Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha vivido en los últimos meses una experiencia muy particular. Desde el año pasado (2024) aceptamos entrar en un proceso de negociación de Solución amistosa con el Estado, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin renunciar aún a la Ruptura con el Estado, dado que las razones y motivos de esta decisión no han cesado, a pesar de remontarse 20 años atrás.
El actual gobierno del Presidente Petro ha logrado modificar algunas instituciones, entre ellas la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la cual ya no se ocupa preferentemente de negar toda responsabilidad de agentes del Estado en los crímenes, sino que está reconociendo la misma en casos emblemáticos como el de nuestra Comunidad de Paz. Por ello hemos exigido reparar daños monumentales y concretos perpetrados por agentes del Estado, mientras no sean imposible de reparar como los centenares de muertes y desapariciones. Tampoco hemos buscado traducir todo daño en equivalentes monetarios, pues la mayoría de nuestros valores no tiene ningún carácter mercantil ni se pueden tasar en dinero. Hemos exigido que se revisen actuaciones impactantes de la falsa y podrida “justicia” que ha actuado en la región durante décadas; hemos exigido que se nos devuelva el buen nombre pisoteado por los grandes medios masivos de información y por el podrido aparato judicial; hemos exigido que se reconozcan nuestros títulos legales sobre nuestros predios colectivos; hemos exigido que el Estado renuncie a cobrarnos, como víctimas, por sus crímenes de despojos, desplazamientos y masacres que sus agentes han cometido, gravando nuestras tierras abandonadas con impuestos multimillonarios.
Pero si bien el proceso de Solución amistosa avanza de manera satisfactoria, la otra faceta del Estado continúa hiriéndonos sin descanso ni vergüenza. El Clan del Golfo, estructura paramilitar avasallante hoy en el país, domina la región de Urabá y la casi totalidad de las veredas de San José de Apartadó, como verdadero gobierno de facto, con la aquiescencia de todas las instituciones que hipócritamente se arropan entre sí para mantener ese aparato perverso. Se consideran la única autoridad reinante y cuentan con la complicidad silenciosa de casi todas las instituciones como el Ejército, la Policía, la Fiscalía, un gran número de Juntas de Acción Comunal, como aquellas que le firmaron a FEDECACAO el extraño “contrato” titulado “no más comunidad de Paz”, o las que han encubierto a los asesinos de nuestra compañera Nalleli y del niño Edison hace un año en la vereda La Esperanza. El Clan del Golfo cuenta con militantes, que sus adherentes son remunerados con gruesas sumas de dinero, lo que les ha permitido captar grandes bloques de desmovilizados de las antiguas FARC, sectores de la sociedad, políticos, empresarios entre otros. Hoy día circulan numerosas especulaciones sobre los montos de sobornos a diversidad de funcionarios estatales de la región y al personal de los medios masivos, para mantener el Statu quo dominado por el Clan del Golfo.
La complicidad de la fuerza pública con este dominio del Clan es evidente. En marzo de 2024 el comandante de la Brigada 17 les manifestó abiertamente a visitantes internacionales que no acatarían la orden dada por el Presidente Petro de pedirle perdón a nuestra Comunidad de Paz por la multitud de crímenes cometidos contra nosotros. Pero ahora han llegado a un atrevimiento excesivo: en febrero de 2025 el comandante de la Brigada 17, Coronel Luis Enrique Camargo Rodríguez, instauró una acción de tutela contra una alta funcionaria del gobierno de Petro, la Doctora Gloria Cuartas, jefe de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, alegando que las declaraciones de dicha funcionaria por su red social X, el 19 de febrero de 2025, vulneraban el buen nombre y la honra de los militares.
Lo que la Doctora Cuartas había expresado era textualmente lo siguiente: “Presidente, espero que el nuevo ministro de defensa nos ayude a resolver esta compleja relación interna de la Brigada 17 y la Policía de Urabá contra el proyecto autónomo de paz, creador ético, ejemplo para el mundo. El Clan del Golfo no obra sin ellos.”
