Derecho de Peticion Nº 8 al Presidente de Colombia

Enviado por cdpsanjose el Dom, 2012-10-21 10:55. :: Acciones Jurídicas


Bogotá, octubre 17 de 2012

 

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Ciudad

 

Ref:

 

Rad: EXT10-00099660 – Noviembre 3/2010

Rad: EXT11-000006335 – Enero 24/2011

Rad: EXT11-00014231 – Febrero 13/2011

OFI11-00007596 / JMSC 33020 – Enero 21/2011

OFI11-00014392 / JMSC 33020 – Febrero 15/ 2011

OFI11-00019116 / JMSC 33020 – Febrero 25/ 2011

Rad: EXT11-00034960 – Abril 11 /2011

OFI11-00036328 / JMSC 33020 – Abril 11 / 2011

Rad: EXT11-00061811 – Junio 28 / 2011

Rad: EXT11-00109596 - Noviembre 15 / 2011

Rad: EXT12-00064927 -Agosto 2 /2012

 

De toda consideración.

 

Invoco nuevamente ante Usted el derecho constitucional de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, para solicitarle, de manera muy apremiante, ordenar al Ministerio de Defensa el acatamiento de la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional, la cual se ha negado a acatar mediante razones que no resisten el más mínimo análisis legal y que constituyen una nueva afrenta a la institucionalidad de la nación. Simultáneamente le solicito medidas urgentes de carácter administrativo que detengan la barbarie estatal contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el campesinado de su entorno geográfico y social.

 

Por octava vez consecutiva dentro de su mandato, recurro a su despacho, luego de comprobar que las situaciones y hechos graves que le hemos expuesto desde el inicio de su administración, en lugar de corregirse asumiendo medidas urgentes que la gravedad de los hechos demandaba, con miras a brindar garantías de no repetición, por el contrario se siguen repitiendo, evidenciando que se trata de prácticas sistemáticas que responden a políticas de Estado, las cuales gozan al menos de la tolerancia, aquiescencia y garantía de impunidad de los mandos superiores y de la suprema autoridad del Estado.

 

Sus respuestas a los siete derechos de petición anteriores han sido a todas luces evasivas, remitiéndolas siempre a las instituciones más directamente implicadas en los crímenes para que se investiguen a sí mismas, lo que nunca han hecho en estos 15 años de barbarie, terminando siempre por negar la existencia de los hechos mismos que tanto dolor y destrucción causan a los pobladores por ellos victimizados. Esta vez han ido mucho más lejos, decidiendo desacatar en forma flagrante a la misma Corte Constitucional, en decisiones que no dejan resquicio alguno para interpretaciones evasivas como las que ahora hace el Ministerio de Defensa.

 

Los mismos textos de la Constitución Nacional nos confirman que el Jefe del Estado es el garante del respeto a los derechos humanos (Art. 188 y 198) y que tiene en sus manos los instrumentos constitucionales adecuados para tomar medidas que pongan fin a la barbarie, removiendo a los agentes responsables, que son de su libre nombramiento y remoción, e interviniendo las unidades de la fuerza pública en calidad de Comandante Supremo (Art, 189, parágr. 3 y 13), razón por la cual la Corte Constitucional, en su Sentencia SU-1184/01 ha definido el deber de garantía afirmando que si un superior no evita un crimen de lesa humanidad, “por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional”. Es evidente, Señor Presidente Santos, que sus subalternos en la zona de Urabá, con la confianza que usted les ha otorgado al delegarles esas misiones y poderes, continúan perpetrando a gran escala crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los que, según el derecho mencionado, le son imputables a Usted mismo ante la comunidad internacional y en la misma jurisprudencia interna. Por ello le insisto una vez más en que asuma Usted mismo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, las medidas correctivas.

 

En el derecho de petición anterior (agosto 2 de 2012) le solicité suministrarme los nombres, códigos, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la fuerza pública que habían estado en determinados sitios, fechas y horas, en que se han perpetrado crímenes o violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en áreas aledañas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Invoqué entonces la Sentencia T-1025 de 2007, originada en una acción de tutela interpuesta por el suscrito y revisada por la Corte Constitucional.

 

Un mes y 10 días después, el 13 de septiembre de 2012, recibí el Oficio 088988 MDD-HH-25.11, suscrito por el Coronel JUAN CARLOS GÓMEZ RAMÍREZ, Director de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa, en el cual se niega a suministrar los nombres solicitados, posición que trata de justificar en un párrafo de la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional, párrafo en el cual se califica parcial y pasajeramente la primera respuesta del Ministerio de Defensa como “constitucional” y “adecuada”, pero que en el siguiente párrafo se descalifica de manera esencial, al ser confrontada con sus implicaciones y consecuencias, pues no respeta los requisitos que la jurisprudencia internacional y constitucional exigen para restringir el derecho a acceder a la información bajo control del Estado, que son los requisitos de estricta necesidad y proporcionalidad, fuera de la exigencia de estar incluida en normas de rango legal en forma taxativa, requisito que tampoco se cumple.

 

El Oficio mencionado llega a conclusiones en exceso aberrantes, al concluir el Coronel Gómez Ramírez que la Corte lo que está sugiriendo es reemplazar el suministro de la información solicitada por otra medida que sea menos lesiva del derecho a la información, y al oficial se le ocurre que esa otra medida puede consistir en entregarle las constancias de los hechos a los organismos de control para que ellos, eventualmente, y si al investigar descubren algún culpable, nos comuniquen la información sobre los culpables y con ello quedaría satisfecho el acceso a la información. Es evidente que dicho oficial sólo leyó uno que otro párrafo de la sentencia para llegar a conclusiones tan originales, aberrantes, lejanas y contrarias a las decisiones de la Corte.

 

Y para más abundar en lo aberrante, al oficial se le ocurre que la entrega de la información, no a los peticionarios sino a órganos judiciales y disciplinarios, podría subsanar la violación del derecho al acceso a información bajo control del Estado e íntimamente relacionada con los derechos esenciales de las víctimas, que es lo que la Sentencia protege. Con ello el oficial revela desconocer totalmente otro de los contenidos importantes de la Sentencia, como es la comprobación de la impunidad reinante sobre los crímenes de los que han sido víctimas los miembros de la Comunidad de Paz y la población de su entorno, impunidad que por sus grandes proporciones y por su duración desmesurada hace recaer sobre el Estado colombiano la responsabilidad de negar el acceso a la justicia a sus ciudadanos, a pesar de haber suscrito solemnes compromisos internacionales.

 

Por otra parte, el 29 de septiembre de 2012 recibí el Oficio No. S-2012-001683/DEURA-DERHU-29, suscrito por el Coronel LEONARDO ALBERTO MEJÍA MARTÍNEZ, Comandante del Departamento de Policía Urabá, oficio en el cual también se niega a acatar la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional y pide que el peticionario “aclare el objetivo de las pretensiones concernientes a solicitud de información sobre el personal de policía adscrito a la Subestación de Policía del corregimiento de Nuevo Antioquia, jurisdicción del municipio de Turbo (Antioquia)

 

También este oficial desconoce la Sentencia de la Corte, particularmente la doctrina proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Corte Constitucional de Colombia hace suya a través del recorrido de la Sentencia y que precisa: “dicho artículo (el No. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos) ampara el derecho de las personas  a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea” (cita de Sentencia del 19 de septiembre de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1025/07, Parte IV, No. 8, subrayados fuera del texto).

