviendas.
• El sábado 22 de febrero de 2014, hacia las 16:00 horas,  tropas del Ejército invadieron predios de nuestra Comunidad de Paz en el asentamiento de San Josecito. Cuando un nutrido grupo de la Comunidad los abordo y les pidió explicaciones, los militares alegaron que no sabían que era un predio privado, a pesar de que estaba debidamente cercado. Cuando la protesta de la Comunidad, de acompañantes internacionales y nacionales los obligó a salir del predio, invadieron otro predio de la Comunidad dedicado a la siembra de cacao, y pretendían hacer allí un campamento. La presencia masiva de la Comunidad los hizo retirar rápidamente de este otro lugar, pero dejaron un sospechoso paquete colgado de un árbol, lo que causo temor en la Comunidad, dado que allí trabajan ordinariamente niños y adultos.
• En las últimas semanas los paramilitares vienen impulsando la construcción de viviendas y actividades recreativas en las veredas de Rodoxaly y Sabaleta. El reconocido paramilitar alias “PANELO”, por tiempos domiciliado en la Brigada XVII, ha sido encargado de coordinar las actividades deportivas que miran a un exhaustivo control de la población.

Como se comprueba, la corrupción que ha causado tanto escándalo por afectar a altas autoridades y personalidades,  nosotros la hemos sufrido en lo más cotidiano de nuestra cotidianidad. “Si en el árbol verde se hace esto, en el seco que se hará?”

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 26 de 2014