Sacar a la luz las responsabilidades del pasado es tan esencial como prevenir sus repeticiones en el futuro. Construir lo uno sin lo otro es ignorar que los edificios necesitan cimientos.

Así transcurre desde hace un tiempo la vida de nuestra Comunidad de Paz, como también la del país. Estamos inmersos en dos dinámicas contradictorias:

Por un lado, luego de recibir, durante 27 años, mensajes y documentos que disculpaban de todo crimen al Estado y a sus instituciones, ahora el Estado comienza a reconocer que ha sido monstruosamente cruel con nosotros y que sus millares de crímenes no se pueden seguir negando y escondiendo tan olímpicamente sino intentar algunos resarcimientos. Lo está haciendo a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual adelanta una búsqueda de Solución Amistosa con nosotros, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Pero, por otro lado, la realidad de los poderes realmente vigentes en nuestro entorno nos ha estado demostrando que quieren exterminarnos y que ya han descubierto caminos efectivos para hacerlo: ante todo se da la consolidación territorial del paramilitarismo bajo el dominio del Clan del Golfo, en cuanto poder ejecutivo de facto, irrecusable. Se trata de una estructura armada montada bajo los planos de una guerrilla, pero dirigida por poderosos capitales del narcotráfico y condicionada a la neutralización de la fuerza pública, del aparato judicial y de las mafias del poder político. Dentro de ese esquema se puede seguir proclamando que si hay delitos también hay “justicia”; que si hay violencias también hay políticas de paz y que si hay injusticias también hay mecanismos de participación ciudadana. Todos estos remedios manejan con maestría la ficción.


Este año, en marzo, nos mataron a NALLELI y a EDINSON, luego de muchas semanas de gritarnos que debíamos someternos a sus planes y criterios de desarrollo, y que si no lo hacíamos eran capaces de tumbarnos las cercas y de derramar nuestra sangre si nos oponíamos a sus buldóceres. Finalmente lo hicieron con alevosía y nos demostraron además que tenían capacidad de manipular los medios para que la gente asimilara versiones falsas y perversas de los hechos y que encima de todo podían neutralizar la “justicia” y cooptar muchas organizaciones de base comunales, beneficiarias de sus mendrugos. También hemos ido comprobando que quienes retaban sus órdenes o sus negocios aparecían “muertos en accidentes” o en “extrañas circunstancias” lejos de sus veredas de base.


Estábamos casi convencidos de que una oleada de “Colombia Humana” jamás podría funcionar en la política con una caricatura de “poder judicial” como el que Colombia arrastraba desde hacía muchas décadas, saturado de podredumbres. Pero cuál no sería nuestra sorpresa al conocer el papel que la Cancillería colombiana le envió a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el 10 de octubre de 2024, en respuesta a la comunicación conjunta que le enviaron los Procedimientos Especiales de la ONU el 2 de agosto anterior, aterrados por los crímenes que buscan aniquilar nuestra Comunidad de Paz. La Cancillería enumera allí 11 diligencias que parecerían demostrar que el crimen de Nalleli y Edinson estaría siendo investigado y sancionado con diligencia e imparcialidad excepcionales. Sin embargo, quienes hemos vivido de cerca tales diligencias, no podemos aceptar que la inspección de unos cadáveres, o la del escenario del crimen, o los interrogatorios de unos vecinos puedan aportar algo a la verdad, mientras se había ofrecido a los victimarios todo el tiempo posible y todas las circunstancias favorables para que manipularan a sus anchas sus mentiras encubridoras.


La parafernalia seudo judicial que rodeó nuestros últimos duelos, nos reconfirmó, como Comunidad, en nuestra decisión de vieja data de ruptura con la justicia afianzada en una profunda y radical OBJECIÓN DE CONCIENCIA, apoyada en el artículo 18 de la Constitución colombiana.


Queremos dejar constancia de otros hechos vividos en los últimos meses:

