Semana tras semana vemos acrecentar el actuar paramilitar, no solamente en los territorios de nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó sino en muchas otras zonas del país, pero lo peor es que la sociedad va asumiéndolo como un destino fatal, sin remedio, al que debe someterse. Muchos no creen cuando denunciamos las formas de presencia y acciones concretas de los paramilitares en la zona de nuestra Comunidad. Nadie hace nada. Todo se le comunica inmediatamente al Presidente de la República pero él lo único que hace es remitir los registros a las jerarquías del Ejército y de la Policía, que son las instituciones que incentivan, apoyan, protegen y encubren a los paramilitares, para que ellas “investiguen” lo que estos hacen. Y las jerarquías militares y policiales inician una remisión en cadena a los comandantes, desde el más alto nivel hasta el más bajo, esperando que la respuesta vuelve a remontar todas las cadenas de mando con los contenidos de rutina utilizados durante varias décadas: “no teníamos tropas en la zona en ese momento”; “los hechos no fueron denunciados ante las autoridades competentes”; “eso no pudo ocurrir porque eso está prohibido por nuestros reglamentos”. Entre tanto los paramilitares ejecutan campesinos, amenazan, desplazan, anuncian el exterminio de nuestra Comunidad, roban, destruyen cultivos, someten a trabajos forzados a poblaciones de veredas enteras, y nadie hace nada. Impera el silencio del terror mientras ellos controlan toda la vida de la población como auxiliares de la fuerza pública; piden documentos; hacen censos; realizan empadronamientos; reúnen a las comunidades; colocan impuestos a productos, incentivan el cultivo de la coca y controlan su comercio; imponen reglas para la vida diaria. Vivimos en una sociedad paramilitarizada mientras el Gobierno del Presidente Santos le vende a la Comunidad Internacional la gran mentira de que el paramilitarismo ya no existe; de que sólo hay bandas de delincuencia común para las cuales ha acuñado la sigla engañosa de “BACRIM”. Todo esto ocurre en una sociedad sometida al accionar paramilitar con la vista permisiva del Estado Colombiano en todas sus instancias, permisividad que trata de ocultar con un discurso en el que afirma perseguir el paramilitarismo, algo no creíble para quienes vivimos la realidad cruda, en la cual esto no es más que una simple burla.

Nuestra opción por la vida nos lleva a dejar constancia de esta situación, pues nos oponemos rotundamente a una sociedad de muerte, a una sociedad determinada por la guerra y las armas; nuestra opción por la vida; por la no violencia; por la paz, nos lleva  a solidarizarnos con cualquier persona que sea  víctima de esta lógica paramilitar. Al dejar constancia de esta situación rechazamos rotundamente esta clase de sociedad y de Estado hundidos en la mentira y en la violencia. Nuestra comunidad indudablemente repudia esta lógica, estas leyes del paramilitarismo que implican una sociedad basada en la injusticia, en la impunidad y que sólo genera una sociedad de muerte.

Queremos ir dejando constancia cada semana sobre estos hechos; sobre estas bases paramilitares que siguen y siguen, año tras año, afianzando su sistema de muerte en la sociedad y en nuestro territorio:

Denunciamos y condenamos todo el respaldo, activo y/o pasivo del Estado a:

–          La base paramilitar ubicada en la vereda Mano Cuello, del corregimiento de El Dos, en el municipio de Turbo, pero colindante con las veredas de nuestra Comunidad de Paz. Allí más de doscientos paramilitares  se despliegan por diversos lugares donde regulan todo la entrada de gente a las veredas, hacen empadronamientos, compran coca, entran armas y munición, profieren amenazas, detienen a personas quienes luego desaparecen o son ejecutadas, reúnen a la gente de allí y les dicen que ellos son la ley y los que controlan todo; que quien no les obedezca será ejecutado. Uno de los últimos episodios de este accionar fue la reunión del  23 de septiembre en horas de la mañana, en la cual los paramilitares expusieron todas estas condiciones a los pobladores.

–          La base paramilitar de Nuevo Antioquia, donde más de cien paramilitares andan de camuflado y/o de civiles, armados, recorriendo las veredas hasta Playa Larga. Allí hacen empadronamientos de cada finca de las diversas veredas; cobran impuestos a la madera y a los diversos productos que se sacan; realizan reuniones con la gente diciendo lo mismo sobre su control y sobre el sometimiento de la gente. Uno de los últimos episodios fue el empadronamiento realizado el pasado 21 de septiembre en la vereda Playa Larga.

–          La base paramilitar de Piedras Blancas, donde se encuentran más de cien paramilitares. Allí  hacen patrullajes en las veredas donde se encuentra nuestra Comunidad, profiriendo amenazas; anunciando el inminente exterminio de nuestra Comunidad y controlando la alimentación, el movimiento de las personas e imponiendo sus reglas de juego. Uno de tantos hechos cometidos han sido las amenazas proferidas el sábado 17 de septiembre a las 10:00 horas, en las veredas La Cristalina y Carepa, donde le dijeron a la gente que iban a desaparecer a varias personas pues no cumplían las reglas que ellos imponían.

–     La base paramilitar de Batata: allí han construido una edificación grande para albergar a más de 300 paramilitares que se movilizan por la zona controlando las veredas; empadronando a la gente; haciendo retenes permanentes y requisas de los pobladores; controlando todo lo que hacen y producen las familias. Uno de los últimos episodios ocurrió los días 24 y 25 de septiembre, cuando instalaron un reten permanente todo el día, donde requisaban a la gente y pedían documentos, afirmando que a quien no conocieran y a quienes no les obedecieran los iban a asesinar.

 –    La base paramilitar de Los Mandarinos: allí más de cincuenta paramilitares hacen control permanente de la gente cuando llegan los carros de servicio público, esto es diariamente, haciendo requisas y empadronamientos.

 Estamos rodeados por este accionar paramilitar el cual se hace más criminal con el reclutamiento de menores de edad de las diversas veredas y con ello incrementando su accionar de muerte. Van tomando tierras; imponiendo el silencio de las tumbas y dejando una sociedad muda y sometida y encadenada a estas estructuras de injusticia. Ante esto, nos negamos a someternos pese a los riesgos que esto implica, pues creemos que la vida debe estar por encima de la muerte y por ello del silencio y del horror de las armas. Repudiamos y condenamos la criminalidad de un Gobierno y de un Estado que mantiene este estado de cosas y de un Establecimiento, especialmente en sus medios de “información” que silencian todos estos horrores.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE  DE APARTADO

2 OCTUBRE DE 2011