En lo que va corrido de este año 2024, nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha vivido el incremento progresivo de la persecución, mediante campañas que han ido cooptando organizaciones civiles, como las juntas de acción comunal. Vale recordar aquí lo que denunciamos en la Constancia del 6 de mayo de 2021: por una parte, el comunicado redactado por el Señor CÉSAR JARAMILLO, principal instigador de toda esta persecución, titulado “A la Institucionalidad”, en la cual se solicitaba que solamente se escuchara la opinión de las juntas de acción comunal y no la de nuestra Comunidad de Paz, documento coincidente con la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del ejército en octubre de 2018 para impedirle a nuestra comunidad comunicarse con la sociedad civil a través de Constancias históricas, y por otra parte la convocatoria realizada en la vereda La Esperanza por el mismo César Jaramillo, en la cual les hizo suscribir, a los presidentes de juntas comunales, un “CONTRATO” en el cual se comprometían a exterminar nuestra Comunidad de Paz, texto elaborado en la Alcaldía de Apartadó el 26 de abril de 2021, filmando el acto de la firma de muchos presidentes de acción comunal, imágenes que fueron publicadas en la red de Facebook, ante lo cual muchos líderes comunales se indignaron al ver sus rostros publicitados en semejante campaña. Si bien parecía que tal campaña, adelantada bajo la consigna «NO MÁS COMUNIDAD DE PAZ”, había sido desactivada, los hechos registrados en este año revelan su reactivación potenciada con formas extremas de violencia. Los audios que circularon entre febrero y mayo de este año, acompañados con las acciones destructivas contra nuestra finca Las Delicias en la vereda La Esperanza, las que culminaron en el asesinato de Nalleli y de Edinson el pasado 19 de marzo, evidencian que esa campaña está activa y articulada con todo el dominio paramilitar de la zona en cabeza de la organización criminal Clan del Golfo.

En las últimas semanas se han verificado nuevos episodios de esa persecución, de lo cual queremos dejar constancia ante el país y el mundo:

  • El viernes 17 de mayo de 2024, se notó la fuerte presencia de varios reconocidos paramilitares en el punto conocido como Chontalito, entre ellos la de ADOLFO GUZMÁN, paramilitar plenamente identificado de la vereda la Unión.

  • El sábado 18 de mayo de 2024, la comunidad tuvo conocimiento de un documento firmado por algunas personas del corregimiento de San José de Apartadó, y radicado en el mes de mayo ante varias autoridades del orden nacional e internacional, en el cual manifiestan no solo su rechazo a los asesinatos de Nalleli Sepúlveda y Edinson David, sino además a la estigmatización contra la población civil de nuestro entorno y contra nuestra Comunidad de Paz. Pero, al revisar la lista de los firmantes, rápidamente se puede comprobar que algunos de los allí firmantes fueron precisamente los que no solo motivaron los crímenes sino que además impulsaron hechos atroces como la destrucción de cercas y portones y la incineración de los mismos y la difusión de la consigna “no más Comunidad de Paz”, y que promovieron el plan de llegar a exterminar vidas humanas, como quedó evidenciado en los diversos audios y videos que circularon por las redes sociales.

  • El lunes 20 de mayo de 2024, fueron citados, vía telefónica, el Señor Bernardo Ceballos y la señora Nohemi David, padres de nuestro compañero Diego, esposo de nuestra compañera asesinada el pasado 19 de marzo, Nalleli Sepúlveda. Contra Diego los victimarios habían tejido desde el mismo momento del crimen una de las más perversas y sucias calumnias, intentando atribuirle a él la autoría del crimen, mientras él se encontraba atendiendo a su padre hospitalizado en Apartadó. La Fiscal, de nombre AMELIA, quien realizó la citación telefónica, absolutamente irregular, de los padres de Diego, ha demostrado ignorancia imperdonable de los procedimientos legales y confirma la larga y afianzada tradición que ha caracterizado al poder judicial Urabaense: la de investigar a las víctimas y jamás a los victimarios. De hecho, no se conoce ningún interés investigativo de la Fiscalía hacia los núcleos de la Acción Comunal de la vereda La Esperanza, quienes no actuaron clandestinamente en sus arremetidas violentas contra nuestra finca Las Delicias ni fueron recatados en sus instigaciones públicas al exterminio de los miembros de nuestra Comunidad en sus audios y videos difundidos por las redes sociales, afirmando que si era necesario derramar sangre la derramarían y si era necesario que los buldózeres arrastraran cadáveres los arrastrarían. Todo muestra que la tradición de impunidad de la justicia Urabaense sigue intacta, para vergüenza del país y del mundo.

