Nuestra Comunidad de Paz, nuevamente acude a la humanidad y a la historia para dejar en constancia nuevos atropellos contra la población civil de nuestro entorno y contra nuestra Comunidad de Paz.
Los hechos de los cuales queremos dejar constancia en esta ocasión son los siguientes:
- El viernes 11 de marzo de 2022, el investigador YESID AVELLANEDA, auxiliar del Fiscal Tercero Especializado de Bogotá JOSÉ IGNACIO UMBARILA RODRÍGUEZ, fiscal de delitos de “falso testimonio” y conexos, contactó al Padre JAVIER GIRALDO, S.J., acompañante de nuestra Comunidad de Paz y le comunicó que en dicha Fiscalía se había abierto un proceso contra él por orden de la Jurisdicción Especial para Paz –JEP- a raíz de las respuestas dadas en sus indagatorias por el ex General RITO ALEJO DEL RÍO, acogido a dicha jurisdicción, quien manifestó que es inocente de todo aquello de lo que se le acusa y que los delincuentes son quienes lo han acusado de paramilitarismo y otros crímenes de lesa humanidad. El Padre Javier Giraldo interpuso su Objeción de Conciencia, asumida desde el año 2005, luego de comprobar en numerosos casos que atendió, la horrenda corrupción que padece el sistema judicial colombiano. Este episodio demuestra además que la JEP, entidad originada en el Acuerdo de Paz de 2016 y que había abierto expectativas de disminución de la impunidad, ha caído en la misma corrupción de siempre y en parte peor, pues se ha mostrado condescendiente con los criminales y hostil y perseguidora con los denunciantes y las víctimas. El Padre Giraldo le remitió al Juez Tercero Especializado importantes documentos de contexto, como el Derecho de Petición que habíamos presentado a todas las Altas Cortes del Estado el 19 de enero de 2009 para solicitarles que declararan un “estado de cosas inconstitucional” en Urabá, presentándoles numerosos casos judiciales que habían afectado a nuestra Comunidad y a campesinos del entorno en los cuales fiscales, procuradores, agentes judiciales, jueces y magistrados delinquieron adoptando testigos y pruebas falsas, sobornos, amenazas y diversas trampas de gran perversidad; fue un documento de 180 páginas en el cual se señalaba con nombres propios a los funcionarios delincuentes, a los cuales las Altas Cortes prefirieron mantenerlos en sus cargos y evitarles toda investigación y sanción. También le envió el Padre Giraldo al Fiscal la narrativa ultra documentada de las siete estrategias de exterminio y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, en la cual actuaron y actúan en complicidad numerosas instituciones del Estado. El Padre Giraldo también le envió a dicho Fiscal su fundamentada Objeción de Conciencia que cubre 40 folios, así como el documento introductorio a la presentación ante la JEP de las desapariciones forzadas de la década de los años 80 y le anexó, finalmente, las 20 pruebas documentadas de los crímenes perpetrados por el ex general Rito Alejo del Río y publicadas en el volumen titulado “Deuda con la Humanidad” del CINEP en 2004. La actuación de la JEP en este caso nos deja perplejos y nos confirma en nuestra decisión de no reconocer a la JEP como competente para asumir la investigación de los crímenes que nos han afectado.
- El viernes 6 de mayo de 2022, la Sala Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín profirió sentencia contra 9 desmovilizados de 4 bloques de las FARC, entre quienes se encuentran: alias ”Karina” (o Elda Neyis Mosquera García) y alias “Samir” (o Danis Daniel Sierra Martínez)- Radicado 110016000253 2008 83435. Dicha sentencia consta de 5964 folios y se caracteriza, como la generalidad de las que se apoyan en la “Ley de Justicia y Paz” (Ley 975/05) por la credibilidad irresponsable con que los actores judiciales asumen cualquier falsa “confesión” de los excombatientes, sin sustentación alguna fuera del falso testimonio, sin someterla a confrontaciones y rigurosos análisis probatorios, sobre todo cuando dichos ex combatientes aceptan acusar a miembros de movimientos o proyectos sociales no afectos al Estado, como cuotas de negociación para obtener rebajas o abolición de penas o para acumular terrenos que podrían servir para las reparaciones a las víctimas de sus graves infracciones al derecho internacional humanitario. En su Salvamento de Voto, la Magistrada María Isabel Arango descalifica esta sentencia porque adoptó un sistema de investigación y juzgamiento por “patrones de macrocriminalidad”, el cual exige analizar los hechos en conjunto y no caso por caso como lo hace la sentencia (ver página 136 del Salvamento de Voto) y por añadidura, tomando como totalmente creíble lo que dicen los postulados. Dadas esas fallas estructurales de la sentencia, se le da allí credibilidad a dos falsos testigos: alias “Isaías” y alias “Manicortico”, quienes afirman que la Hacienda La Roncona fue tomada y expropiada por las FARC y encargada a la administración de militantes de la Unión Patriótica como “colaboradores suyos”. Por ello se solicita que dicho predio sea declarado en “extinción de dominio” (ver. Pag. 5807 y 5815). Nada tan falso, absurdo y perverso. Dicha sentencia evidencia la perversidad de las negociaciones que se dan en un modelo de justicia transicional diseñado (como la Ley 975/05) para garantizar la impunidad de los paramilitares. Habría que investigar hasta dónde el Magistrado Ponente JUAN GUILLERMO CÁRDENAS GÓMEZ se dejó cooptar por gente tan perversa como alias “Samir” cuyas mentiras y calumnias ya se han hecho famosas y que junto con militares y funcionarios de extrema derecha ha buscado despojar a nuestra Comunidad de Paz de una posesión pacífica de 25 años, endilgándole delitos para granjearse rebajas y suspensión de penas. Nuevamente se destaca aquí la podredumbre de nuestra “justicia”.