 

La estructura lógico-jurídica de la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional es tan nítida que es difícil imaginar que pueda dar lugar a interpretaciones tan ajenas. Vale la pena destacar la nitidez de su problemática, de sus argumentaciones y de sus decisiones:

 

La parte doctrinal fundamental de la Sentencia comienza sintetizando el problema jurídico al cual debe responder, así:

 

“¿Tienen los ciudadanos el derecho de conocer los nombres, códigos, unidades a las que están adscritos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que participan en determinadas acciones militares o se encuentran en ciertos lugares a determinadas fechas y horas? Y por lo tanto, ¿vulneró el Ministerio de Defensa el derecho del actor a acceder a la información que reposa en el Estado, en la medida en que se negó a suministrarle los datos que solicitaba sobre los miembros de la Fuerza Pública que estuvieron presentes en determinadas situaciones no relacionadas con labores de inteligencia?”

 

Pero la Corte, según lo afirma, apoyándose en las mismas pruebas que surgieron en el desarrollo de la misma acción de tutela, se planteó un problema concomitante, al cual debía dar respuesta:

 

“¿En vista de los resultados ofrecidos en la investigación y sanción de los hechos delictivos en los que han sido víctimas personas pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó o que le prestaban servicios a ella se puede afirmar que se ha vulnerado su derecho a la justicia?”

 

[Parte IV de la Sentencia, Consideraciones y Fundamentos, No. 2]

 

Antes de examinar las razones y fundamentos de la Corte para llegar a sus decisiones, vale la pena destacar las respuestas finales que da la Corte a estos dos interrogantes que originan y enmarcan en este caso su deliberación y definiciones jurisprudenciales:

 

Respecto a la negativa del Ministerio de Defensa a suministrar los nombres de los miembros de la Fuerza Pública que estaban presentes en los días, sitios y horas en que fueron perpetrados los crímenes, afirma:

 

“La decisión” (del Ministerio de Defensa de no entregar los nombres solicitados) “no cumple con los requisitos de necesidad y de estricta proporcionalidad que incorpora el examen estricto de la proporcionalidad de la medida. Ciertamente, la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano de acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado. En realidad, la protección del debido proceso y la presunción de inocencia de los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres solicita el actor, podría lograrse a través de medidas menos lesivas del derecho de acceso a la información”. – “Por otra parte, la decisión del Ministerio comporta una afectación extrema del derecho de acceder a la información, con lo cual obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que podrían estar implicados” – “En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE (…) “Tercero.- ORDENAR al Ministerio de Defensa que suministre la información solicitada y, por tanto, indique los nombres de los integrantes de la fuerza pública que se encontraban en los lugares y momentos señalados por el peticionario, así como sus códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando (…)”

 

Respecto a la vulneración del Derecho a la Justicia, la Corte afirma:

 

“Todo lo anterior indica que, por los resultados que se observan hasta este momento, el Estado colombiano ha desconocido los derechos de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en lo que se refiere a la investigación y sanción de los hechos de que han sido víctimas durante tantos años” –

 

“Evidentemente esta situación es intolerable para un Estado que en su Constitución Política se ha comprometido con la vigencia y protección de los derechos de todas las personas. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó han sido perseguidos y asesinados, sin que el Estado haya hecho lo suficiente para la salvaguarda de sus derechos, y sin que los crímenes hayan sido debidamente esclarecidos, sus autores sancionados y las víctimas efectivamente protegidas en sus derechos” –

 

“Como ya se indicó, entre las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se encuentran la de investigar los hechos que dieron origen a las medidas y juzgar y sancionar a los responsables. Sin embargo, como se manifestó, las investigaciones sobre los múltiples hechos ocurridos en San José de Apartadó no arrojan todavía resultados, a pesar de que en un alto porcentaje de los casos han transcurrido ya muchos años desde la comisión del delito” –

 

“En relación con los hechos de San José de Apartadó es evidente que el Estado no ha hecho lo suficiente para impedir que la Comunidad haya sido víctima de tantos crímenes. Faltar al deber de protección es muy grave. Pero igualmente grave es la falta de resultados en las investigaciones penales iniciadas con ocasión de esos crímenes”.

 

“Del acápite de pruebas se deduce que una de las dificultades fundamentales para el avance de los procesos penales consiste en la desconfianza profunda y recíproca que existe entre las instituciones y los miembros de la Comunidad de Paz” –

 

“No puede negarse que los miembros de la Comunidad de Paz tienen suficientes motivos para desconfiar de las instituciones nacionales. Son muchos los crímenes de los que han sido víctimas, sin que exista constancia alguna en el expediente acerca de que los responsables hayan sido sancionados” – […] “En este sentido es importante destacar que el primer responsable de tomar medidas para generar confianza es el Estado y no la Comunidad de ¨Paz”.

 

 

Si miramos luego LAS RAZONES o FUNDAMENTOS en los que se apoya la Corte para emitir esta sentencia, vemos que el derecho de los ciudadanos a obtener información bajo control del Estado está fundado y hace parte constitutiva de un derecho más amplio: el “Derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión”, el cual, tal como está formulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19), “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras” y es un derecho que “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades que deben estar fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (redacción casi idéntica en los dos tratados).

 

La Corte advierte que este derecho ha sido declarado como DERECHO FUNDAMENTAL por la misma Corte (Sentencia T-464/92 y otras 6), articulando el derecho de petición (art. 23), el derecho a obtener información (art. 20), el de acceso a documentos bajo control del Estado (art. 74), los derechos que forman el Bloque de Constitucionalidad, el art. 13 de la Convención Americana y el 19 del Pacto Internacional.

 

Un rastreo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea y de otros organismos, ilustra la importancia de ese derecho entre los rasgos esenciales de cualquier democracia. Así, la Corte Interamericana, en Sentencia del 19 de septiembre de 2006, recalca la importancia del acceso a la información bajo control del Estado para la existencia de un Estado de Derecho y de una Democracia: 

 

Este Tribunal ha expresado que la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte, y constituye “un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”. La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información” (No. 84)  “En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso

 

Luego de demostrar, con muchos otros textos, que el acceso a la información bajo control del Estado constituye un derecho reconocido internacional y constitucionalmente, y no cualquier derecho, sino uno de aquellos esenciales para que exista democracia y Estado de Derecho, la Corte examina las posibles restricciones a es e derecho, contempladas en los mismos tratados internacionales. Para ello rastrea las jurisprudencias propias y las de las Cortes internacionales. Concluye que las únicas restricciones se refieren a la protección de los derechos de otros y a la seguridad del Estado (artículo 13 de la Convención y 19 del Pacto)

 

La negativa dada por el Ministerio de Defensa para suministrar esta información, se apoyaba en la defensa del “debido proceso” y de la “presunción de inocencia” de los miembros de la fuerza pública; no se menciona ninguna causal de seguridad nacional, que de ningún modo cabría. De acuerdo con las jurisprudencias estudiadas, cualquier restricción tendría que estar contemplada en leyes (no decretos) y de manera taxativa, pero las razones para restringirlo tienen que someterse a un examen de ESTRICTA NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

 

Para la Corte, con toda evidencia, la negativa del Ministerio de Defensa no cumple esos requisitos. Al respecto la Corte afirma: “Ciertamente, la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano a acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado. En realidad, la protección del debido proceso y la presunción de inocencia de los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres solicita el actor podría lograrse a través de medidas menos lesivas del derecho de acceso a la información (…) los beneficios que proporciona la medida no se encuentran en una relación de estricta proporcionalidad con las restricciones que genera para el mencionado derecho de acceder a la información y, en este caso específico, con el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido y lograr que haya justicia y reparación”.