La jueza promiscua de Carepa, Ruth I. Betancur Henao, acogió la acción de tutela, y sin investigar en absoluto si realmente existía una relación compleja entre la Brigada 17 y el paramilitarismo de Urabá, violando incluso las normas de su jurisdicción para esos casos que involucraban a funcionarios de rango nacional, falló la tutela en favor de los militares, en un acto de vergonzosa sumisión, el 12 de marzo de 2025, ordenándole a la Doctora Cuartas retractarse de sus declaraciones en el término de 48 horas. Pocos días después, el 28 de marzo, el Juez Primero Civil del Circuito de Apartadó, Dr. Martín Gómez Ángel Rangel, anuló lo actuado por la juez de Carepa, no solo por haber desconocido sus límites jurisdiccionales en esos casos sino porque una rápida lectura del Decreto 2647 de 2022 que delimita las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, dejan en evidencia que la Doctora Gloria Cuartas sólo estaba cumpliendo con sus deberes al hacerle esa solicitud al Presidente.
Posteriormente la acción de tutela fue anulada de fondo por un juez del Juzgado municipal de Apartadó.
Todo muestra que la Brigada 17 no aprende lecciones fundamentales dentro de su actuar. En efecto, en 2020 la misma Brigada 17 había instaurado otra acción de tutela contra nuestra Comunidad de Paz, con la pretensión de que la justicia censurara un conjunto de constancias históricas nuestras, difundidas por las redes sociales, alegando el mismo argumento de vulneración del buen nombre y la honra de los militares. Contaron entonces con otra jueza incondicional a sus desafueros e ignorante de sus normas, pero el caso llegó en revisión a la Corte Constitucional, la cual recibió numerosos “amici curiae” de juristas internacionales que cerraron filas en defensa del derecho a la libre expresión. Tampoco esa juez ignorante se había preguntado si las constancias se referían a algo verdadero o falso y si denunciaban asuntos de gravedad que deberían ser examinados. Nada de eso les importaba sino solamente complacer a los militares. Los mismos magistrados de la alta Corte se dividieron en sus argumentos y en la controvertida sentencia T-342/20 registraron de todos modos que había ocurrido una vulneración del buen nombre de los militares de dicha brigada, pero mantuvieron el respeto al derecho a la libre expresión y se negaron a hacer retirar de las redes sociales nuestras constancias históricas y a prohibirnos seguir utilizando esos canales, controversia que derivó en una demanda de anulación de dicha sentencia. El magistrado que había redactado la primera versión de sentencia, pero luego fue cambiado, finalmente redactó un profundo Salvamento de Voto en donde define los alcances del derecho al buen nombre. En un párrafo que puede claramente aplicarse al caso de la Doctora Gloria Cuartas, el Magistrado Jorge Enrique Ibáñez afirma:
“La jurisprudencia en vigor relativa a la protección de la garantía constitucional al buen nombre, exige la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular. Así, quien tiene en su contra decisiones judiciales que desvirtúan la existencia de una conducta irreprochable no está en posición de reclamar la protección de su derecho al buen nombre por delitos u omisiones cometidos en el pasado. La Corte ha sido enfática en manifestar que el derecho al buen nombre, además de ser personalísimo, está relacionado directamente con “la valía que los miembros de una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la persona el componente que activa la protección del derecho”. Sumado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos humanos han reconocido que la protección del derecho al buen nombre que se aplica a personajes públicos y funcionarios del Estado es más débil en razón a la exposición que se deriva de su actividad, y al derecho que tienen los ciudadanos a controlar el ejercicio del poder público, y reprochar de forma apacible las actuaciones estatales o acontecimientos sociales. De manera que, la alta exposición al foro público supone inexorablemente que los funcionarios acepten el “riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral”.
Con base en la jurisprudencia en vigor esbozada, el análisis de la garantía del derecho al buen nombre y honra de los miembros de la Brigada XVII requería de la buena imagen, reconocimiento social y conducta irreprochable de quienes alegan su protección, así como del análisis sobre la tolerancia que estos debían tener frente a las críticas opiniones o revelaciones adversas, por su alta exposición al foro público. No obstante lo anterior, la Sentencia T-342 de 2020, en pleno desconocimiento de la jurisprudencia constitucional esbozada, decidió proteger el derecho a la honra y buen nombre de los miembros de la Brigada XVII, y omitir: (i) las más de 10 providencias del Sistema Interamericano de Derechos humanos, los varios autos de seguimiento proferidos por la Corte Constitucional y las diferentes decisiones judiciales, tanto del ámbito nacional como internacional, que dan cuenta de que en el pasado se ha comprobado la complicidad entre la Brigada XVII del Ejército Nacional y los grupos paramilitares que actúan en la zona del Urabá, para el ejercicio de acciones violentas, que han victimizado a los miembros de la Comunidad de Paz; y (ii) el hecho de que los mensajes que dieron lugar a la acción de tutela fueron publicados por la Comunidad de Paz en el mismo periodo de tiempo en el que se emitieron a su favor medidas provisionales de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por hechos similares a los denunciados en las referidas publicaciones, que daban cuenta de la actualidad de la situación.”
