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Una vez más, nuestra Comunidad de Paz se dirige al país y al mundo para dejar constancia de los hechos que permanentemente atentan contra la población de nuestro entorno y contra nuestra Comunidad de Paz.

Desde hace muchos años, se viene denunciando la presencia de los paramilitares en nuestra región, lo cual es de conocimiento público generalizado. El horror que ellos siembran en las zonas donde hacen presencia es un fenómeno claramente ligado a las fuerzas militares, al lado de las cuales comenzaron a operar, por las cuales fueron entrenados, dotados de armamentos, uniformes y con las cuales patrullaron conjuntamente durante muchos años hasta que el clamor de la comunidad internacional los obligó a clandestinizar sus relaciones con ellas, llegando a acuerdos de apoyo mutuo discreto pero continuando con la tarea que les asignaron desde un comienzo: asumir las violencias que las leyes les tienen vedadas a la fuerza pública, generando un clima de miedo, silencio y muerte, e impidiendo que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades básicas.

Esta difícil situación sigue desplazando forzadamente a personas que han tenido que abandonar sus hogares y, muchas veces, vender sus tierras por miedo a ser asesinados al no aceptar ser sometidos y controlados. En el último año, varias familias de nuestra Comunidad de Paz y otras del entorno nuestro han tenido que huir de sus propiedades para salvar sus vidas, dejando atrás sus bienes, animales y medios de subsistencia.

Además, la impunidad y la falta de justicia han caracterizado la respuesta del Estado a estos hechos. El asesinato de Nalleli Sepúlveda y Edinson David, ocurrido el pasado 19 de marzo, lleva más de cinco meses sin que se hayan esclarecido los hechos ni se haya sancionado a los responsables. Las investigaciones por parte de la Fiscalía no han avanzado, lo que ha permitido que los responsables de estos hechos sigan en libertad, sometiendo y controlando a la población civil y mientras la misma fuerza pública difunde entre los pobladores de las veredas la versión criminal que los mismos victimarios construyeron el mismo día del crimen: que fue su misma familia y su comunidad de paz la autora del homicidio.

La ausencia de justicia y la impunidad absoluta imperante han generado un sentimiento de desesperanza y frustración entre la población, que se siente abandonada por el Estado y sin protección ante la violencia. Por el contrario, se evidencia que desde el aparato judicial solo se quiere incriminar a las víctimas, como ha sido la tradición conocida, mas no a los verdaderos responsables de los hechos.

Los nuevos hechos de los cuales dejamos hoy constancia, son los siguientes:

  • El miércoles 26 de junio de 2024, durante el día, nuestra Comunidad fue informada de una serie de fiestas que se estarían realizando en la zona, donde la presencia paramilitar y la exhibición de pornografía han sido el escenario principal.

  • El viernes 28 de junio de 2024, un poblador de la región se acercó a nuestra Comunidad para manifestarnos, que varias personas habitantes de la vereda la Esperanza; Erien Tuberquia, Benjamín Higuita, Daney Tuberquia, Aníbal de Jesús Higuita entre otros, habían acudido a la fiscalía a declarar contra nuestra Comunidad de Paz, manifestando que la Comunidad de Paz era la autora intelectual y material de los hechos ocurridos el pasado 19 de marzo de 2024, en la vereda la Esperanza. A través de la mentira y el engaño, crearon toda una campaña de odios, persecuciones y muertes contra nuestra comunidad. Nos matan y luego nos acusan de ser los responsables, el descaro y la infamia no tiene límites.

  • El martes 2 de julio de 2024, nuestra comunidad de nuevo fue informada de que algunos integrante, s de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Esperanza, estaban anunciando impulsar acciones mediáticas y jurídicas contra nuestra Comunidad, afirmando tener testimonios de personas que habitan en el corregimiento de Nuevo Antioquia para señalar a Diego Ceballos, el esposo de Nalleli y a Germán Graciano, el representante legal de nuestra Comunidad de Paz, como los autores del vil asesinato de nuestros hermanos Nalleli y Edinson, el pasado 19 de marzo de 2024, para lo cual pretenden negar que el padre de Diego estuviera hospitalizado en esas fechas y que Diego lo estuviera acompañando, pues estos hechos constituyeron el desmentido más evidente que puso al descubierto la suciedad y perversidad de su calumnia. Sigue, pues, avanzando la mentira y la calumnia de este grupo de pobladores orientados por el funcionario de FEDECACAO, CESAR JARAMILLO, los cuales han intentado unir a otros pobladores con calumnias y engaños contra nuestro proyecto de vida.

  • Los días jueves 4 y lunes 8 de julio de 2024, varios pobladores se acercaron a nuestra comunidad para denunciar el discurso que ha manejado la Fiscalía, contra nuestra Comunidad. Según los testigos, varios funcionarios de la Fiscalía de Apartadó le han dicho a pobladores que ellos citan a declarar, que la Comunidad de Paz era formadora de niños que posteriormente enviaba a los diversos frentes guerrilleros de la región. Fuera de la falsedad y suciedad de esa estrategia, no dudamos que responde al plan de desprestigio contra nuestra Comunidad, impulsado por militares y paramilitares.
  • En esta misma primera semana de julio, los paramilitares intentaron reclutar a tres jóvenes menores de edad en una de las veredas del corregimiento de San Jose de Apartadó.