 

La Corte añade en otros de sus párrafos que “la reserva de las investigaciones no se aplica a los nombres de los investigados, sino a las diligencias practicadas” (Parte IV No. 13). En otro de sus apartes recuerda la norma que obliga a la fuerza pública a identificarse públicamente con sus nombres en sus uniformes, para lo cual cita en ejemplo la Resolución 2495 de 1997 del Director de la Policía, anotando que “desde el mismo diseño de los uniformes de la Fuerza Pública se parte de la base de que los nombres de sus agentes deben ser visibles y reconocibles para los ciudadanos. Esto significa que la actividad cotidiana de los miembros de la Fuerza Pública entraña que sus identidades sean conocidas, tal como lo solicita el actor de la presente tutela” (Parte IV, No. 14, nota).

 

Así, pues, lo que la Corte Constitucional ordena en dicha Sentencia no es que se busque una alternativa al suministro de los nombres, pues al negarse a dar esa información el Ministerio de Defensa está lesionando derechos fundamentales de un rango superior al que tendrían los derechos de los miembros de la fuerza pública a un debido proceso y a una presunción de inocencia, derechos que de todas formas son constitucionales y deben ser protegidos, pero que para protegerlos no es permitido lesionar el derecho al acceso a la información bajo control del Estado, pues se estaría lesionando una de las bases esenciales de la democracia y del Estado de Derecho, y tampoco se compadece la negación de este derecho tan importante por la intención de proteger otros derechos que se pueden proteger de otra manera y no con esta grave medida lesiva de los fundamentos de la democracia. La Corte es muy explícita al establecer que a lo que hay que buscarle una alternativa es a la manera de proteger los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia de los miembros de la fuerza pública, alternativas que existen, pero que lo que no es permitido es negarse a entregar los nombres con ese pretexto. La Corte completa diciendo que el suministro de los nombres no pertenece a la reserva judicial, pues lo que pertenece a la reserva son las diligencias practicadas, y además que toda la normatividad que cobija a la fuerza pública, desde el manejo de sus uniformes, está presuponiendo la publicidad de sus actuaciones y de su identidad en todas sus acciones. Es evidente que si se cumplieran esas normas no era necesario solicitar los nombres, códigos y unidades de pertenencia.

 

Es, pues, de toda evidencia, Señor Presidente, que sus subalternos han desacatado una sentencia de la Corte Constitucional que no tienen derecho a desacatar, por lo cual le solicito a Usted, jefe constitucional de la fuerza pública, que corrija ese desacato, para lo cual le reitero las peticiones hechas en el anterior derecho de petición:

·         Poner fin a la barbarie y a la estrategia de exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ampliamente proclamada por las fuerzas armadas legales e ilegales acantonadas en la región y estrechamente coordinadas, para lo cual se impone una intervención drástica en las brigadas XVII y XI del Ejército y una depuración radical de su personal, removiendo a quienes hasta ahora han desconocido la Constitución, las leyes, el derecho internacional, los derechos humanos y las cánones más elementales de una ética universal, y reemplazándolos por personal que acate la Constitución y la ley y respete la dignidad y los derechos humanos elementales.

·         Suministrarme los nombres de los integrantes del Estado Mayor y de las direcciones de operaciones y de inteligencia de las brigadas XI y XVII durante el último año.

·         Suministrarme los nombres de los oficiales que han tenido el mando de las bases o unidades militares y policiales acantonadas en el corregimiento de Nuevo Antioquia, municipio de Turbo, durante los últimos cinco años, con sus códigos militares.

·         Suministrarme el nombre completo, código militar, unidad de pertenencia y línea de mando del Superintendente García, supuestamente adscrito a la base militar de Nuevo Antioquia.

·         Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros del Ejército y la Policía presentes en el caserío de San José de Apartadó los días: 11 de diciembre de 2011; 13 de marzo de 2012 y más específicamente identificar al militar que este día disparó contra la humanidad de John Freddy Úsuga; y entre el 27 y el 30 de mayo de 2012.

·         Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar presente en el retén de Caracolí los días 15 de diciembre de 2011 y 11 de enero de 20012.

·         Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los días 28 de enero de 2012; 2 de febrero de 2012; 10 de febrero de 2012 y 20 de febrero de 2012.

·         Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial presente en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó, los días 31 de enero de 2012 y 7 de febrero de 2012.

·         Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que sostuvo un combate con la guerrilla en la vereda Arenas Bajas el 20 de febrero de 2012 en medio de cual fue asesinada la civil discapacitada Marlobe David Sánchez.

·         Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que llegó en helicópteros a la vereda Las Nieves de San José de Apartadó el 24 de julio de 2012.

·         Exigirle al Coronel Javier Eduardo Vallejos, Comandante de la Brigada XVII, reparación de sus calumnias contra la Comunidad de Paz o demostrar que las pequeñas donaciones que la Comunidad recibe de grupos solidarios están condicionadas a denuncias que la Comunidad realice contra instituciones del Estado, así como probar al mismo tiempo que los crímenes denunciados por la Comunidad son falsos.

·         Ordenarle a sus subalternos en el Ministerio de Defensa, en la Cancillería y en el Ministerio del Interior, no negar los hechos de barbarie ante la Corte Interamericana de derechos Humanos y ante otros organismos internacionales, por el sólo hecho de que ni la Comunidad ni los familiares los denuncian formalmente ante el aparato judicial. En múltiples documentos se ha explicado que esto no se hace porque lo único que se ha cosechado en muchos años es impunidad y persecución o muerte de los denunciantes y porque examinados los procedimientos del aparato judicial se ha evidenciado en él un altísimo nivel de corrupción y podredumbre moral.

·         Reconsiderar la negativa de su Gobierno a subsanar los cuatro obstáculos que impiden un mínimo nivel de buena fe para que reanude la interlocución entre las instituciones del Estado y la Comunidad de Paz: 1) la retractación de las calumnias presidenciales contra la Comunidad y la devolución a ésta de su buen nombre y dignidad, acatando la Sentencia T-1191/04 de la Corte Constitucional - 2) Revisar y modificar los criterios de ubicación de la fuerza pública en medio de la población civil, acatando la Sentencia T-1206/01 de la Corte Constitucional - 3) Respetar las zonas humanitarias para protección de la población civil en medio del conflicto, acatando la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo de 2005 – 4) Crear una Comisión de Evaluación de la Justicia que examine las estrategias de impunidad y la profunda corrupción evidenciada en los expedientes que afectan a la Comunidad y a la población campesina de su entorno, aplicando correctivos eficaces.

