A lo largo de los 27 años de vida que lleva nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hemos identificado como nuestro mayor victimario, junto con las instituciones del Estado colombiano, a las estructuras paramilitares que actúan como grupos de civiles armados y que gozan de pleno apoyo, aquiescencia y tolerancia del Estado y de las élites políticas que lo sustentan, lo cual se evidencia, sin dejar ninguna duda, cuando se comprueba la absoluta impunidad de todos sus crímenes.
Tal paramilitarismo ha asumido diversos nombres, pero en el avance del siglo XXI fue asumiendo, entre otras, la sigla de “Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC”, sigla intercambiable con las de “Clan del Golfo”, “Los Úsuga” o “Los Urabeños”. En un comunicado del 30 de marzo de 2024 anuncian cambio de nombre por el de “Ejército Gaitanista de Colombia”. El texto de dicho comunicado no puede estar más saturado de falsedades, en un intento por venderle al país y al mundo un veneno mortal con etiqueta de remedio saludable.
El Comunicado comienza por ponderar su tamaño, echando mano de estadísticas sobre su “desmovilización” difundidas entre 2003 y 2006, referida a cantidades superiores a las 30.000 personas. La gente medianamente informada en Colombia sabe que todo ello fue comprobadamente falso; que justamente por esas colecciones de engaños hoy día continúa prófugo de la justicia el Comisionado de Paz del ex presidente Uribe, Luis Carlos Restrepo; que muchos jóvenes y niños de los barrios fundidos en la miseria fueron reclutados para “desmovilizarse” sin haber sido nunca paramilitares, pero obligados a pasarle un alto porcentaje de la cuota que recibían del gobierno por su falsa desmovilización a unos cuantos jefes de las llamadas “autodefensas”, en medio de grandes festines extorsivos. La Ley 782, diseñada por el ex presidente Uribe, sirvió para que los paramilitares no pasaran por la justicia, pues la Dirección Nacional de Fiscalías no tenía registrados sus ‘alias’, única identidad con que se dejaron conocer en su militancia ilegal, y así pudieron pasar directamente de sus prácticas criminales a las estructuras seudolegales que Uribe les había preparado para ingresar en una nueva fase del paramilitarismo, según él “legal”: las redes de informantes y cooperantes, las empresas protegidas para apropiarse de las tierras, como las palmeras, cocaleras y muchas otras donde utilizaban nuevamente armas falsamente legalizadas.
Apoyándose en la continuidad de los conflictos sociales, las promesas incumplidas y las mentiras oficiales, el Comunicado trata de justificar su persistencia armada y su legitimidad bélica utilizando de la manera más sucia la memoria del líder social de hondo arraigo popular, Jorge Eliécer Gaitán. Y lo peor es que dicen asumir el clamor de Gaitán “por la restauración moral de la república”. Que una consigna de tanta altura moral la tome en sus manos un grupo tan criminal, constituye una ofensa que no tiene nombre porque sobrepasa todas las ignominias. Al definir su más reciente etapa, se atreven a presentarse como “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”. Quieren aparecer como luchadores en favor de las clases oprimidas, supuestamente levantados “contra la persecución y el exterminio al que han sido sometidos todos los que creyeron en las promesas de paz desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán hasta la fecha”. Pero quienes hemos sufrido su presencia en los campos no podemos no identificarlos con los que ejercen la persecución y el exterminio contra los pobres y los inconformes.
El Comunicado trata finalmente de borrar su identidad de paramilitares o neoparamilitares. Su discurso carece de argumentos para tapar el sol con una mano. Su historia se ha plasmado, a todas luces, en todos los rasgos del paramilitarismo y de nada sirve que citen algunas capturas o extradiciones decididas por los últimos gobiernos para probar que no han actuado siempre en unidad de acción con los cuerpos represivos del Estado y del Establecimiento.