Pero no ha sido solamente la Brigada 17 la que muestra desconocimiento y desacato a la Constitución y a las leyes, también las fiscalías de la región incurren en lo mismo. Desde hace ya muchos años nuestra Comisión se había acogido al artículo 18 de la Constitución en su respeto al principio de Objeción de Conciencia y había llegado a una ruptura con la “justicia”, luego de acudir por muchos años a todas las instancias del aparato judicial para proteger los derechos constitucionales y universales de sus integrantes, cosechando solamente evidencias de corrupción y podredumbre moral aterradoras que de ninguna manera se pueden llamar “justicia”. Sin embargo, muchos funcionarios judiciales continúan llamando a integrantes de nuestra Comunidad de Paz a rendir declaraciones en procesos que continúan recorriendo los mismos métodos corruptos, dejando intactos los horrendos procesos del pasado.
Los hechos que en esta ocasión dejamos ante la humanidad y la historia son los siguientes;
- El miércoles 12 febrero de 2025, nos llegó una comunicación de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se citaba a tres miembros del consejo interno de nuestra Comunidad para declarar sobre hechos ocurridos en años pasados.
- El jueves 27 de febrero de 2025, mientras miembros de nuestra Comunidad de Paz, se disponían para realizar labores comunitarias de mantenimiento de la vía que conduce San José – Apartado, a la altura del predio Comunitario La Roncona, fueron interrumpidos por una patrulla de la Policía Nacional (patrulla 41-0391), quienes instalaron un retén sin ningún tipo de señalización sobre el predio Comunitario. Al momento, nuestra comunidad solicitó a los agentes moverse del sitio para poder tener la libertad de realizar el trabajo de mantenimiento de la vía, la respuesta de los agentes fue negativa, afirmando que no se iban a mover del lugar, alegando que quien tenía que irse, era la misma Comunidad de Paz.
- El miércoles 5 de marzo de 2025, nuestra Comunidad fue informada de otra solicitud en la cual la Fiscalía General de la Nación, pretendía ingresar al predio Las Delicias en la vereda la Esperanza, para recrear la escena del crimen del 19 de marzo de 2024. Dicha solicitud fue rechazada por nuestra Comunidad de Paz, toda vez que dicho acto es más bien una revictimización y escarnecimiento del dolor sufrido por toda nuestra comunidad, sin que hasta ahora haya indicio alguno de que la “justicia” esté adoptando métodos más creíbles de esclarecimiento de los hechos.
- El jueves 13 de marzo de 2025, nos llegó una nueva comunicación de la fiscalía general de la Nación, en la cual se citaba a tres miembros del Consejo Interno. La comunidad de paz y sus miembros se declaran en objeción de conciencia.
- El viernes 14 de marzo de 2025, varios pobladores de la vereda la Unión, se acercaron a nuestra comunidad para manifestarnos la preocupación y miedo que sienten, por las amenazas de los paramilitares, quienes han impuesto cifras y montos de dineros que cada familia debe aportar para la construcción de una carretera ilegal en el trayecto que va del casco urbano de San José a la vereda La Unión. La advertencia a los pobladores de la zona es que el dinero para las carreteras se debe recoger porque “es una orden de ya saben quién”.. En la zona hay total control paramilitar. Varias familias de diversas veredas del corregimiento de San José de Apartadó, se han acercado a nuestra Comunidad para dejar constancia de las continuas amenazas a los que son sometidos.
