De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.
Hoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.
No hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas? Desde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos. No hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:·
· El martes 17 de septiembre de 2019, a las 9:58 horas, fue captada la presencia de un grupo de paramilitares con vestidos de camuflado y portando armas largas en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó.
· El miércoles 18 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo y acompañamiento internacional, por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, con la intención de poder acompañar a miembros de nuestra comunidad que viven allí, dada la presencia comprobada, en esos días, de unidades paramilitares. Al llegar a Arenas Altas se pudo verificar la presencia de gente armada muy cerca del camino, sin poder identificarla. Más adelante en el mismo camino, como a 20 minutos de distancia, encontraos un grupo armado muy sospechoso el cual estaba conformado por ocho integrantes quienes se identificaron como “fuerza pública”.
· El miércoles 25 de septiembre de 2019, en horas de la noche, el señor ELKIN ORTIZ quien ha venido causando daños en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la finca La Roncona, volvió a incursionar para destruir nuestros alambrados, cultivos de plátano y cacao. Según informaciones, esto lo hace impulsado por los paramilitares que controlan el caserío de San José.
· El viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00 a. m., cuando los miembros de una comisión de nuestra Comunidad de Paz regresaban desde la vereda La Esperanza hasta San Josesito, fueron informados de que apenas habían salido de la finca de La Esperanza, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, llegaron 7 paramilitares vestidos de camuflados y con armas largas, como asechando a los miembros de nuestro proceso que se encontraban allí realizando trabajos en la finca. Al mismo tiempo se verificó la presencia de otros 10 paramilitares en la parte alta de la vereda La Esperanza.
· El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz y otras comunidades del país, acompañadas por organizaciones internacionales, se encontraban de visita en la zona humanitaria Las Camelias, del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó y de igual manera acompañando a las familias del proceso comunitario que allí se ha desarrollado. Durante el viaje se pudo comprobar que esa es una zona totalmente controlada por el paramilitarismo, pues la intensa presencia de paramilitares en trajes civiles era muy notoria. Esto deja en evidencia una vez más que el paramilitarismo es el que controla todo a su antojo en los pueblos y veredas del país y lo peor de todo es que casi siempre el control lo ejercen en medio y bajo la protección o en complicidad de la fuerza pública y de toda evidencia, con su tolerancia y coordinación.
· El mismo sábado 28 de septiembre de 2019, en respuesta a una orden del Consejo de Estado, el comandante de la Brigada XVII del ejército, Coronel Carlos Padilla, presidió una ceremonia de desagravio frente al salón comunal del caserío de San José de Apartadó, donde descubrió una placa alusiva a la masacre del 21 de febrero de 2005 y donde expresó: “Con esta placa reconocemos y dignificamos a las víctimas del conflicto armado por los hechos acaecidos el 21 de febrero de 2005 en la vereda La Resbalosa y Mulatos del municipio de San José de Apartadó en desagravio por su muerte (…) Quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”
El acto no lo presidió el Ministro de Defensa, como estaba ordenado por el Consejo de Estado, lo que ya revela el bajo valor que el gobierno les reconoce a las víctimas campesinas y el tratamiento despectivo que les da. Tampoco la placa incluyó los nombres de todas las víctimas de esa masacre y nadie entendió por qué excluyeron a BELLANIRA AREIZA, la compañera del líder histórico de la Comunidad de Paz allí masacrado, Luis Eduardo Guerra, quien fue también masacrada en esa misma orgía de sangre. Sólo asistieron al acto una veintena de personas , algunas de ellas familiares de las víctimas que habían recibido indemnización monetaria ordenada por el Consejo de Estado, ninguna de ellas integrante de nuestra Comunidad de Paz, pues desde el comienzo repudiamos el tasar a nuestras víctimas en dinero, como si fueran mercancías, y menos cuando esa “paga” no va acompañada de sanción a los victimarios y de medidas efectivas de no repetición y de corrección de la criminalidad sistémica evidenciada en dicha horrenda masacre.
