Foto: Centro de control paramilitar, veredas de San José de Apartadó.
De nuevo, nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude a la humanidad y a la historia para dejar constancia de nuevas agresiones, las cuales se han concretado en reiteradas amenazas de exterminio contra nuestro proceso de vida solidaria aferrada al destino de caminar en la construcción permanente de un mundo más justo.
Hace ya mucho tiempo que las instituciones del Estado colombiano, apoyadas por los medios masivos de información, tratan de convencer al país y al mundo de que en Colombia ya no existen grupos paramilitares.
Esas estructuras armadas que no son reconocidas legalmente aunque se coordinan secretamente con toda la institucionalidad y gozan de la impunidad más atrevida por parte del aparato judicial, aunque su papel sea perpetrar sistemáticamente los crímenes que la humanidad ha detestado con el mayor horror, en el pasado se mostraron públicamente como acompañantes y protegidas de la fuerza pública, usando sin pudor sus mismos uniformes, espacios y movimientos, y como amigos y tolerados por el empresariado y los medios masivos de comunicación.
Pero en la medida en que sus crímenes fueron repudiados por tribunales internacionales y su relación con el Estado y con el Establecimiento ya fue imposible de ocultar, diseñaron otro modus operandi basado en relaciones camufladas con la institucionalidad, con el empresariado y con los medios masivos de información; la financiación secreta de sus actores y cómplices mediante el apoyo de las mafias de la droga, y la adopción del ANONIMATO como método encubridor de su criminalidad.
Dentro de estos parámetros ha sido posible que, por ejemplo, el CLAN DEL GOLFO, estructura paramilitar oriunda de Urabá y originada en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, sea hoy protegida por una población civil y por una institucionalidad regional que le permite adoptar prácticas que en el Código Penal figuran como delitos graves, pero que ellos han logrado aclimatarlos en la tolerancia rutinaria como “prácticas normales” que ya nadie cuestiona y que ningún órgano de control, ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el Ejército, ni la Procuraduría, ni la Defensoría se atreven a ocuparse de ello, pues entrarían en desconfianza de los reales poderes que allí dominan.
Gracias a dicha aclimatación del crimen, se ha vuelto “NORMAL” el ejercicio cotidiano de estas prácticas delictivas claramente tipificadas en el Código Penal. Para alguien conocedor de las leyes y de la estructura del ordenamiento constitucional colombiano, todo esto es contrario a la Constitución y a las leyes. Un grupo civil cualquiera, no elegido por procedimientos constitucionales, no puede abrogarse la autoridad de gobernar de esta manera sobre quienes quieran, inventar normas, imponerlas, exigir contribuciones económicas, imponer sanciones y menos con penas de destierro y de muerte, incautar tierras y bienes, usar armas, patrullar territorios con armas imponiendo su voluntad y llegar hasta disponer de la vida de quienes se niegan a obedecer, luego de recurrir a todo tipo de intimidaciones, todo en nombre de una ideología de élite o de un “orden” que no es compatible con los derechos y garantías que un día fueron fijados en una ley marco constitucional, que a pesar de sus decenas de reformas por voluntad de una élite económicamente privilegiada y corrupta, conserva aún algunos principios jurídicos básicos.
Cuando se está recibiendo testimonios constantes de pobladores campesinos o urbanos que describen los delitos puntuales que constituyen la práctica permanente de los paramilitares, cualquiera se aterra al abrir el Código Penal y descubrir que al menos 35 de sus artículos describen las conductas delincuenciales que configuran la cotidianidad paramilitar y que el poder judicial no se ocupa en lo más mínimo de investigarla, procesarla y sancionarla, ni el resto de las instituciones estatales da señal alguna de estar haciendo algo por detener ese torbellino de crímenes, dejando a la multitud de las víctimas en completo desamparo. Y algo aún peor es que tal criminalidad es protegida por sumas enormes de dinero. Hoy día las juntas de acción comunal son tentadas de sobornos descomunales para que se callen y para que apoyen los diseños del paramilitarismo en su territorio.
Claro que la denominación de PARAMILITARES conserva toda su legitimidad etimológica, pues su poder decisivo se apoya en un accionar armado –militar- si bien la legalidad de tal recurso a las armas es sólo “de facto” que no “de iure” o “de derecho”, pero su fuerza se la da la tolerancia institucional de su ilegalidad.
Los hechos de los cuales queremos dejar constancia hoy son los siguientes:
- El lunes 6 de enero de 2025, tuvimos conocimiento de nuevas amenazas y de un plan de asesinatos contra algunos líderes de nuestra Comunidad de Paz. Dicho plan está diseñado para ejecutarlo y luego hacerlo entender como un intento de hurto, aislándolo del contexto regional y local.
- El lunes 13 de enero de 2025 nuestra comunidad tuvo conocimiento de una convocatoria a pobladores de la región a una reunión para el día 15 de enero en la vereda La Esperanza, de nuestro corregimiento de San José de Apartado, a la cual asistirán varios personajes. El tema central seria plantear nuevamente la necesidad de construir una carretera sobre la vereda la Esperanza que a la vez afecte nuestra propiedad privada LAS DELICIAS. Hay que recordar que, desde hace un largo tiempo, a nuestra oposición razonada a la construcción de dicha vía, los impulsores de la carretera respondieron con insultos, agresiones, robos, destrucciones, anuncio de derramamientos de sangre y su cumplimiento en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en marzo de 2024. Parece que el afán por exterminarnos no cesa.
