¿Hasta dónde llegará esta persecución?

En los últimos dos meses, casi cada semana nos hemos visto obligados a dejar constancias históricas ante el país y el mundo sobre el recrudecimiento de la persecución contra nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra la población civil campesina que habita en nuestro entorno. La Fuerza Pública y los paramilitares actúan de manera cada vez más atrevida y coordinada; el poder judicial y demás órganos de control del Estado guardan silencio y miran para otro lado; la Defensoría desactiva sus teléfonos. La historia tendrá que juzgar algún día toda su pasividad y complicidad como los avales más eficaces a los crímenes. Nosotros continuamos creyendo en nuestros principios y sabemos que mucha gente en el mundo está a nuestro lado con un firme respaldo moral a pesar de la impotencia. Creemos que todo el mundo debe conocer los hechos concretos que día a día expanden este tejido de horror y de ignominia:

  • El lunes 25 de abril de 2011, a las 17:30 horas, al sitio llamado Caracolí, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, donde hace tiempo opera un retén del Ejército, llegaron dos motocicletas con dos hombres armados en cada una de ellas, se identificaron como paramilitares y les pidieron a los allí presentes información sobre las personas que estaban en una lista, quienes serían asesinadas próximamente. Al leer públicamente la lista, ésta incluía a miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, acompañantes de la misma y personas muy conocidas en el caserío de San José o en veredas del entorno. Según se informó a la Comunidad, en la lista estaban incluidos JESÚS EMILIO TUBERQUIA, Representante Legal de la Comunidad de Paz; EDUAR LANCHERO, acompañante de la misma; RIGOBERTO GARCÍA, poblador y comerciante del caserío de San José, y ELKIN MONTOYA Y RAMON GUERRA, pobladores de la zona rural. No es la primera vez que Jesús Emilio y Eduar son amenazados; ya han escapado a múltiples atentados y esto se sabe con detalles en la Presidencia de la República, en varios Ministerios y en los organismos de control del Estado, como también saben que quienes han intentado asesinarlos son agentes directos e indirectos del Estado cuyos nombres los tienen en sus manos desde hace mucho tiempo y han desoído los clamores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales para que se proteja a estas víctimas. Es muy significativo que el sitio donde se leyó la lista de quienes van a ser asesinados, sea un puesto de control del Ejército, aunque esto sólo reconfirma una vez más la estrecha unidad de acción entre militares y paramilitares que ha operado en los últimos 14 años. Es también muy significativo el hecho de que poco antes de llegar allí los paramilitares, los militares requisaron arbitrariamente al Representante Legal de la Comunidad, Jesús Emilio Tuberquia, quien subía con acompañantes internacionales. Los militares no dieron ninguna explicación coherente sobre dicha requisa que se evidenciaba como un nuevo hostigamiento arbitrario, y se enfurecieron cuando se les hizo ver que su presencia allí y sus requisas no constituían ninguna protección para la población, toda vez que en los últimos días han asesinado a varias personas en la carretera, en hechos que revelan complicidad de la fuerza pública, dejando la sensación de que los criminales tienen libertad de desplazamientos sin ser molestados, mientras la población civil honesta y los integrantes de la Comunidad de Paz son estigmatizados con la sospecha o presunción de ilegalidad que todas estas requisas deshonrosas implican como afrenta y humillación.
  • El martes 26 de abril de 2011, a las 7:00 horas, en la vereda Murmullo, del municipio de Tierralta, aledaña a nuestro asentamiento de ALTO JOAQUÍN, los paramilitares que tienen una enorme base tolerada y apoyada por la fuerza pública en el corregimiento de BATATA, reunieron a la población y nuevamente les anunciaron que van a exterminar la Comunidad de Paz.
  • El mismo martes 26 de abril de 2011, en horas de la mañana, varios medios masivos de comunicación transmitieron una intervención del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, quien desde el pasado 20 de marzo es protegido por el Ejército en la Brigada XVII y aliado allí con alias “SAMIR”, desertor de la FARC y protegido también ilegalmente por el Ejército en la Brigada desde noviembre de 2008, para atacar y difamar de múltiples formas a la Comunidad de Paz. En su intervención, Robinson Gómez les anunció a sus acreedores, a quienes durante mucho tiempo les había comprado ganado sin pagarles, que finalmente les va a pagar con el producto de la venta de una finca que se propone vender. Dicha finca es de la Comunidad de Paz  y en ella ha ejercido dominio y posesión desde hace catorce años. En 1997 era un terreno abandonado y la Alcaldía de entonces, en presencia de representantes de la Iglesia local, la entregó a los numerosos desplazados con los cuales se conformó la Comunidad de Paz.
  • El mismo martes 26 de abril de 2011, a las 14:00 horas hasta las 15:00 horas, se dieron combates armados entre Militares y la Guerrilla en la vereda Bellavista del Corregimiento de San José. Hace ya tiempo que se repiten combates armados en zonas donde hay viviendas de población civil, dejando a ésta en medio del fuego cruzado, lo cual constituye una flagrante infracción del Derecho Internacional Humanitario.

Todos estos hechos revelan la situación de hostigamiento, amenaza y persecución a que es sometida nuestra Comunidad de Paz y la población civil de nuestro entorno. Apelamos nuevamente a la solidaridad internacional para que se le exija al Gobierno detener esta barbarie y que entregue a tribunales internacionales a los responsables de todos estos crímenes, ya que las instituciones del Estado sólo se cruzan de brazos ante la ignominia. Frente a todo esto, nuestros principios siguen incólumes, pues la intensidad de la muerte nos impulsa a crear más y más vida.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 27 de 2011

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