Carta de Despedida a Coronel German Rojas Comandante Brigada XVII

''... Señor Coronel,,,  usted no llena los mínimos requisitos éticos para cumplir funciones públicas y menos para ocupar cargos de alto rango, por ello estamos convencidos de que usted debe ser destituido y separado de todo servicio público en adelante, a no ser que el Estado quiera seguir ilegitimándose...``

 

San José de Apartadó, Junio 8 de 2016

Coronel German Rojas

Comandate XVII Brigada del Ejercito

Carepa, Antioquia

 

Aprovechamos la ocasión para referirnos  a su comunicación fechada el 17 de mayo de 2016, dirigida a nuestra Comunidad, en la que usted, sin juicio alguno, intenta sin fundamento responder a algunos hechos puntuales acaecidos en las últimas semanas, ignorando y evadiendo su resposabilidad ante la multitud de crímenes cometidos desde que usted era comandante del Batallón Voltígeros en la Brigada XVII. Al mismo tiempo queremos responderle a otras comunicaciones enviadas por Usted a Comunidades Hermanas de nuestra Comunidad en diversos países.  

Respuesta a Escrito 003702

1. El 28 de marzo de 2016 una delegación de nuestra Comunidad visitó la vereda La Hoz, agredida en los días anteriores por los paramilitares (hechos del 21 de marzo y siguientes) y pudimos constatar su presencia armada y uniformada, sus amenazas a los campesinos, el saqueo y los robos que hicieron de los bienes de humildes campesinos y la cantidad de disparos intimidatorios evidenciados en la cantidad de proyectiles usados que recogimos. Aunque esa vereda es de la jurisdicción suya y usted niega rotundamente la existencia de paramilitares, usted trata de evadir su responsabilidad diciendo que no tuvo conocimiento de los hechos del 21 de marzo y de la delegación de nuestra Comunidad a la zona. Es una respuesta absurda, pues usted sabe que nuestra Comunidad nunca ha confiado en la Brigada XVII pues de ella sólo hemos recibido agresiones durante 20 años, representadas en centenares de ejecuciones de nuestros hermanos, desapariciones, torturas, desplazamientos, violaciones de mujeres, quemas de viviendas y cultivos, robos de animales de carga, de productos agrícolas, de herramientas de trabajo y de enseres domésticos, montajes judiciales, violaciones todas de derechos humanos elementales que suman varios millares y que hemos puesto en conocimiento de la Presidencia de la República que siempre calla ante esos crímenes de lesa humanidad y de tribunales internacionales. ¿Pretende usted que le comuniquemos nuestras visitas a las zonas victimizadas? ¿Con qué confianza lo haríamos?
2. El 31 de marzo de 2016, no sólo Apartadó sino todos los municipios de la región y otros muchos de varios departamentos paralizaron totalmente sus actividades por la orden amenazante de los paramilitares de siempre, ahora autodenominados Autodefensas Gaitanistas. Usted dice que sus unidades militares realizaron operaciones de seguridad, pero el ver soldados en las calles no le dio ninguna confianza a los colegios y escuelas, a los comerciantes, a los transportadores y demás trabajadores para realizar sus actividades normales. Seguramente la experiencia de ya muchas décadas en que la población ha visto actuar al ejército y a la policía en unidad de acción con los paramilitares les llevaba a pensar que los militares estarían listos para proteger a los paramilitares y no a la población civil. De hecho quienes fueron agredidos ese día en Apartadó fueron los periodistas que quisieron fotografiar o filmar la real parálisis de todas las actividades ciudadanas. No se vio a ningún militar protegiendo a los transportadores, a los comerciantes o o a los educadores que querían desobedecer las órdenes de los paramilitares de paralizar su trabajo.
3. Otra manera que usted tiene de evadir sus responsabilidades es afirmar que las víctimas coloquen denuncias en las instituciones judiciales o disciplinarias. En el caso de nuestra Comunidad de Paz, usted lo sabe de sobra, nosotros hemos hecho una ruptura con la justicia dada la enorme corrupción y podredumbre de esas instituciones, que sólo garantizan la impunidad de los crímenes y violan todos los principios rectores del Código de Procedimiento Penal así como las normas constitucionales y las del derecho internacional. Usted también conoce de sobra el derecho de petición que le hicimos a todas las altas cortes del Estado el 19 de enero de 2009, pidiéndoles que declararan un estado de cosas inconstitucional en Urabá, poniéndoles de presente 20 expedientes representativos de la descomunal corrupción, pero las cortes respondieron no tener atribuciones para ello y no tocaron a ninguno de los funcionarios corruptos, los cuales continúan administrando justicia en la región.  La visita que realizaron a Rodoxalí el 5 de abril la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones civiles, seguramente se hizo también con el temor de que si se le informaba previamente a la Brigada, mandarían a esconder a los paramilitares. Afortunadamente no le informaron a la Brigada y pudieron constatar en vivo y en directo la presencia de los paramilitares en Rodoxalí.

 

Respecto al Oficio 003353 29 de abril de 2016 dirigido a Comunidades Hermanas de Bélgica

1. El 17 de junio de 2015, la Señora Luz Mary Alcaraz fue herida cerca del corazón por un proyectil de arma de fuego. Usted niega que el proyectil fuera disparado por el ejército, aunque en esto, como en la mayoría de actos de guerra hay versiones contradictorias. Pero si al caserío llegan grupos insurgentes y se enfrentan con el ejército involucrando en los combates a los civiles, ello se debe a  que el ejército ha desacatado numerosas sentencias de la Corte Constitucional que prohíben tener las bases militares y estaciones de policía en medio de la población civil. Numerosas veces nuestra Comunidad ha pedido respeto por esas sentencias y el gobierno se ha negado rotundamente a acatar las órdenes del máximo tribunal del Estado y sin embargo alardea de ser un Estado de Derecho. El Personero de Apartadó llevó bajo engaños a la Señora Luz Mary Alcaraz a la Brigada XVII y usted debe recordar que la invitó insistentemente a que dijera que era la guerrilla la culpable de la inseguridad que viven porque está presente en el caserío. Ese aprovechamiento de una víctima en sus momentos más trágicos para utilizarla a favor de los intereses del ejército es algo profundamente repudiable, pues una manipulación perversa del dolor.
2. El 17 de julio nuestra Comunidad denunció el plan de los paramilitares de apoderarse de una serie de propiedades de nuestra Comunidad que quedaron en el caserío de San José desde nuestro desplazamiento el 1 de abril de 2005, cuando la fuerza pública invadió nuestros espacios de vida y trabajo pisoteando el primero de nuestros Principios que era el de no convivir ni colaborar con actores armados. También han querido apoderarse de la Aldea de Paz, construida en el sitio donde fue masacrado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia el 21 de febrero de 2005. Usted dice que no tiene conocimiento ni hace parte de esos planes, lo cual no tiene credibilidad, ya que la presencia del ejército allí en el caserío abandonado ha sido prácticamente la única autoridad, ya para dar órdenes, ya para tolerar lo que se hace. Al quedar desocupado el caserío el 1 de abril de 2005, militares y policías, como únicos moradores del caserío por un largo tiempo, mientras lo repoblaban, saquearon las viviendas de los desplazados y utilizaron los espacios comunitarios para prácticas de prostitución y de drogadicción. Evadir la responsabilidad de lo que ha ocurrido allí no tiene presentación alguna, ya que han utilizado hasta el hambre y necesidades insatisfechas de la gente para hacerse propaganda mediante acciones cívico militares, interviniendo con armas en lo que jamás deberían intervenir sino civiles.
3. El 23 de julio de 2015 los estudiantes del colegio recién construido en el caserío de San José se declararon en paro porque la base militar que está ubicada a pocos metros encima del colegio no se había retirado de allí, como se había anunciado. Usted alega que la base militar existió antes que el colegio y que la ubicación de la base allí obedecía a sentencias de la Corte Constitucional que le ordenaba proteger a nuestra Comunidad de Paz. Estos argumentos son absurdos, pues aunque la base militar existió antes, siempre estaba violando las sentencias de la Corte Constitucional que prohíbe ubicar bases y estaciones de policía en medio de la población civil. Además, los soldados de la base se pasean todo el día por las calles, las vivienda y loas tiendas del poblado, poniendo a todos los pobladores como escudos de guerra, ya que su presencia es la que atrae a los grupos insurgentes a enfrentarse en el caserío. Es además cínico argumentar que la ubicación allí obedece a sentencias que ordenan proteger nuestra Comunidad de Paz, pues a lo largo de estos 20 años, el ejército no nos ha protegido sino agredido y de la manera más brutal con millares de crímenes de lesa humanidad. Su presencia nunca ha sido protectora sino agresora y destructora de todos nuestros derechos.
4. El 24 de julio hubo un despliegue militar ofensivo y agresivo a la entrada de nuestro asentamiento principal de San Josesito. No es la primera vez sino que ya es rutinario escuchar a los soldados responder que ellos hacen lo que les da la gana y que no respetan a ninguna Corte ni sentencia. En esa ocasión lanzaron amenazas contra nuestro representante legal, Germán Graciano. Usted afirma que era la preparación para una jornada cívico militar en que pretendían ofrecerle servicios médicos y recreativos a la población. Siempre hemos defendido que constituye una ofensa adicional y una humillación extrema que esos servicios los preste una institución armada y peor aún en medio de un despliegue militar tan agresivo e intimidatorio, fuera de constituir una especie de chantaje que busca borrar la imagen criminal del ejército mediante dádivas paternalistas al peor estilo