En las últimas semanas se ha continuado evidenciando el empeño del Gobierno por destruir nuestra Comunidad de Paz. Dentro de esa estrategia, el ex Ministro Fernando Londoño, cuya unidad de propósitos con el Presidente es inocultable, se sirvió de un ex comandante de la guerrilla de las FARC, alias “Samir”, preparado durante 6 meses en la Brigada XVII, donde se han preparado innumerables montajes y calumnias contra nosotros, para venderle al país y al mundo un paquete difamatorio lleno de falsedades, y sin embargo difundido ampliamente por medios masivos de “información”, nacionales e internacionales, que no tienen ética alguna. Al mismo tiempo se destapó lo que desde hacía años realizaba el Departamento Administrativo de Seguridad, órgano de la Presidencia de la República, a través de un comité ilegal –el G-3- que rastreaba la vida completa de 10 miembros de nuestra Comunidad de Paz, investigando exhaustivamente sus propiedades, sus teléfonos, sus conversaciones y correos, sus tierras, sus cuentas, sus familias, sus maneras de pensar, sus relaciones y amistades. El mismo sentido común nos dice que todo eso no se investiga simplemente para saber qué se piensa o si se está en relación con la insurgencia, sino para realizar actos criminales, como quedó claro en lo registrado por el CTI: bloquear nuestros proyectos; judicializarnos a todo costa, hacer planes ofensivos contra nosotros.
Los planes criminales de la Brigada XVII contra nuestro proceso de Comunidad de Paz, no sólo han quedado al descubierto a través de nuestras víctimas, de los testigos, de las realidades que vivimos, de la visible presencia paramilitar en nuestra zona, de montajes tan infames como el que han hecho y siguen haciendo a través de alias “Samir”. La misma Procuraduría había solicitado que a este personaje lo retiraran del proceso de reinserción, dada su capacidad de mentir, de la cual hizo demostración en sus falsas versiones sobre la masacre perpetrada por militares y paramilitares contra 8 personas, siete de ellas de nuestra Comunidad de Paz, el 21 de febrero de 2005.
Nuevamente dejamos constancia de hechos criminales recientes, que siguen demostrando el empeño del Gobierno en exterminarnos y bloquear nuestro proceso de Comunidad de Paz:
* El domingo 10 de mayo de 2009, hacia las 14 horas, en la vereda Playa Larga, en medio de un partido de fútbol que estaban jugando varios campesinos, entre ellos varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz, llegaron doce paramilitares con armas largas y vestidos de camuflado; se presentaron como “Autodefensas Gaitanistas” y dijeron que en el filo de Playa Larga había más de doscientos de ellos que estaban allí para controlar la zona; que a las personas que llegaran a decir algo o a estar en contra de ellos, las aniquilarían. Después de esto se fueron y efectivamente se ha visto gran cantidad de paramilitares que recorren las veredas.
* El sábado 23 de mayo de 2009, en la vereda El Porvenir se presentaron combates entre los paramilitares y guerrilleros. Estos se dieron entre las 6:30 y las 8 horas. Una familia de El Porvenir quedó en medio del fuego cruzado.
* El viernes 12 de junio de 2009, hacia las 8:30 horas, el Ejército llegó a la casa de ORLANDO GUISAO, en la vereda La Resbalosa. Los militares comenzaron a insultarlo diciéndole que tenía que saber dónde estaba la guerrilla; que él era uno de ellos y que lo tenían en la mira para matarlo.
* El domingo 14 de junio de 2009, hacia las 10 horas, un grupo de más de 100 paramilitares llegaron hasta la vereda La Esperanza, con armas largas, uniformados y portando brazaletes que decían “Autodefensas Gaitanistas”. Dijeron a las familias que estarían patrullando en la zona y que la gente tenía que acogerse a lo que ellos decían; que el que no estuviera de acuerdo, o se iba o se moría.
* El lunes 22 de junio de 2009, hacia las 10 horas, mientras JAIRO TUBERQUIA estaba trabajando en su parcela, en la vereda La Resbalosa, llegó el Ejército y comenzó a insultarlo diciéndole que era un guerrillero y que tenía que irse si no quería que le fuera mal. Como Jairo estaba con su compañera, a ella también la insultaron y amenazaron. Les dijeron que los iban a sacar de la zona como fuera
* El viernes 26 de junio de 2009, hacia las 6 horas, fue allanada la casa de JESÚS URREGO por parte del Ejército, en la vereda La Resbalosa. Los militares llegaron y entraron a su casa, sin llevar orden judicial alguna, revolcaron todos los enseres de la familia y le dijeron a Jesús que él y su familia eran guerrilleros. Les decían que mejor se fueran de la zona antes que tuvieran que acabarlos, porque las cosas ahora sí se iban a agravar; que las cosas ya les estaban saliendo a ellos bien y que esa Comunidad de Paz no iba a durar mucho. Le dijeron que tenía que guardar silencio sobre lo ocurrido si no quería que volvieran por él y se arrepintiera de abrir la boca. Después de insultarlo un buen rato, se fueron.
