La Fiscalía General de la Nación acaba de llamar a indagatoria a varios
miembros del Ejército Nacional, integrantes de la Brigada XVII con sede en
Carepa, Antioquia, luego de encontrar indicios que los comprometen en la
masacre perpetrada en las veredas Mulatos y La Resbalosa, de San José de
Apartadó, el 21 de febrero de 2005. Frente a este hecho la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó considera urgente hacer las siguientes precisiones:
1) No ha transcurrido una semana de este hecho y presiones del gobierno y de
la dirección de la Fiscalía por desviar la investigación han hecho renunciar
al fiscal encargado y varios fiscales, evidenciando nuevamente el manto de
impunidad que se cierne sobre este crimen de lesa humanidad.
2) Durante los dos años transcurridos después de la masacre, tanto el
Ministro de Defensa como la cúpula militar, numerosos funcionarios del
gobierno, del parlamento, de la gobernación de Antioquia y de la misma
Fiscalía, se pronunciaron enérgicamente para rechazar la acusación que se
hizo contra el Ejército por parte de la comunidad victimizada y de los
testigos, llegando a atribuirle el crimen a las FARC, acudiendo a
testimonios falsos de ex torturados que aún estaban bajo el poder de sus
victimarios. Hoy la misma decisión descalifica y deja al desnudo la
perversidad de esos testimonios, pero el país sabe que dicho procedimiento
de falsos testimonios se ha convertido en moneda corriente para ocultar
numerosos crímenes.
3) La Comunidad de Paz ha podido comprobar, una vez más, que los crímenes de
los cuales es víctima, son negados por el gobierno y los victimarios y sólo
cuando existen presiones de orden internacional muy poderosas, son débilmente
reconocidos. Todos los esfuerzos de la Comunidad para que se nombren
comisiones que le den transparencia a los procedimientos de la justicia, han
sido rechazados y por ello la Comunidad ha perdido su fe en la
administración de justicia en nuestro país.
4) La Comunidad de Paz quiere también llamar la atención sobre el hecho de
que cerca de 600 crímenes de lesa humanidad han sido perpetrados contra sus
integrantes sin que la Fiscalía o el poder judicial hayan hecho esfuerzo
alguno para sancionar a los culpables ni para reparar a las víctimas. La
decisión tomada por la Fiscalía no puede ocultar de ningún modo ante el país
ni ante el mundo la impunidad que cubre todavía tantos centenares de
crímenes.
5) Es necesario también llamar la atención sobre el carácter de la decisión
de la Fiscalía, la cual constituye apenas el inicio de un proceso que podría
naufragar fácilmente en la multitud de procedimientos corruptos a los cuales
ya nos tiene acostumbrados y que ya se evidencian con lo transcurrido estos
días al tener que renunciar los encargados de la investigación. El hecho
mismo de que esta decisión responda a una fuerte presión internacional que
incluso llegó a privar a las fuerzas armadas, particularmente a la Brigada
XVII, de significativas sumas de ayuda económica internacional, nos deja el
temor de que, una vez desbloqueada la ayuda gracias a esta incipiente
decisión, se activen nuevamente los mecanismos rutinarios de impunidad que
dejen este horrendo crimen en la misma situación de los 600 anteriores.
6) Inútilmente nuestra Comunidad ha insistido en que el Presidente Uribe se
retracte de las calumnias con las cuales ha querido destruir en repetidas
ocasiones la reputación de la Comunidad mediante falsas informaciones, y le
hemos suplicado que revierta su decisión de ocupar con fuerza pública los
espacios de vida y trabajo de una comunidad que ha optado por no colaborar
con ningún actor armado, decisión que pretendió sustentar en los montajes
que quisieron atribuirle a la insurgencia la masacre de febrero de 2005.
Ante la decisión de un organismo que él dice respetar, le hacemos un nuevo
llamado para que rectifique sus afirmaciones calumniosas y para que revierta
sus decisiones que pisotean los principios esenciales de una Comunidad de
Paz.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Marzo 2 de 2007