politiquero. Pero el colmo de la infamia es que usted califique el acompañamiento a la Comunidad por parte de las Brigadas Internacionales de Paz y la petición por parte de dos de las acompañantes de que se retiraran del espacio humanitario, como “amenazas y vituperios” que incluso fueron objeto de denuncias por la tropa. Aunque usted niega que las tropas hayan penetrado en los espacios de la Comunidad, las fotografías y videos evidencian que estaban dentro del espacio humanitario. Aunque usted acusa a las Brigadas de Paz de estar rodeadas de niños, las fotografías y videos evidencian que allí estaba toda la comunidad, con adultos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Lo que usted llama “amenazas y vituperios” es la petición que hicieron las Brigadistas Internacionales de que no ocuparan un espacio humanitario y la citación de sentencias nacionales e internacionales que protegen a la Comunidad de Paz. Esa actitud, de calificar el acompañamiento a una comunidad que está integrada por mujeres, niños, ancianos y adultos, como “vituperio y amenaza”, ya sobrepasa todo límite de infamia por parte del ejército.
5. El 24 de julio de 2015 ante medios de comunicación usted arremetió contra los organizadores del paro estudiantil en el caserío de San José y contra nuestra Comunidad de Paz, señalándonos a todos como colaboradores de la guerrilla. Se refirió a la muerte trágica de un niño en nuestra comunidad de paz tergiversando perversamente los hechos. Usted niega las acusaciones pero todas están registradas en audio y no pueden ser negadas de ninguna manera.
6. El 5 de agosto, en un evento público en las afueras de la Alcaldía de Apartadó, usted afirmó que retiraría la base militar de San José con la condición de que se le retiraran las medidas provisionales a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Como la protesta estaba dirigida contra la presencia de la base militar en San José, esta afirmación era imposible no interpretarla como un chantaje. Sus explicaciones de que usted no es la autoridad competente para retirar esas medidas, son explicaciones que no aminoran el chantaje.
7. El 24 de septiembre la Comunidad fue informada de que la Fiscalía buscaba exhumar el cadáver de un niño que había muerto trágicamente en nuestra Comunidad, hecho que fue tergiversado por usted con relatos imaginarios y perversos. Usted afirma que usted sólo buscaba que se aplicara la ley y se esclareciera el hecho, pero nos preguntamos por qué sólo en este caso usted se interesa por el cumplimiento de la ley. ¿Acaso no ha habido centenares de ejecutados, desaparecidos, torturados, desplazados, falsos positivos, infinidad de montajes judiciales, millares de atropellos que violan flagrantemente la ley y el derecho internacional y a usted, como tampoco a sus predecesores en la Brigada, les ha interesado en absoluto esclarecer esos crímenes contra la humanidad? ¿Acaso la Fiscalía ha buscado alguna vez exhumar alguno de los cadáveres de campesinos masacrados por el ejército y sus brazos paramilitares? ¿Por qué ese sesgo, Coronel? ¿Por qué se interesa por esclarecer un caso entre miles, y justamente un caso donde no hubo ningún motivo criminal sino un accidente fortuito entre niños inocentes, y justo un caso en que el ejército no tiene nada que ver, cuando estamos esperando esclarecimientos de centenares de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, de torturas, de violaciones de mujeres, de quemas de viviendas y cultivos, de robos y saqueos etc, etc. que involucran a sus tropas?
8. El 25 de septiembre de 2015 los campesinos de la vereda Arenas Bajas tuvieron que sufrir una invasión amenazante y ultrajante de los paramilitares. El 27 del mismo mes de septiembre un grupo de militares invadieron la entrada al asentamiento de San Josesito y el cementerio del mismo asentamiento. El 6 de octubre siguiente los paramilitares incursionaron en la vereda Aguas Frías, en el sitio Caraballo y cayeron en un campo minado quedando algunos de ellos muertos y otros heridos. El 8 de octubre los paramilitares retuvieron a campesinos entre las veredas La Hoz y Mulatos y les impidieron trabajar en sus parcelas y anunciaron acciones violentas contra nuestra Comunidad de Paz, según dijeron, en represalia por las bajas que habían tenido en Caraballo. Sus respuestas, Señor Coronel, ante todos estos hechos, son rutinarias e inaceptables: alega no tener tropas en las zonas, cuando la población las ve patrullar; alega no conocer los hechos, lo que nadie cree: alega que el ejército protege toda la zona de grupos violentos, pero según se concluye, menos donde actúan los paramilitares: alega que las víctimas deben denunciar los crímenes ante las autoridades, pero nunca explica por qué esas denuncias no sirven para nada, pues siempre quedan en la impunidad total, o cuando son utilizadas es contra los denunciantes y testigos y jamás contra los victimarios.