Muchas de estas peticiones evidencian, Señor Presidente, que la fuerza pública no cumple con el deber legal de identificarse plenamente, sino que actúan como asaltantes anónimos para obstaculizar cualquier investigación. La Sentencia T-1025/07 explicita una doctrina muy nítida en que demuestra que principios esenciales de la Constitución y de cualquier régimen democrático son absolutamente incompatibles con esa conducta. Espero, Señor Presidente, que esta vez el Ministerio de Defensa no recurra a la perversa estrategia de enviar listados enormes de batallones enteros que hacían presencia en una amplia zona de contexto, para evitar identificar a los que estuvieron en el sitio y hora precisa donde fueron perpetrados los crímenes, obstruyendo así la labor de organismos internacionales de justicia.

 

 

 

Nuevos hechos y nuevas peticiones:

 

·         El martes 7 de agosto de 2012 tropas del ejército asaltaron a un grupo insurgente que se encontraban de paso transitorio por una finca en la vereda La Resbalosa quedando muerto en la acción, según el reporte de los medios locales, un guerrillero. Luego los militares  se acercaron a la casa y procedieron a incinerar la vivienda con su menaje, la cual pertenecía al Señor Rubén Oquendo quien al momento de los hechos no se encontraba allí. El Señor Oquendo vive ordinariamente en otra vereda y allí tiene su área de cultivo de subsistencia. La tropa destruyó un bien civil, sin razón alguna relacionada con el combate, que tampoco lo hubo, afectando gravemente la subsistencia de una familia civil, conducta contemplada como crimen de guerra en el DIH.

·         El martes 14 de agosto de 2012, tropas del ejército acantonadas en la vereda La Unión, robaron varias herramientas de trabajo agrícola de la vivienda del Señor RAMIRO RUEDA, miembro de la Comunidad de Paz.

·         El miércoles 15 de agosto de 2012, tropas del ejército que se encontraban en el paraje de Chontalito detuvieron por más de 1 hora a JULIO CÉSAR GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y a su hermano ESTEBAN GUISAO, miembro también de la Comunidad de Paz, los obligaron a vaciar sus pertenencias, los sometieron a empadronamiento ilegal, les retuvieron sus celulares privados, los amenazaron y sometieron a insultos y vejaciones.

·         El sábado 18 de agosto de 2012, hacia las 08:00 horas, tropas del ejército que se encontraban entre las veredas La Unión y Las Nieves, abordaron a CARLOS ALBERTO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz, lo quisieron obligar a empadronarse pero él se resistió demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces sometido a insultos y amenazas y le advirtieron que la Comunidad de Paz será exterminada y que para ello todo está coordinado con los paramilitares. El mismo día, a las 15:00 horas, en la vereda Las Nieves fue abordado por las tropas el Señor CONRADO DAVID, miembro de la Comunidad de Paz, al cual quisieron también obligar a empadronarse, frente a lo cual opuso resistencia demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces insultado y advertido del próximo exterminio de la Comunidad de Paz, pues, según le manifestaron, la Comunidad es un estorbo para sus planes en la zona.

·         El martes 28 de agosto de 2012, hacia las 13:00 horas, se notó un extraño seguimiento, en la ciudad de Apartadó, por personas de civil, al miembro del   Consejo Interno GERMÁN GRACIANO, ya antes amenazado vía telefónica por jefes paramilitares.  Hacia las 15:00 horas, mientras se encontraba en un establecimiento público y acompañado por una organización internacional, Germán fue abordado por miembros de la policía motorizados quienes le pidieron documentos de identidad, supuestamente para “verificación de antecedentes”, obligándolo luego a acompañarlos hasta el comando de la policía, hasta donde llegó una persona de civil quien exigía saber su nombre y apellidos. Dados los antecedentes, era de suponer que esta persona era un paramilitar coordinado con la Policía. Allí le insistieron en firmar un documento de buen trato, al que Germán se negó debido a la persecución por militares y paramilitares contra él y su familia, los cuales han asesinado a varios miembros familiares. Luego de 30 minutos fue dejado en libertad pero la coincidencia de amenazas paramilitares con el hostigamiento de la Policía deja sospechas muy fuertes sobre la continuidad del accionar conjunto entre policía y paramilitares en la ciudad.

·         El miércoles 29 de agosto de 2012, hacia las 09:45 horas, en un retén de la policía, instalado en el sitio La Cabaña de Apartadó, empadronaron ilegalmente a los ocupantes de un vehículo de servicio público que se dirigía hacia Apartadó, en el cual se movilizaban dos miembros del Consejo Interno: MARÍA BERTILDA QUINTERO y JESÚS EMILIO TUBERQUIA. El policía que realizaba el empadronamiento se escondió detrás de otro vehículo para no ser visto. Simultáneamente tomaron numerosas fotografías a los ocupantes, hecho absolutamente ilegal pero que reviste mayor gravedad al comprobarse la continuidad de la acción coordinada entre fuerza pública y paramilitares.

·         El jueves 30 de Agosto de 2012, en la vereda La Unión, un grupo de trabajo de la Comunidad se dirigía a un terreno preparado para la siembra de cultivos agrícolas cuando se encontraron con tropas del ejército que impidieron la realización de la siembra.

·         El viernes 31 de agosto de 2012, se presentaron combates entre las veredas Miramar, del corregimiento de San José y la vereda Caracolí del Corregimiento de Piedras Blancas, los cuales se prolongaron entre las 09:00 y las 13:00 horas. Según los pobladores de la zona, el enfrentamiento se dio entre un grupo guerrillero y paramilitares presentes en la zona, residentes en la base paramilitar de Piedras Blancas (municipio de Carepa) muy cerca a la Brigada XVII del ejército, muchas veces denunciadas. Dado que en dichas veredas hay fuerte presencia de la fuerza pública, la presencia paramilitar delata nuevamente su connivencia con la fuerza pública.

·         El miércoles 5 de septiembre de 2012, hacia las 17:40 horas fue interceptado  por la Policía en el sitio conocido como El Mangolo, en Apartadó, el carro de servicio público el cual transitaba entre Apartadó y San José, donde viajaba JESÚS EMILIO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz. Allí fueron empadronados ilegalmente por la Policía todos los ocupantes del vehículo. Este mismo día campesinos del corregimiento de Piedras Blancas le informaron a miembros del Consejo Interno, que hacia las 8:00 horas había salido de allí un grupo de unos 60 paramilitares, los cuales manifestaron que realizarían un recorrido por las veredas del corregimiento de San José de Apartado y que llevaban una lista de personas para asesinar, ya que habían sufrido daño en los combates contra la guerrilla el día 31 de Agosto, donde perdieron equipos y munición y además les hirieron personal. Según ellos, esto lo pagarían muy caro los campesinos de la zona y esa hp Comunidad de Paz que debe ser exterminada lo más pronto posible.

