Acto de Reconocimiento y Desagravio del Estado Colombiano a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó-
Plaza de Armas del Palacio Presidencial – Junio 5 de 2025
Señor Presidente GUSTAVO PETRO URREGO
Amables asistentes todos a este acto de reconocimiento y de desagravio:
Quiero aprovechar estos escasos minutos para entregarle en sus manos, Señor Presidente, estos dos volúmenes que contienen los textos de 422 Constancias Históricas, gritos angustiosos que la Comunidad de Paz ha lanzado al país, al mundo y a la historia, entre los años 2002 y 2024, luego de comprobar que sus quejas legales ante las instituciones del Estado y aún ante tribunales internacionales, no solucionaron en absoluto la barbarie a la cual ha estado sometida durante 28 años. Estas Constancias fueron precedidas por 90 derechos de petición radicados desde 1997 en los más altos despachos del poder ejecutivo y de los más altos órganos de control del Estado, sin obtener ninguna respuesta.
Ojalá estos dos volúmenes permanezcan en los archivos presidenciales que comienzan a salvaguardar testimonios de lo que en realidad ha sido el Estado de facto que hemos sufrido, distante años luz de la imagen mediática y oficial que se ha querido vender del mismo. Allí podrá comprobar que las sentencias de las altas Cortes, no solamente son desacatadas sino explícitamente despreciadas, vilipendiadas y denostadas por los más diversos funcionarios del mismo Estado; que la fuerza pública proclama con prepotencia por todos los caminos veredales que está facultada para hacer lo que quiera, o, en sus palabras, “lo que le dé la gana”, sin que nadie se oponga, consigna que ha precedido en esta sangrienta historia los más horrendos actos de barbarie; que el poder judicial pisotea sin vergüenza todos los principios rectores del derecho; que ha llegado a crearse, incluso, una convicción generalizada en la población más sufrida, de que el poder judicial investiga sólo a las víctimas y jamás a los victimarios. La monstruosa impunidad que hoy cumbre millares de millares de crímenes oficiales horrendos que arrastra esta historia, así lo revela nítidamente.
Cuando entre 2016 y 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos pidió hacer algunos balances, en un documento de cerca de mil páginas logramos tipificar, a la luz de los tratados internacionales, 1462 crímenes horrendos, entre ellos 307 vidas humanas cruelmente destruidas. Con posterioridad a 2018 se han podido registrar otras 27 vidas destruidas, de la Comunidad de Paz y de su entorno geográfico y social, y a la vez se ha multiplicado y asumido como rutina cotidiana un modelo de accionar paramilitar que ha convertido en hábito normal un conjunto de violaciones de libertades y derechos fundamentales, vulnerados por el solo acto de presencia armada de los ya conocidos como “paras” y por el asentimiento que le otorgan todas las instituciones con su tolerancia, su silencio, su inacción, su desidia, su moral omisiva, su recurso arraigado de mirar para otro lado cuando una reacción ética podría acarrear consecuencias políticas o económicas desventajosas. Y todo ese accionar rutinario se ha ido arraigando en camuflajes, en la confección de falsos informes, de calumnias, de falsificaciones, de estigmatizaciones fanatizadas y mediatizadas, de procesos seudo-judiciales tramposos.
Ese modelo de incidencia “para” rutinizado concentra en un golpe de vista de su presencia las asambleas a las que son convocados los pobladores para dictarles sus mandamientos, prohibiciones y coacciones; para prohibirles cultivar sus propias tierras, para notificarles las nuevas cargas tributarias, ilegales y extorsivas, a que son sometidos constantemente y las sanciones implacables con se castiga la no obediencia a sus mandatos, incluyendo entre las sanciones, el destierro y la muerte.
Este modelo de incidencia paramilitar se ha ido multiplicando en la geografía de San José de Apartadó y de las comunidades del entorno. Nadie ignora, en la región, la ofensiva de cooptación crecientes de las organizaciones comunales. Tampoco se ignora que en la mira de la dirigencia paramilitar está la obsesión de apoderarse de los predios propiedad de la Comunidad de Paz, por ello sus ofensivas violentas y amenazantes contra las propiedades comunitarias de La Esperanza, de Mulatos, de La Resbalosa, de Arenas, de la Holandita, de la Roncona. de La Unión, del Cuchillo, de las Nieves, de El Porvenir. Nadie ignora tampoco que algunos de los líderes que están hoy aquí presentes, están condenados a muerte por la misma dirigencia paramilitar que constantemente les está recordando que esa sentencia se va a cumplir pronto.
Mucho le agradece la Comunidad, Señor Presidente Petro, haber convocado a este acto de desagravio que al menos repruebe desde principios jurídicos universales e ineludibles tanto cúmulo de horrores perpetrados por este Estado contra gente tan vulnerable y por periodos tan prolongados. La Comunidad de Paz enaltece el recto comportamiento y compromiso de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que ha conducido este proceso de solución amistosa junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría Nacional del Pueblo.
Sin embargo, una mirada al presente y al futuro se impone señor presidente frente a un dolor cuya raíces no se han tocado: Apartadó y Urabá son gobernados de facto por el paramilitarismo criminal que se apoya en la tolerancia y pasividad moral de todas las instituciones. No se vislumbra hasta el momento ningún asomo de cambio. 33 artículos del Código Penal son los que describen con mayor realismo el accionar cotidiano de quienes allí gobiernan de facto y profundizan el sufrimiento de esta Comunidad que ha cumplido ya 28 años de horrores.
Muchas gracias.
Javier Giraldo Moreno, S.J.