Excelentísimo Señor

Gustavo Francisco Petro Urrego

Presidente de la República de Colombia

Bogotá

En el marco del aniversario de la fundación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, intercedemos ante Usted, Presidente de Colombia, para plantearle algunas reflexiones sobre el riesgo permanente en el que todavía tienen que vivir los miembros de la Comunidad después de 26 años de construcción de paz desde abajo, defensa de la vida y del territorio.

Igualmente, interceder para que desde el actual gobierno se facilite el restablecimiento de la relación con la Comunidad, que, como usted bien sabe, en el 2005 a raíz de la horrenda masacre de 8 de sus miembros a manos de agentes del Estado se declaró en ruptura con todas las instituciones del Estado colombiano.¹

Los abajo firmantes somos instituciones y organizaciones europeas que caminamos junto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde hace muchos años y reconocemos el inmenso valor y coherencia que tiene dicha Comunidad, para seguir defendiendo sus principios desde la no violencia.

En sus 26 años ha sufrido el asesinato de más de 300 compañeros/as de Comunidad, a manos de los distintos grupos armados (paramilitares, Ejército Nacional y guerrilla) además de permanentes agresiones, intimidaciones, humillaciones y el no reconocimiento del dolor ocasionado desde las instituciones estatales.

Como se evidencia en las constancias históricas – comunicados por medio de los cuales la Comunidad deja constancia de los atropellos a sus miembros y la población del entorno- la situación que siguen viviendo es de suma gravedad por la paramilitarización de la población y las instituciones regionales y locales, la presencia de armados en sus tierras y los permanentes abusos de poder por parte de las fuerzas militares del Estado, como también y muy importante, los intereses económicos en sus tierras y los intentos permanentes de arrebatárselas.

Precisamente, uno de los mayores problemas que tiene la Comunidad de Paz, contradictoriamente, es con la aplicación indebida, por parte de algunas instancias, de la Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), porque como explican desde la misma Comunidad, se enfocan y concentran en generar confrontación entre las mismas víctimas, motivando e impulsando procesos de restitución entre familias pobres y desprotegidas, mientras que los macro casos donde están involucradas las empresas, multinacionales, políticos entre otros, no avanzan.

¹ En el archivo de varias organizaciones internacionales reposan las respuestas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el que se atribuye la masacre a las Farc, firmadas por el exvicepresidente de ese entonces, Francisco Santos; el exfiscal general Luis Camilo Osorio, y otros representantes que a través de un argumentario común intentaron ocultar la responsabilidad del Estado y en cambio, asociar a la Comunidad con los grupos insurgentes, hasta el punto de afirmar que el motivo de la masacre fue por el interés que tenía Luis Eduardo Guerra en reinsertarse. Afirmación que de forma muy eficaz asociaba al líder histórico con la guerrilla.

De hecho, la Comunidad denuncia de que hay un secuestro de La ley de Restitución de Tierras por los grandes intereses económicos en ese territorio, porque se está aprovechando dicha norma para fomentar la reventa de las tierras recuperadas, en lo que se ha denominado el “mercado de la tierra.

También nos explican que, en el caso de la Comunidad de Paz, el problema es más bien la forma cómo se viene utilizando esta herramienta jurídica para arrebatar y despojarle de aquellas propiedades que no solamente han adquirido legalmente, sino que además las han cuidado y defendido por más de 20 años.

Caso emblemático es la situación de la Finca la Roncona. En diciembre de 2018, la Comunidad presentó una demanda de pertenencia del Predio la Roncona, ante un juzgado civil municipal deA partadó, el cual, legalmente sería positivo para la Comunidad, pero este proceso ya ha sido aplazado 4 veces, lo que puede calificarse como una denegación de justicia. En efecto, el juez que lleva el caso, William González de la Hoz, fue defensor regional en Urabá para el año 2016, y lo que nos parece delicado de su papel como juez, es que en ejercicio de su cargo cuando era Defensor del Pueblo, manifestó la no presencia de grupos paramilitares en la vereda Rodoxalí, pese a las denuncias realizadas acerca de la presencia de ilegales en connivencia con las Fuerzas Militares y el desplazamiento forzado que ocasionó para la población en esa vereda.

Somos testigos de la vulneración del derecho al acceso efectivo de la administración de justicia que dicho juez está ejerciendo en contra de la Comunidad para la formalización de uno de sus predios de gran importancia. La audiencia fechada para el 26 de octubre del año pasado, en la que íbamos a participar como observadores más de 40 representantes de instituciones y organizaciones europeas, no se realizó y ni siquiera se dio previo aviso de su cancelación. Igualmente, la audiencia del 8 de febrero del presente año, también fue cancelada sin previo aviso, y dando como justificación un error involuntario. Por lo tanto, vemos que una intervención del Estado central, por ejemplo, podría desbloquear esta situación de indefensión que está sufriendo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Ver adjunto: Registro de agresiones y violaciones a los DDHH 2022).

Pese a lo anterior, expresamos que es la primera vez, después de muchos años, que vemos en los miembros de la Comunidad de Paz una cierta esperanza frente al actual Gobierno, y por ello, creemos que es el momento propicio para que desde el Estado central realicen lo posible para restablecer la confianza de este colectivo ante las instituciones estatales.