·         El jueves 6 de septiembre de 2012, hacia las 0:30 horas, cuatro paramilitares que vestían prendas militares y portando armas cortas interceptaron el vehículo de servicio público que cubría la ruta entre la Ciudad de Medellín y el municipio de Apartado, entre Santa fe de Antioquia y Cañasgordas, donde viajaba Arley Tuberquia, miembro de la Comunidad y Coordinador de su Proyecto Educativo. Ya en el vehículo le apuntaban con sus armas y tratándole con insultos le enviaron un mensaje a los líderes de la Comunidad de Paz, especialmente a Germán Graciano y a Jesús Emilio Tuberquia, a quienes tienen en la mira para asesinar, pues según ellos, ya conocen sus rutas y movimientos y en cualquier momento los van  a matar. Después procedieron a requisarle y se llevaron sus documentos de identidad, soportes de transportes y viáticos al igual que una memoria USB con información sobre la Comunidad de Paz. Estos hechos sucedieron a pocos metros  de un puesto de control de la Policía.  

·         El jueves 13 de septiembre de 2012, hacia las 21:00 horas y por espacio de 45 minutos, se presentaron combates entre la fuerza pública y la guerrilla en el caserío de San José,  centro urbano del corregimiento, quedando tres viviendas civiles del caserío de San José impactadas por proyectiles disparados por soldados desde la base militar. Nadie pudo entender por qué los militares, si fueron atacados por guerrilleros que estaban junto al río, sin embargo dispararon contra los techos de las viviendas de la población civil. En uno de los casos, los proyectiles penetraron por el techo de una habitación donde duermen varias niñas, quienes en ese momento no estaban en sus camas, pero de haber estado allí, hubieran muerto o quedado gravemente heridas. Los pobladores de San José han manifestado su temor por los hechos ya que de manera cada vez más frecuente sus propias vidas están siendo sometidas a altos riesgos, debido al desacato del gobierno a las sentencias de la Corte Constitucional que exigen no colocar las bases militares ni policiales, menos en zonas de conflicto, en medio de la población civil.

·         El lunes 17 de septiembre de 2012, hacia las 14.20 horas, fue asesinada FABIOLA PEREA PEREA, profesora de la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó. Dos hombres en trajes civiles y portando armas, ultimaron a la maestra. Su cuerpo sin vida fue trasladado por campesinos de la zona hasta el casco urbano de San José. En los días siguientes los medios de comunicación locales difundieron la noticia sin alusión alguna a los responsables. El gobierno municipal decretó tres días de luto y ordenó suspender las clases en las veredas del corregimiento de San José hasta nueva orden, argumentando que no hay seguridad en la región para los maestros. Los comentarios de los pobladores de la zona apuntan a una presunta acción de la guerrilla, la cual habría buscado castigar una supuesta labor de informante del ejército que estaría ejerciendo dicha docente, al tomar permanentemente fotografías a campesinos a quienes suponía ser milicianos y entregárselas al ejército. Los mismos comentarios aluden a una presión persistente ejercida por la Alcaldía de Apartadó sobre los docentes rurales, con la asesoría del desertor de las FARC alias “Samir”, para que ejerzan el papel de informantes, convocándolos frecuentemente a reuniones para revisar las situación de las zonas rurales y ejerciendo presión o represalias contra los docentes que se niegan a cumplir con ese papel que no les corresponde y más bien pone en alto riesgo sus vidas. La Comunidad no comparte las acciones de muerte de parte de ninguno de los actores armados, por el contrario se solidariza con los familiares y amigos de las víctimas. Al mismo tiempo rechaza los intentos de vincular a la población civil, y particularmente a los docentes, al conflicto, forzándola a ejercer labores de inteligencia. Cabe recordar que este hecho hace parte de toda la lista de muertes que se han venido registrando desde que la fuerza pública ingresó al corregimiento de San José de Apartado.

·         El miércoles 19 de septiembre de 2012, cuatro campesinos de la vereda Miramar del corregimiento de San José fueron detenidos ilegalmente por tropas del ejército nacional y después de ser sometidos a interrogatorios fueron puestos en libertad. Con toda evidencia se violó allí la ley, pues no existía ninguna orden de captura de autoridad competente y la  privación arbitraria de la libertad, cuando se ejerce fuera de la ley y como práctica sistemática, constituye además violación de los tratados internacionales y crimen de lesa humanidad (Estatuto de Roma, Art. 7, 1,A, e))

·         El jueves 27 de septiembre de 2012, a las 11.10 horas y por espacio de 1 hora, nuevamente se registraron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar y del puesto de policía de San José de Apartado. Las maestras que ese día iniciaban nuevamente las clases después de una suspensión de clases ordenada en días anteriores por el gobierno municipal, al quedar en medio del fuego cruzado se vieron forzadas a abandonar el plantel, junto con los niños, para salvar sus vidas. Nuevamente se coloca en alto riesgo a la población civil, en este caso a los niños y niñas de un plantel educativo. En numerosas ocasiones la Comunidad de Paz le ha solicitado al Presidente de la República acatar la Sentencia T-1206 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se establecen criterios que impiden ubicar puestos de policía, y con mayor razón bases militares, en espacios de la población civil, en especial en zonas de conflicto. Con toda evidencia, el Estado se hace responsable de estos atentados contra la población civil y de las infracciones allí implicadas al Derecho Internacional Humanitario.

·         El miércoles 3 de Octubre de 2012, por espacio de una hora, varios uniformados de la Base militar de San José, se ubicaron frente al asentamiento de la Comunidad en San Josecito. Pese a que miembros de la Comunidad les solicitaron se retiraran del sitio, ellos se negaron a hacerlo alegando que estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Ninguna argumento coherente podía respaldar su presencia allí sino el deseo, muchas veces explicitado en el pasado, de que la guerrilla los atacara en espacios aledaños a la Comunidad de Paz, para ellos tomar a la Comunidad como escudo, y así los integrantes de la Comunidad se vieran alcanzados por los proyectiles de los atacantes.

·         El jueves 4 de Octubre de 2012, a las 19:50 horas, por espacio de 50 minutos, nuevamente se presentaron combates entre la guerrilla y efectivos de la Base militar instalada en San José de Apartadó en espacios aledaños a la población civil, en desacato a numerosas sentencias de la Corte Constitucional y en infracción flagrante al Derecho Internacional Humanitario. Según habitantes del casco urbano del corregimiento, los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones, resultando gravemente herido el civil ALBERTO ARIZA HUACA, de 32 años, padre de dos niños y habitante de San José. A pesar de no pertenecer la Comunidad, fue trasladado a San Josecito y desde allí acompañado por miembros de la Comunidad hasta el hospital de Apartadó, como un gesto de solidaridad con la población civil victimizada. Con toda evidencia, el Estado es responsable de estos atentados contra la población civil y en ellos se configuran infracciones graves al DIH y verdaderos crímenes de guerra. La Comunidad le ha insistido al Gobierno, desde hace muchos años, que acate las sentencias de la Corte Constitucional y retire de los espacios civiles la Estación de Policía y la Base Militar allí ubicadas.

·         El jueves 4 de octubre de 2012, hacia las 19:00 horas, el desmovilizado de las FARC alias “Samir”, desde su domicilio en la Brigada XVII donde se han confeccionado todas  sus mentiras, calumnias y suciedades, pronunciándose a través de emisoras locales como “Antena Estéreo” y la emisora del Ejército en la Brigada XVII, manifestó su alegría por la muerte de Eduar, a quien nuevamente calumnió calificándolo como “ideólogo de las FARC”, acusando nuevamente a la Comunidad de Paz de trabajar en coordinación con las FARC, hasta llegar a decir que los comunicados públicos de la Comunidad de Paz son “orientados por las FARC”.  Allí mismo afirmó que él mantiene informantes en la zona, que lo ponen al tanto de todo lo que ocurre, y le hizo un llamado a la Comunidad para que corrija su camino, ya que Eduar no está presente. Es cosa sabida y probada hasta la saciedad, que cualquier denuncia por calumnia, injuria o falsedad contra alias “Samir”, es tiempo perdido, pues la protección del Estado a este criminal ha sido manifiesta, explícita, tozuda y contumaz. No importa que el gobierno sea acusado de emitir mentiras altamente dañinas para la honra de las personas y radicalmente violatorias de los derechos  humanos por emisoras que pertenecen a instituciones del Estado. Lo sabemos de sobra: la justicia no hará absolutamente nada para investigar ni sancionar a los responsables ni a sus cadenas de mando.

·         El viernes 5 de octubre de 2012, durante todo el día, los medios locales estuvieron dando la noticia de un supuesto combate entre el ejército y la guerrilla, refiriéndose al tiroteo que tuvo lugar en el caserío de San José el día anterior (4 de octubre) en el cual fue herido el civil ALBERTO ARIZA HUACA. Los medios señalaron a Alberto como “guerrillero”. Luego de investigar el hecho analizando las trayectorias de los proyectiles y de interrogar a muchos pobladores del caserío, no quedó duda alguna de que los proyectiles venían de la base militar y estaban dirigidos contra las viviendas de los pobladores. Todos los testigos afirman que los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones y que, como era de noche, las balas se veían avanzar, luminosas e incandescentes, en clara proveniencia de la base militar. Además nadie pudo ver a ningún guerrillero disparando y por ello se pone en duda la versión de un supuesto ataque de la guerrilla a la base militar. Se desmintió como dato absolutamente falso el que desde alguna vivienda hubieran salido disparos y como algo mucho más falso aún, el que la víctima fuera un guerrillero o tuviera armas, como de manera infame lo dio a entender el comandante del puesto militar, cuando ingresó a su casa y le pidió a la familia de Alberto que “le entregara el uniforme de guerrillero que él usaba”. Él es a todas luces un civil, padre de familia, integrante de una congregación cristiana del lugar y trabajador en la obra que actualmente se adelanta en la carretera, cuyos compañeros y directivos realizaron un cese de trabajo al día siguiente en protesta por el vil atentado del ejército contra él. Con toda evidencia, el proyectil que hirió a Alberto provenía de la base militar, pues impactó la pared de la vivienda desde esa dirección y en la misma dirección atravesó una escoba que estaba junto a la puerta y por último el cuerpo de Alberto, quien se disponía a abrir la puerta luego de escuchar el llanto de unos niños en medio de la balacera. Este mismo día, un delegado de la Defensoría del Pueblo se trasladó al caserío de San José y se reunió con un grupo de pobladores ante quienes hizo una defensa del ejército, exonerándolo de toda responsabilidad en el crimen, sin haber estado presente y desatendiendo todos los testimonios presenciales. Dicho “defensor” visitó la vivienda de la víctima donde hizo interpretaciones completamente ilógicas sobre la trayectoria de los proyectiles. Los pobladores se burlaron de su falta de cordura y le preguntaron si era defensor del pueblo o defensor de los militares.

·         El viernes 5 de octubre de 2012, a las 8:30 horas, un testigo que se encontraba en la Embajada de Chile, en Bogotá, escuchó a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo cuando le respondía a un conocido suyo allí presente, quien le había preguntado sobre la situación de la Comunidad de Paz luego de algunas condenas a militares por la masacre de febrero de 2005. La funcionaria afirmó que la Comunidad sólo se interesa por el dinero y que por ello había llevado el caso a la Corte Penal Internacional para buscar indemnizaciones grandes, pues las reparaciones que da Acción Social le parecen demasiado exiguas. Ya hace un tiempo que la Comunidad rompió relaciones con la Defensoría porque comprobó que la corrupción la había invadido y que ya no defendía a nadie sino su propia burocracia. Llegar a niveles tan bajos y sucios de mentira, cuando precisamente la Comunidad ha rechazado las reparaciones administrativas porque convierten a sus víctimas en mercancías sin importar su dignidad y su memoria, es propio sólo de funcionarios sin ética alguna.

 

·         Por los mismos días se ha informado que el “Defensor Comunitario” de San José de Apartadó, SAID CHÁVEZ, quien nunca ha defendido a miembros de la Comunidad de Paz cuando son víctimas de graves violaciones de sus derechos, ahora está empeñado en una campaña de sabotaje a la Comunidad, con el propósito de impedir que se cumplan estrictamente las normas y principios definidos en su Reglamento. Está tratando de convencer a algunas personas que se han retirado voluntariamente de la Comunidad de Paz porque les resultaban onerosas algunas normas y trabajos comunitarios, de que permanezcan en los espacios de la Comunidad y no se retiren de allí para él poder penetrar con programas del Estado que subviertan la economía y organización comunitarias. Sobra todo comentario ante estrategias tan sucias.

 

·         El sábado 6 de octubre, varios habitantes del casco urbano de San José se acercaron a miembros de la Comunidad de Paz para comentarles que otras casas del caserío habían sido impactadas por los disparos de los militares y policías desde sus respectivas bases. Esta información se comprobó y se encontró que había cinco viviendas averiadas, además de la escuela de San José, la cual tiene varios impactos. Este mismo día, el equipo de comunicación de la Comunidad de Paz se acercó a fotografiar las casas averiadas por los disparos, pero los uniformados que allí se encontraban se opusieron a que los miembros de la Comunidad registraran fotográficamente los daños, aduciendo que ellos no poseían carnés de periodistas, por lo que les prohibieron rotundamente fotografiar el lugar, amenazándolos de detención y de decomiso de sus cámaras. Así el crimen quedaba completado con el encubrimiento, la obstrucción de la verdad y el ocultamiento de pruebas, lo que confirma la conciencia de culpa de la fuerza pública en su desespero por ocultar y tapar las huellas evidentes de sus crímenes. Todo esto alcanzó niveles extraordinarios de descaro, cuando los mismos militares intimidaron a los pobladores prohibiéndoles que afirmaran que las heridas de Alberto habían sido causadas por el ejército y presionándolos a que afirmaran en cambio que ellas habían sido causadas por la guerrilla, mientras nadie había visto a ningún guerrillero esa noche. Sobra todo comentario.

 

·         El viernes 12 de octubre de 2012, a las 19:00 horas, miembros de la fuerza pública fuertemente armados ingresaron sin orden judicial alguna a la vivienda del Señor JORGE BEDOYA, habitante del casco urbano de San José de Apartadó, sometiendo la vivienda a un allanamiento ilegal. Luego procedieron a amenazarlo, acusándolo de hacer comentarios contra la fuerza pública luego de la balacera del 4 de octubre en la cual su vecino, Alberto Ariza, fue gravemente herido por un proyectil proveniente de la base militar.

 

·         El lunes 15 de octubre de 2012, en horas de la madrugada, falleció en el hospital de Apartadó el Señor ALBERTO ARIZA HUACA, de 32 años, quien había sido herido el pasado 4 de octubre cuando, estando en su casa y al disponerse a abrir la puerta luego de sentir el llanto de unos niños durante el tiroteo, una bala penetró en su cuerpo y le destrozó órganos vitales. Llevado al hospital por miembros de la Comunidad de Paz, quienes lo recogieron herido y lo acogieron primero en San Josesito, su salud se fue deteriorando hasta fallecer quince días después. Entre tanto había sido acusado por los militares y policías acantonados en el caserío, incluso por las emisoras radiales, de ser “guerrillero”, acusación que indignó a toda la población que lo conocía como padre de familia, integrante de una congregación cristiana y trabajador en la obra que se adelanta actualmente en la carretera. Su muerte constituye a todas luces un crimen de guerra e infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, pues el ejército disparó esa noche contra las viviendas civiles, pudiendo ser apreciadas por muchos pobladores las balas que provenían, luminosas e incandescentes, desde la base militar, penetrando en varias viviendas y en la escuela. Esta es una consecuencia más de la intransigencia del Gobierno, el cual se ha negado a acatar las prescripciones de la Corte Constitucional, la cual prohíbe ubicar puestos de policía y bases militares, en zonas de conflicto, en medio de la población civil. No hay duda alguna de que al mismo Presidente Santos, a quien tantas veces se le ha suplicado que acate dichas Sentencias de la Corte, le cabe responsabilidad de primer orden por esta muerte. La Comunidad de Paz, enterada de la muerte de Alberto, organizó una marcha hasta Apartadó, desde donde acompañaron a pie el cadáver de Alberto hasta San José.

 

Como puede ver, Señor Presidente Santos, después de 16 años de clamar por la intervención del jefe del Estado para frenar la barbarie contra esta población intensamente victimizada, sin obtener más respuesta que la reiteración siempre intensificada de la barbarie gracias a la inacción cómplice y consciente del jefe del Estado, en aquiescencia total con todos sus subordinados perpetradores de muchos centenares de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, se siguen repitiendo incineraciones de viviendas, empadronamientos ilegales, hostigamientos a la población civil, ataques armados a indefensas poblaciones civiles tomadas como escudos, reiterativas muestras de connivencia entre fuerza pública y los paramilitares, rutinarios anuncios de exterminio de la Comunidad de Paz para lo cual se reconoce, sin escrúpulo alguno, que fuerza pública y paramilitares están actuando de común acuerdo en esa perspectiva.

Acogiéndome nuevamente al derecho constitucional de petición, le solicito, entonces, Señor Presidente:

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia el 7 de agosto de 2012 en la vereda La Resbalosa y que sostuvieron un supuesto combate con insurgentes en el que murió un supuesto guerrillero.

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el día 14 de agosto de 2012.

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en el cerro Chontalito, de San José de Apartadó (entre las veredas Buenos Aires y Mulatos) el día 15 de agosto de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia entre las veredas La Unión y Las Nieves, de San José de Apartadó, el día 18 de agosto de 2012, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía motorizada de la ciudad de Apartadó que condujeron al comando a Germán Graciano el 28 de agosto de 2012 en coordinación con personas en trajes de civil quienes intentaron identificarlo en presencia de la Policía luego de hacerle seguimientos por la ciudad.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que mantuvieron un retén en el sitio “La Cabaña” de Apartadó el 29 de agosto de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el 30 de agosto de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 31 de agosto de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en el retén del barrio Mangolo, de Apartadó, el 5 de septiembre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 5 de septiembre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en un retén ubicado entre la ciudad de Santa Fe de Antioquia y el municipio de Cañasgordas, en la noche del 6 de septiembre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó (junto al centro urbano del corregimiento) el 13 de septiembre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia de patrullaje en la vereda Miramar, de San José de Apartadó, el 19 de septiembre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 27 de septiembre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia a la entrada de la finca privada La Holandita de San José de Apartadó, el 3 de octubre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó, junto a su centro urbano, el 4 de octubre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que dirigían la emisora del ejército en Apartadó el 4 de octubre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 6 de octubre de 2012.

 

·         Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército o de la policía, presentes en el caserío de San José de Apartadó, quienes el 12 de octubre de 2012 ingresaron a la vivienda del Señor Jorge Bedoya.

 

Ya que en los oficios de los oficiales del Ejército y de la Policía se insiste en que las víctimas se presenten en los despachos judiciales y disciplinarios y aporten pruebas de lo que han vivido, presentando dichas diligencias como “solución” de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, es preciso reiterarle, Señor Presidente, que para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó esa vía de ninguna manera ha conducido a la justicia durante 15 y más años. Fuera de la impunidad aterradora que se ha comprobado, que hace perder toda fe en las instituciones, lo que allí se ha conseguido es, por el contrario, grandes tragedias, como asesinato de denunciantes y testigos, persecución, desplazamiento, montajes, amenazas y muchas otras cosas para quienes denuncian o son víctimas. La misma Corte Constitucional, en su Sentencia T-1025/07 cuyas decisiones le estamos suplicando acatar y hacer acatar, comprueba y deplora el papel desastroso cumplido allí por la administración de justicia.

 

En el texto mismo de la Sentencia, la Corte Constitucional hace una síntesis de los argumentos que el suscrito presentó desde la acción de tutela que dio origen a dicha Sentencia, los cuales creo de interés transcribir a continuación:

 

“ … el peticionario expone que fundamenta su solicitud en los siguientes 9 argumentos:

 

i)  el derecho de todo ciudadano de identificar plenamente a quienes se dicen  agentes del Estado.

ii) el derecho de denunciar a los servidores públicos por omisiones o extralimitaciones en sus funciones, para lo cual se requiere conocer su identidad y código. Al respecto menciona que tal derecho “queda anulado cuando los servidores públicos ocultan sus identidades y códigos, y peor aún, cuando en esto son respaldados por sus superiores jerárquicos, llegando a configurar un servicio público no público o clandestino, que no solo hace imposible el ejercicio del derecho ciudadano a la denuncia y a la protección y reparación por parte del Estado sino que anula los mecanismos de protección del Estado y de la Comunidad Internacional...”

iii) no bastan las denuncias anónimas o institucionales, “toda vez que una es la responsabilidad institucional, la cual tiene sus normas específicas que hacen recaer la culpabilidad principal en el/los garantes, y otra es la responsabilidad individual que es de carácter personal.” Además, expone que “no son pertinentes las respuestas que remiten a investigaciones internas de sus propias instituciones, como medio para evadir una denuncia ante otras instancias de justicia, nacionales o internacionales.”

iv) el artículo 209 de la Constitución Política incluye a la publicidad dentro de los principios que rigen la función pública. Por eso, no pueden ser ocultados los nombres y códigos de los miembros de la Fuerza Pública, menos aún con el fin de “impedir el derecho a la denuncia y a la demanda de justicia y reparación que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos le reconocen, no sólo a todo ciudadano, sino a todo ser humano.”

v) no son de recibo los argumentos acerca de que las instituciones comprometidas están realizando investigaciones internas, sean ellas disciplinarias o penales. En primer lugar, los hechos mencionados no pueden ser conocidos por la justicia penal militar. Luego, “una larga experiencia nos ha demostrado hasta la saciedad que, al menos en la Brigada XVII del Ejército Nacional, en el Departamento de Policía Urabá y en otros organismos de seguridad del Estado que operan en esta región nunca se producen resultados y todos los crímenes quedan en la impunidad absoluta.” . Y, finalmente, “hemos detectado y denunciado el método rutinariamente utilizado en las ‘investigaciones’, consistente en preguntarle a los implicados (individuos y superiores jerárquicos) si los crímenes habían sido cometidos, recibiendo siempre respuestas negativas (...) dándole a este tipo de repuestas valor definitivo que luego se transmite como la ‘verdad oficial’ que precluye cualquier avance de la justicia. He podido confirmar con funcionarios del mismo Ministerio de Defensa, encargados de enviar y recibir las respuestas, que éste es el método corriente.”

vi) Colombia ratificó el Estatuto de Roma, lo cual permite denunciar ante la Corte Penal Internacional a los agentes del Estado que hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra. Para ello se requiere conocer los nombres de los agentes involucrados en tal categoría de delitos.

vii) el anonimato u ocultación de nombres y códigos de los agentes del Estado que han participado en operativos en los cuales se han cometido crímenes constituye “uno de los mecanismos de impunidad más monstruoso, particularmente en Colombia.”

viii) en los crímenes cometidos en los hechos descritos en los dos derechos de petición presentados no cabe aplicar el principio de “obediencia debida”

ix) tampoco cabe argumentar el debido proceso para denegar la solicitud de información sobre los agentes del Estado involucrados en los crímenes relacionados: “Todo proceso se inicia, bien por investigaciones de oficio de un funcionario judicial, bien por la denuncia de los perjudicados. Lo primero no solo no se da, al menos en Urabá, sino que se evita a toda costa. Lo segundo, en la inmensa mayoría de los casos solo es posible mediante denuncias anónimas, donde el victimario no es identificado. Si éste es paramilitar, no se le puede identificar porque nunca utiliza su propio nombre sino nombres ficticios, a pesar de que se mueva armado (recientemente, a San José de Apartado suben armados y pasan por todos los retenes los paramilitares amigos del paramilitar ‘Lalo’, con el cual departe cotidianamente la policía allí asentada). Si el victimario es militar, no suministra su identidad a pesar de que sea ilegal encubrirse en un anonimato que equivale a la capucha de los criminales. Así, los fiscales, procuradores o jueces salvan su responsabilidad de archivar el caso a los seis meses, lo cual constituye ya la rutina, alegando que ‘no fue posible identificar al autor de los hechos.’ Todos ellos se benefician de la ruina económica en que quedan las víctimas, despojadas de sus medios de subsistencia por los mismos agentes del Estado que perpetran los crímenes, siendo imposible pagar los servicios de un abogado para defender sus derechos. Así la impunidad queda consumada.”

 

Pero además, Señor Presidente, en la Comunidad de Paz se ha vivido de cerca el drama de numerosas familias del entorno cuyos miembros son judicializados, capturados y condenados a varios años de prisión, mediante procesos judiciales que dejan gigantescos interrogantes en quienes conocen a los procesados. Ello nos llevó a acercarnos a los expedientes y examinar a fondo cómo funcionan a contravía de todo lo que la población del entorno sabe, aprecia y valora. El análisis de más de 20 expedientes nos destapó la podredumbre del aparato judicial urabeño y de sus prolongaciones en Medellín y Bogotá a través de la magistratura. Comprobamos en vivo y en directo que allí se violan a ciencia y conciencia casi todos los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, numerosos principios constitucionales del debido proceso y otros que emanan de tratados internacionales. Todo se hace con una desfachatez escalofriante, con el más atrevido cinismo y desafiando todo influjo de la ética en el derecho.

 

Allí son pisoteados, Señor Presidente, el principio de la separación constitucional de poderes, pues todos los pasos del proceso son impulsados y controlados mediante procedimientos ilegales, por la Brigada XVII; el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley; el principio del Habeas Data; el principio de legalidad; el principio del debido proceso; el principio de imparcialidad; las normas sobre la consistencia probatoria; sobre la idoneidad de los testigos y sobre la libertad de los testimonios; las que regulan las garantías de los intervinientes; las que protegen la idoneidad de las pruebas técnicas, como la cadena de custodia; las normas sobre el equilibrio de pruebas favorables y desfavorables al imputado; la libertad y voluntariedad en la aceptación de cargos; las garantías de controversia probatoria; las posibilidades de defensa técnica; la consistencia de informaciones que pueden sustentar una condena; los procedimientos de valoración ponderada e imparcial de culpabilidad; la consideración de atenuantes y eximentes de responsabilidad con atención a los contextos personales, familiares y sociales del imputado. Capítulo aparte merece el TESTIMONIO, degradado y envilecido hasta más no poder, convertido en una mercancía que se compra y se vende o se obtiene por amenazas, torturas o extorsiones, algo de extrema gravedad ya que la justicia que allí se aplica es una “justicia” exclusivamente fundada en el testimonio, sin más apoyo probatorio.

 

Toda esta podredumbre la sistematizamos con casos concretos y con nombres propios de militares, investigadores de policía judicial, fiscales, jueces, magistrados y defensores, y la llevamos a todas las altas Cortes del Estado, en un extensísimo derecho de petición radicado el 19 de enero de 2009, sin que ninguna Corte haya enfrentado el problema ni propuesto solución alguna.

 

Esto le explica, Señor Presidente, que ni el suscrito ni la Comunidad encuentren posibilidad ética alguna para llevar los casos a dicho aparato judicial hundido en la podredumbre moral, ni para colaborar con él en alguna medida. Los mismos funcionarios señalados en nuestro estudio llevado a las Cortes, continúan actualmente “administrando justicia en nombre de la República”.

 

Nuestro recurso a tribunales internacionales está, pues, Señor Presidente, más que justificado. Los funcionarios del Estado no tendrán autoridad moral alguna para pedirnos que primero acudamos a las instancias internas, cuando nadie ha movido un dedo para purificar semejante podredumbre.

 

En espera de su respuesta, en acatamiento de la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional, le agradezco de antemano, Señor Presidente, su amable atención a la presente y le ruego remitirme su respuesta, dentro de los términos legales, a la siguiente dirección: [ --- ]

Atentamente,

 

 

 

Javier Giraldo Moreno, S. J.

[ ---------------------------------- ]

 

CC:

·         Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso 12325

·         Comisión Interamericana de Derechos Humanos

·         Corte Penal Internacional – Exp. OTP-CR. 266/07

·         Corte Constitucional de Colombia (Sala de Seguimiento a Sentencia T-1025/07)

·         Misiones Diplomáticas de Estados en los cuales existen Condados, Provincias, Cantones, Municipalidades o Comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

     

Organismos Intergubernamentales y No Gubernamentales  de Derechos Humanos

 

ANEXOS:

 

·         Anexo 1:  Oficio 088988 MDD-HH-25.11, suscrito por el Coronel JUAN CARLOS GÓMEZ RAMÍREZ, Di                             rector de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa ( 3 folios)-

 

 

·         Anexo 2: Oficio No. S-2012-001683/DEURA-DERHU-29, suscrito por el Coronel LEONARDO ALBERTO                             MEJÍA MARTÍNEZ, Comandante del Departamento de Policía Urabá (1 folio por dos caras)