Carta a Procurador General de la Nacion

Apartadó, enero 10 de 2017

 

Señor

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Bogotá, D. C.

 

Reciba un atento saludo.

 

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue sorprendida el pasado 3 de enero con el oficio PPA-002  RC-1373-2016 suscrito por la profesional  EVELYN CRISTINA MUÑOZ MONSALVE, de la Procuraduría Provincial de Apartadó, en el cual se refiere a varias constancias que nuestra Comunidad ha dejado ante el país y el mundo, ya que en 20 años de existencia nunca ha sido escuchada ni sus reclamos absueltos como ordenan la Constitución y las leyes.

La mencionada funcionaria de ese “organismo de control” remite unos casos a la Unidad Nacional de Protección. Algo totalmente inútil. En años pasados, por presión de la Corte Constitucional, pusieron a nuestro servicio a dos funcionarios con teléfono abierto 24 horas al día para solucionar este tipo de casos, pero lo único que se les ocurrió hacer fue acudir al Ministerio de Defensa, el cual, como rutinariamente lo ha hecho en 20 años, NEGÓ los hechos y la Unidad de Protección dio por concluida su “protección”.

En una confusión  tragi-cómica o perversa, la mencionada funcionaria pide protección para “Luis Eduardo Nieto” (evidente cambio de apellido de Luis Eduardo Guerra cuyo nombre lleva nuestra Aldea de Paz, en la vereda Mulatos Medio, en su memoria), como ignorando que él fue masacrado por agentes del Estado el 21 de febrero de 2005.

Frente a otros casos criminales la funcionaria disciplinaria se lava las manos por tratarse de grupos paramilitares, no sujetos a esa jurisdicción disciplinaria. Se necesita ser muy ciego para no entender que el accionar paramilitar sólo goza de condiciones favorables a su accionar cuando la fuerza pública lo asume como su brazo clandestino o irreconocido y tolera y protege sus acciones. Obviar la investigación de los mandos militares por las acciones de los paramilitares ha sido en muchas décadas la más eficaz contribución al “éxito” criminal del paramilitarismo.

Finalmente, la flamante funcionaria repite sagradamente el eslogan de su maestro Ordóñez Maldonado, de ingrata recordación en el país y en el mundo civilizado: toda constancia de la Comunidad de Paz hay que rechazarla como “vaga, imprecisa, carente de requisitos esenciales como circunstancias de tiempo, modo y lugar, y mentirosas”; no importa que lleve fechas, ubicación espacial, nombres de víctimas, circunstancias y pruebas de sistematicidad y autoría, todo esto hay que ignorarlo.

Para la flamante funcionaria “de control”, las amenazas contra miembros de  la Comunidad de Paz y comunidades veredales, connivencia de militares y paramilitares, anuncios de incursiones violentas para amarrar personas y expulsarlas de su región, son solamente “hechos difusos e irrelevantes” que no merecen atención por parte de quien debe vigilar la conducta de los agentes del Estado, sino sólo ocasiones para abundar en “inhibiciones”.

Tragi-cómica resulta también la respuesta de la funcionaria ante la crítica al supuesto arreglo de la carretera entre San José y Apartadó que fue objeto de una solemne inauguración mientras los arreglos duraron pocos días para volver a los fangales de siempre. Ella afirma que se desplazó a tomar 45 fotos para probar que “la vía está en perfecto estado”, en lo que no coincide con quienes la recorren a pie y sufren sus pantanos, deslizamientos y obstrucción de sus cunetas. Rasgo esencial de una funcionaria de control debería ser la imparcialidad y capacidad crítica.

 

Con dolor de patria, atentamente,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó. 

 

 

CC:
Corte Constitucional

Corte Penal Internacional

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Constancias: