San José de Apartadó, julio 13 de 2018
Señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓNPresidente de ColombiaBogotá, D. C.
De toda consideración.A muy pocos días de terminar su segundo período de gobierno, queremos manifestarle sinceramente y de manera somera lo que hemos vivido y sentido durante estos 8 años en los cuales usted ha ocupado el cargo de Presidente y Jefe de Estado, período que se proyecta hacia atrás por el tiempo en que usted ejerció como Ministro de Defensa del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Durante su mandato, Presidente Santos, acudimos en 20 ocasiones a usted, haciendo uso del derecho constitucional de petición, para pedirle, de manera apremiantes, que en atención a obligaciones muy claras que la Constitución le impone al Jefe de Estado, interviniera directamente para frenar la cadena de crímenes de lesa humanidad que su ejército, sobre todo a través de la Brigada XVII y otras unidades, en unidad de acción con las estructuras paramilitares, había perpetrado y aún sigue perpetrando contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra el campesinado de su entorno. Usted siempre esquivó esas peticiones y les dio órdenes a sus secretarías jurídicas de remitirlas a los mismos victimarios: el Ministerio de Defensa y sus diversas unidades, alegando decretos que no pueden oponerse a órdenes constitucionales y que se ajustan a la figura universalmente antijurídica de convertir al victimario en su propio investigador y juez.
Nadie ignora que una política evasiva frente a cadenas de crímenes horrendos y sistemáticos, encubiertos por los veredictos autoabsolutorios de sus propios subordinados, compromete con toda evidencia al primer mandatario ante una Comunidad Internacional que durante ya muchas décadas ha elaborado tratados y convenciones para proteger a las víctimas de esos horrores. Usted, pues, Presidente Santos, sale responsable ante la historia y ante el mundo de centenares de crímenes horrendos que han tratado de exterminar a nuestra Comunidad de Paz, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos sexuales, masacres, desplazamientos forzados, torturas, retenciones, detenciones y enjuiciamientos ilegales y arbitrarios, amenazas por millares, anuncios de exterminio, cercos de hambre, destrucciones e incineraciones de viviendas y de campos de cultivos, asaltos a mano armada para robar los bienes de sobrevivencia de las víctimas, profanación y ocultamiento de cadáveres, pillajes, robos de animales domésticos, principalmente de bestias de carga, único medio que posee el campesino de la zona para comercializar sus pobres productos, robo de los instrumentos de trabajo agrícola, campañas de calumnia, difamación y estigmatización a través de los medios masivos, ausencia, manipulación y corrupción de investigaciones judiciales y disciplinarias, generalización de la impunidad y de la desprotección judicial.
Si bien la Comunidad de Paz hizo uso de la Acción de Tutela en ciertas ocasiones y obtuvo respaldo de la Corte Constitucional, la cual emitió tres Sentencias y dos Autos en favor de la Comunidad, usted mismo y las instituciones de su gobierno desacataron todas las órdenes de la más alta Corte del Estado, además de otras órdenes incluidas en otras sentencias de dicha Corte, como las referidas a la prohibición de mantener unidades militares y policiales en medio de la población civil en zonas de conflicto, o las que se refieren a la prohibición al mandatario de pronunciarse públicamente contra grupos y comunidades echando mano de informaciones no verídicas o las que se refieren a la prohibición de empadronamientos. El desacato de su gobierno a todas esas normas y decisiones constitucionales nos hizo concluir siempre que el “Estado de Derecho” constituye más una ficción propagandística utilizada para encubrir realidades contrarias.
Durante todo su gobierno, como también durante el gobierno del Presidente Uribe, estuvimos solicitando que se nos suministrarían los nombres, códigos institucionales, unidades y cadenas de mando de todos los miembros de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y sitios en que fueron perpetrados los crímenes, pero su gobierno siempre se negó a ello, y cuando la Corte Constitucional se lo ordenó repetidas veces, usted desacató sus órdenes burlándose de la más alta Corte del Estado. Y ya para terminar su mandato, en diciembre de 2017, la Corte se lo volvió a ordenar, dándole dos meses de plazo para cumplir la orden y su gobierno volvió a desacatar el mandato de la Corte. Tal contumacia tiene, de toda evidencia, un propósito: mantener encapuchados y clandestinizados, al peor estilo paramilitar, a los criminales insertos en su gobierno.
Usted deja, pues, la Presidencia, con una enorme deuda frente a la humanidad. Ojalá llegue el día en que tribunales internacionales honestos ejerzan justicia frente a esos millares de crímenes y enjuicien su comportamiento de participación en los mismos con carácter de complicidad, connivencia, apoyo, tolerancia y protección de sus actores.
En este contexto, nos avergüenza la distinción que se le hizo al otorgarle el Premio Nobel de Paz, sin que mediara siquiera un reconocimiento de culpa en estos y muchos millares más de crímenes contra los derechos elementales de los colombianos, perpetrados por sus subordinados protegidos por su actitud de negarse a que siquiera fueran investigados y más bien exonerados ideológicamente de toda culpa, como ocurrió en las intervenciones durante del “Proceso de Paz”, luego enormemente degradado.
Con enorme dolor de patria, Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Javier Giraldo Moreno, S. J. firmante de los derechos de petición