Recordamos que la Comunidad siempre ha solicitado a las autoridades estatales unas muestras mínimas de buena fe, de garantías para restablecer la interlocución con el gobierno; convencidos/as de que están en línea con su actitud y programa de gobierno os las presentamos:²

1. Retractación pública del Presidente por las calumnias del Estado Colombiano en contra de la Comunidad de Paz, después de la masacre del 21 de febrero de 2005;
2. Revisión y replanteamiento de la ubicación del búnker de la Policía Nacional y la Base Militar en el casco urbano de San José de Apartadó;
3. Se considere revisar y conformar zonas humanitarias en San José de Apartadó y se declare la Comunidad de Paz como un laboratorio de paz;

4.. La conformación de una comisión de verificación de la justicia que, entre otras, evalúe por qué no ha habido justicia en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

² El Derecho de Petición No. 18 del Padre Javier Giraldo, dirigido al presidente Álvaro Uribe Vélez el 3 de diciembre 2009 contiene la argumentación. Ver en: Giraldo, J. (2010). ‘Fusil o Toga/Toga y Fusil’, p. 180-188.

Sr. Presidente, la Comunidad de paz de San José de Apartadó es un ejemplo mundial de construcción de paz, defensa de la vida y del territorio, y de mantenimiento de la memoria y así lo testimonian muchos reconocimientos internacionales, los más recientes: Premio por la Paz 2022 de Asociación de Naciones Unidas de España (ANUE) y el premio AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz) “Francisco A. Muñoz” 2022, por su contribución a la construcción de paz mediante su metodología y práctica comunitaria para defensa de la vida y del territorio desde la noviolencia.

Esperamos que el gobierno del Pacto Histórico corresponda a la esperanza de esta Comunidad y actúe en coherencia,

Atentamente,

Andrea Massari, Alcalde – Ayuntamiento de Fidenza – ItaliaTine Gielis, Alcaldesa – Ayuntamiento de Laakdal – BélgicaPaul Verbeeck, Alcalde – Ayuntamientode Nijlen

Guy Van Hirtum, Alcalde – Ayuntamiento de Westerlo

Milo Anthonis, Presidente del Concejo – Ayuntamiento deHerselt–Bélgica

Benny Smets, Concejal de Cooperación al Desarrollo – Ayuntamiento de Laakdal –Bélgica

Alessia Quondam, Concejala y vicealcaldesa – Ayuntamiento de Narni –Italia

Lien Du Four, Concejala de Bienestar, Atención y Desarrollo Sostenible Ayuntamiento de Nijlen–Bélgica

Sonja Corrynen, Funcionario para Cooperación Internacional – Ayuntamiento de Schilde–Bélgica

Kristof Welters, Concejal de Cooperación Internacional y Paz – Ayuntamiento de Westerlo-Bélgica

Nelly Bocchi, Miembro – Asociación Jambo por el comercio justo ys olidario –Fidenza – Italia

Vincent Gard, Coordinador – Asociación Travailler Ensemble Jeunes et Engagé-e-s(TEJE)–Francia

Luis Escribano, Presidente – Burgos con Colombia–España

Danilo Amadei, Presidente – Casa della pace di Parma Ets–Italia

Emilio Rossi, Presidente – CIAC- Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale di Parma e provincia, onlus,–Italia

Julia Matilde Ortiz Colomina, Secretaria – Colectivo Maloka – Barcelona – Estadoespañol

Pablo Simón Vicente, Representante legal – Colectivo Memoria Viva de los Pueblos –España

Amalia Bueno Zamora, Secretaria – Colectivo Memoria Viva de los pueblos –España

Coscione Giuseppe, Vicepresidente – Comitato Piazza Carlo Giuliani Odv–Italia

Ignacio Hernández, Miembro – Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia –Valencia y Colectivo Sur Cacarica, Valencia –Estado español

Fabien Cohen, Secretario General – Francia Américalatinea(FAL)/–Francia

Irmgard Ehrenberger, Codirectora – IFOR Austria – Movimiento de Reconciliación–Austria

Sara Ongano, Coordinadora – LAeQUAsrls–Modica–Italia

Romain Bernard, miembro, Lush–Inglaterra

Mari Vera Valdivieso, Coordinadora – Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colòmbia– Catalunya–Estado español

Dr. Philipp Naucke, Antropólogo – Profesor asistente – Philipps-Universität Marburg –Alemania

Sus Van Olmen, Coordinador – Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó–Bélgica

Eleuterio Cárdenas León, Miembro – Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad de Paz deSan José de Apartadó–Bélgica

Valentina Ripa, Miembro Consejo Directivo – Red italiana Colombia Vive!–Italia

Natalia Biffi, Coordinadora Incidencia – Reds–Solidaridad para la transformación social – Barcelona – Estado español

Patricia Dopazo, Editora – Revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas –España

Pilar Rodrigo, Miembro – XXI solidario – Rivas Vaciamadrid – EspañaPazcon Dignidad– España

Con copia:

Embajada de Italia en Colombia

Embajada de Bélgica en Colombia