De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige al país y al mundo para compartirles las angustias e inquietudes que la acción cotidiana de las estructuras paraestatales nos siguen produciendo, en el contexto de un Estado que no protege derechos ni libertades y que más bien utiliza la tragedia mundial de la pandemia para recortar más los derechos elementales de sus ciudadanos más vulnerables y para dejar con las manos más libres a los violentos que se amparan en su poder.
Como ya en otras ocasiones, nuestra comunidad ha manifestado las dificultades que se han generado en el mundo con la pandemia del covid-19, la cual le ha arrebatado la vida a miles de personas, pero tampoco hemos descansado de dejar constancias públicas de los centenares de atropellos y amenazas que recibimos a diario por el poder de las armas manejadas por el paramilitarismo y la fuerza pública. Ya se está volviendo algo rutinario que los paramilitares utilicen la pandemia para controlar a la población civil en las veredas, pues frecuentemente están obligando a los pobladores a salir y reunirse con ellos en los lugares que ellos señalen, y si no lo hacen, terminan siendo amenazados con multas y en muchos casos amenazados de muerte.
La Brigada XVII del ejército en Urabá es la más responsable de que hoy el paramilitarismo tenga tanta fuerza en nuestra región. Durante varias décadas los han propulsado, los han entrenado y dotado, los han protegido y los han acompañado y sostenido en los momentos de perpetrar los crímenes más horrendos, como la masacre del 21 de febrero de 2005 que nos arrebató tan valiosos compañeros y compañeras y nos hizo llorar intensamente por nuestros niños descuartizados. Cuando la fuerza apabullante de la Comunidad Internacional los ha condenado y ha pedido su castigo y su alejamiento del Estado, han permanecido impávidos gozando de la impunidad con que este Estado los cubre y protege y se las han arreglado para no aparecer ocupando los mismos espacios con los paramilitares sino calculando con astucia los momentos en que los paramilitares van a actuar, para ellos estar en esos momentos a varios kilómetros de distancia, suponiendo que con ello evitan que recaigan sobre ellos las condenas. Pero, ni nosotros ni la Comunidad Internacional somos retardados mentales.
Este 8 de julio se cumplieron 20 años de la horrenda masacre de La Unión y nuestra Comunidad hizo presencia en el sitio donde nuestros 6 líderes fueron acribillados, en pleno centro del asentamiento y en presencia de todas las familias y de acompañantes externos. También en ese momento militares y paramilitares estuvieron estrechamente coordinados. El ejército llegó primero a preparar los detalles y luego llegaron los paramilitares a ejecutar la barbarie, y cuando se estaba consumando el holocausto un helicóptero de la Brigada XVII sobrevoló el escenario del crimen. Pero además el ejército les impidió ingresar a ese espacio a jóvenes que venían del campo en ese momento, y cuando ellos rindieron posteriormente declaraciones sobre lo que habían visto, los asesinaron. Ahora las diversas fuerzas del Estado han cerrado filas alrededor del ejército y de los paramilitares, quienes han tratado de sumar a su causa a la Junta de Acción Comunal de La Unión para impedir que nuestra Comunidad de Paz le rinda el homenaje debido a sus mártires, consagrando a su memoria el espacio sobre el cual derramaron su sangre. Pero tanto militares como paramilitares y juntas comunales remolcadas, han querido pisotear las leyes y decretos que el mismo Estado había sacado, quizás por presiones internacionales, para proteger la memoria de los masacrados.
El verdadero virus que tiene contagiado nuestro territorio desde hace mucho tiempo es el virus paramilitar. Sin embargo, ninguna institución hace nada para erradicarlo. Esa enfermedad cada día crece más, hasta el punto que el campesinado termina vendiendo o abandonando sus tierras para irse a buscar aire puro en otros lugares donde llegaría como un desplazado.
Es tanta la barbarie que se vive en la zona que ya las misma escuela que recientemente han construido la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Apartadó, es el escenario que están utilizando los paramilitares para reunir forzadamente a la población civil. El Gobierno piensa solo en sus beneficios e intereses, mientras tanto el paramilitarismo está matando a la gente que busca cómo sobrevivir desde sus precarias condiciones. ¿Cuantos líderes y activistas sociales han entregado sus vidas por construir un mundo mejor para sus familias y amigos? ¿Cuántos desmovilizados de las antiguas FARC-EP están siendo asesinados en el intento por reconstruir sus vidas en la legalidad? Pero eso al Gobierno le tiene sin el menor cuidado y poco le importa lo que pase en regiones del país que están siendo sometidas y asfixiadas por ese virus que expande los efectos monstruosos de las armas del Estado.
Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos ocurridos recientemente:
- El sábado 27 de junio de 2020, en horas del día, cuando un miembro de nuestra Comunidad de Paz regresaba a su casa en la vereda Mulatos de San José de Apartadó, encontró que allí le habían dejado un paquete de volantes alusivos a la prohibición de la cacería de animales, volantes aparentemente avalados por las juntas de acción comunal de: Toribio, Mandarinos, Arenas, Galleta, Tío López, Nuevo Antioquia, La Ahuyama, La Esperanza, Mulatos Cabecera, Mulatos Medio, La Hoz, Rodoxalí, Las Monas y Las Pavas. Según dicho volante, la multa para quien realice labores de caza será de un millón de pesos (1.000.000). Según se ha podido averiguar, esa norma no es de conocimiento de las asociaciones comunales de Apartadó ni de las instituciones encargadas de la protección de la fauna, por lo que se deduce que es un mandato de los paramilitares, pues ya en las reuniones forzadas que los paramilitares han hecho con la población civil se han referido a esa norma. Así ocurrió en la reunión que convocaron el pasado 12 de junio de 2020 en la vereda Mulatos Medio, exactamente en la escuela recién construida por la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Apartadó; allí prohibieron a la población civil realizar labores de caza y amenazaron a quien lo hiciera de tener que pagar una multa de un millón de pesos, dinero que le sería entregado a la Junta de Acción Comunal, y de no pagarla, serían los paramilitares quienes entrarían a cobrarla.
- El domingo 5 de julio de 2020, nuestra Comunidad fue informada que los paramilitares habían realizado una reunión obligatoria con la población civil en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó. Según las informaciones aportadas, allí asistieron también pobladores de las veredas Mulatos Cabecera y Mulatos Medio, entre otras. Dicha reunión fue presidida por un nuevo mando paramilitar, al que aún no se le conoce el nombre y al parecer el cargo que ejerce de controlar y someter a la población civil, es nuevo para él. En medio de la reunión, los paramilitares arremetieron contra nuestra Comunidad de Paz, advirtiéndoles públicamente a los pobladores de las otras veredas que se preparen porque hay unas personas de la Comunidad de Paz a quienes tienen que quitar de en medio porque están interviniendo en sus planes y que ya tienen las fotos de los que van a ser asesinados.
- El miércoles 15 de julio de 2020, en horas de la mañana, en la ciudad de San Vicente del Cagúan, Caquetá, fue encontrado sin vida el cuerpo de MARIO CARMINE PACIOLLA, quien durante los años 2016 a 2018 fue voluntario de Peace Brigades International (PBI) en el equipo de Bogotá. Su compromiso por la defensa de los derechos humanos era admirable; en una ocasión, como acompañante de PBI, estuvo con nuestra Comunidad de Paz en La Unión, en una de nuestras Navidades. Desde el 2018 hasta el día de su muerte se desempeñó como voluntario de la Misión II de la ONU en Caquetá. Como Comunidad de Paz, una vez más alzamos la voz de auxilio frente a la barbarie que se está viviendo en Colombia. Nos están matando lentamente pero sistemáticamente en cada una de las regiones y luego los medios de comunicación asumen los hechos como fortuitos e inconexos y los atribuyen a problemas personales, a delincuencia común o a suicidio, como método de tapar la realidad. Según informaciones, el mismo Mario había manifestado temor por persecuciones contra personas que él conocía en la zona. No entendemos por qué la Misión II de ONU no le brindó protección y, algo aún más incomprensible y doloroso, por qué se encontraba solo frente a un fenómeno tan poderoso como es el paramilitarismo que actúa a sus anchas por todo el país. Desde nuestra Comunidad de Paz enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia; muchos abrazos desde la distancia, porque Mario fue un amigo y un hermano en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Hasta siempre, Mario ¡
· El sábado 18 de julio de 2020, fue realizada una fiesta en el caserío de la vereda La Unió. Durante el día realizaron eventos deportivos, como partidos de futbol, y en la noche integración de baile, desorden y licor. Allí participaron reconocidos paramilitares y mucha gente que llegó desde el área urbana de Apartadó, violando la cuarentena, algo más grave aún en estos momentos en que la pandemia se expande con mucha fuerza por toda la región de Urabá.
· Este mismo sábado 18 de julio 2020, hacía las 8:00 a.m., en área rural de municipio de Cúcuta, del departamento de Norte de Santander, paramilitares que controlan la zona retuvieron en la vía que conduce a la vereda Vigilancia, del municipio de Cúcuta, el vehículo en el que se movilizaba el campesino ERNESTO AGUILAR BARRERA, de 34 años de edad, quien era miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCMCAT- y de la Junta de Acción Comunal de la vereda Vigilancia. Ernesto fue llevado, junto con otra persona, por la vía que conduce hacia la vereda Totumito, del corregimiento Banco Arena de Cúcuta y asesinados ambos en el trayecto. Dos horas después, hacia las 10:00 am, en la vereda Totumito-Carboneras del municipio de Tibú, según pobladores de la zona, estos mismos paramilitares entraron a la finca La Fortuna y encañonaron y torturaron a los campesinos que se encontraban allí, de los cuales 6 personas fueron asesinadas con impactos de armas de fuego y con armas blancas; el resto de los campesinos lograron escapar del lugar de la masacre. Los hechos provocaron un desplazamiento de más de 400 personas. Según la Defensoría del Pueblo, ya había sido emitida una Alerta Temprana en el mes de marzo de 2020 (AT N. 011-2020) que debería haber colocado bajo vigilancia y atención extrema de todas las autoridades la situación de dicha zona. Nuestra Comunidad de Paz ha participado repetidas veces junto con ASCAMCAT en el intercambio de saberes que busca la Universidad Campesina de la Resistencia, por ello sentimos este crimen como en carne propia.
Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y de violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia.
Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus corazones nos han acompañado en estos más de 23 años de comunidad y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al Gobierno colombiano para que se proteja la vida. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de vida y que además nos animan moralmente a defender nuestros principios.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Julio 22 de 2020