Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la obligación de dejar constancia ante el país y ante el mundo de nuevos niveles de degradación de la acción del Estado colombiano contra su propio pueblo.
El miércoles 3 de marzo de 2021 fuimos informados de la Resolución 298 emitida por el Defensor Nacional del Pueblo, Señor CARLOS CAMARGO, en la cual designa como Defensor Regional para la zona de Urabá al Señor JOSÉ AUGUSTO RENDÓN GARCÍA. Con asombro y espanto recibimos esa noticia, pues dicho personaje ha estado involucrado en episodios oscuros en relación con la restitución de tierras en la región de Urabá, ejerciendo como representante de victimarios y empresarios que se han adueñado de tierras pertenecientes a campesinos. No dudamos en calificar ese nombramiento como una grave afrenta a las víctimas, dado que sus antecedentes no lo acreditan de ninguna manera para defender los derechos de las víctimas, papel constitucional y esencial de un “defensor de pueblo”, sino para todo lo contrario, para pisotear los derechos de las víctimas y exponerlas a nuevas violencias.
El nombramiento en cuestión tiene una gravedad mayor para nuestra Comunidad de Paz, dado que en el Auto 693 de la Corte Constitucional, emitido el 12 de diciembre de 2017, la Corte le asigna numerosas y delicadas tareas a la Defensoría del Pueblo en relación con la órdenes que la Corte había dictado en el Auto 164 de 2012 y que eran concreciones de la Sentencia T-1025/07 de la misma Corte, tareas que la Defensoría no cumplió y sin embargo, en el artículo 12 de la parte resolutiva del Auto 693/17 la Corte decide: “DELEGAR en la Defensoría del Pueblo el seguimiento de las órdenes emitidas en esta providencia y, en general, de las órdenes impartidas en la sentencia T-1025 de 2007 que continúan pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en los numerales anteriores, respecto de las cuales la Corte Constitucional conservará la competencia para su verificación. Para tales efectos, la Defensoría del Pueblo remitirá a la Corte Constitucional informes semestrales sobre el resultado de su gestión”. Informes con los que la Defensoría nunca cumplió.
Nuestra Comunidad le hace un llamado apremiante a la Corte Constitucional para que le retire a La Defensoría del Pueblo dicho encargo, el cual está imposibilitada éticamente para cumplir. Le solicita a la Corte que retome el seguimiento y revisión de todo lo incumplido o encuentre otra entidad con un nivel de credibilidad y legitimidad suficiente para cumplir dicho encargo.
En particular, nuestra Comunidad de Paz tuvo que enfrentar hasta hace pocos días al Señor José Augusto Rendón, como abogado de la familia Jaramillo, la cual ha intrigado ante las instituciones encargadas de la restitución de tierras para que se desconozcan los derechos legítimos de nuestra Comunidad sobre la finca La Roncona, en la cual hemos ejercido posesión pacífica por más de 23 años. El abogado Rendón García ha solicitado que se acepte como testigo (por supuesto falso testigo), a un reconocido paramilitar, como alias “SAMIR” (o Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien había sido comandante de una columna del Quinto Frente de las FARC-EP y posteriormente desertó y fue acogido en la Brigada XVII del Ejército en Carepa, Antioquia, en cuyas instalaciones fue domiciliado por muchos años en violación de numerosas normas legales y burlando la acción de la justicia, pues durante su militancia en las FARC ordenó el asesinato de muchos miembros de nuestra Comunidad de Paz y de campesinos de nuestro entorno; posteriormente se supo que tenía un pacto secreto con el ejército para infiltrar a las FARC-EP y por ello eliminó tantas vidas de campesinos inocentes sin ser tocado por la justicia. En la Brigada participó en montajes, calumnias y estigmatizaciones a través de medios de información corruptos y criminales y de personajes de larga trayectoria criminal como Rito Alejo Del Río y Fernando Londoño Hoyos. No es extraño, entonces, que se le vincule como falso testigo en los procesos de despojo de tierras, como el que se está desarrollando contra nuestra Comunidad de Paz, habiendo sido citado como “testigo” a una audiencia que tendrá lugar a finales de abril de este año 2021.
Curiosamente el abogado Rendón García, en la última audiencia sobre el caso de la finca La Roncona, renunció a su papel de abogado en dicho caso y dejó a su esposa en su reemplazo; ahora queda claro que lo hizo para aceptar el cargo de defensor regional, en el cual jamás podrá actuar con la imparcialidad elemental que dicho cargo le exige.
Debido a dichos antecedentes y a la gravedad de la afrenta que su nombramiento significa para con las víctimas de Urabá, nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación de DECLARAR PÚBLICAMENTE, MEDIANTE ESTE DOCUMENTO, SU NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, una institución que de manera tan atrevida viola sus propios principios constitucionales y legales y se afirma, sin pudor ninguno, como institución corrupta y parcializada en favor de los poderosos y en contra de las víctimas y de los sectores más vulnerables de la población. En el pasado, nuestra Comunidad tuvo que romper repetidas veces con la Defensoría, al igual que con las demás instituciones del Estado, por sus prácticas a todas luces corruptas y delictivas que en nada se compadecen con el perfil que la Constitución y las leyes les han trazado. Hoy el desconocimiento radical de ese perfil queda impúdicamente al desnudo ante el país y ante el mundo.
En los últimos días, varios pobladores del corregimiento de San José se han acercado a nuestra Comunidad de Paz para manifestar su preocupación y temor por las amenazas de los paramilitares en el uso y usufructo que los propietarios hacen de las tierras pertenecientes a sus abuelos y ancestros, pues los paramilitares han implantado un orden social y económico distinto a las costumbres y prácticas del campesinado del corregimiento, en una clara estrategia para generar presión y temor a las familias, quienes se están viendo obligadas a vender sus propiedades a CORPOURABÁ, ya que si no las pueden trabajar, la única solución es venderlas. Adelante van los paramilitares abonando el camino con sus amenazas, ocupaciones y agresiones, para que luego entren las empresas, la Alcaldía municipal y CORPOURABÁ a adueñarse fácilmente de sus propiedades. En ello han jugado un papel crucial abogados corruptos, como el Señor RENDÓN GARCÍA, ahora convertido, irónica y sarcásticamente, en “defensor” del pueblo Urabaense. ¡Hasta dónde ha llegado la perversión de este Estado!.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Marzo 8 de 2021