  • El martes 9 de julio de 2024, funcionario de la JEP y excombatientes de las FARC, hicieron presencia en las veredas de la linda y la región del mariano en el corregimiento de San José de Apartado. Con el propósito de exhumación de cuerpos humanos.

  • El jueves 11 de julio de 2024, recibimos una comunicación del Fiscal Freddy Hernán Parra T, en la cual se nos conmina a dar declaraciones por hechos acaecidos contra la comunidad en julio de 2012 y 24 de enero de 2014. Esta misma misiva fue recibida el pasado viernes 28 de junio de 2024.

Se le olvida a la fiscalía y a sus funcionarios que nuestra comunidad tiene ruptura con el aparato judicial de Colombia desde el año 2004, decisión que fue motivada por los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas al DIH sin contar los tortuosos escenarios que la Comunidad padeció hasta entonces, y que aún continúa padeciendo. Ruptura que para el año 2005 se extendió a todo el aparato institucional del Estado Colombiano después de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, ampliamente conocida en el país, dónde fueron asesinadas 8 personas entre ellas un menor de 18 meses, a manos de militares y paramilitares, masacre que 19 años después continua en IMPUNIDAD. Ahí, la fiscalía ha jugado un papel esencial en el encubrimiento de semejante atrocidad contra la Comunidad.

Desde entonces, los miembros de nuestra Comunidad de Paz nos declaramos en objeción de conciencia, mecanismo amparado en la Constitución Colombiana.

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  • Del jueves 18 de julio al domingo 21 de julio de 2024,nuestra Comunidad de Paz, acompañada de comunidades nacionales y de diversas organizaciones internacionales, llevó a cabo una peregrinación a las veredas La Esperanza y Mulatos de San José de Apartadó, con ocasión de cumplirse los cuatro meses del vil asesinato de nuestros compañeros Nalleli Sepúlveda y Edinson David. Su memoria nos impulsa a no olvidarlos y a reclamar justicia por los hechos que apagaron sus vidas. En dicho recorrido se pudo evidenciar la presencia de paramilitares vestidos de civil en algunos lugares del camino, a la vez que se percibió un clima de muerte que repetía la misma consigna elaborada por César Jaramillo y los paramilitares que dice «No más Comunidad de Paz«. Han pasado cuatro meses desde aquel hecho y las investigaciones no operan; por el contrario, van en camino a incriminar a las víctimas, como ha sido la costumbre inveterada de las fiscalías de la región, mientras los responsables siguen libres controlando la zona.

  • El viernes 19 de julio de 2024, en horas de la tarde, un joven paramilitar, al parecer reclutado desde hace más de un año, ingresó a uno de nuestros asentamientos, se supo que el joven estaba amenazado de muerte por sus reclutadores. Como este caso, hay muchos jóvenes en la región, menores que vienen siendo reclutados por los paramilitares sin que se haga nada para evitarlo por parte de las instituciones competentes. Incluso algunos de estos jóvenes ya han sido asesinados por los mismos paramilitares o por el ejército en otras zonas del país. Nuestra Comunidad de Paz, en muchas ocasiones hemos dejado constancias públicas de esta barbarie, pero las instituciones se hacen siegas y mudas ante estas realidades.

  • El sábado 20 de julio de 2024, en el corregimiento de San José de Apartado, se difundió por redes sociales el señalamiento de que la Comunidad de Paz había saqueado y exhumado los restos humamos de forma clandestina en la vereda la linda para luego cobrarlos. Ante ello, no nos queda mas que reafirmarnos en nuestro principio de respeto a la dignidad humana y, precisamente por ello, jamás moveríamos los restos de nadie sin consentimiento y presencia de sus propios familiares, y mucho menos clandestinamente. De igual forma, nos reafirmamos en la postura valiente que adoptó nuestra Comunidad de NO ACEPTAR la ley de justicia y paz y de reparación a las víctimas, nuestros muertos no son mercancía que se negocian, jamás serán chatarras del mercado de la muerte.

  • El lunes 22 de julio de 2024, a las 19:00 horas, un sujeto no identificado ingresó muy sospechosamente a La Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Al tratar de identificarlo, escondió sigilosamente el radio de frecuencia FM que traía consigo y luego huyó del lugar.

  • El viernes 26 de julio de 2024, a través de medios de difusión local, se tuvo conocimiento según el cual el ejército habría capturado a varios paramilitares en un lugar cerca de las veredas Arenas Bajas y El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, que luego fueron transportados en un helicóptero. Según informaciones de campesinos, estas personas eran las encargadas de realizar reuniones obligatorias con los campesinos de algunas veredas.

