El tiempo no pasa sin dejar huellas

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la obligación ética y moral de dejar constancia de lo que vivimos y padecemos. En los últimos días hemos tomado consciencia de que ha transcurrido ya nuestro primer cuarto de siglo como Comunidad de Paz. Ello nos obliga a echar miradas retrospectivas para comprender las vueltas y encrucijadas de nuestro caminar. Los sobresaltos y los temores no cesan, pero no buscamos solo tranquilidad sino ante todo coherencia y rectitud. Seguimos cercados y amenazados por el paramilitarismo, algo que cada vez se revela más evidentemente como fuerza de Estado, con todas las protecciones que es posible imaginar. Actúan a la luz del día, amenazan a todo el mundo y nada temen porque los protege el Estado. No podemos callar sino hacer que todo esto se conozca.

Hoy queremos dejar constancia de los siguientes hechos:

  • Desde las últimas semanas del mes de febrero de 2022, se ha venido presentando una fuerte persecución de reconocidos comandantes paramilitares en la zona contra algunos excombatientes de las antiguas FARC-EP quienes se acogieron a los acuerdos de paz y ahora son pobladores civiles que trabajan dignamente la tierra de donde un día salieron para unirse a una guerra en la cual ahora no quieren continuar. Según las versiones, los paramilitares reconocidos como alias EL IGUANO, excombatiente del Frente 58 e integrado al paramilitarismo; alias DEIVIS y alias RENÉ, también excombatientes del Frente 58; de igual forma alias EL VIEJO y JOHN JAIRO, excombatientes de las FARC-EP, están forzando a los demás excombatientes que viven en la región para que se integren al paramilitarismo a la vez que están practicando intensamente el reclutamiento de menores de la zona.  Según informaciones, parte de estos paramilitares que controlan la zona y que fueron desmovilizados de las FARC-EP, están siendo beneficiados en el proceso de desmovilización coordinado por el gobierno nacional y al mismo tiempo se desempeñan como paramilitares activos.
  • En la cuarta semana de febrero de 2022, en el centro poblado de Apartadò, fue abordado por dos reconocidos paramilitares de la zona, un habitante del corregimiento de San Josè de Apartadò, y cercano a nuestra Comunidad. La victima, fue conducida contra su voluntad por los dos sujetos y llevada hasta un mando paramilitar regional, el cual la sometio a largos interrogatorios sobre los movimientos y actividades de los lideres y de la comunidad, al no encontrar en ella informacion relevante de su interes sobre la comunidad, fue puesta en libertad.
  • El domingo 27 de febrero de 2022, en la vivienda de familias de nuestra Comunidad en la vereda Arenas Altas del corregimiento de San Josè de Apartadò, fueron hurtados 1 bulto de arroz, una manguera entro otras articulos y alimentos, al momento que dicha vivienda habia quedado sola. Estos hechos se dan en un contesto bastante preocupante en el que reconocidos paramilitares han venido acercandose a la propiedad con la intencion de identificar los bienes de la comunidad, tal como lo ha dejado de manifiesto el administrador de la propiedad de el paramilitar alias EL VIEJO en Arenas Altas. Los cuales manifiestan que planean invadir dicha propiedad comunitaria en Arenas Altas.
  • El 2 de marzo de 2022, en horas de la mañana, nuestra Comunidad de Paz se enteró de la presencia de un grupo de militares acantonados dentro de nuestra propiedad privada en la finca La Roncona. Nuestra Comunidad se desplazó hasta el lugar y respetuosamente exigió la retirada de los militares. Unos minutos después los militares recogieron sus pertenencias y se retiraron del lugar, no sin antes elegar que desconocian que dicha propiedad perteneciera a nuestra Comunidad de Paz. Dicha actitud de los militares se da a pesar de los distintivos y vallas de identificacion del predio en mencion en areas plenamente visibles.