  • El sábado 16 de septiembre de 2024 fue hallado en extrañas circunstancias el cuerpo sin vida del poblador JUAN DE JESÚS GRACIANO, residente en la vereda El Cuchillo de San José de Apartadó. Algunos de sus parientes cercanos habían sido víctimas del primer caso que registramos en la zona de allanamientos, torturas, desapariciones y asesinatos colectivos por parte del ejército nacional, en julio de 1977, cuando aún no existía la Comunidad de Paz, casos que todavía el poder judicial del Estado está en deuda de aclararle al país y a la humanidad y de realizar una elemental justicia. Sobre el asesinato de Don Juan de Jesús, se rumora que se debió a la venta de una tierra de su propiedad que parientes suyos le habrían hecho a paramilitares y que éstos le exigieron que se la certificara, ante lo cual él se habría negado, razón por la cual lo habrían asesinado.
  • El martes 8 de octubre de 2024, habitantes de la vereda La Esperanza difundieron una nueva amenaza contra la familia de Germán Graciano, representante legal de nuestra Comunidad de Paz, afirmando que la enfermedad que actualmente padece el Señor César Jaramillo, directivo de FEDECACAO e impulsor de la persecución contra nuestra Comunidad, es producto de acciones de brujería contra él por parte de su familia, y que en caso de que él muera, la madre de Germán sería asesinada.
  • El miércoles 9 de octubre de 2024, la Comunidad fue informada de que algunos paramilitares buscaron a conocidos de Germán Graciano para advertirle que el plan de asesinarlo no se ha olvidado, sino que sigue en pie.

  • El martes 15 de octubre de 2024, al menos 10 paramilitares, portando uniformes camuflados y armas largas, hicieron presencia cerca de nuestra propiedad privada La Suerte, en la vereda Arenas Altas. Según se comenta, estarían transitando hacia la vereda La Unión, pues por esos días el movimiento de paramilitares entre las veredas Arenas Altas y La Unión fue muy intenso, al parecer por labores de abastecimiento de alimentos para sus tropas.
  • El viernes 01 de noviembre de 2024, hacia las 21:00 horas, varios sujetos portando armas de fuego, fueron vistos cerca de nuestra propiedad privada la Roncona, aledaña a nuestro asentamiento central de San Josecito. Luego de un tiempo se retiraron, pero fueron vistos por personas que transitaron por el lugar en vehículos particulares.

  • El domingo 03 de noviembre de 2024, hacia las 08 de la mañana, cuando una comisión de nuestra Comunidad se dirigía de la vereda Mulatos hacia San Josecito, encontró en el camino al paramilitar alias “Chimenea”, el cual se comunicaba abiertamente hablando con sus jefes por radios de alta frecuencia.

  • El lunes 04 de noviembre del 2024, en horas del día, en plena sesión de la Universidad Campesina, nos llegaron informaciones de fuertes amenazas de muerte contra JOSÉ ROVIRO LÓPEZ, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz. En los últimos 3 días se ha podido notar la presencia de personas armadas muy cerca a nuestras propiedades privadas: La Roncona y La Holandesita. Antes de esta amenaza, José Roviro había sido amenazado en la Zona Humanitaria de La Resbalosa mientras coordinaba las actividades de la Comunidad de Paz en dicha zona, conminándolo a que se retirara de allí. Por eso estas amenazas revisten mayor gravedad.
  • El martes 5 de noviembre de 2024 un miembro de nuestra Comunidad fue abordado por un paramilitar quien le reveló que estaban preparando un atentado contra dos o tres miembros de la Comunidad, pero de tal manera que tuviera apariencia de un hecho de delincuencia común.
  • El jueves 07 de noviembre de 2024, en extrañas circunstancias fue hallado el cuerpo sin vida del joven BRADIER ALONSO RÍOS, en el municipio de El Carmen del Viboral, Antioquia. Bradier era integrante de una de las familias fundadoras de la Comunidad de Paz, pero, a diferencia de sus hermanos y hermanas, tuvo algunas dificultades para cumplir con todas las exigencias del Reglamento de nuestra Comunidad y decidió retirarse e incursionar en la búsqueda de trabajos independientes, llegando a una zona de mucha violencia como lo es el oriente antioqueño. Sin que aún sean claras las causas, un día su cadáver apareció en un potrero con heridas mortales en su cuello. Fue posible rescatar sus restos, los cuales fueron sentidamente despedidos por nuestra Comunidad.
  • El domingo 10 de noviembre de 2024, dos reconocidos paramilitares ingresaron al sitio que nuestra Comunidad tiene reservado para la comercialización del cacao y se unieron al arriero de otro propietario para poder inspeccionar los detalles de la comercialización. Se le hizo ver al propietario del cacao lo irregular del procedimiento y finalmente ellos se retiraron.
  • El martes 12 de noviembre de 2024, hacia las 20:00 horas, un hombre portando capucha, ingresó al sitio que nuestra Comunidad tiene reservado para la comercialización del cacao y allí estuvo durante un tiempo grabando todo en un celular, dando la impresión de cumplir una clara misión de espionaje, sabemos de quién.
  • El lunes 18 de noviembre de 2024, hacia las 07 horas de la mañana, el reconocido paramilitar alias “Chimenea”, hizo presencia en el centro de comercialización del cacao que tiene la Comunidad en el asentamiento de San Josecito, tomó como pretexto la intención de vender un poco de cacao, tuvo tiempo de cambiarse de ropa y observó durante un buen rato el movimiento del centro.
  • El miércoles 20 de noviembre de 2024, cuando una Comisión de nuestra Comunidad de Paz se dirigía hacia la vereda Mulatos al tiempo con una delegación de la Unidad de Restitución de Tierras, al atravesar el Cerro de Chontalito pudieron observar, en la casa que los paramilitares tienen allí, al menos ocho paramilitares recién llegados con mulas de carga.

  • Los días viernes 22 y sábado 23 de noviembre de 2024, mientras delegados de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras escuchaban a familias reclamantes de tierras en las veredas de Mulatos Medio y La Esperanza, integrantes de las juntas de Acción Comunal de dichas veredas aprovecharon para calumniar a nuestra Comunidad de Paz afirmando que habíamos usurpado esas tierras y que ellos eran sus verdaderos propietarios.
  • El jueves 05 de diciembre de 2024, de nuevo llegaron amenazas de muerte contra tres miembros de nuestro Consejo Interno: GERMAN GRACIANO, ARLEY TUBERQUIA y JOSÉ ROVIRO LÓPEZ. En el caso de este último, según se le informó a nuestra Comunidad, los paramilitares han estado en varias ocasiones en los caminos veredales y en la carretera que va de Apartadó a San José, esperando un momento propicio para ejecutarlo, sin importar si está acompañado por otras personas o por acompañamiento internacional; según dicen, atacarían a quien estuviera acompañándolo. También se sabe que ARLEY TUBERQUIA es espiado en la ciudad de Apartadó, esperando aprovechar alguna de sus salidas para asesinarlo.
  • El martes 10 de diciembre de 2024, hacia las 6:30 horas de la mañana fueron vistos tres paramilitares acechando los alrededores de nuestro centro comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio. En ese momento se encontraba allí José Roviro y su familia y otras familias de la Comunidad, las cuales, al notar la presencia de los paramilitares, optaron por tomar medidas y no salir de allí en ese momento, por seguridad.
  • El martes 17 de diciembre de 2024, la Comunidad tuvo conocimiento de un plan de invasión por parte de personas traídas de otras regiones. Dicho plan de invasión estaría siendo organizado entre otros, por personas de la vereda la Esperanza contra nuestro predio Las Delicias, donde 9 meses antes fueron asesinados nuestros compañeros Nalleli Sepúlveda y Edinson David.

  • El miércoles 18 de diciembre de 2024 la Comunidad tuvo conocimiento de un video divulgado por la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza en el cual, a raíz de un aparente incumplimiento de la Alcaldía de Apartadó para construir unos albergues, anuncian una nueva agresión contra la Comunidad de Paz y una nueva invasión y destrucción de nuestro asentamiento. Dicen que eso nos les importa lo más mínimo, y en efecto, en marzo pasado no les importó destruir y derramar sangre.


Cuando se reciben denuncias sobre el accionar paramilitar en muchas regiones del país, cualquier persona percibe claramente que nada de eso puede tener cobertura legal. Abrogarse el poder de convocar a asambleas a poblaciones sobre las cuales no se tiene ningún mando legítimo, extorsionándolas con amenazas de multas o castigos de destierro o de muerte, no solo revela el talante criminal de la estructura convocante y de sus jerarquías e integrantes sino también la complicidad inocultable de quienes legalmente tienen la misión de garantizar los derechos ciudadanos, complicidades inocultables en las juntas comunales, los concejales, los alcaldes, los diputados, los gobernadores, los ministros, los congresistas, los fiscales, los jueces, los magistrados, los personeros, los procuradores, los defensores … a ninguno de ellos se la ha procesado por complicidad.

El porte, uso y comercio de armas, práctica central del paramilitarismo, es censurado en los textos legales, pero a ese respecto la hipocresía de las instituciones ha sido proverbial, pues el Decreto 3398 de 1965 permitió entregarles armas ilegales a grupos civiles durante 24 años sin sancionar a ningún alto responsable de la acumulación delictiva.

Una lectura superficial del Código Penal colombiano, muestra a primera vista que el accionar cotidiano rutinario del paramilitarismo se alimenta de 33 definiciones de acciones delictivas de dicho código, Sin embargo es evidente que ni la Policía, ni el Ejército, ni la Fiscalía se ocupan de investigar ni sancionar dichas acciones. La impunidad absoluta permite que el paramilitarismo actúe a sus anchas sin ningún estorbo. Esto explica el fondo de nuestra tragedia.


Nuevamente agradecemos a todas las comunidades y personas que nos han bridado respaldo moral y que han sostenido nuestra resistencia

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 20 de 2024