«… En todos estos años ha sido rutinario el que la fuerza pública niegue haber cometido los crímenes que ha cometido, pero esta vez el oficial GONZÁLEZ lo hizo ante numerosos testigos que acababan de observar su comportamiento …»
A pesar de las numerosas constancias que nuestra Comunidad de Paz ha hecho públicas en los últimos meses y semanas, el nivel de hostigamiento y amenaza de exterminio continúa. Nuevamente queremos dejar constancia pública de los últimos hechos que atentan contra nuestros derechos fundamentales:
- El miércoles 20 de abril de 2011 hacia las 17:00 horas, en la vereda Arenas Altas, EMILSEN GÓEZ, integrante de nuestra Comunidad de Paz, fue llamada a su celular por un hombre que se identificó como paramilitar, quien le dijo que ella era informante de la guerrilla y responsable del ataque que tuvieron el 1 de abril donde murieron dos paramilitares. Le anunciaron que la van a asesinar y que en cualquier momento subirán a matarla. Ella ha tenido que desplazarse debido a la grave situación de riesgo para su vida y la de sus hijos.
- El viernes 21 de abril de 2011, hacia las 14:00 horas, miembros del Ejército que hacían presencia en la vereda Caracolí, sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, filmaron a miembros de la Comunidad cuando se realizaba el Vía Crucis del Viernes Santo. Un oficial de apellido GONZÁLEZ fue visto filmando por ciento cincuenta personas que participaban en la ceremonia religiosa. Cuando la gente lo abordó y le exigió mostrar las ilegales filmaciones y borrarlas, él negó, en forma atrevida, que estuviera filmando. En un momento, el oficial ofreció mostrar la cámara para que fuera examinada, pero luego se negó a ello. En todos estos años ha sido rutinario el que la fuerza pública niegue haber cometido los crímenes que ha cometido, pero esta vez el oficial GONZÁLEZ lo hizo ante numerosos testigos que acababan de observar su comportamiento. Junto a él estaba otro hombre en traje civil, quien también filmó y todo muestra que estaba integrado a la inteligencia militar.
- El sábado 22 de abril de 2011, hacia las 11:00 horas, un bloque de paramilitares llegó a los límites entre las veredas Murmullo y Alto Joaquín, ésta última integrante de nuestra Comunidad de Paz, en el municipio de Tierralta. Allí han hecho permanencia constante ejerciendo un control asfixiante sobre la población civil, de todo lo cual ha estado informado minuciosamente el Señor Presidente Santos, sus Ministros y altos funcionarios de su Gobierno, quienes han avalado con sus omisiones dicha presencia y accionar paramilitares. En la última semana, el grupo ilegal ha reiterado sus anuncios de exterminio de la Comunidad de Paz y de sus líderes y han obligado a las poblaciones sometidas por ellos a realizar trabajos bajo su control. Además están colocando vigilantes de su organización en cada asentamiento.
- Durante los últimos días han continuado las llamadas amenazantes del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, quien fuera protegido por la Brigada XVII el pasado 20 de marzo y llevado a vivir en sus instalaciones, cuando ya las deudas que tenía con numerosos pobladores del caserío de San José, calculadas en 60 millones, habían creado un ambiente de hostilidad hacia él en forma creciente. Muchos pobladores del caserío de San José, quienes no pertenecen a nuestra Comunidad de Paz, han acudido a nosotros para que les ayudemos a denunciar la enorme corrupción que afecta a la fuerza pública y al Estado en general, al proteger a un delincuente de esa categoría, a quien además acusan de haberse robado el dinero de un Premio que la empresa PILSEN le entregó al corregimiento, calculado en 40 millones. El paramilitar Robinson Gómez, para acallar a muchos de sus deudores, ha decidido acusarlos de ser colaboradores de la guerrilla para intimidarlos e impedir que le sigan exigiendo el pago de sus deudas, para lo cual ha contado con el apoyo del Ejército y de algunos miembros de la Fiscalía, ya muy acostumbrados a este tipo de montajes. Es de anotar, también, que dicho paramilitar, con el apoyo de algunos líderes comunales de San José y de la fuerza pública, había violado las cerraduras del inmueble La Bodega, de la Comunidad de Paz y había montado allí un negocio de carnicería, pisoteando todos los principios de las Naciones Unidas sobre los bienes de los desplazados.
Todos estos hechos están revelando la profunda corrupción que padecen las instituciones del Estado que se revuelcan en su propia podredumbre. Al dejar esta nueva constancia pública, reiteramos nuestra identificación total con los principios que hemos defendido, uno de los cuales se refiere justamente a no transigir con la injusticia y la impunidad.
Agradecemos a todas las personas, grupos y comunidades que nos apoyan, tanto en Colombia como en muchas otras partes del mundo, la difusión de estas denuncias y su solidaridad permanente con nosotros.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Abril 25 de 2011