- El miércoles 19 de marzo de 2025, un nutrido grupo de nuestra comunidad y acompañantes internacionales recorrimos los espacios que vieron por última vez a nuestros mártires Nallei y Edinson. Al cumplir un año de absoluta impunidad, la barbarie de los asesinos no parece contenerse, se habla nuevamente de construcciones de carreteras impulsadas por los mismos asesinos y responsables de la muerte de nuestros hermanos.
- El viernes 21 de marzo de 2025, en acto de presentación de informe y avances de los acuerdos suscritos entre el Estado Colombiano y la Comunidad de Paz, tuvo lugar la intervención de la Magistrada de la JEP, Dra Nadiesda, quien se refirió al proceso que adelanta dicha justicia transicional como un gran avance en el esclarecimiento de los hechos acaecidos especialmente en Urabá; dicha intervención no solo inapropiada, fue una revictimización a la Comunidad, por cuanto su mecanismo contemplado lo único que ha servido es para darle garantía y licencia a los criminales para que sigan cometiendo delitos crímenes de Lesa humanidad.
- El martes 25 de marzo de 2025, nuestra comunidad fue advertida de nuevas amenazas de muerte contra miembros y líderes comunitarios. En dichas amenazas los paramilitares anuncian que han determinado asesinar a cualquier miembro de la comunidad, afirmando que las muertes de Nalleli y Edinson, (19 de marzo de 2024) le dolió a todos los miembros de la Comunidad de Paz, lo que significa que a la comunidad, cualquier muerte le va a doler. En dicha amenaza advirtieron a varias personas cercanas nuestras, que no pernocten en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en Mulato Medio, si no querían que les pase lo mismo que a Nallei y a Edinson.
- El miércoles 26 de marzo de 2025, se pudo evidenciar la presencia de grupos paramilitares que han hecho presencia en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la vereda la Resbalosa denominada La Cabaña, donde además fue perpetrada la masacre del 21 de febrero de 2005.
- El jueves 27 de marzo de 2025, varios pobladores de las veredas del corregimiento de San José, se sintieron atemorizados por las amenazas provenientes de reconocidos paramilitares contra las familias que no quieran contribuir con dineros para la construcción de carreteras por algunas veredas del corregimiento de San José, anunciando que quien no colabore se tiene que ir de la región o no responden por su vida, anunciando que ningún propietario de finca debe rehusarse al paso de la carretera en la zona.
- El viernes 28 de marzo de 2025, en la Aldea de Paz, Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio, un reconocido paramilitar estuvo por varias horas en inmediaciones al predio, haciendo actos de control y vigilancia al movimiento de los miembros de la Comunidad. No importó que allí se encontraban acompañantes internacionales.
- El domingo 30 de marzo de 2025, hacia las 20:30 horas el reconocido paramilitar alias el Cochero intentó ingresar al asentamiento de San Josecito.
- El lunes 31 de marzo de 2025, en una reunión desarrollada en el casco urbano de San José, se dio la instrucción de que todos las personas adultas e inclusive la población que agrupa a todos los menores de edad ubicada en la parte baja y a los alrededores de San José, obligatoriamente debían aportar recursos para la construcción de la carretera que conduciría a las veredas de Mulato y la Resbalosa. Dicha imposición seria bajo la premisa de “acción solidaria con las familias de mulatos y resbalosa”.
- Este mismo lunes 31 de marzo de 2025, reconocidos paramilitares que departían en un establecimiento público en el casco urbano de San José, declararon ante varios civiles, que [… uno de los planes para destruir esa comunidad es abusando sexualmente de las mujeres de esa hp comunidad…].
- El martes 1 de abril de 2025, una comisión de la Comunidad que se dirigía al sitio del Lanzamiento de la Comisión de Evaluación de la Justicia el cual fue instalado en la Universidad de Antioquia sede Apartadó, fue interceptada y obligada a pagar un peaje extorsionista ubicado ilegalmente a la altura del paraje la Balsa en la vía que de Apartadó conduce a San José, más tarde, la propia Defensora Nacional Dra IRIS MARIN y su comitiva quien visitó nuestro asentamiento de San Josecito, fue testigo del peaje ilegal instalado sobre el sitio en mención.
- El miércoles 9 de abril, fuimos enterados de la muerte de Robinson Rueda, joven oriundo del corregimiento de San José, al parecer habría sido asesinado en Medellín. También, se conoció que habría un plan para asesinarlo en el mismo san José en días anteriores en una de sus últimas visitas.
- Este mismo jueves 9 de abril de 2025, varias organizaciones internacionales en un gesto de solidaridad por la población de nuestro entorno y nuestra Comunidad, dirigieron un llamado al presidente Petro, con el fin de parar las violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática se repite una y otra vez.
- El martes 15 de abril de 2025, se tuvo conocimiento oficial de la implementación de un proyecto denominado como ¨pagos por servicios ambientales¨ impulsada por la JEP y otras entidades, mientras se adelanta estos proyectos sociales, la verdad y la justicia queda rezagada y pisoteadas, ¡que tristeza ¡.
- El viernes 18 de abril, un poblador de la región se nos acercó para ponernos en conocimiento del malestar de reconocidos paramilitares contra nuestro proceso de vida comunitaria y contra Roviro López miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
- El miércoles 23 de abril de 2025, la fiscalía general de la nación, nuevamente cita a un miembro del consejo interno para rendir indagatoria ante dicha entidad. Nuestra Comunidad y sus miembros una y otra vez ha manifestado públicamente la objeción de conciencia contemplado en la constitución Colombia en su artículo 18.
- El viernes 25 de abril de 2025, un reconocido paramilitar se acercó a un miembro de nuestra Comunidad de Paz, para advertir que no van a aceptar más la presencia de miembros de la Comunidad de Paz en el área del cañón de mulatos ni Resbalosa. Advirtiendo que la Comunidad de Paz, era un hp estorbo en la región y no iban a permitir la presencia de sus miembros en la zona.
- El domingo 27 de abril de 2025, un poblador de la zona, se nos acercó para manifestarnos que reconocidos paramilitares estarían esperando la oportunidad para asesinar a tres miembros del consejo interno de nuestra Comunidad de paz, Arley Tuberquia, Roviro López y German Graciano, y dejar las evidencias como si fuera un hecho aislado del contexto de la región. No nos extraña esta estrategia Judicial y de muerte; por un lado, la fiscalía en acto de acoso una y otra vez envía citaciones a miembros del consejo interno, entre tanto; los paramilitares amenazan de muerte precisamente a nuestros compañeros del consejo interno citados por la fiscalía.
- El miércoles 30 de abril de 2025, En el predio las Delicias en la vereda la Esperanza, hacia las 22:24 horas, dos paramilitares intentaron ingresar a la vivienda principal comunitaria al momento que una comisión humanitaria de nuestra comunidad se encontraba allí con el acompañamiento internacional, a la reacción de la comunidad, los sujetos emprendieron la huida.
- En los últimos días se ha venido materializando lo que los paramilitares venían anunciado; la apertura de carreteras en algunas de las veredas del corregimiento de San José de Apartadó. La construcción de dichas carreteras ha sido impuesta por los paramilitares no solo de forma ilegal, sino además imponiendo tarifas obligatorias a la población campesina de la región. Proyecto que no solo viene siendo financiado y promovido por los paramilitares, además de la acogida y respaldo que algunas juntas de acción comunal del territorio han hecho de dicho proyecto criminal. En la vía ilegal que se viene construyendo entre el casco urbano de San José y la Vereda la Unión, un miembro de nuestra comunidad fue afectado por el paso de dicha carreta, advirtieron a su familia que no se podía oponer a la construcción de dicha vía, que no se metiera en problemas, que evitaran problemas dejando pasar la carretera por dicho predio, allí cortaron árboles de cacao del miembro de nuestra Comunidad de Paz. Se impone el terror paramilitar disfrazado de desarrollo social.
Mientras nos aproximamos a un escenario de entendimiento por parte del Estado, de las causas que dieron lugar a la ruptura con el aparato Estatal, se nos revela a todas fuerzas el proyecto de exterminio contra nuestro proyecto de vida.
Sin embargo, nuestras convicciones irrenunciables por la vida, nos da la fuerza aun, para exponer una vez más y cuantas veces sea necesario nuestras propias vidas.
Guardamos la memoria de todas y todos nuestros hermanos y hermanas caídos a los cuales homenajeamos con nuestra lucha y resistencia pacífica no violenta, que un día con nuestros hermanos decidimos emprender.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
mayo 6 de 2025