Por lo que se refiere a la región de Urabá, donde ellos gobiernan hoy día sin oposición alguna, es imposible aceptar que una estructura armada cuya base económica se sustenta en los arsenales más descomunales del narcotráfico, lo que les permite sobornar con monstruosa propinas a funcionarios, fuerza pública, desmovilizados, líderes de acción comunal e informantes rasos denominados “puntos” que irrigan toda la geografía de las veredas, pretendan identificarse como fuerza que lucha por las clases oprimidas. Su poderío económico, político y militar les permite un control territorial milimétrico de sometimiento bajo el terror a sus intereses, hasta el derramamiento de la sangre de quienes desacaten sus órdenes, como acabamos de vivirlo dramáticamente en nuestra Comunidad de Paz. Desde que la fuerza pública fue drásticamente censurada por la comunidad internacional, dejó de acompañarlos en sus patrullajes criminales a la luz del día, pero su coordinación soterrada con ellos no se modificó, ya que la tolerancia de sus crímenes se proyecta en la impunidad absoluta de su violencia. Por ello, ya como AGC, ya como EGC, mantienen el control donde ejercen la esclavitud más aberrante contra la población campesina, al servicio de un modelo económico ganaderista, extractivista, anti-agrícola, anti-ecológico.
En último término, el Comunicado presupone que la población destinataria, embrutecida de antemano por los medios masivos de desinformación, ya no percibe que la obligan a aceptar que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Dejamos constancia ante el país y el mundo de los hechos vividos en las últimas semanas:
· El lunes 11 de marzo de 2024, tuvo lugar en la Alcaldía de Apartadó una reunión a la cual fueron convocadas algunas instituciones y juntas de acción comunal del corregimiento de San José de Apartadó. Uno de los temas polémicos se centró en la carretera que algunas juntas comunales han querido encajar a la brava en el predio Las Delicias, de nuestra Comunidad de Paz, en la vereda La Esperanza, proyecto que hemos rechazado reiteradamente por razones de fondo: amenaza transformar, degradándola, una zona medioambiental de gran valor; no ha contado con ninguna planeación democrática y ha evadido todos los procedimientos previstos en las leyes para la aprobación de tales obras; sus impulsores son grandes intereses y anuncian construirla con maquinaria militar y combustible aportado por los pobladores; su utilidad se ha calibrado como medio para introducir maquinarias al servicio de proyectos extractivistas de capitales extranjeros que responden a un modelo de desarrollo anti-agrícola, antiecológico, anti-comunitario y anti-nacional. Algunas de las intervenciones en dicha reunión de la Alcaldía, confirman con creces nuestros temores:
- El ciudadano LUIS SUAREZ, del Partido Comunes de Mutata, afirmó: “me he metido en estos territorios, he estado allá con los compañeros mirando un poco las ideas; las vías no se las ha construido nadie, las vías las han construido ellos mismos; a mí me consta que hace un año que estuve allá visitando a un compañero, en una asamblea, en una reunión, ellos decían cuanto iban a colocar de cuota por cada finca para hacer su vía (…).
- En la intervención de un vocero de la vereda La Unión, se quejó de que nuestra Comunidad de Paz denuncie el dominio que tiene el paramilitarismo en muchas juntas de acción comunal, entre ellas la de La Unión. Sin embargo, nuestra Comunidad extrañó que no reconociera que, por ejemplo ADOLFO GUZMAN, reconocido paramilitar, ejerció como vicepresidente de la junta comunal de La Unión y que tampoco se refiriera a hechos inocultables, como la reunión de paramilitares en el centro de la Unión el 6 de enero de este año, a la cual obligaron a participar a toda la población del entorno, tampoco se refirieron a las amenazas de muerte que vienen lanzando contra todos los que le informen a nuestra Comunidad de Paz sobre los desarrollos del paramilitarismo en dicha vereda.
- En su intervención FREDY VIDAL, miembro de la COOPERATIVA CACAO VIVE, presionó para que de esa reunión saliera algo positivo para el territorio, afirmando que “no queremos más derramamiento de sangre”, pues supone que en todas partes hay actores armados, pero presintiendo que se avecinan soluciones violentas afirma: “no queremos que esto vuelva a escalar a matarnos entre nosotros mismos, porque eso es lo que va a pasar en estos momentos; si no se trata la solución de aquí (…)”.
- En su intervención el comandante de la Brigada XVII, coronel HÉCTOR ALEXANDER JUZGA LEÓN, reconfirmó comportamientos inadmisibles por parte del ejército. En un momento afirmó: “ustedes lo saben bien, que se mueven dos, tres soldados por todas esas veredas, por todos esos caminos, donde hay injerencia también del Clan del Golfo, como ustedes bien lo saben”. Claro que lo sabemos bien porque lo hemos vivido, lo hemos sufrido, todos los días lo comprobamos en vivo y en directo y lo hemos denunciado por décadas ante todas las autoridades nacionales y ante los tribunales internacionales sin que pase absolutamente nada. Ante la confesión del Coronel, no podemos menos que condenar nuevamente esa connivencia criminal entre militares y paramilitares con todas nuestras energías.
