La falsedad sigue caracterizando los discursos oficiales sobre Urabá. Las autoridades hablan de inversión para el “desarrollo” de la región; reportan todos los días “normalidad” y “tranquilidad”; niegan la persistencia de los paramilitares, sin embargo los asesinatos continúan, el paramilitarismo está cada vez más activo e impune; la Brigada XVII sigue controlando las decisiones administrativas locales y el poder judicial desde sus intereses estratégicos paramilitares y económicos, fusionados con empresas transnacionales y grandes empresarios nacionales; el gobierno y su fuerza pública siguen contumaces en desconocer el derecho internacional humanitario y las decisiones de las Cortes que tratan de aplicarlo. Desde allí la realidad se distorsiona, se encubre y se falsifica. Pero nosotros, como Comunidad de Paz, no podemos callar. Las violaciones a los derechos humanos continúan a la orden del día y por ello seguimos dejando constancia de las mismas ante el país y el mundo. Los últimos hechos son los siguientes:
* El Jueves 13 de septiembre de 2012, hacia las 21:00 horas y por espacio de 45 minutos, se presentaron combates entre la fuerza pública y la guerrilla en el caserío de San José, centro urbano del corregimiento, quedando tres viviendas civiles del caserío de San José impactadas por proyectiles disparados por soldados desde la base militar. Nadie pudo entender por qué los militares, si fueron atacados por guerrilleros que estaban junto al río, sin embargo dispararon contra los techos de las viviendas de la población civil. En uno de los casos, los proyectiles penetraron por el techo de una habitación donde duermen varias niñas, quienes en ese momento no estaban en sus camas, pero de haber estado allí, hubieran muerto o quedado gravemente heridas. Los pobladores de San José han manifestado su temor por los hechos ya que de manera cada vez más frecuente sus propias vidas están siendo sometidas a altos riesgos, debido al desacato del gobierno a las sentencias de la Corte Constitucional que exigen no colocar las bases militares ni policiales, menos en zonas de conflicto, en medio de la población civil.
* El lunes 17 de septiembre de 2012, hacia las 14.20 horas, fue asesinada FABIOLA PEREA PEREA, profesora de la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó. Dos hombres en trajes civiles y portando armas ultimaron a la maestra. Su cuerpo sin vida fue trasladado por campesinos de la zona hasta el casco urbano de San José. En los días siguientes los medios de comunicación locales difundieron la noticia sin alusión alguna a los responsables. El gobierno municipal decretó tres días de luto y ordenó suspender las clases en las veredas del corregimiento de San José hasta nueva orden, argumentando que no hay seguridad en la región para los maestros. Los comentarios de los pobladores de la zona apuntan a una presunta acción de la guerrilla, la cual habría buscado castigar una supuesta labor de informante del ejército que estaría ejerciendo dicha docente, al tomar permanentemente fotografías a campesinos a quienes suponía ser milicianos y entregárselas al ejército. Los mismos comentarios aluden a una presión persistente ejercida por la Alcaldía de Apartadó sobre los docentes rurales, con la asesoría del desertor de las FARC alias “Samir”, para que ejerzan el papel de informantes, convocándolos frecuentemente a reuniones para revisar las situación de las zonas rurales y ejerciendo presión o represalias contra los docentes que se niegan a cumplir con ese papel que no les corresponde y más bien pone en alto riesgo sus vidas. La Comunidad no comparte las acciones de muerte de parte de ninguno de los actores armados, por el contrario se solidariza con los familiares y amigos de las víctimas. Al mismo tiempo rechaza los intentos de vincular a la población civil, y particularmente a los docentes, al conflicto, forzándola a ejercer labores de inteligencia. Cabe recordar que este hecho hace parte de toda la lista de muertes que se han venido registrando desde que la fuerza pública ingresó al corregimiento de San José de Apartado.
– El miércoles 19 de septiembre de 2012, cuatro campesinos de la vereda Miramar del corregimiento de San José fueron detenidos ilegalmente por tropas del ejército nacional y después de ser sometidos a interrogatorios fueron puestos en libertad. Con toda evidencia se violó allí la ley, pues no existía ninguna orden de captura de autoridad competente y la privación arbitraria de la libertad, cuando se ejerce fuera de la ley y como práctica sistemática, constituye además violación de los tratados internacionales y crimen de lesa humanidad.
– El jueves 27 de septiembre de 2012, a las 11.10 horas y por espacio de 1 hora, nuevamente se registraron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar y del puesto de policía de San José de Apartado. Las maestras que ese día iniciaban nuevamente las
clases después de una suspensión de clases ordenada en días anteriores por el gobierno municipal, al quedar en medio del fuego cruzado se vieron forzadas a abandonar el plantel, junto con los niños, para salvar sus vidas. Nuevamente se coloca en riesgo a la población civil, en este caso a los niños y niñas de un plantel educativo. En numerosas ocasiones la Comunidad de Paz le ha solicitado al Presidente de la República acatar la Sentencia T-1206 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se establecen criterios que impiden ubicar puestos de policía, y con mayor razón bases militares, en espacios de la población civil, en especial en zonas de conflicto. Con toda evidencia, el Estado se hace responsable de estos atentados contra la población civil y de las infracciones allí implicadas al Derecho Internacional Humanitario.
Nuevamente la Comunidad de Paz agradece a todas las personas, grupos, comunidades y gobiernos locales y regionales que, en diversos países del mundo, nos manifiestan permanente su solidaridad, repudian los crímenes a que es sometida nuestra comunidad y la población campesina de nuestro entorno y exigen al gobierno de Colombia poner fin a la barbarie y a la impunidad.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 2 de 2012