- El domingo 19 de enero de 2025, un poblador de la zona se nos acercó para manifestarnos que en algunas veredas del corregimiento estaba circulando, por las redes y grupos de red social, una exigencia e invitación a la población civil de incursionar sobre nuestro predio Las Delicias, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz. Afirman que ya se han cansado de estar caminando, y que urge ya que la carretera llegue hasta la Esperanza. Dicha incitación pretende romper de nuevo alambres, portones y cercas, y construir dicha carretera por encima de cualquiera que se oponga.
- El viernes 24 de enero de 2025, varias personas habitantes del Cañón de Mulatos, fueron convocadas a reunión por paramilitares que ejercen control en la zona. En dicha reunión, los paramilitares dieron a conocer la prohibición de hacer cultivos de pan- coger en extensiones de tierras superiores a 1 hectárea. De igual forma, anunciaron las tarifas o cifras de dinero que cada vereda debe aportar para contribuir en la construcción de carreteras por las veredas; dichas tarifas, impuestas por los paramilitares, oscilan entre los 10 y los 30 millones de pesos, los cuales deber ser aportados por algunas veredas obligatoriamente para dicha carretera. Según los paramilitares, ellos colocan las máquinas y los operarios y la población civil debe aportar el combustible para dichas máquinas. Los paramilitares anunciaron a algunos civiles, que, en el caso de la Comunidad de Paz, la orden es que “ningún civil se meta con esa HP Comunidad, que ellos ya tienen todo cuadrado para exterminarla y borrarla del planeta”.
- “El jueves 30 de enero de 2025, nuestra Comunidad tuvo conocimiento de un plan por parte de los paramilitares de quemar nuestro asentamiento de San Josecito y hacer pasar la quema como una incursión armada de un grupo no identificado.
- El miércoles 5 de febrero de 2025, tuvimos conocimiento amplio y suficiente, donde en una comunicación, un reconocido paramilitar recibía información de un tercero donde se le indicaban los movimientos de GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de nuestra Comunidad de Paz.
- El sábado 8 de febrero de 2025, se tuvo conocimiento de que algunos pobladores afines al paramilitarismo están usando como argumento amenazas por parte de la Comunidad de Paz contra ellos, para solicitar esquemas de protección a la UNP, bajo el pretexto de que, desde uno de nuestro asentamiento de la Comunidad de Paz, como lo es San Josecito, salen grupos armadas que realizan operaciones que afectan el área urbana de San José y luego bajan por el rio y se esconden en nuestro asentamiento. Tal infamia, no puede ser más burda y perversa, pues muchos de nuestros principios minuciosamente guardados, siendo sancionados quienes los transgreden, son absolutamente contrarios a semejantes calumnias ignominiosas.
- El viernes 14 de febrero de 2025, en el paraje Chontalito de San José de Apartadó, los paramilitares realizaron reunión con personas vinculada a las juntas de acción comunal de la zona para plantearles su necesaria colaboración económica a la construcción de carreteras en diversas veredas del corregimiento, entre ellas nuevamente la que atravesaría la finca Las Delicias de la vereda La Esperanza, propiedad de nuestra Comunidad de Paz, donde el paramilitarismo había cobrado ya varias vidas humanas por oponernos a la construcción de vías ilegales, destructoras del medio ambiente, planeadas en servicio a multinacionales extractivistas, construidas con impuestos extorsivos e ilegales y realizadas con maquinaria militar en estrecha colaboración con planeaciones definidas por la población sumisa al paramilitarismo, sin ninguna participación democrática. Mientras el paramilitarismo trataba de convencer a las juntas sobre dicha colaboración con su plan ilegal de carreteras, desde hace días en la vereda La Balsa paraje la Batea, están obligando a todo vehículo o moto que transita entre Apartadó y San José a pagar peajes extorsivos para un supuesto arreglo de una vía abandonada por la Alcaldía, arreglo que tampoco se comprueba. Ante estas exigencias de imponer cifras exorbitantes de dineros al humilde campesinado de San José de Apartado, muchos pobladores sienten temor, y angustia, pues se ven obligados a participar de dicha orden o serán expulsados de la región, según los paramilitares.
- El domingo 16 de febrero de 2025, al momento en que una delegación internacional ingresaba a nuestro asentamiento comunitario de San Josecito, tres personas que transitaban en moto, pararon al frente de nuestro asentamiento y afirmaron “es pura guerrilla lo que esta llegando”
Compartimos esta constancia con quienes han sido solidarios con nosotros, al cumplirse los 11 meses de la última masacre sufrida por nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza. Nos indigna la impunidad en que aún permanece ese nuevo crimen de lesa humanidad, pues es parte de un macro-crimen sistemático que cumple ya 28 años de impunidad. No nos convence en absoluto el camino recorrido por la Fiscalía para investigarlo, basado en los clásicos métodos que sólo han producido efectos impunes en varias décadas: interrogar y ensañarse en las víctimas y no en los victimarios; apoyarse en el testimonio que es lo más manipulable, ya sea por el soborno o por la amenaza, y realizar pruebas supuestamente técnicas pero extemporáneas y viciadas. De allí que no se den condiciones mínimas para nuestra colaboración, menos cuando centenares y centenares de crímenes horrendos permanecen sin ninguna justicia ni esclarecimientos.
Podrán acabar con nuestras vidas, pero jamás con nuestras voces que claman por la verdad en medio de un mar de impunidad.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Febrero 19 de 2025