Si bien los despachos oficiales continúan negándole a la comunidad internacional y a los órganos intergubernamentales que su persecución a las comunidades de paz no cede y cada semana añade nuevos crímenes a su haber, los hechos hablan por sí mismos y las responsabilidades del Jefe del Estado, de sus ministros y de la alta oficialidad de la fuerza pública es ineludible.
En los últimos días se han llevado a cabo nuevos episodios que revelan la contumacia del Estado colombiano en violar los derechos más sagrados de sus ciudadanos y su total ausencia de pudor en la comisión de sus crímenes:
- El sábado 17 de octubre de 2009, hacia las 16:00 horas, miembros del Ejército detuvieron, a la salida del caserío de San José de Apartadó, a los jóvenes Wilmer Zapata y Jesús Úsuga, pobladores de la vereda La Unión de nuestra Comunidad de Paz. Los militares los trataron sin fundamento alguno de “guerrilleros” y les manifestaron que tenían que vengar las muertes que el Ejército estaba sufriendo en la zona, descargando esa venganza en la gente de la región. Nuevamente calificaron a nuestra Comunidad de Paz como una “h.p. comunidad guerrillera”, anunciándoles que tarde o temprano los militares iban a gozar con la cantidad de muertes que iba a sufrir esa comunidad.
- El domingo 18 de octubre de 2009, hacia las 8:00 horas, en la salida de la vereda La Unión, miembros del Ejército detuvieron por más de media hora a los pobladores Reinaldo Areiza y Hubert Areiza, tratándolos también sin fundamento alguno de “guerrilleros”. Reinaldo había sido contactado en el pasado mes de Enero por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, e invitado a colaborar en la destrucción de la Comunidad de Paz, debiendo enfrentar, si no lo hacía, un proceso por rebelión y narcotráfico sustentado en falsos testigos, y recibiendo en pago, si lo hacía, sumas enormes de dinero. La denuncia del chantaje a todos los órganos del Estado y de la Comunidad Internacional, al parecer detuvo la ejecución del crimen, pero el Coronel Rojas Díaz continúa en su cargo y seguramente a ello se debe la continuidad de tantos hostigamientos y persecuciones, pues quien tiene la capacidad moral de tan viles chantajes, la tiene seguramente para perpetrar otros crímenes. Tanto Reinaldo como otros miembros de su familia han sido hostigados en repetidas ocasiones durante el último año. Los militares que los detuvieron el 18 de octubre les notificaron que “el apoyo internacional a la comunidad de paz se va a acabar muy pronto” y ello va a facilitar la destrucción de la Comunidad, objetivo que busca el Ejército intensamente, pues los militares afirmaban que con ello iban a disfrutar mucho. Seguramente aludían a la campaña mediática que ha desatado la Brigada XVII desde mayo de 2009 en adelante, utilizando las declaraciones colmadas de falsedades que ha dado el ex guerrillero de las FARC alias “SAMIR”, quien se entregó al Ejército en noviembre de 2008; ha permanecido ilegalmente en las instalaciones de la Brigada XVII y desde allí difunde calumnias contra la comunidad en forma permanente, por las emisoras radiales de la región, sin que ninguna autoridad intervenga.
- El lunes 19 de octubre de 2009, hacia las 16:00 horas, integrantes de la estrategia militar encubierta del Estado asesinaron en el corregimiento de Batata, del municipio cordobés de Tierralta, al joven JAIR JOHN REALES, de 22 años, quien había vivido antes en la vereda Naín, donde existe un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, en zona limítrofe entre San José de Apartadó y Tierralta. Los paramilitares, con trajes civiles y portando armas, le pidieron a Jair John que se identificara y luego lo condujeron a la salida de Batata donde lo degollaron. Nuevamente los paramilitares amenazaron a toda la población del entorno a la que conminaron una vez más a abandonar sus tierras, advirtiéndoles que si no se salen van a ser asesinados. Hay que anotar que en Batata hay presencia del Ejército y de la Policía y no obstante los paramilitares tienen allí una base con más de 200 unidades y se movilizan sin problema alguno por la zona.