- El martes 26 de julio de 2022, hacia las 11:00 horas, un miembro de nuestra comunidad fue abordado por un reconocido paramilitar de la zona, para manifestarle que la Comunidad de Paz tarde o temprano va a ser exterminada. Este anuncio ha sido repetido infinidad de veces desde hace 25 años; al comienzo por los miembros del ejército que recorrían las veredas perpetrando crímenes, luego también por los grupos paramilitares que se fueron multiplicando en la zona y más recientemente por el representante de FEDECACAO en la región, el Señor CÉSAR JARAMILLO, quien hizo firmar a muchos delegados de juntas de Acción Comunal un convenio con el título: «No más Comunidad de Paz».
- Este mismo martes 26 de julio de 2022, el señor OVIDIO TORRES AREIZA, personaje muy conocido en la historia de nuestra Comunidad de Paz por haberse dejado cooptar por el Ejército para robar el computador de nuestra Comunidad en la madrugada del 30 de junio de 2006 y entregárselo a la Brigada XVII a través de interpuesta persona, además de impulsar chantajes y amenazas de muerte contra miembros de nuestra Comunidad ya en calidad de paramilitar, abordó a un miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad para manifestarle el interés de reunirse con varios miembros de dicho Consejo, pero menos con ARLEY TUBERQUIA, también miembro de nuestra comunidad y del Consejo Interno. Tres días después se esclareció el motivo por el cual OVIDIO quería excluir a ARLEY de su reunión con miembros de nuestro Consejo Interno: ARLEY había sido escogido por OVIDIO y al parecer por otros antiguos colaboradores del Ejército en la región, para difamar, mediante calumnias infames, a nuestro Consejo Interno, afirmando descaradamente que ARLEY está vinculado al paramilitarismo y que desde hace muchos años es estrecho colaborador de la Brigada XVII. Tan falsas resultan sus calumnias, que las fechas que da como referentes a hechos y a la vinculación de nuestro líder Comunitario a la Brigada y al paramilitarismo corresponden a períodos en que nuestro líder no vivía en la región, pues, residía en otro lugar muy distante de Urabá. Durante muchos años, la Brigada XVII y todo su aparato de inteligencia militar acostumbró acusar a los líderes de nuestra Comunidad de Paz, así como a numerosos líderes sociales de la región y del país, de ser integrantes de grupos guerrilleros. Lo hacía porque, como lo repetían los soldados en todas las veredas, su manera de destruir «legalmente» los movimientos y proyectos sociales era asesinando o judicializando a sus integrantes. «O los judicializamos o los matamos» eran sus palabras textuales. Ahora que se han dado las desmovilizaciones de los grupos insurgentes que operaban en la zona y que el destape de la criminalidad está afectando principalmente a la fuerza pública, dados los millares de «falsos positivos», desapariciones forzadas y miles de otros crímenes que se les están imputado, la manera de degradar ante la opinión pública a líderes sociales es señalarlos como colaboradores del ejército o de la policía. El acto de perversión es el mismo, pero varían las entidades de acuerdo al desarrollo de la coyuntura.