- En otro momento de su intervención el Coronel Juzga afirmó: “no tenemos ninguna conexión, ningún nexo, ningún tipo de connivencia con esa estructura del grupo armado organizado Clan del Golfo y mantenemos en desarrollo las operaciones en todo el territorio, como lo hemos venido haciendo”. Parece increíble que un comandante de una unidad militar que arrastra una historia criminal de varias décadas perpetrando innumerables crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y un Genocidio continuado, pueda llegar a negar todo eso con tan desafiante cinismo. ¿Ignora, acaso, el Coronel, que cuando esos crímenes no se reconocen ni se castiga ni se destituye a los responsables, esa actitud equivale a identificarse con los culpables y a asumir la responsabilidad de los mismos? Es escalofriante comprobar cómo ha sido posible que a altas jerarquías de la fuerza pública se les forme en un NEGACIONISMO tan aberrante, ilegítimo e ilegal. La misma Corte Constitucional le ha reprochado repetidas veces al ejército por negarse a dar los nombres, códigos, niveles jerárquicos y líneas de mando de quienes han estado presentes en los sitios, las fechas y horas de los crímenes. ¿Cómo explica el Coronel Juzga el desacato permanente a la Corte Constitucional? ¿Acaso no le enseñaron que dicha Corte es la máxima instancia judicial del Estado?
- En otro momento de su intervención el Coronel Juzga afirmó: “hay un fallo de un juzgado donde dice que esas acusaciones contra mi brigada, contra mis soldados, pues no se deben hacer, a no ser que haya un señalamiento, y si los hay, como tal, de una denuncia, que se haga ante la Fiscalía General de la Nación, porque ahí se dan nombres y todo eso (…)”.
Muy probablemente el Coronel se refiera a la acción de tutela que su misma Brigada XVII puso contra nuestra Comunidad de Paz el 24 de septiembre de 2018, pidiendo que nos obligaran a retractarnos de las denuncias expresadas en 8 constancias históricas de ese mismo año y a renunciar a esa forma de denuncia por afectar el derecho al “buen nombre” de los militares. Si bien la Jueza Segunda Promiscua Municipal de Apartadó, MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, le dio tramite a la tutela y al incidente de desacato que la misma Brigada colocó pocos días después, hasta ordenar la detención del Representante Legal de nuestra Comunidad de Paz, al ser revisada su sentencia por el Juez 2º Civil, WILLIAM GONZALEZ DE LA HOZ, éste decretó la nulidad de todo lo actuado y el caso fue a revisión a la Corte Constitucional, la cual dictó la Sentencia T-342 el 21 de agosto de 2020. El Magistrado Ponente, LUIS GUILLERMO GUERRERO, trató de confrontar las jurisprudencias constitucionales del derecho a la honra y del derecho a la libre expresión, llegando a evidentes contradicciones y a sesgos inocultables en favor del derecho a la honra militar. La sentencia fue objeto de tantas controversias internacionales y a confrontaciones y divisiones entre los mismos magistrados de la Corte, que en diciembre de 2020 fue radicada una solicitud de Nulidad, la cual fue acogida por varios magistrados de la misma Corte y dirimida por el Auto 225 de 2021, el cual terminó negando la nulidad, pero el enfrentamiento entre los magistrados y la cantidad de documentos de juristas y entidades internacionales que se pronunciaron en favor de la Comunidad de Paz, impidió que la Corte coartara en alguna medida el derecho a la libre expresión y denuncia de muestra Comunidad de Paz. El argumento más contundente lo dio el Magistrado JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR, quien había sido el primer ponente de revisión en la Corte Constitucional y quien desbarató la legitimidad de la Tutela de los militares, demostrando que para pedir protección de un derecho a la honra es necesario haber tenido una conducta irreprochable, pero la Brigada XVII lo que tenía era más de 10 sentencias nacionales e internacionales por crímenes de lesa humanidad en connivencia con el paramilitarismo; por ello sus reclamos no eran legítimos.