  • El martes 21 de mayo de 2024, se evidenció que los paramilitares habían deforestado gran parte de la montaña virgen en el punto conocido como Chontalito (serranía de Abibe). Allí, desde hace varios meses hemos denunciado un estacionamiento y una vivienda paramilitar.

  • El martes 28 de mayo de 2024, una misión humanitaria de nuestra comunidad, al ingresar al predio Las Delicias en la vereda La Esperanza, pudo evidenciar que ahora la violencia se está dirigiendo contra los animales que han sido el sustento de las familias de la comunidad: Con el pasar del tiempo se han encontrado varios bovinos heridos a machete y una de ellas sacrificada.

  • El domingo 2 de junio de 2024, a las 23:00 horas en el punto conocido como la partida de las veredas Arenas y La Unión, salieron varios hombres camuflados con armas largas y con insignias alusivos al ELN, allí manifestaron a pobladores que no querían ver a nadie transitar en la noche porque no responderían. No nos cabe ninguna duda que en un territorio totalmente controlado por los paramilitares sean ellos mismos los que se camuflan de otros actores armados para implantar mayor terror en la región.

  • El miércoles 5 de junio de 2024, una delegación del Gobierno nacional, de varios ministerios y unidades administrativas, con el acompañamiento de varias embajadas y representantes de la ONU, fueron recibidas en nuestra Comunidad de Paz. Esta reunión tenía continuidad con la realizada el 27 de marzo en la finca Las Delicias de la vereda La Esperanza, donde se elaboró un diagnóstico y se prometió la adopción de algunas medidas de protección. Según lo relatado, quedó claro que no existen licencias de ningún orden para la construcción de vías en la zona, lo que hace que los proyectos en marcha sean ilegales. Fue lamentable la ausencia del Ministerio del Medio Ambiente, pues mientras se desarrollaba esta reunión, varias volquetas extraían ilegalmente materiales de construcción del río en su trayecto por nuestra finca La Roncona, con la autorización de líderes de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria quienes estarían cobrando por la extracción de material ilegal.

  • El jueves 6 de junio de 2024, un paramilitar vestido de prendas oscuras se acercó a un familiar de GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de nuestra Comunidad de Paz, para comunicarle que él ya había sido asesinado, lo cual resultó falso, pero confirmaba la circulación entre los paramilitares de la orden de asesinarlo, como también circulan, desde hace varios meses, las órdenes de asesinato contra otros miembros de la comunidad y del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz.

  • Este mismo jueves 6 y el viernes 7 de junio de 2024, de nuevo, ingresaron vehículos de extracción de material de construcción al predio La Roncona sin ningún consentimiento por parte de la Comunidad de Paz, lo que se convierte en una violación flagrante de nuestro derecho al territorio y a la custodia del medio ambiente sano.

  • El miércoles 12 de junio de 2024, un sujeto no identificado ingresó sin permiso alguno a nuestra propiedad privada San Josesito. Según porque tenía una reunión con un supuesto abogado.

Agradecemos de nuevo a numerosas comunidades de Colombia y del mundo sus manifestaciones de solidaridad ante el agravamiento de la persecución contra nuestra Comunidad de Paz. Destacamos particularmente los juiciosos y extensos documentos que ustedes han enviado a los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a los diversos poderes del Estado Colombiano exigiendo justicia y protección de manera muy ponderada y precisa, en respeto por los tratados internacionales y la misma Constitución Nacional.

Comunidad de Paz San Jose de Apartado

Junio 16 de 2024