Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.
Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.
El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.
Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.
Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:
En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.
El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.
En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.
El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.
En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.
El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.
El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.
En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado. En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.
Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.
Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Diciembre 26 de 2019