- El jueves 22 de octubre de 2009 varios altos oficiales de la Brigada XVII le manifestaron a integrantes de organizaciones internacionales que la Comunidad de Paz “miente”; que sus denuncias son “falsas” y tienen como objetivo “desacreditar al Ejército”, utilizando el acompañamiento internacional para “amparar terroristas”. Además les advirtieron que sólo van a reconocer el asentamiento de San Josesito como cobijado por las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y van a desconocer los demás asentamientos de la Comunidad de Paz como beneficiarios de dichas medidas. En los 12 años de existencia de la Comunidad de Paz, Ejército y Policía han negado la existencia de los crímenes de manera gratuita y rutinaria. Las “investigaciones internas” que han prometido o realizado, contemplan solamente la autoinculpación de los autores como prueba válida, la cual, como es lo corriente, nunca se da, procediendo inmediatamente al “archivo” de los casos. Las investigaciones desarrolladas por los organismos de control han sido tan corruptas que nuestra Comunidad tuvo que decidir, en un momento dado, no volver a colaborar con una justicia tan descompuesta. Este año se le expuso a las Altas Cortes del Estado, de manera minuciosa, el nivel de corrupción de la justicia en la zona, pero las Altas Cortes, fuera de manifestar su profunda preocupación, dijeron que no había nada que hacer. Por otra parte, la Comunidad de Paz no es una comunidad delimitada por fronteras territoriales sino por la opción de quienes ingresan a ella, de respetar unos principios y exigir unos derechos plenamente legítimos dentro de la Constitución Nacional, por lo cual la Corte Interamericana ha exigido Medidas Provisionales para TODOS sus integrantes y aún más, para todas las personas que presten servicios a nuestras Comunidad de Paz. El Ejército no puede desconocer, a su arbitrio, nuestras asentamientos, menos decidir cuáles son y cuáles no son integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ni olvidar que nuestra COMUNIDAD DE PAZ fue integrada originalmente por desplazados de muchas veredas que, poco a poco, han ido retornando y reconstruyendo lo que el Estado les había destruido, manteniéndose todos estos asentamientos de retornados dentro de los Principios de Comunidad de Paz.
- El jueves 5 de noviembre de 2009 en emisoras locales de la región nuevamente alias “Zamir” estuvo hablando por espacio de varias horas contra la comunidad, mintiendo y agrediendo nuestro proceso. Acciones que demuestran el accionar de la Brigada XVII contra la comunidad. El Estado no actúa en absoluto ante una persona como ésta que ha hecho tanto daño a la comunidad, que ha cometido Crímenes de Lesa Humanidad y que por el contrario posee el apoyo, la impunidad y el favor para atacarnos y agredirnos.
Estos nuevos episodios revelan, una vez, más, la intención del Estado de destruirnos como Comunidad de Paz. Para lograrlo lo han intentado todo, perpetrando centenares de crímenes de lesa humanidad que la Justicia Internacional tendrá necesariamente que avocar, tarde o temprano. El Estado no tiene derecho a desconocer la Constitución, ni el Derecho Internacional, ni las mismas leyes penales y sus principios rectores. Los agentes del Estado que se mueven en la zona se ufanan de su posición de “ser Estado”, lo que según ellos les permite hacer lo que quieran y desconocer toda legalidad. De la manera más impúdica departen a diario con huestes paramilitares cuyas bases protegen a corta distancia de sus cuarteles. Con la misma impudicia anuncian masacres próximas; conminan al desplazamiento masivo; anuncian judicializaciones amañadas basadas en testigos sobornados; manipulan a supuestos reinsertados para difamar a nuestra Comunidad, a nuestros líderes y acompañantes, a través de los medios de desinformación que les rinden tributo, e incluso ejercen el chantaje más desvergonzado a través del teléfono, como hizo el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ en enero pasado, sin que sus superiores jerárquicos se hayan mostrado preocupados por semejante comportamiento, confirmándolo en su cargo y dejando a la población de la zona a merced de quien así delinque.
Nuevamente invocamos la solidaridad nacional e internacional de la gente honesta, con la cual siempre hemos contado, para urgir a los organismos de justicia internacional, como la Corte Penal Internacional, para que no dilaten más el enjuiciamiento de tan numerosos crímenes, pues esas dilaciones producen demasiado dolor y destrucción y acumulan demasiados cadáveres.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
Noviembre 8 de 2009