 

Respecto al Oficio  003489 del  6 de mayo 2016 dirigido a nuestros referentes en Ginebra, Suiza y a la Red Italiana de Derechos Humanos:

1. Usted niega rotundamente haber estigmatizado a nuestra Comunidad de Paz o a alguno de sus integrantes, acusándonos de estar en estrecha relación con la guerrilla y afirma haber cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional en sus sentencias T-327|04; T-1025|07 y Auto 164|12, diciendo, por el contrario, que es la Comunidad y sus acompañantes y comunidades hermanadas quienes lo estigmatizan a usted imputándole conductas falsas. Bastaría examinar los videos del programa Testigo Directo de Caracol Internacional, programa dirigido por el periodista sin ética Rafael Poveda, para horrorizarse, como le ha ocurrido a numerosas personas, de su talante de calumniador. Pero son numerosos los audios registrados con sus declaraciones infamantes que, si nosotros creyéramos en la justicia colombiana, sus anaqueles estarían llenos de demandas contra usted. Sus calumnias alimentan las estigmatizaciones de los medios masivos y las amenazas de los paramilitares, piezas todas de una misma estrategia de exterminio. Pero no es cierto que usted haya acatado las sentencias de la Corte Constitucional: la Sentencia T-1025|07, por ejemplo, le impone al Presidente, al Ministerio de Defensa y a Usted como su representante en la zona, entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de todos los militares que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que han sido perpetrados los crímenes, pero en los 9 años transcurridos ustedes se han negado rotundamente a acatar las órdenes del máximo tribunal del Estado. Tampoco el Auto 164|12 fue acatado. Las 5 órdenes que impartió la Corte Constitucional en ese Auto fueron desobedecidas, pues ni una sola se cumplió. No entendemos cómo las autoridades colombianas pueden sostener que vivimos en un Estado de Derecho. 
2. Una de las órdenes impartidas por el Auto 164|12 de la Corte Constitucional era la retractación del Presidente de las calumnias que otro Presidente (Álvaro Uribe Vélez) había proferido contra nuestra Comunidad. El Presidente Santos delegó a su Ministro del Interior para que se retractara, lo que nunca consideramos proporcional al crimen, pero no cumplió con la segunda parte de ese mandato que consistía en presentar un plan de no repetición de las calumnias. Poco tiempo después las calumnias suyas, Señor Coronel Rojas, comenzaron a propagarse por los medios masivos de comunicación, lo que no sólo bloqueaba la segunda parte del mandato de la Corte sino también la primera parte, pues uno de sus subordinados, el Comandante de la Brigada XVII, repetía las calumnias de Uribe y revivía sus efectos masivos de estigmatización de nuestra Comunidad que pronto se proyectaron en amenazas y anuncios de exterminio por parte de los paramilitares. Por añadidura usted se refiere a nuestra Comunidad de Paz como “autodenominada comunidad de paz”, ignorando que tenemos una Personería Jurídica Legal y por lo tanto un derecho a que se respete esa Personería auténtica y no ficticia.
3. Usted afirma que está dispuesto a que se le investigue e incluso dice que ya lo han investigado y ha salido absuelto. No creemos en esas investigaciones pues nuestra experiencia de 20 años evidencia que la justicia no es imparcial ni independiente y muchísimo menos cuando se trata de funcionarios del Estado, y muchísimo menos aún cuando se trata de militares. Los grandes capos del narcoparamilitarismo en Urabá, como el Señor Raúl Hazbún, han confesado públicamente que todos los comandantes de la Brigada XVII, al menos desde Rito Alejo del Río en adelante, fueron los grandes impulsores y protectores del paramilitarismo; sin embargo, ninguno de ellos ha sido tocado por la justicia, y si lo ha sido, ha sido de manera que no se compadece ni de lejos con los crímenes cometidos. Otros miles de casos a nivel nacional podrían citarse al respecto.
4. Ante la preocupación por nuestra seguridad de parte de nuestras comunidades hermanas en otros países, usted afirma que la Brigada XVII adelanta permanentes operativos de protección en toda el área. Los enormes listados de agresiones del ejército que periódicamente enviamos a la Presidencia de la República y a las cortes internacionales, evidencian que la presencia de la Brigada no es una presencia protectora sino agresora, cometiendo los soldados infinidad de afrentas y violaciones de los derechos más elementales de los campesinos, muchas de ellas tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Cuando se denuncian los hechos concretos, la Brigada y el Ministerio de Defensa responden con textos jurídicos teóricos que revelan lo que se debería hacer si se acatara la Constitución, pero no lo que los militares hacen en la realidad, lo cual es negado gratuitamente por los mandos.
5. Usted niega la criminal práctica del ejército de manipular los cadáveres, de tal forma que a paramilitares muertos los presentan como guerrilleros muertos y a campesinos asesinados por paramilitares los presentan como si hubieran sido asesinados por guerrilleros, todo por un interés de tergiversar los hechos en función de una imagen de supremacía militar del polo oficial de la guerra y de encubrimiento u ocultamiento de las autorías de los crímenes. Basta citar el caso del Juez 4 Penal Militar quien descubrió en los archivos de la Brigada XVII numerosos expedientes rotulados como de “muertos en combate”, pero al analizarlos desde su experiencia militar concluyó que se trataba de “falsos positivos” y envió muchos de ellos a la justicia ordinaria, siendo estigmatizado y amenazado por ello hasta obligarlo a refugiarse en otro país, dejando su tarea apenas comenzada. Entre esas víctimas de falsos rótulos había varios de entorno familiar de nuestra Comunidad de Paz. Pero el caso más sensible para nosotros se dio cuando la Brigada XVII estuvo involucrada en la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y Resbalosa de nuestra Comunidad de Paz, masacrando a dos familias nuestras y luego pagando testigos falsos que habían pertenecido a nuestra Comunidad, como lo hizo el Coronel Néstor Iván Duque, para que declararan que nuestros hermanos habían sido masacrados por la guerrilla. Menos mal que muchos victimarios se arrepintieron y confesaron la verdad.  
6. Usted se atreve a negar prácticas tan rutinarias y sistemáticas de sus tropas, como los robos de documentos, destrucción de bienes de los campesinos y negativa sistemática a identificarse con sus nombres y unidades de pertenencia como lo exige la ley. Seguro que usted no encontrará en los corruptos juzgados o fiscalías de Urabá ese tipo de quejas, pero sí las encontrará, al por mayor, en la Presidencia de la República, en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional y en tribunales de otros países que han ensayado el ejercicio de la jurisdicción universal. No se puede tapar el sol con un dedo de la mano, como usted lo pretende.
7. Usted se niega a aceptar el fenómeno del desplazamiento forzado en el territorio de San José de Apartadó debido a las acciones de los paramilitares con fuerte respaldo del ejército, como lo ocurrido recientemente en las veredas La Esperanza, La Hoz, Rodoxalí y otras. Usted cita la definición del desplazado forzado de la Ley 387|97 y niega que ese tipo se aplique a los casos ocurridos. Sin embargo cualquiera que tenga uso de razón comprende que allí se aplica completamente la definición aportada por dicha ley y por los tratados internacionales.