  • El Jueves 3 de marzo de 2022, hacia las 10:00 horas y por espacio de 20 minutos, un contingente militar que permanece acantonado en la vereda la Unión del Corregimiento de San José de Apartadó, supuestamente brindándole protección al batallón numero 6 de desminado del ejercito que realiza un oscuro y discutido desminado humanitario, ingresó y rodeó arbitrariamente la vivienda de Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz quien al momento no se encontraba en la vivienda. Dicha vivienda fue fotografiada ilegalmente por las tropas militares.  Inmediatamente los miembros de la comunidad alli presentes solicitaron a los uniformados retirarsen del lugar, dejar de fotografiar dicha vivienda ademas de pedirles borrar el registro fotografico, en tono de arrogancia e insultos los militares reacionaron con enojo profiriendo amenazas y palabras soeces contra la comunidad, manifestando que se retiraban pero el registro fotografico no lo borraban. Lentamente abandonaron el lugar no sin antes fotografiar a la familia, donde ademas se encontraba una menor de 6 años. Ya Arley Tuberquia, el pasado 23 de octubre de 2021, en el Departamento de Boyaca, habia sido victima de pillaje y seguimiento, al ser extraida su maleta que contenia documentos relevantes de la Comunidad en hechos que se configuran y se suman a la lista de los atropellos que diversas instituciones del Estado vienen impulsando contra nuestro proceso comunitario.
  • El jueves  25 de marzo de 2022, hacia las 7:00 horas, un grupo de integrantes del batallon numero 6 de desminado humanitario del ejercito, interrumpio en el asentamiento comunitario en la Aldea de Paz Rigoberto Guzman, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la vereda la Union del Corregimiento de San Josè de Apartadò.
  • En las últimas semanas de marzo de 2022, en el centro urbano de San José y en algunas de sus veredas, se viene difundiendo el rumor de que los paramilitares planean ingresar a la Comunidad de Paz con el ropaje de un grupo de delincuencia común que entra a robar y a matar, de tal modo que no se le pueda atribuir dicho crimen a las estructuras paramilitares ni a sus vínculos institucionales y empresariales, sino, como ya es rutina en el país, a “bandas criminales” o a “grupos armados fuera de la ley”, o a “desconocidos” o a “delincuentes anónimos”; así la “justicia” tendrá mil excusas para dejar el hecho en la impunidad, sin mencionar siquiera a los paramilitares.
  • Este 23 de marzo de 2022, nuestra Comunidad de Paz conmemoró 25 años de existencia. Hace 25 años: el 23 de marzo de 1997, con la presencia y acompañamiento del Obispo de Apartadó, Monseñor TULIO DUQUE GUTIÉRREZ, y de miembros del Parlamento Europeo, se proclamó en la pequeña escuela de San José de Apartadó, nuestra DECLARACIÓN PÚBLICA DE COMUNIDAD DE PAZ. Se buscaba que el Estado y todos los actores armados cesaran en su empeño de querer vincular a la guerra a la población civil, aunque así lo establecieran los manuales secretos que el Estado ha venido elaborando desde los años sesenta del siglo XX pero que violan todas las normas internacionales de los conflictos armados. El Estado prefirió seguir su ruta criminal y como respuesta a nuestra Declaración, bombardeó 27 de las 32 veredas de San José mientras le daba orden a los paramilitares de visitar todas las veredas aún pobladas para darles a los pobladores un máximo de 4 días de plazo para abandonar la región si no querían morir. En el cuarto de siglo transcurrido hemos contabilizado en nuestro entorno al menos 307 ejecuciones extrajudiciales. 53 de ellas se dieron en los preámbulos de la fundación de la Comunidad; 194 en los primeros 21 años de resistencia pacífica, de los cuales 138 eran miembros formales de nuestra Comunidad y 56 del entorno familiar y social. Las FARC-EP eliminaron en el período a 46 campesinos y campesinas de la zona, entre quienes se cuentan 18 integrantes de nuestra Comunidad y 28 de nuestro entorno social. De los 14 restantes tuvimos información precaria a causa del terror y de los desplazamientos.  Pero fuera de las vidas destruidas, nuestra comunidad sufrió toda clase de violencias y vejámenes que superan los 1500 crímenes de esos que el derecho internacional ha denominado DE LESA HUMANIDAD, puesto que hieren no solo a sus víctimas puntuales sino a la humanidad como tal: desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, ataques armados indiscriminados, privaciones ilegales de la libertad, montajes judiciales, desplazamientos forzados, cercos de hambre, empadronamientos ilegales, ocupación ilegal y criminal de predios privados, quemas de viviendas y de cultivos, robos y destrucción de animales domésticos, de ganados y dotaciones de sobrevivencia, abusos sexuales, profanación de cadáveres, calumnias, difamaciones, estigmatizaciones, falsedad informativa, amenazas, amordazamiento o intento de impedir toda denuncia mediante acciones de tutela inconstitucionales.

Si bien la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos tomaron casi desde el comienzo medidas cautelares y medidas provisionales, han pasado las décadas sin que el Estado colombiano obedezca sus órdenes. También la Corte Constitucional fue convertida en un “rey de burlas” al ser desacatadas 3 de sus sentencias de fondo y varios de sus Autos de seguimiento, pero, al parecer, a la Corte no le inquietan los desacatos y eso explica el horrendo caos que vive Colombia. La Corte Penal Internacional abrió el expediente sobre nuestra Comunidad de Paz en 2006. Estamos seguros de que todos los 1500 crímenes denunciados llenan los requisitos de sistematicidad y gravedad exigidos por el Estatuto de Roma y que los más de 90 documentos de clamor inatendido a los Jefes de Estado que les hicimos llegar, revelan la implicación de quienes nuestra Constitución considera MÁXIMOS RESPONSABLES de esos crímenes, pero, luego de 16 años, el Fiscal de la Corte consideró que la JEP iba a solucionar todos los problemas de justicia, incluso los tipificados en el Estatuto de Roma y por ello se desentendió del Caso Colombia. Ello es imposible porque el Acuerdo de Paz que dio origen a la JEP sólo permite gozar de esos beneficios judiciales a quien quiera esclarecer crímenes concretos perpetrados durante el conflicto armado o en relación con él, pero las agresiones de un armado contra un desarmado nunca podrán tomarse como acto de un conflicto armado, a no ser con profundas manipulaciones y perversas intenciones.

Llegamos a los 25 años rodeados de amenazas y arrastrando el peso doloroso de los 8 métodos de exterminio que el Estado ha ensayado en este cuarto de siglo contra nosotros: el exterminio físico de la muerte cruel; el de la estigmatización ideológica, calificándonos desde la misma Presidencia de la República como “auxiliares de la guerrilla”; el de la degradación mediática, a través de medios masivos, medianos y pequeños, tanto de prensa, como de televisión y de radio; el de la extirpación biológica, mediante cercos de hambre, matando inclusive a conductores y tenderos para que no tuviéramos comida ni bebida; el de la criminalización legal, multiplicando expedientes espurios en el aparato judicial –con falsas pruebas y falsos testigos-  que las mismas altas Cortes se han negado a re-examinar para que no quede a la luz su vergonzosa  podredumbre; el de la exclusión social, negándole a la Comunidad las migajas de presupuesto a que le da derecho su aporte forzado (impositivo) al Estado;  el económico o comercialización del duelo, ofreciendo clandestinamente pagos exiguos por los muertos, a condición de renunciar a la justicia, aunque implique excluirse de la Comunidad de Paz.

El 25° aniversario fue un festejo sencillo de un solo día. Nos acompañaron 5 delegados de servicios diplomáticos en Colombia: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá y Suecia. Al llegar se integraron a una marcha que partió del predio LA RONCONA, del cual nuestra Comunidad ha extraído gran parte de su alimentación en estas dos décadas y que ahora, con lecturas perversas de la “ley de tierras”, se lo quieren arrebatar. Allí los delegados de las Embajadas realizaron un hermoso gesto de solidaridad sembrando algunos árboles de alimentos.  Luego, en un sitio marcado por la tragedia, donde llegaron los paramilitares provenientes del caserío de San José, con armas para asesinar al representante legal de la Comunidad y a otros miembros del Consejo Interno, el 29 de diciembre de 2017, se leyó la introducción a la Declaración que fue proclamada hace 25 años. Posteriormente, en el kiosco central de San Josecito hubo algunas exposiciones sobre nuestra historia y nuestros problemas; se escucharon mensajes de numerosas comunidades que seguían el acto desde sitios lejanos; se consumieron las 25 tortas del cumpleaños y se tomó la fotografía histórica de los presentes. Grupos de teatro, de música y amigos históricos nos acompañaron, en un día que entra en la memoria de este proyecto de vida y de resistencia, que no tiene intenciones de rendirse si no es con el sacrificio de la vida de los que aún persisten, porque están convencidos de que toda otra alternativa es claudicación de principios que nos han demostrado su validez y su hermosura.

Con renovada gratitud, después de nuestras miradas retrospectivas a nuestra historia, saludamos a todos los que han caminado a nuestro lado, animándonos y apoyándonos sin dejarnos desfallecer, desde lejanos rincones de Colombia y del mundo. GRACIAS MIL.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 1° de 2022