Las palabras del Coronel Padilla y el texto mismo de la placa son un modelo refinado del perverso encubrimiento y distorsión de la realidad, coadyuvantes de la horrorosa impunidad reinante. Presentar a estas víctimas como “víctimas del conflicto armado” es una ignominia. Ninguno de los centenares de crímenes perpetrados en estos 23 años contra nuestra Comunidad de Paz puede considerarse como relacionado con el conflicto armado, pues si algo definió la identidad de nuestras Comunidad desde su primer momento de existencia fue su negativa radical a participar en el conflicto armado y a colaborar con cualquier actor armado. La fuerza pública sabe de sobra que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas porque no los pudieron encuadrar en la estrategia paramilitar que habían diseñado para toda la región y que aún sigue imperando; los eliminaron porque por sus principios se les escapaban de las manos. Por ello es absolutamente irregular y contrario a las mismas reglas de la JEP que los victimarios de nuestra Comunidad estén pidiendo ingreso a la JEP.
Pero quizás lo más indignante es que el mismo texto de la placa y las palabras del Coronel Padilla “ignoren” lo sucedido en la masacre y sus reales dimensiones. Ninguna sombra de reconocimiento ni arrepentimiento de la responsabilidad del ejército en esos horrores, a pesar de que la misma Corte Suprema, en sentencia de casación, haya condenado a altos oficiales, si bien ha dejado en la impunidad a los más altos que tomaron las decisiones más macabras. ¿Qué tipo de desagravio es ese que no reconoce la responsabilidad evidente en el crimen? ¿Acaso no es una nueva victimización?
Pero el cinismo del discurso no tiene límites: el Coronel Padilla se atreve a “DAR FE” de que el ejército “CONTINUARÁ GARANTIZANDO CONDICIONES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA” que la gente demanda. No hay derecho a pretender ignorar la historia de manera tan atrevida. ¿Por qué no aludió siquiera a los 1462 crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en los primeros 21 años de persecución y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, cuya documentación reposa en tribunales internacionales y en los cuales el ejército tiene responsabilidad activa o pasiva? ¿Sigue creyendo el Coronel que el sol se puede tapar con un dedo? Cuando habla de “garantizar una continuidad de libertad y democracia”, ¿ignora que lo que ha brindado el ejército en estas décadas es todo lo contrario de libertad y democracia, así él se atreva a llamarlas “libertad y democracia”, como quizás nadie más se atrevería a hacerlo, pues lo que han garantizado hasta ahora son: masacres, asesinatos, cercos de hambre, desplazamientos, torturas, destrucción e incineración de viviendas y cultivos, creación y apoyo a estructuras paramilitares, montajes judiciales, encarcelamientos de inocentes, torturas, abusos sexuales, amenazas, campañas de difamación, calumnias e injurias, robos de bienes de subsistencia y asaltos a mano armada para ejecutarlos, violaciones de la intimidad, desapariciones forzadas, falsos positivos, profanación y ocultamiento de cadáveres y otros muchos horrores. ¿Es esa la “libertad y democracia” que ofrece “CONTINUAR”, para lo cual “DA FE”?
Cuando se dan manifestaciones de “desagravio” o de “perdón” en un contexto envuelto y sumergido hasta lo más profundo en las mismas dinámicas criminales que produjeron el exterminio de las víctimas, los discursos sólo tienen la posibilidad de recurrir a las falsedades, al camuflaje, a la desviación, al disfraz. Y eso es lo que hemos estado viviendo en el llamado “posconflicto” o “pos acuerdo”, en que las raíces del conflicto siguen más vivas que nunca y retoñando de manera apabullante. Se percibe una búsqueda desesperada por tapar la falta de credibilidad. Vivimos dentro de un Estado y un gobierno que quieren convencer al país y al mundo que es posible mostrar una “cara nueva” apoyada en discursos incumplidos pero sin enfrentar el problema más acuciante: garantizar la no repetición de los crímenes. Creen que eso es posible tapando y evadiendo las responsabilidades; manteniendo en sus puestos y ascendiéndolos a quienes diseñaron y ejecutaron las barbaries y manteniendo (negándolas) las doctrinas y estructuras que inspiraron y favorecieron tan horrendas prácticas. ¿Cuántos años o décadas habrá que esperar para que se convenzan que eso es absolutamente imposible? Con nuestra gratitud siempre reiterada a quienes desde numerosos espacios de nuestro país y del mundo nos sostienen con su fuerza moral, les enviamos una nueva alerta sobre lo que estos falsos “desagravios” revelan y anuncian.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó Octubre 4 de 2019