8. El 17 de abril hombres motorizados y armados, seguramente militares o paramilitares a juzgar por el contenido de sus mensajes, pintaron grafitis alusivos al paramilitarismo (siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC) en tres sitios simbólicos de nuestra Comunidad de Paz, como la valla de entrada y bienvenida, el centro agrícola y la bodega de comercialización del cacao. Usted afirma que las unidades militares esa noche no vieron pasar a nadie en moto, lo cual es casi una broma pues toda la noche ese camino es transitado por numerosas motos, y afirma que la Brigada tomó medidas –ex post facto- para “proteger” a la Comunidad, como aumentar las tropas y su presencia en la zona; acoger la sugerencia de la Alcaldía de llenar el camino de cámaras, etc.  Nadie duda que con esas medidas se trataba de aprovechar un hecho lamentable para instalar mecanismos de mayor control de la población campesina, sobre todo en momentos en que la misma Brigada XVII hacía alarde de tener una enorme lista de campesinos para capturar, usurpando las funciones judiciales, como de hecho capturó a personas inocentes en esos meses, para someterlas a montajes judiciales de inocultable intención de venganza, ya que varios de ellos habían participado en protestas y denuncias contra usted. Allí mismo aprovecha usted para criticar los justos reclamos de la población, en el sentido de que es la presencia de las tropas la que atrae la presencia de insurgentes para enfrentarse allí poniendo como escudo a la población civil, causando numerosas desgracias.
9. Usted niega su respaldo y unidad de acción con grupos paramilitares. Nadie se explica cómo puede hacerlo mientras en su jurisdicción operan abiertamente los paramilitares y se amparan en la amistad y tolerancia de sus tropas. Basta mencionar a Nuevo Antioquia, Rodoxalí, Sabaleta, Playa Larga, como territorios donde operan a sus anchas los paramilitares. Cuando fue desaparecido de la vereda La Hoz el joven Buenaventura Hoyos, una peregrinación que realizamos en su búsqueda 150 personas, incluyendo acompañantes de 8 nacionalidades, delegados de comunidades indígenas de diversos resguardos y periodistas de diversos medios, pudimos comprobar en vivo y en directo que sus tropas (Batallón Vélez de la Brigada XVII) acampaban a escasos metros del dormitorio de los paramilitares. Otra peregrinación anterior, pocos días después de la desaparición de Buenaventura, pudo comprobar la presencia de tropas en cercanías del escenario del crimen. El hecho de que no haya habido ningún intento de judicialización de los autores del crimen, demasiado conocidos por sus tropas, evidencia la estrecha relación entre sus tropas y los paramilitares. Para defenderse, usted menciona incautaciones de droga y armas, capturas y otras medidas que nadie puede comprobar y sobre todo verificar si se relacionan con represión a paramilitares. Todo muestra que ello no existe.
10. Usted afirma proteger a los defensores de derechos humanos, pero todas sus prácticas, discursos y mentalidad muestran la falsedad de esa afirmación. Amenaza con acusar a los denunciantes, entre ellos nuestras comunidades hermanas en diversas regiones de Colombia y del mundo del delito de calumnia o imputaciones falsas. Parece que usted ignorara que está incurriendo sistemáticamente en el delito de encubrimiento de crímenes, que tiene una gravedad inmensamente mayor. Califica nuestras denuncias, que son el clamor de las víctimas de sus atrocidades, como falacias y mentiras. Esto constituye un crimen adicional, mucho más cuando sabemos que en Colombia no existe la justicia y que todo lo que perpetran los oficiales del Estado, con pequeñísimas excepciones, queda en la impunidad.

 

Respecto al oficio 4083, dirigido a nuestra Comunidad Hermana en el Estado de Wisconsin, Estados Unidos:

1. Usted afirma que su hoja de vida es impecable y que por ello fue designado como comandante de la Brigada XVII en 2014. Sin embargo silencia su comportamiento  gravísimo en 2009, siendo comandante del Batallón Voltígeros, cuando valiéndose del paramilitar Wilfer Higuita, quien trabajaba a su servicio, sometió a chantaje a un miembro de la comunidad de paz, diciéndole que si no le ayudaba a destruir la comunidad lo sometería a un proceso penal, ya por rebelión o ya por narcotráfico, para lo cual ya tenía preparados los falsos testigos. Esto muestra la irresponsabilidad del ministerio de defensa al no registrar esto en su hoja de vida, pues el hecho fue ampliamente denunciado incluso en tribunales internacionales.

2.  Usted no es la persona indicada para evaluar su propia hoja de vida, como  lo hace en la carta. Ello es un atrevimiento narcisista inaceptable.

3. Usted se refiere a la Comunidad de Paz como “la autodenominada comunidad de paz”, ignorando que la Comunidad tiene personería jurídica reconocida legalmente. 

4. Usted afirma que en los comunicados de la comunidad sólo hay chantajes, vituperios, calumnias y caprichos. En los casi 20 años de vida de nuestra Comunidad, nunca la fuerza pública ha reconocido los crímenes perpetrados contra nosotros y todos los califica como mentiras y calumnias, a pesar de que eso es lo que la comunidad vive, sufre y denuncia en la forma en que lo puede hacer, con datos concretos de nombres, fechas, horas, circunstancias, victimarios etc. 

5. Cuando usted se refiere a la Comunidad de Paz para afirmar que la protege o que se reúne con ella, realmente se está refiriendo a la población de San José de Apartadó que no está integrada a la Comunidad de Paz. Finge no entender qué es y dónde habita la comunidad de paz. 

6. Usted niega que haya pedido levantar las medidas provisionales a favor de la Comunidad de Paz, pero ante una protesta de los habitantes del caserío de San José en la que pedían que la base militar fuera retirada del sitio donde está, al lado de un colegio de niños y niñas, usted respondió que retiraría la base si se levantaban las medidas provisionales a favor de la Comunidad de Paz, palabras que están filmadas y remitidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

7. Usted niega que los paramilitares hayan estado en la vereda de Arenas Bajas, pero allí hubo una multitud de testigos e incluso miembros de las Brigadas Internacionales de Paz discutieron con los paramilitares y éstos los insultaron tan fuertemente que los brigadistas recibieron orden de retirarse de allí por su seguridad. 

8. Usted niega que exista hoy día el paramilitarismo, pero los grupos paramilitares están muy presentes y visibles en el territorio de San José de Apartadó. No se trata de grupos de delincuencia común, como dice el gobierno, sino que son grupos armados que actúan con el ejército, que tienen una ideología contrainsurgente, que defienden a los grandes empresarios, que son apoyados por la fuerza pública al no perseguirlos sino protegerlos aunque los militares lo nieguen, que atacan a los movimientos y organizaciones populares o de izquierda, que se apoyan económicamente en el narcotráfico y se muestran partidarios de los grupos y líderes políticos de extrema derecha, apoyándolos con sus panfletos y con amenazas a sus denunciantes y opositores. 

9. La respuesta cínica y sistemática del ejército y del gobierno, cuando se cometen crímenes contra la Comunidad de Paz o contra el campesinado de la región, es que en el sitio del crimen no tenían tropas, a pesar de que la población vea las tropas. Esa misma respuesta dieron sobre la muerte de Ernesto Guzmán y sobre la muerte de Albeiro Tuberquia. Nada creíble.

10. En la vereda La Esperanza, la misma Defensoría del Pueblo pudo comprobar el desplazamiento forzado de campesinos y sin embargo usted niega que allí se pudiera aplicar el concepto de desplazados.

11. En muchas ocasiones se le ha explicado al gobierno que la Comunidad no presenta denuncias ante la Fiscalía ni ante la Procuraduría por lo terriblemente corruptas que son y porque sólo persiguen a los denunciantes y a los testigos. La Comunidad no ha recibido respuesta de las altas Cortes del Estado sobre la petición que les hizo el 19 de  enero de 2009 de declarar un estado de cosas inconstitucional en Urabá y de corregir las violaciones a las leyes penales que cometen los fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores en Urabá, que revelan una profunda corrupción e impunidad. La Comunidad le envía continuamente al Presidente de la República derechos de petición para que controle a sus subalternos, pero nunca lo hace. También acude a tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, pero tampoco ha recibido respuestas.

12. Usted justifica algunos atropellos contra la población, alegando que busca solamente obedecer órdenes que emite la Fiscalía para capturar a delincuentes. Eso es falso. La injerencia de la brigada en la justicia es de vieja data. Por muchos años ha sido la brigada la que le dice a los fiscales a quiénes hay que capturar, que son los líderes populares o los campesinos que le brindan un vaso de agua a los guerrilleros que pasan por su finca, y las pruebas las construyen en la misma brigada con falsos testigos pagados o amenazados. Por ejemplo, en la captura de Arley Cartagena, líder del caserío de San José de Apartadó, usted tuvo la iniciativa y el control de su captura y la tomó como una venganza por las denuncias que la víctima había hecho contra el usted. 

