En ya numerosas ocasiones nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó le ha solicitado al Presidente de la República, jefe constitucional de la fuerza pública, que ponga remedio a la mentira sistemática, a los montajes, a las campañas de difamación y deshonra que la Brigada XVII del Ejército, la Policía de Urabá, otros organismos de seguridad e inteligencia, a la par con el poder judicial y otros órganos del Estado, han mantenido durante 15 años contra nuestra Comunidad, pero con su silencio, indolencia e inacción la Presidencia se ha vuelto más que cómplice de estos crímenes, todos ellos íntimamente ligados a las masacres, las desapariciones, asesinatos, torturas, desplazamientos, violaciones, saqueos, asaltos, amenazas, anuncios de exterminio, montajes judiciales y otros numerosos crímenes que se ven preparados, seguidos y acompañados por la calumnia y la mentira como estrategia de justificación.
En 2009 denunciamos repetidas veces la ilegalidad de mantener en las instalaciones de la Brigada XVII al desmovilizado de las FARC alias “Samir”, en violación de todas las normas emitidas por el mismo gobierno para la desmovilización de los alzados en armas. Siempre las instancias del Estado nos respondieron que el hecho era “legal” en contradicción con todos los textos legales que nosotros citamos, sin explicar por qué se admitían dichas contradicciones. Muy pronto se descubrió que la Brigada quería utilizar a “Samir” como falso testigo contra nuestra Comunidad y ello se evidenció en la entrevista que el ex ministro Fernando Londoño Hoyos le hizo el 28 de mayo de 2009 por “Radio Super”, donde el afán de mentir del primero y la presión por hacer mentir del segundo confluyeron en una impresionante colección de calumnias que evidenciaban la carencia absoluta de principios éticos y morales de ambos y la vileza, suciedad, abyección y perversidad de sus procederes. Pero era evidente que detrás de dichas calumnias estaba la Brigada XVII, como podía comprobarse en la convergencia de esas calumnias con otras muchas antes denunciadas. Nuestra Comunidad, en un documento público, respondió a ese libelo demostrando la falsedad de cada una de sus afirmaciones.
Una víctima central de ese tejido de calumnias fue el acompañante de nuestra Comunidad EDUAR LANCHERO, quien generosamente nos había acompañado en todas nuestra amarguras y tragedias desde que iniciamos nuestro camino como Comunidad de Paz, pues Eduar, desde que había optado por servir a las víctimas, había acariciado el sueño de poder “convertir el dolor en esperanza”, que fue el camino que nos enseñó y que compartimos con él durante 15 años, hasta que murió de un cáncer el pasado 27 de junio. Conocedores de la fuerza moral que significaba su presencia entre nosotros, militares y paramilitares se propusieron eliminarlo y al menos en 25 ocasiones que fueron denunciadas públicamente, intentaron asesinarlo o estigmatizarlo gravemente para destruir su honra y sus derechos. El gobierno jamás quiso protegerlo, ni siquiera en respuesta a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales; siempre toleró y patrocinó todas las vilezas que contra él se perpetraron desde la Brigada XVII y desde otros organismos del Estado en la región.
El jueves 4 de octubre de 2012, hacia las 7:00 horas, alias “Samir”, desde su domicilio en la Brigada XVII donde se han confeccionado todas sus mentiras, calumnias y suciedades, pronunciándose a través de emisoras locales como “Antena Estéreo” y la emisora del Ejército en la Brigada XVII, manifestó su alegría por la muerte de Eduar, a quien nuevamente calumnió calificándolo como “ideólogo de las FARC”, acusando nuevamente a nuestra Comunidad de trabajar en coordinación con las FARC, hasta llegar a decir que nuestros comunicados públicos son “orientados por las FARC”. Allí mismo afirmó que él mantiene informantes en la zona y en la Comunidad, que lo ponen al tanto de todo lo que ocurre, y le hizo un llamado a la Comunidad para que corrija su camino, ya que Eduar no está presente. Es cosa sabida y probada hasta la saciedad, que cualquier denuncia por calumnia, injuria o falsedad contra alias “Samir”, es tiempo perdido, pues la protección del Estado a este criminal ha sido manifiesta, explícita, tozuda y contumaz. No importa que el gobierno sea acusado de emitir mentiras altamente dañinas para la honra de las personas y radicalmente violatorias de los derechos humanos por emisoras que pertenecen a instituciones del Estado. Lo sabemos de sobra: la justicia no hará absolutamente nada para investigar ni sancionar a los responsables ni a sus cadenas de mando.
En nuestra constancia anterior (Octubre 5/12) habíamos denunciado el tiroteo que se presentó en el caserío de San José el jueves 4 de octubre de 2012 hacia las 19:50 horas por espacio de 50 minutos, tiroteo en el cual resultó herido en su propia casa el civil ALBERTO ARIZA, de 32 años y padre de dos niños. El viernes 5 de octubre de 2012, durante todo el día, los medios locales estuvieron dando la noticia de un supuesto combate entre el ejército y la guerrilla, señalando al civil herido como “guerrillero”. Luego de investigar el hecho analizando las trayectorias de los proyectiles y de interrogar a muchos pobladores del caserío, no nos queda duda alguna de que los proyectiles venían de la base militar y estaban dirigidos contra las viviendas de los pobladores. Todos los testigos afirman que los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones y que, como era de noche, las balas se veían avanzar, luminosas e incandescentes, en clara proveniencia de la base militar. Además nadie pudo ver a ningún guerrillero disparando y por ello se pone en duda la versión de un supuesto ataque de la guerrilla a la base militar. Se desmintió como dato absolutamente falso el que desde alguna vivienda hubieran salido disparos y como algo mucho más falso aún, el que la víctima fuera un guerrillero o tuviera armas, como de manera infame lo dio a entender el comandante del puesto militar, cuando ingresó a su casa y le pidió a la familia de Alberto que “le entregara el uniforme de guerrillero que él usaba”. Él era a todas luces un civil, padre de familia, integrante de una congregación cristiana del lugar y trabajador en la obra que actualmente se adelanta en la carretera, cuyos compañeros y directivos realizaron un cese de trabajo al día siguiente en protesta por el vil atentado del ejército contra él. Con toda evidencia, el proyectil que hirió a Alberto provenía de la base militar, pues impactó la pared de la vivienda desde esa dirección y en la misma dirección atravesó una escoba que estaba junto a la puerta y por último el cuerpo de Alberto, quien se disponía a abrir la puerta luego de escuchar el llanto de unos niños en medio de la balacera.
Este mismo día, un delegado de la Defensoría del Pueblo se trasladó al caserío de San José y se reunió con un grupo de pobladores ante quienes hizo una defensa del ejército, exonerándolo de toda responsabilidad en el crimen, sin haber estado presente y desatendiendo todos los testimonios presenciales. Dicho “defensor” visitó la vivienda de la víctima donde hizo interpretaciones completamente ilógicas sobre la trayectoria de los proyectiles. Los pobladores se burlaron de su falta de cordura y le preguntaron si era defensor del pueblo o defensor de los militares.
El sábado 6 de octubre, varios habitantes del casco urbano de San José se acercaron a miembros de nuestra Comunidad de Paz para comentarles que otras casas del caserío habían sido impactadas por los disparos de los militares y policías desde sus respectivas bases. Esta información se comprobó y se encontró que había cinco viviendas averiadas, además de la escuela de San José, la cual tiene varios impactos. Este mismo día, el equipo de comunicación de nuestra Comunidad se acercó a fotografiar las casas averiadas por los disparos, pero los uniformados que allí se
encontraban se opusieron a que los miembros de nuestra Comunidad registraran fotográficamente los daños, aduciendo que ellos no poseían carnés de periodistas, por lo que les prohibieron rotundamente fotografiar el lugar, amenazándolos de detención y de decomiso de sus cámaras. Así el crimen quedaba completado con el encubrimiento, la obstrucción de la verdad y el ocultamiento de pruebas, lo que confirma la conciencia de culpa. Todo esto alcanzó niveles extraordinarios de descaro, cuando los mismos militares intimidaron a los pobladores prohibiéndoles que afirmaran que las heridas de Alberto habían sido causadas por el ejército y presionándolos a que afirmaran en cambio que ellas habían sido causadas por la guerrilla, mientras nadie había visto a ningún guerrillero esa noche. Sobra todo comentario.
Nuevamente nuestra Comunidad le insiste al gobierno que acate la sentencia T-1206 de 2001, la cual prohíbe ubicar puestos de policía y bases militares en medio de la población civil, aportando criterios y doctrina constitucional de gran nitidez sobre la carencia de toda legitimidad y legalidad para imponer a las poblaciones civiles riesgos de violencia sobreviniente que los pobladores no tienen por qué soportar. Los ya numerosísimos hechos de violencia vividos por los pobladores de San José, causados por la presencia de la fuerza pública en sus espacios de vida y trabajo, que siempre buscan utilizar a la población civil como escudo, demuestran la sabiduría de la Corte Constitucional en dicha jurisprudencia y la tozudez de un gobierno que busca siempre victimizar a la población civil que no es de su incondicional adhesión.
Invocamos otra vez la solidaridad de quienes nos conocen y que desde muchos rincones de Colombia y de otros países del mundo lloran con nosotros a nuestras víctimas y nos dan aliento moral en medio de la barbarie. Estamos seguros que muchos de ellos, quienes conocieron la extraordinaria altura moral y la generosidad a toda prueba de Eduar, manifestarán su indignación ante las nuevas vilezas del gobierno, que quizás frustrado por no haberlo podido asesinar en tantos intentos, ahora quiere manchar su memoria con la más repugnante suciedad.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 9 de 2012