- En otro momento de su intervención, el Coronel Juzga afirmó: “Tenemos esta capacidad de nuestro batallón de ingenieros para arreglar las vías; tenemos unas maquinarias; simplemente es generar un convenio vinculando la Alcaldía municipal, el departamento, la Gobernación de Antioquia y el comando de ingenieros, para que pueda hacer esto. Antes, en otras modalidades, decían: sí, mandemos la maquinaria, y allá hacían la vaca y ponían el combustible y las señoras hacían un sancocho y les hacían el almuerzo a los soldados y a los campesinos que iban a trabajar y había un común de la región: la vía. Les propongo que, por favor, tengamos en cuenta esa posibilidad, Alcalde, y hagamos ese convenio si se puede; no hay que pagar la mano de obra (…) tenemos aquí la maquinaria para el proyecto que usted plantea (…)”.
Estas palabras confirman que la Brigada ha estado implicada en la construcción ilegal de vías, evadiendo todas las licencias, las consultas democráticas a las poblaciones, los estudios ambientales y la articulación entre vías y modelos de desarrollo socio-económico. El relato del Coronel evidencia que se han hecho convenios entre los militares y conjuntos de ciudadanos. ¿Con qué tipos de conjuntos? Los comentarios remiten a las estructuras paramilitares que son las que tienen dominio en la zona y un dominio que se apoya en las armas y en una trayectoria de terror y muerte que inunda la historia de la región.
· El miércoles 13 de marzo de 2024, una delegación interinstitucional compuesta por funcionarios de la Alcaldía de Apartadó, (secretarios de Gobierno y de Planeación municipal), Procuraduría, Corpouraba, Inspector de Policía, Comisaria de Familia (responsable de Derechos Humanos de la Policía), Delegado UIAP, Misión 2 de la ONU y Agencia Nacional de Tierras, fue recibida por una delegación de nuestra Comunidad de Paz que se encontraba en el predio las Delicias, de la vereda La Esperanza, propiedad de nuestra comunidad. Con todos los participantes se hizo el recorrido del trayecto de la servidumbre que atraviesa la propiedad comunitaria, donde además de varios temas, se mostraron los daños físicos causados por las agresiones violentas que se venían presentando contra muestra propiedad comunitaria. La delegación institucional luego escuchó aparte a los agresores. De dicha reunión salieron tres propuestas y una decisión por parte del Inspector de Policía: la de fijar el status de la servidumbre, con lo cual se le daba la razón justa a nuestra Comunidad de Paz.
· El Jueves 18 de marzo de 2024, el Presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a la necesidad de que nuestra Comunidad de Paz sea destinataria de un acto de perdón por todas las atrocidades perpetradas por instituciones del Estado y que nuestras víctimas sean honradas con monumentos construidos en su memoria. Nuestra Comunidad opina que tal reconocimiento es necesario pero que tiene que ir acompañado de medidas que garanticen nuestra permanencia como Comunidad de Paz en el territorio, pues en este momento, se encuentra asediada por procesos que buscan despojarla de las tierras que legítima y legalmente ha adquirido en estas décadas y por estructuras criminales que siguen insistiendo en destruir las vidas de nuestros integrantes, garantizando dichos crímenes con una impunidad a toda prueba.
· El viernes 29 de marzo de 2024, nuestra Comunidad fue informada de un plan orquestado por los paramilitares para incursionar contra el asentamiento de San Josecito, pero dejando la impresión de que fue un hecho aislado o de delincuencia común.
· El miércoles 3 de abril de 2024, dos paramilitares interceptaron a miembros de nuestra Comunidad de Paz para advertirles que debían desistir de trabajar una pequeña área de tierra de otro miembro de nuestra Comunidad en la vereda Las Nieves, añadiendo que “avisaban una vez y no dos veces”, y que todo está coordinado con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Nieves.
· El jueves 4 de abril de 2024 fue percibida la presencia de ‘puntos’ paramilitares en el sitio conocido como La Ye, de la vereda La Resbalosa, lugar que frecuentan sin ser estorbados por nadie.
· El mismo jueves 4 de abril de 2024, por redes sociales y medios radiales locales, el Señor César Jaramillo, quien ha venido instigando toda la violencia contra nuestra Comunidad de Paz, de nuevo acusó a la Comunidad de ser los responsables de los asesinatos. Además de acusar a Diego Ceballos, el esposo de nuestra compañera asesinada Nalleli Sepúlveda, de ser el autor material de los hechos, versión que sólo puede sustentarse en una mentira con fines muy perversos de encubrimiento. Su perverso plan y el odio contra nuestra comunidad, manifestado públicamente y puesto en evidencia en los diversos audios que han circulado por las redes sociales, no solo es sostenido por César Jaramillo, sino además por otras figuras que aprovechando su posición social han difundido la calumnia para hacerle daño a nuestro proceso comunitario.