* El martes 30 de junio de 2009, a las 11: 40 horas, ingresaron a San Josesito, por espacio de 45 minutos, 3 personas en trajes civiles, una mujer y dos hombres, quienes se identificaron en un primer momento como personal de la SIJIN ; luego como del CTI de la Fiscalía; más tarde, como de la “Policía Judicial”, pero no suministraron ningún nombre ni carné. Sólo dijeron que cumplían órdenes de un supuesto Fiscal PEDRO DUARTE RINCÓN. Dos miembros de la Comunidad les solicitaron que se retiraran del caserío, el cual es propiedad privada, mostrándoles la valla donde se indica de manera muy visible, al borde de la carretera, que es una PROPIEDAD PRIVADA, pero ellos, en forma airada y con agresiones verbales, manifestaron que podían estar en cualquier parte del territorio nacional y que, además, ¿quién era la comunidad para no permitirles el ingreso? Los dos miembros de la Comunidad les informaron nuevamente que no los podían atender, y mucho menos dejarlos entrar al caserío. Exigían que se les firmara unos documentos y que se presentaran algunos miembros de la Comunidad para rendir declaraciones sobre constancias públicas que hemos dejado. Al respecto, ellos, de forma altanera y grosera y con tono airado, calificaron de “ineficaces” las denuncias de la Comunidad, diciendo que eso no tiene sentido; que para qué los ponemos a trabajar si la Comunidad no va a declarar; que no hagamos más denuncias públicas. Inmediatamente procedieron a fotografiarnos y a filmarnos diciendo que ellos podían tomar las fotos que quisieran y que no le temían a nadie. Amenazaron que podían traer la fuerza pública y hacer lo que quisieran.
La Comunidad ya hace tiempo que se cansó de hacer denuncias formales ante órganos de la justicia colombiana, luego de comprobar durante más de una década que no servían para nada, o solamente para que las víctimas, sus familias y los testigos fueran asesinados, amenazados u obligados a desplazarse, mientras los expedientes permanecían inactivos dejando en absoluta impunidad más de 700 crímenes de lesa humanidad. Pero lo que es peor, la Comunidad le ha presentado a todas las Altas Cortes del Estado una petición apremiante para que declare un “estado de cosas inconstitucional en Urabá” dada la podredumbre y corrupción extrema de la administración de justicia, demostrándoles minuciosamente a través de casi 20 expedientes, cómo se viola la Constitución, los códigos procesales, el Derecho Internacional, las normas del debido proceso y los principios éticos más básicos implicados en la administración de justicia. Allí están señalados, con nombres propios, los fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores que han recurrido a tan bajos procedimientos de corrupción, los cuales continúan en sus cargos y no han sido sancionados en absoluto. Colaborar con tal podredumbre es un imposible ético. Hemos suplicado al menos, a la Fiscalía y otras autoridades del Estado, que se acepte una Comisión de Evaluación de la Justicia, pero nunca ha habido respuesta alguna.
Todos estos hechos revelan de manera contundente la gravedad de la persecución a que sigue sometida nuestra Comunidad de Paz y el empeño del Gobierno por exterminarnos. Sabemos que estas constancias le muestran al mundo y a la historia una realidad que no dejará pasar y que juzgará en algún momento. La impunidad reinante hace, por ahora, que toda esta situación de muerte siga siendo objeto de manipulación por los victimarios que gozan de poder, en el Estado y en los medios masivos de “información”. Nosotros seguiremos convencidos de que debemos continuar dejando constancias, de esas que los fiscales prepotentes y altaneros del 30 de junio califican como “ineficaces”. Sí, ciertamente todo esto ha sido ineficaz ante un aparato de justicia putrefacto, pero no ante la conciencia de la humanidad que todavía tiene principios éticos. Entre tanto, todos los funcionarios de Urabá, avezados en la mentira y el engaño, continuarán diciendo: “Aquí no pasa nada”.
Agradecemos el apoyo y la solidaridad nacional e internacional que constantemente recibimos. El caminar hombro a hombro con nosotros ha sido un claro testimonio de la realidad y la transparencia con que hemos avanzado y es esta acción de apoyo la que nos reafirma en nuestro empeño por seguir caminando con estos esfuerzos por generar espacios de vida en medio de la muerte.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Julio 04 de 2009