13. Es falso que usted afirme que ha acatado las sentencias de la Corte Constitucional. La Sentencia T-1025 de 2007, por ejemplo, le ordena al gobierno y al ejército entregar los nombres, líneas de mando, unidades de pertenencia y código institucional de los militares y policías que estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas en que se perpetraron crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad de Paz, pero en los 9 años transcurridos se han negado rotundamente a dar algún nombre, alegando que eso es secreto de Estado, contra todos los argumentos en contrario que desarrolla la Corte Constitucional. Continuamente le enviamos al Presidente los listados de los sitios, fechas, horas y crímenes perpetrados, que tenían presencia local de miembros de la fuerza pública, pero siempre se reitera el desacato a la sentencia de la Corte. 

Hay en el fondo de todas sus explicaciones tres grandes sofismas: el primero consiste en identificar la presencia de la fuerza pública con “protección a la población civil”, para lo cual cita textos constitucionales y legales en los cuales se define la función de la fuerza pública como una función de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, los hechos reales y la práctica concreta evidencian que dicha presencia, en lugar de hacer realidad la “protección” constitucional teórica, es la principal fuente de agresión, criminalidad y violación de los derechos humanos. Se confunde la función teórica con el accionar práctico, cuando son opuestos realmente, o mejor, se encubre el accionar práctico con una visión teórica que no se corresponde en nada con dicho accionar.  Otro sofisma consiste en afirmar que la presencia de la fuerza pública contrarresta la presencia y agresión a los civiles de los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, tanto la presencia amenazante de la guerrilla como la de los paramilitares están en relación directa, a manera de función exponencial, con la presencia de la fuerza pública. La guerrilla busca atacar a la fuerza pública y a los paramilitares y cuando la encuentran domiciliada en un sitio, ese sitio se convierte en su objetivo militar, resultando que los civiles allí ubicados se convierten en escudo protector para la fuerza pública y en blanco casual de los ataques de grupos armados ilegales. Por su parte los paramilitares buscan la cercanía de la fuerza pública para coordinar con ella sus acciones y para protegerse junto a ella alegando que tienen un “enemigo común”.  El tercer sofisma se refiere más a la justicia y a la impunidad. Los agentes del Estado y usted entre ellos, proclaman la obligación de los civiles de acudir a denunciar los hechos delictivos en el aparato judicial y disciplinario y responsabilizan a la Comunidad de Paz de no hacerlo, convirtiéndose en responsables de la impunidad, pero no tienen en cuenta que el aparato judicial es corrupto; que persigue a los denunciantes y testigos; que acoge los montajes elaborados en las brigadas y batallones; que viola los principios rectores del procedimiento penal y los derechos constitucionales y los tratados internacionales. A este respecto hay que recordar el derecho de petición que la Comunidad presentó a todas las altas Cortes del Estado el 19 de enero de 2009, suplicando que se corrigiera y se sancionara a numerosos operadores judiciales que al menos en 20 expedientes habían violado todas las normas de la justicia y habían construido numerosos montajes judiciales en unión con el ejército. Ninguna de las altas Cortes creyó tener atribuciones para corregir tan aberrante situación y los operadores corruptos de la “justicia” continúan hasta hoy “administrando justicia” en el área. ¿Será ético que la Comunidad acuda a esa “justicia”?

En todo su discurso, Señor Coronel, se puede comprobar cómo se niegan los hechos que sufre la población o se manipulan los detalles o se citan normas parciales, recortadas o manipuladas para exonerar de culpa a los victimarios. Es recurso rutinario de la Brigada XVII afirmar que en los sitios donde las víctimas vieron y sufrieron a los miembros de la fuerza pública, “no había presencia de tropas”.

Señor Coronel, todo lo sufrido por nuestra Comunidad de Paz durante su ejercicio de comandante de la Brigada XVII y antes en el Batallón Voltígeros, y todo lo relatado en esta carta, evidencian que usted no llena los mínimos requisitos éticos para cumplir funciones públicas y menos para ocupar cargos de alto rango, por ello estamos convencidos de que usted debe ser destituido y separado de todo servicio público en adelante, a no ser que el Estado quiera seguir ilegitimándose.

 

Atentamente,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó,

 

CC:

Presidencia de la Republica

Ministerio de Defensa

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Penal Internacional

Comunidades Hermanadas con la Comunidad de Paz

Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales

Señor Obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Torres

Conferencia Episcopal de Colombia

Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia

Alto Comisionado de Derehcos Humanos de Naciones Unidas

Unidad Nacional de Atencion a Victimas