· El domingo 7 de abril de 2024, un miembro de nuestra Comunidad fue advertido por un reconocido paramilitar de desistir de ir a realizar actividades agrícolas en el predio comunitario en la vereda La Resbalosa, anunciándole que si no obedecía no respondían por las consecuencias.
· El miércoles 10 de abril de 2024, a las 8 de la mañana, en la aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, 3 reconocidos paramilitares, uno de ellos conocido como “Refercho‛, ingresaron al predio haciendo preguntas superfluas. Ese mismo día, en la vereda La Resbalosa se notó la presencia de puntos paramilitares que transitaban libremente por el área.
· El jueves 11 de abril de 2024, a las 19 horas, un reconocido paramilitar llegó hasta nuestra aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en forma muy agresiva. Al ser sorprendido por miembros de nuestra Comunidad y acompañantes internacionales que hacían presencia en el sitio, emprendió la huida.
· El viernes 12 de abril de 2024, tuvimos conocimientos, de amenazas contra pobladores de la región, acusándolos de ser los responsables de suministrar a la Comunidad de Paz la información que ellos manejan internamente. Las amenazas implican que si descubren quién pasa las informaciones a la Comunidad, dichas personas correrían la misma suerte que los dos asesinados en nuestra Comunidad recientemente.
· el domingo 14 de abril de 2024, fuimos informados de que dos paramilitares amanecieron en la vivienda comunitaria en el predio Japón y Soledad propiedad de nuestra comunidad, en la vereda las Nieves del Corregimiento de San José de Apartadó aprovechando que ese día estaba sola la vivienda.
· Recientemente soldados pertenecientes al ejército nacional que han hecho presencia en las veredas de La Unión y El Porvenir, entre otras del Corregimiento de San José de Apartadó, del corregimiento de San José, manifestaron a los pobladores: “esa comunidad de paz es gente muy jodida, se están matando entre ellos”, acogiendo y difundiendo la falsa versión criminal, según la cual, Nalleli y Edinson habrían sido asesinados por la misma comunidad.
· El martes 16 de abril de 2024, reconocidos paramilitares interceptaron a un grupo de campesinos, advirtiéndoles que se abstuvieran de realizar labores agrícolas en un predio en la vereda las Nieves, advirtiendo que no lo anunciaban más, que lo que sigue son las consecuencias. Este mismo plan de impedir a nuestra Comunidad de Paz realizar labores agrícolas en dicha vereda, fue confirmado por un miembro de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, quien advirtió que ellos tenían conocimiento de que los paramilitares ya habían advertido a familias de la Comunidad de Paz de no realizar labores agrícolas en el predio de un miembro de la Comunidad de Paz, añadiendo que, con el apoyo de los paramilitares, van a impedir esta labor, cueste lo que cueste.
El miércoles 17 de abril de 2024, un poblador de la vereda la Unión, sostuvo conversación telefónica con el señor Cesar Jaramillo al móvil 3104738130, dicha conversación tuvo dirigida en la insistencia por arrebatarle a la comunidad parte de un área del predio comunitario la Unión (Centro Agrícola) en la vereda la Unión. Se configura otro frente de represión contra nuestra Comunidad de Paz.
· El jueves 18 de abril de 2024, en horas de la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven, quien habría sido asesinado cerca a la vía que de Apartado conduce al centro poblado de San José de Apartadó, a la altura de la vereda La Balsa.
El sábado 20 de abril de 2024, Paramilitares en la vereda Las Nieves irrumpieron propiedad privada. Hay varios paracos acampados dentro del predio y no permiten que pobladores realicen allí labores agrícolas. Ya es la tercera amenaza consecutiva contra quien intenta trabajar el predio.
Nuevamente agradecemos a todas las personas y comunidades que desde las más diversas zonas del país y del mundo nos han acompañado espiritualmente en estos meses de intenso dolor y sufrimiento que ha llevado a engrosar las enormes filas de nuestros mártires. A pesar de toda la agresión concentrada y coordinada que se manifiesta intermitentemente contra nuestro proceso, nos mantenemos firmes en la fidelidad a nuestros principios y valores.
Comunidad de Paz San José de Apartadó
21 de abril de 2024