Nos pronunciamos ante el país y el mundo nuevamente como Comunidad de Paz, pese a que el Estado con su brazo militar nos quiera silenciar también por vía judicial.
Dejamos constancia sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por querer luchar civilmente por un proceso de vida y la defensa del territorio.
El 06 de diciembre de 2018 nuestra comunidad de paz ejerció su derecho de protestar por las injusticias que estamos atravesando, en el cual nuestra Comunidad en cabeza del Representante Legal German Graciano Posso se le impuso una sanción por desacato, “con arresto de cinco (5) días, los cuales debería purgar en los calabozos de la estación de policía ubicadas en San José de Apartado, y multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Consejo Superior de la Judicatura”. Situación que se suma a la lista de agresiones que vivimos en la Comunidad y el corregimiento en general causadas por los paramilitares y la fuerza pública.Nos movilizamos por el Corregimiento y las calles de Apartadó en nombre de nuestras víctimas y en contra de la decisión de la Juez María Mariela Gómez Carvajal, al pretender obligar a nuestra Comunidad a retractarse de hechos publicados en las Constancias públicas, que NO faltan a la verdad, como la masacre del 21 de febrero de 2005, en la que se comprobó la responsabilidad y convivencia en su actuar de militares y paramilitares. En años anteriores se dejaron en conocimiento las pruebas con testigos ante la fiscalía para que se investigara y juzgaran a los responsables de tanta barbarie, pero quienes terminaron sentenciados con la muerte por esas denuncias fueron los mismos testigos. Nuestras constancias son una medida de protección para la población y es el medio para dar nuestro testimonio, para denunciar con la esperanza de que el Estado investigue sus instituciones, pero la respuesta es que ahora los victimarios obligan a retractarse a las víctimas.
Nos presentamos allí en las instalaciones del juzgado segundo promiscuo de Apartadó, con mujeres, hombres, niños y abuelos, NO para retractarnos, sino para ratificar nuestro clamor de que nos dejen vivir en paz, que respeten la vida, la tierra, el territorio, nuestra Comunidad.
Yo soy German graciano Yo soy Comunidad de paz, porque todos somos comunidad, alzamos nuestra voz para decirle a los jueces allí, las victimas no tenemos por qué ser judicializadas como si fuéramos el victimario. Seguiremos denunciando a quienes nos quieren acallar, a quienes agreden y asesinan al campesino, a quienes nos roban los jóvenes para la guerra, a quienes nos despojan de nuestras tierras, a quienes cada día acaban con la serranía deforestando y contaminando los yacimientos de agua, a quienes imparten justicia solo para beneficiar a los que desplazan y nos despojan del territorio.
El 04 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó al Estado colombiano, referirse a la orden de arresto contra German Graciano. El Relator Michel Forst Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, manifestó en su cuenta de Twitter: “Estoy sumamente preocupado por el posible arresto de Germán Graciano, Representante legal de @cdpsanjose. Estuve en esta comunidad hace unos pocos días, durante mi visita oficial a #Colombia. Estaré dando seguimiento a esta situación”. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, también manifestó es “Inadmisible intento de encarcelar al líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, German Graciano. Las sanciones penales nunca deben ser utilizadas para reprimir denuncias de interés público. Espero que la @CConstitucional revise este caso”.
El mismo 06 de diciembre de 2018, voces de solidaridad de todas las regiones del país y de todo el mundo –Ayuntamientos, diputados, congresistas, organizaciones sociales, redes-, le pidieron a la Corte Constitucional que revisara ese fallo de Tutela, que no solo va en contra de nuestra Comunidad de Paz en un rincón del Urabá, sino también de todas esas personas y comunidades indígenas, afros, campesinas y organizaciones sociales en el país que defienden los derechos humanos, por ser injusto y contrario a la ley. Pero este alto tribunal no tuvo en cuenta ninguna solicitud.
El 07 de diciembre 2818 a las 10:37 de la mañana, vía correo electrónico llegó una notificación, en trámite de consulta, emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, del Proceso de Incidente de Desacato, promovido por el Comandante de la Décimo Séptima Brigada, Carlos Alberto Padilla Cepeda, por considerar que la Comunidad –incumplió- el fallo de Tutela proferido por la Juez Segundo Promiscuo Municipal Apartado (Antioquia), María Mariela Gómez Carvajal, cuya decisión declara la nulidad de todo lo actuado.
En este, el despacho advierte “falencias que conducen a declarar la nulidad del trámite por violación al debido proceso, toda vez que la imposición de las sanciones obedece a la atención de claros principios constitucionales, como lo son la necesidad, la adecuación, la razonabilidad y la proporcionalidad”. Manifiesta el mismo despacho que Incidente de desacato que está en Consulta existe un “desconocimiento de estos principios”, y lo resume así: “La sanción por desacato que se impuso al señor GERMAN GRACIANO POSSO, en calidad de Representante Legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, se hizo sin tener en cuenta que por Resolución del 26 de Junio de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitero al Estado que se mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado entre ellos del señor GERMAN GRACIANO POSSO”.
Hoy 09 de diciembre de 2018, a las 6:00 am de la mañana encontramos panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en las afueras de nuestro asentamiento San Josesito, puestos allí por los paramilitares en la carretera que conduce desde el Corregimiento de San José hasta el Municipio de Apartadó y en las veredas LA Unión, Buenos Aires, Cristalina, La Linda, El Mariano, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas, El cuchillo, La Victoria, El Corregimiento de San José entre otras veredas. Con este acto manifestando que están por todo el territorio nacional. Mientras todo esto ocurre, nuestra comunidad, los campesinos de la región siguen viviendo la agresión paramilitar, que sigue sometiendo la población, cobrando vacunas por los animales que se tengan, por el cacao que se produzca, que vendan y compren, por la madera que se saque, cada rastra de madera la cobran a dos mil pesos y si no, no sale.
Nuestra Comunidad de Paz nació hace 21 años y 9 meses. Casi mil campesinos de las veredas de San José decidimos oponernos a que nos involucraran en la guerra a la fuerza y que nos acusaran de estar de un lado o de otro de la guerra para tener razones para matarnos. Por eso nuestro primer acuerdo común fue no participar en la guerra de ningún lado ni colaborar con los armados de ninguna manera. Pero al formar la Comunidad de Paz también decidimos que no íbamos a ser tolerantes con la injusticia ni con la impunidad. Por eso desde el principio aprendimos a no callar, a denunciar todas las violaciones a nuestros derechos.
Después de más de 8 años, en los que confiamos en que las entidades de justicia cumplirían su misionalidad, para lo que fueron creadas, y garantizarían nuestros derechos, los derechos del campesinado en el país. Pero no fue así, nos asesinaron muchos de nuestros líderes y amigos, nos siguen amenazando. Eso nos llevó a hacer una ruptura con la justicia porque nuestra conciencia no nos permitía seguir colaborando con algo que estaba muy lejos de servir para hacer justicia y que más bien servía para matar o perseguir a las víctimas. La misma Constitución colombiana afirma que nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia (Artículo 18) y nosotros fuimos claros: nuestra conciencia no nos permitía colaborar con algo que durante ocho años experimentamos como corrompido, pues los mismos testimonios que rendíamos los utilizaban de manera sucia.Cuando rompimos con la justicia, descubrimos que la Constitución obliga al Presidente de la República a garantizar los derechos de todos los ciudadanos (Artículo 188). Por eso acudimos a los derechos de petición al Presidente, contándole todo lo que íbamos sufriendo como atropellos de las mismas instituciones del Estado y pidiéndole que tomara medidas para protegernos, pero tampoco los Presidentes nos escucharon y más bien les mandaban nuestras peticiones a las mismas instituciones que violaban nuestros derechos.
También acudimos a tribunales internacionales y llevamos allí todas nuestras denuncias, pero esos tribunales son muy lentos y todavía no han tomado decisiones sobre nuestro caso. Ante todo esto, decidimos comunicarnos de manera permanente con la sociedad y con la comunidad internacional para enterarlas de lo que nos ha estado pasando. Hemos encontrado muchas comunidades en Colombia y en otros países que se solidarizan con nosotros, escriben al gobierno, nos dan apoyo y fuerza moral para defender nuestros derechos.
Como pueden ver, el único camino que nos quedó para no dejarnos destruir y exterminar por un Estado que siempre nos ha atacado y que tolera y apoya pasivamente a los grupos fuera de la ley que impulsan la violencia en nuestro territorio y violan todos nuestros derechos, ha sido no callarnos y mantener enterada a nuestra sociedad y al mundo de lo que nos pasa.
Todos los tratados internacionales de derechos humanos defienden el derecho a la libertad de expresión y mucho más cuando es nuestra expresión como víctimas y víctimas a las cuales les han cerrado todos los demás caminos para denunciar y protestar. No nos podemos dejar exterminar en silencio. Que al menos el mundo se entere cómo nos van destruyendo progresivamente con muchas formas de violencia. Contamos con la solidaridad de quienes tienen principios éticos y sentimientos de humanidad.
Agradecemos a las miles de voces de solidaridad del país y del mundo que siempre han creído en nuestro proceso de vida, que sienten nuestra resistencia como suya, pues al igual que nosotros la defienden desde sus lugares de residencia, les agradecerles desde nuestro corazones por toda la presión que han hecho en estos últimos días al estado colombiano, para intentar quitar la tutela en contra de nuestro representante German Graciano, la orden de arresto y tumbar la sentencia en contra no solo de German Graciano sino también en contra de nuestra comunidad de paz.
Comunidad de paz de San José de Apartadó
Diciembre 09 de 2018