- El viernes 29 de julio de 2022, Nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de las intenciones de un comandante paramilitares en la región, de reunir a la población civil de varias veredas del corregimiento de San José de Apartado, entre ellas las familias pertenecientes a La Unión. Para dicha reunión planean presionar a los padres de familia para que obliguen a sus hijos a estudiar en la escuela de La Unión o de lo contrario deben pensar en llevárselos para otra parte. De igual forma se quiere presionar a los adultos para exigirles que se vinculen a las Juntas de Acción Comunal, de lo contrario, si no están en las juntas, deben saber que no se admitirá a ningún adulto suelto o independiente. Los pobladores de las diversas veredas de San José se manifiestan desesperados porque los paramilitares les impiden cultivar sus fincas libremente, pues no les permiten sembrar maíz, arroz, entre otros, afirmando que quien no obedezca sus órdenes asume una multa que oscila entre los cinco y 10 millones de pesos. Es evidente que todo esto viola la Constitución y niega derechos humanos fundamentales supuestamente protegidos por el derecho internacional.
- Este mismo viernes 29 de julio de 2022, en la vereda Alto Joaquín, en el municipio de Tierralta, Córdoba, se presentó un combate, al parecer entre tropas del ejército nacional y paramilitares. Dicho enfrentamiento se presentó en sitios muy cercanos a espacios de vida y trabajo de nuestra Comunidad de Paz en dicha vereda. Después de dicho enfrentamiento, los militares y los paramilitares prohibieron a las familias campesinas de los alrededores salir de sus casas durante dos días, sometiéndolas a confinamiento e impidiendo realizar labores agrícolas, único sustento de las familias.
- En la primera semana de agosto de 2022, varios pobladores de la región informaron a nuestra Comunidad de Paz, que desde la comandancia del Batallón de Desminado No. 6 del Ejército Nacional manifiestan el descontento y a la vez el interés de interponer acciones jurídicas contra la existencia de nuestra Comunidad de Paz por el hecho de denunciar los actos que vulneran nuestros derechos y ponen en riesgo a la población civil.
- El martes 2 de agosto de 2022, nuestra Comunidad de Paz obtuvo el audio que ha circulado por las redes sociales en la vereda la Unión, donde un poblador, que además es beneficiario y firmante de los Acuerdos de Paz, afirma: “ya sé quién es el sapo”, refiriéndose a la persona que informa a nuestra Comunidad de los hechos graves que ocurren en dicha vereda de La Unión, ejecutados por agentes de la fuerza pública.
- El jueves 4 de agosto de 2022, nuestra Comunidad de Paz tuvo conocimiento, de las denuncias de dos pobladores de la vereda la Unión, del Corregimiento de San José de Apartadó, en la cual afirman, que un agente del Batallón de desminado No 6 del Ejército Nacional, a quien apodan “Caballo”, viene incentivando a adolescentes con dinero y celulares que les ofrece para abusar de ellos. Ya en otras ocasiones hemos dejado en constancias históricas la estrecha relación entre efectivos de este batallón y algunos pobladores del sector, entre ellos, niños que constantemente están durante el día y parte de la noche en sus campamentos.
- El sábado 6 de agosto de 2022, en la vereda la Unión del Corregimiento de San José, nuestra Comunidad de Paz constató la presencia de soldados de la Brigada XVII del Ejército Nacional, departiendo conjuntamente con un reconocido paramilitar del sector en el área poblada de dicha vereda.
- El lunes 15 de agosto de 2022, hacia las 6.00 horas, fue hallado el cuerpo sin vida del poblador CRISTÓBAL MESA, muy cerca al centro urbano de San José de Apartado, donde existen una Base Militar y un Bunker de la Policía. La muerte de Cristóbal se produjo en extrañas circunstancias. Su familia encontró huellas de violencia en su cuerpo, el cual yacía sobre una piedra. Este mismo día a eso de las 10.00 horas, sus familiares procedieron a levantar el cadáver al no hacer presencia ninguna autoridad judicial competente para practicar el respectivo levantamiento. Cristóbal había sido un poblador muy cercano a nuestra Comunidad de Paz y en ese período había sido sometido a tantas amenazas y seguimientos que fue necesario solicitar medidas de protección para él a través de organismos internacionales. El sitio donde apareció su cadáver es una zona de total control del paramilitarismo de la región, muy cercano al centro urbano de San José donde tienen asiento numerosos agentes de seguridad del Estado –Ejército y Policía- quienes a su vez conviven a la luz del día con líderes y militantes del paramilitarismo, blindados por la impunidad sistémica que durante tantos años hemos denunciado. Resulta, además, paradójico, que este mismo día, otro joven conocido como Juan Camilo Higuita Usuga oriundo del corregimiento de San José de Apartadó, resultara muerto por ahogamiento.