  • El domingo 28 de julio de 2024, en horas del día, recibimos una llamada telefónica en la que un poblador de la zona nos advertía que tenemos que cuidarnos, pues se están anunciando nuevas amenazas contra la Comunidad de Paz como represalias por las recientes capturas de paramilitares realizadas por el ejército en las veredas de Arenas Bajas y El Porvenir.

  • El jueves 1 de agosto de 2024, a través de medios noticiosos regionales la fuerza publica daba el parte operacional en el cual informaban de la captura y desarticulación de una red de comunicación compuesta por paramilitares (Clan del Golfo) que operaban en veredas del corregimiento de San José de Apartadó. Si bien, la fuerza pública se alaba por dichos resultados, no es otra cosa más que dar algún tipo de resultado ante la opinión publica para tranquilizar a quienes viven del negocio ilícito, pero la alianza es cada vez mayor.

  • El domingo 4 de agosto de 2024, mientras una delegación de nuestra comunidad transitaba por el sitio conocido como chontalito, paraje ubicado en el corregimiento de San José de Apartado, fueron sorprendidos por dos paramilitares que portando arma y radios de comunicación continuaron escaneando frecuencias.

  • El sábado 10 de agosto de 2024, durante el día, nuestra Comunidad fue informada de un acto muy sospechoso en el que varios sujetos se transportaban en una camioneta sin placas por la carretera que conduce de Apartadó al casco urbano de San José, preguntando por los espacios donde juegan los niños.
  • En la tercera semana de agosto de 2024, se llevó a cabo una reunión convocada por paramilitares en un lugar de la vereda la Unión, allí, hizo presencia varios paramilitares portando arma larga y prendas militares y una mujer quien coordino la reunión con los habitantes del sector.

  • El jueves 29 de agosto de 2024, se noto la fuerte presencia de un grupo de paramilitares que portando arma larga y vistiendo prendas militares recorrieron algunas áreas de la vereda mulato medio.

  • El lunes 2 de septiembre de 2024, varios pobladores de la región se acercaron a nuestra Comunidad para informarnos que la versión de algunos paramilitares en la región, es que la muerte de Nalleli y Edison el pasado 19 de marzo en la vereda la Esperanza, fue negociada y pactada entre lideres de la Comunidad de Paz y comandantes paramilitares, en reunión llevada a cabo en Piedras Blancas del Municipio de Carepa.

En estos más de 27 años de comunidad, jamás hemos escuchado a los perpetradores de crímenes contra la comunidad, reconocer su autoría. Hemos enterrado a mas de 412 de nuestros compañeros y compañeras y ni la fuerza pública, ni los paramilitares, ni la guerrilla han reconocido su responsabilidad.

  • El miércoles 4 de septiembre de 2024, tuvimos conocimiento de la amenaza de muerte contra un poblador civil de la región, al parecer los paramilitares han escalado el caso a sus comandantes quienes determinen la ejecución extrajudicial contra el civil.

  • El jueves 5 de septiembre de 2024, nuestra comunidad fue informada de las amenazas de los paramilitares contra Roviro López, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad, el anuncio paramilitar fue: “el monito aquel que vive en el otro lado, que no nos vaya a dar papaya por que matamos ese HP sapo”

  • El lunes 9 de septiembre de 2024, tuvimos conocimiento amplio y suficiente del plan de invasión al predio la Roncona, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, plan que viene siendo liderado por Hugo Alberto Molina Torres, habitante del corregimiento de San José de Apartadó, y quien ha tenido una afinidad con las directivas de la Cooperativa Cacao Vive, especialmente con FREDY VIDAL.

El sometimiento, el control y el miedo no cesan de desangrar nuestra región, donde nuestra Comunidad de Paz y la población del entorno continuamos luchando por la justicia y la memoria de nuestros compañeros asesinados sin ser escuchados. A pesar de las innumerables denuncias, la impunidad y el control empresarial y paramilitar siguen reinando en la zona. Los intereses económicos ligados al paramilitarismo son un recordatorio constante del peligro que enfrentamos los defensores de los derechos humanos. La falta de justicia e investigación hace que se siga incriminando a las víctimas, como ha sido la costumbre, siendo esto un insulto a la justicia. Nuestra Comunidad de Paz sigue en la mira, ya que la amenaza y la muerte se sigue ejecutando bajo la sombra de un Estado que legitima la injusticia y el accionar paramilitar. Si bien el gobierno central tiene otra mirada, su impotencia frente a un aparato de justicia totalmente putrefacto que exigiría un cambio radical, es lamentable.

Agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones a todas las personas y comunidades de Colombia y del mundo por sus manifestaciones y compromiso de solidaridad ante la difícil situación que vivimos. Nos brindan moral para seguir adelante en nuestro proyecto de vida. A todos ellos nuestra gratitud inmensa.

Comunidad de Paz San José de Apartadó

Septiembre 11 de 2024