- El sábado 20 de agosto de 2022, en la transmisión de mando de las fuerzas militares de Colombia, el Señor Presidente de la República, Dr. Gustavo Petro, ANUNCIÓ UNA ALIANZA ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y EL CAMPESINADO. Dijo al respecto:“¿Podrían las fuerzas militares hacer distritos de riego, caminos vecinales, puentes? Sabemos que sí. Al hacer casas rurales y distritos de riego y puentes y caminos vecinales (…) “¿no podríamos construir una alianza del ejército -si están allí esas capacidades- con el campesinado que necesita esas obras? (…) “Si nosotros no somos capaces de construir una gran alianza campesina-militar, una gran alianza entre el Estado y el campesinado, no logramos construir una nación. Hay una gama de obras pequeñas, si se miran desde el punto de vista de la ingeniería, y profundas si se miran desde el punto de vista de la construcción de una nación, que podría juntar nuestro soldado y nuestro campesino y nuestra campesina”(…) Dichas palabras, que repiten párrafos de su discurso de posesión, no pueden sino dejar inquietudes angustiosas en las poblaciones civiles que nos hemos opuesto a la presencia injustificada y afrentosa de cuerpos armados del Estado en nuestras comunidades, presencia que en dos siglos casi nunca ha sido respetuosa y democrática sino profundamente criminal y genocida. Mucho se ha repetido en las academias que los cuerpos armados de los Estados fueron diseñados para proteger las fronteras de ejércitos extranjeros, pero en Colombia se han utilizado contra la ciudadanía nacional cuyas inmensas mayorías se han interpretado como un “enemigo interno” a destruir. La experiencia trágica de nuestra Comunidad de Paz no puede ser más reveladora. Pero, además, la fusión entre lo militar y lo civil ha producido en nuestro país el monstruo más aterrador de nuestra historia: EL PARAMILITARISMO, el cual, según los informes finales de la Comisión de la Verdad, es el responsable del 47% de las víctimas del conflicto social y armado que nos ha destruido. Colombia lo ha experimentado durante muchas décadas con horror: la pertenencia a estructuras armadas y los entrenamientos que sus integrantes reciben, configuran necesariamente una deformación síquica de identificación profunda con las prácticas que el ejercicio de las armas implica: la tendencia, necesidad y profundo deleite en la destrucción de vidas humanas, objetivo estructural de cualquier arma letal que se convierte en prolongación del cuerpo y el alma del armado y en ideal y fruición profesional más acariciada. Nuestra Comunidad de Paz siempre se opuso y denunció la perversidad de las “operaciones cívico-militares” que siempre ocultaron objetivos perversos. Desde nuestra Comunidad de Paz suplicamos al nuevo mandatario revisar esa equivocada estrategia, fatal para el futuro de nuestro país, que obra como un manchón lamentable en las propuestas de transformaciones sociales que han acompañado la instauración de su gobierno.
- El lunes 22 de agosto de 2022, hacia las 15.00 horas, en el trayecto entre el centro poblado de Apartadó y el casco urbano de San José de Apartadó, el vehículo en el que se trasladaban varios miembros de nuestra Comunidad de Paz, entre ellos varios miembros del Consejo Interno acompañados por organizaciones internacionales, fue seguido durante varios minutos por el señor OVIDIO TORRES. A la altura del sitio conocido como El Mangolo, allí también se encontraba un reconocido paramilitar de San José, que vigilaba el tránsito del vehículo.
- Este mismo lunes 22 de agosto de 2022, en horas de la tarde se identificó saqueada la vivienda de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulato Medio, allí se robaron: Combustibles, alimentos, herramientas de trabajos agrícolas entre otros objetos personales. De la misma manera en días anteriores fue saqueada la vivienda de otro miembro de nuestra Comunidad en La Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra de la misma vereda. Es de mencionar que los responsables de estos hechos que están ocurriendo en las veredas Resbalosa, Mulatos y demás veredas es de los mismos paramilitares, pues hay una alta presencia permanente, los cuales transitan por los caminos y llegan hasta las casas civiles con radios de comunicación y portando armas cortas, después aparecen las casa saqueadas.
Al elevar nuestros clamores, dejamos todas estas constancias ante la historia para que algún día se juzgue nuestro recorrido de sufrimiento, pero a la vez de esperanza. Tenemos la convicción de que la memoria de nuestros hermanos y hermanas caídas como mártires abonan con su sangre nuestro horizonte de vida.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó