Agresiones contra la Comunidad de Paz y su entorno en 2012

El miércoles 11 de enero de 2012, a cinco minutos del caserío de San José de Apartadó, a las 17:45 horas, fue ejecutado el campesino GUSTAVO GUZMÁN URREGO. Los tiros fueron escuchados claramente desde el asentamiento de San Josesito, sede principal de la Comunidad de Paz, por lo cual miembros de la Comunidad verificaron rápidamente la información y se comunicaron con la Defensoría del Pueblo para solicitarle que diligenciara el levantamiento del cadáver. La Defensoría reportó el hecho a la fuerza pública y se le respondió que “no sabían nada de lo ocurrido”, a pesar de la intensa presencia militar y policial en el caserío. El cuerpo de Gustavo duró más de 20 horas en el lugar de su ejecución, como ha ocurrido en otros numerosos casos y como una muestra más de humillación a la víctima y de desconocimiento de su dignidad humana. La fuerza pública alegaba que no encontraban el cadáver, mientras éste yacía a la vista de todo el mundo.

Entre los días sábado 14 y miércoles 18 de enero de 2012, grupos de paramilitares en uniformes de camuflado y portando armas largas, provenientes de la base paramilitar de Nuevo Antioquia, que ha gozado de protección oficial durante más de 15 años, incursionaron nuevamente en las veredas La Esperanza (de la Comunidad de Paz) y El Porvenir. En ambos sitios visitaron las casas de los campesinos y anunciaron que va a asesinar a más gente y que tienen que exterminar la Comunidad de Paz, pues es para ellos, actualmente, el único estorbo que encuentran en la zona. Afirmaron, además, que sus acciones están siendo coordinadas con la fuerza pública a fin de patrullar conjuntamente las veredas y que los campesinos que se nieguen a trabajar con ellos como informantes tendrán que abandonar las zonas o asumir las consecuencias. Dijeron también que actualmente hay en el área unos 500 paramilitares pero que muy pronto serán más, pues se están reforzando.

El martes 17 de enero de 2012, a las 17:00 horas, cuatro personas fueron detenidas arbitraria e ilegalmente por la fuerza pública en el caserío de San José de Apartadó y acusadas sin fundamento alguno de haber participado en la ejecución de Gustavo Guzmán el 11 de enero. La Comunidad le solicitó a la Defensoría del Pueblo que verificara los motivos y la legalidad de dichas detenciones, pero la Defensoría no dio respuesta alguna. Después de algunas horas los detenidos fueron dejados en libertad, lo que evidencia aún más la arbitrariedad e ilegalidad de los procedimientos que se están utilizando contra el campesinado de la zona.

El miércoles 18 de enero de 2012 a las 11:00 horas, el Comandante de la Brigada 17 del Ejército, Coronel JAVIER EDUARDO VALLEJOS, le respondió a delegaciones internacionales que le reclamaron por la cantidad de crímenes que ellos cometen contra la Comunidad de Paz, afirmando que todo lo que la Comunidad de Paz denuncia “es mentira”, pero que lo hace porque necesita hacerlo para no perder jugosas ayudas financieras internacionales. Sobra todo comentario, pues esas palabras revelan una vez más la vileza y suciedad de quienes reciben la investidura del Gobierno para representarlo en esta zona bañada en sangre. Su Comandante en jefe les ha tolerado siempre y les sigue tolerando esas bajezas, sin pedirles cuenta de sus calumnias y sin obligarlos a demostrar sus mentiras ni a reparar a sus víctimas.

El viernes 20 de enero de 2012, otro grupo de paramilitares salió de la vereda Playa Larga, de la finca La Marina –propiedad de los paramilitares- aproximadamente a las 8:00 horas, y subió hasta la vereda La Esperanza ubicándose por un tiempo en los predios de la Comunidad de Paz. Allí profirieron nuevas amenazas contra la Comunidad, anunciando su exterminio, y luego continuaron su recorrido. Ese mismo día otro grupo paramilitar hizo presencia en la vereda El Porvenir.

Entre los días martes 24 y viernes 27 de enero de 2012, los paramilitares hicieron presencia en las veredas El Porvenir y la Esperanza, desde allí realizaron patrullajes en los alrededores colocando retenes en los caminos, así mismo a los campesinos que requisaron les dijeron que tenían que apoyarlos, que van a asesinar a quien no esté con ellos y que a esa h.p comunidad de paz la van acabar. De igual forma han dicho que se van a llevar el ganado que tiene los campesinos, puesto que eso ya no les pertenece.

El día sábado 28 de enero de 2012, hacia las 10:00 horas, los paramilitares realizaron disparos en la vereda El Porvenir. Todo el cúmulo de amenazas y hechos ha generado que seis familias de dicha vereda se hayan desplazado y se siguen programando varios desplazamientos ante la toma de las veredas por parte de los paramilitares. Hacia las 10:30 horas ese mismo día, los paramilitares privaron de su libertad al Señor CRISTÓBAL MEZA, sacándolo de su parcela de trabajo entre La Esperanza y El Porvenir, le tomaron fotografías, dispararon ametralladoras junto a su cuerpo, le repitieron que los que no trabajen con ellos tendrán que atenerse a las consecuencias y le anunciaron un control progresivo de la zona para consolidar el dominio paramilitar.

El mismo sábado 28 de enero de 2012, el ejército entró al caserío de la vereda Mulatos, de la Comunidad de Paz, y allí profirió, como siempre, amenazas. Dijeron que la comunidad era guerrillera y que la iban a acabar. El ejército, a menos de una hora de distancia de los paramilitares, ha estado profiriendo las mismas amenazas y cuando se denuncia a los paramilitares dice “no ver nada”.

El martes 31 de enero de 2012, entre las veredas Miramar y La Cristalina,  se movilizaron tropas del ejército y dentro de dicha tropa fueron vistos cuatro encapuchados. Además, dentro del ejército se encontraba el paramilitar  alias “Muela de Gallo”,  desmovilizado de la guerrilla y quién fue amenazando a campesinos y enviando mensajes a todos los campesinos de que el área y la tierra debe ser desalojada para facilitar la explotación de carbón.

El jueves 2 de febrero de 2012, hacia las 11 horas, miembros del ejército dañaron en Mulatos una plantación de maíz, dejando totalmente destruido el cultivo y graves daños en el sustento de varias familias.

 El Sábado 4 de Febrero de 2012, hacia las 12:15 horas, la comunidad sufrió un nuevo atentado, esta vez  contra el Representante Legal de la Comunidad de Paz,  Jesús Emilio Tuberquia. Él caminaba por Apartadó junto a la plaza de mercado y fue abordado por dos paramilitares los cuales portaban armas cortas y se movilizaban en motocicleta. Cuando él se dirigió a un sitio comercial de tuberías para recoger unos tubos para alcantarillado en un asentamiento de la Comunidad de Paz, los hombres armados llegaron y le dispararon, lo despojaron de su mochila y se llevaron el dinero que tenía dentro. Estos hechos ocurrieron a tan solo 100 metros de un control de la policía por donde pasaron los dos paramilitares sin ser detenidos.

El  martes 7 de febrero de 2012, a las 16:30 horas, en la vereda La Cristalina, un grupo de policías que al parecer perseguía a guerrilleros, disparó indiscriminadamente contra las casas de la población civil. Dos granadas que lanzaron cayeron a 50 metros de la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y su familia, quienes se encontraban en la vivienda en el momento. Cabe recordar que allí mismo fue asesinada por miembros del Ejército, en 2003,  su hija de tan solo tres años de edad.

El  viernes 10 de febrero de 2012, entre las veredas La Hoz y Mulatos fue detenido el campesino ARGEMIRO VELÁSQUEZ por un grupo de militares, quienes se presentaron como “jaguares adscritos la Brigada XI de Montería”. El campesino se dirigía hacia San José de Apartadó transportando maíz, allí lo insultaron y le bajaron las cargas, lo amenazaron y  le manifestaron que agradeciera que se había encontrado con ellos, pues con los paramilitares las cosas eran  distintas.

El mismo  viernes 10 de febrero de 2012, tropas del Ejército que se encontraban en el sitio conocido como Chontalito y El Barro, cerca de la vereda Mulatos, realizaron algunos disparos con las armas de dotación. Después de ello, el campesino HÉCTOR EMILIO GUERRA, quien se desplazaba desde Cabecera de Mulatos hacia su vivienda, fue abordado y retenido por los uniformados quienes se encontraban en El Barro; después de someterlo a un largo interrogatorio y de señalarlo de guerrillero, los uniformados le retuvieron sus documentos de identidad, supuestamente como “medida de seguridad” para investigar sus antecedentes debido a que era considerado como “sospechoso”. Después de varias horas lo dejaron en libertad, quedándose ellos con los documentos. Ese mismo día, un grupo de militares allanaron sin ninguna orden judicial la vivienda de la señora Myriam Tuberquia, ubicada en el sitio El Barro. Una hija de ella que se encontraba en la vivienda fue insultada, amenazada y obligada a salir de la casa mientras realizaban el registro ilegal. Horas más tarde tres campesinos que transitaban por ese lugar fueron abordados y retenidos por los militares, los cuales los insultaron y los señalaron de “guerrilleros”, dejándolos horas después en libertad.

El  domingo 19 de febrero de 2012, hacia las 11:00 horas, tropas del Ejército ubicadas en El Barro abordaron a campesinos que se movilizaban por la zona a quienes les preguntaron por lo que hacía  la Comunidad de Paz, ya que según ellos, la Comunidad es una comunidad de guerrilla interna que tienen que exterminar.

El día lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 12:30 horas, un grupo de militares adscritos a la Brigada XVII combatió con un grupo guerrillero que se encontraba en la vereda Arenas Bajas, del corregimiento de San José. En esos hechos resultó muerto un guerrillero y la joven civil MARLOBE DAVID SÁNCHEZ, de 21 años de edad, madre de familia quien tenía una niña de 22 meses la cual quedó huérfana. Marlobe residía con su familia en una casa ubicada en la vereda la Unión y ese día había salido de su casa en la mañana rumbo a Apartadó, según le comentó a su madre antes de salir. La joven tenía problemas de motricidad desde su nacimiento y caminaba con dificultad, pues un lado de su cuerpo (brazo y pierna) no se había desarrollado normalmente. El ejército alegó que, una vez herida, le prestó los primeros auxilios, pero el hecho fue que llegó muerta al hospital. En el sitio fue encontrado el pantalón jean que ella vestía ese día, cortado en pedazos con tijeras. La información que la Brigada entregó a los medios y fue difundida por éstos, presentaba a Marlobe como “guerrillera muerta en combate”, reproduciendo así toda la tramoya del FALSO POSITIVO, a pesar de que el Gobierno asegura que ha erradicado ese método criminal. Incluso existen dudas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte del guerrillero, ya que al parecer fue baleado por la espalda y no propiamente en actitud bélica.

Este mismo lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 15:00 horas, miembros de la Comunidad de Paz se desplazaban en compañía de una delegación internacional procedentes de varios países hacia la vereda Mulatos, con el fin de participar en los actos conmemorativos de la masacre del 21 de febrero de 2005. Por petición del campesino Héctor Emilio Guerra Tuberquia a quien los militares le habían retenido ilegalmente sus  documentos de identidad el día 10 de febrero, la delegación se acercó a un grupo de militares que se encontraban en el sitio El Barro, para solicitarles la devolución de los documentos del señor Héctor Emilio. Los militares manifestaron reconocer el error de retener los documentos, sin embargo afirmaban que  “lo hacían por seguridad”. Después de varios minutos de espera, llegó el Capitán a cargo de la tropa, enfurecido contra la Comunidad y no se quiso identificar como tenía que hacerlo por ley; afirmaba que él hacía lo que quería y le hizo tomar fotografías, en forma ilegal, a los que estaban allí de la comunidad. Después de varios minutos hicieron entrega al señor Héctor Emilio de los documentos de identidad. El Capitán se negó a discutir con la delegación allí presente y le dio la espalda cuando le recordaron que si estaban allí era para conmemorar la horrenda masacre que el Ejército había perpetrado siete años antes, en las veredas Mulatos y la Resbalosa, en unión con paramilitares. Enfurecido porque la memoria aún estaba viva, se retiró de la escena.

El día jueves 23 de febrero de 2012, un paramilitar en traje de civil y con arma corta, quien se movilizaba en motocicleta, entró al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda las Claras, allí preguntó por el paradero de algunos líderes de la comunidad quienes no se encontraban en el momento, después de esto el paramilitar se fue hacia la vereda La Osa, lugar donde hacen una fuerte presencia permanente.

En el mes de marzo de 2012 los líderes del paramilitarismo que controlan las zonas y veredas cercanas al corregimiento de Nuevo Antioquia, se reunieron con los alcaldes de Apartadó y de Turbo para acordar formas de impulso y agilización de una carretera que penetre por varias veredas, con el fin de facilitar el acceso de maquinarias y personal  que explotará las minas de carbón existentes en la región, por parte de empresas multinacionales. Los paramilitares ofrecieron poner al servicio de dicho proyecto sus propios buldóceres, con la condición de que se justifiquen como aporte de “finqueros” de la región a dicho proyecto.

En las últimas semanas de marzo de 2012 los paramilitares volvieron a controlar estrictamente la alimentación de los campesinos de la región. Para pasar alimentos desde Nuevo Antioquia a las veredas vecinas, exigen un permiso previo de los paramilitares de Nuevo Antioquia, los cuales actúan bajo la protección del Ejército y de la Policía. La única tienda existente en la vereda La Esperanza fue cerrada por ellos, y cuando su propietario consiguió un nuevo surtido, sometiéndose incluso a la obtención de permisos de los líderes paramilitares de Nuevo Antioquia, los paramilitares asentados en la zona le pusieron obstáculos al paso de los alimentos.

El viernes 30 de marzo de 2012, se presentó un combate entre  los paramilitares presentes en las cercanías de Nuevo Antioquia y la guerrilla. Antes y después de dicho combate hubo reuniones de comandantes paramilitares de alto nivel en la zona, mientras la población de la región fue percibiendo un  aumento progresivo de escuadrones paramilitares en la zona, llegando, según algunos cálculos, hasta el millar de combatientes, lo que no puede pasar desapercibido para la fuerza pública presente en la zona. La vereda más afectada, en la cual al parecer se han establecido los campamentos centrales es la de PLAYA LARGA, en especial la finca LA MARINA donde parece estar establecido su cuartel general. Los comandantes más vistos en la zona son: alias “BETO”, coordinador de tropas; alias “FABIO”, comandante político; alias “TIERRA” y alias “OTONIEL” O DAIRO ÚSUGA, al parecer el hombre de más poder en dicha estructura.

El domingo 1 de abril de 2012 a las 21:00 horas, en el sitio Caracolí, sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, fue ejecutado Don LUIS FELIPE SALAMANCA JIMÉNEZ, de 39 años, agricultor muy conocido y apreciado en la zona. Un hombre con traje civil le disparó con arma corta en presencia de su esposa y de sus hijos mientras departía en el estadero allí ubicado. Durante todo ese día se había suprimido la habitual presencia del Ejército en el sitio y en la misma carretera. Ninguna autoridad policial ni judicial quiso hacer el levantamiento del cadáver, por lo cual su familia lo transportó hasta el hospital de Apartadó. En días posteriores  la familia del occiso recibió nuevas amenazas. Don Luis Felipe no era miembro de la Comunidad de Paz pero era uno de sus colaboradores en la comercialización de productos agrícolas. Se había enfrentado varias veces a las tropas que ocupaban su finca sin permiso y causaban destrozos, desplazándose él hasta la Brigada a protestar y exigir reparaciones. El estadero de Caracolí, donde ocurrió el crimen, ha sido escenario de numerosos crímenes en el pasado y de retenes militares casi permanentes a la vez que de una presencia concomitante de paramilitares quienes departen amistosamente con los militares a la vista de todo el mundo.

El domingo 8 de abril de 2012 a las 13:00 horas, un escuadrón paramilitar, con brazaletes de las AUC, llegó a una vivienda de la vereda El Porvenir, rodearon la casa, tomaron los teléfonos celulares de sus pobladores y detuvieron a OSCAR MARIO GRACIANO CARDONA, ARGEMIRA CARDONA, MARLOIDY CELADA con su hijo de un año de vida JEFERSON GRACIANO y quien además estaba embarazada. Luego de requisar la vivienda y la finca todos ellos fueron llevados a un sitio de PLAYA LARGA donde llegaron altos comandantes del paramilitarismo para interrogarlos. En la noche fueron dejados en libertad, pero por el alto riesgo no pudieron regresar a su hogar hasta el día siguiente. Los paramilitares se robaron el teléfono celular de uno de los detenidos. No era la primera vez que dicha familia sufría la agresión de los grupos armados del Estado y del ParaEstado; en el pasado varios miembros de esa familia fueron masacrados. Como de costumbre, la Defensora del Pueblo de Urabá desconectó sus teléfonos para no afrontar el problema. Cuando ya las víctimas habían regresado a su vivienda, la Defensora comunicó que la Brigada 17 le había informado que ya estaban libres, lo cual evidencia nuevamente la estrecha coordinación entre la Brigada 17 y los paramilitares.

El lunes 9 de abril de 2012 se produjo un nuevo combate entre los paramilitares y la guerrilla en las veredas Caraballo y Caraballito, jurisdicción de Turbo en cercanía de otras veredas de San José de Apartadó, sin respetar la presencia de la población civil en dichas comunidades.

El martes 10 de abril de 2012, el despacho del Procurador General de la Nación remitió a la Comunidad de Paz el Auto Inhibitorio proferido el 12 de octubre de 2011 por el jefe del Ministerio Público ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO, en respuesta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República (OFI11-000643113/JMSC-33020), de donde se le remitió, al parecer en consulta, la petición que se le hizo al Presidente de no remitir a otros despachos del Estado las peticiones de que el Presidente actuara de acuerdo a sus obligaciones constitucionales y tomara medidas administrativas que pusieran fin a las cadenas horrendas de crímenes de agentes del Estado contra la Comunidad de Paz. El Procurador Ordóñez se inhibe incluso de asumir investigaciones disciplinarias, pues considera los derechos de petición de la Comunidad como escritos “cuyo contenido material no ofrece garantía ni certeza de veracidad y objetividad para desplegar la potestad disciplinaria del Estado (…) quejas presentadas en forma ambigua y difusa [a las cuales] ni siquiera se anexa prueba sumaria”. No le extraña a la Comunidad que para el Procurador Ordóñez sus constancias, siempre referidas a hechos concretos verificables, con fechas, sitios, víctimas y circunstancias precisas y con victimarios fáciles de identificar para quien tenga facultades investigativas, sean apreciadas como “ambiguas”, “difusas” y “carentes de veracidad y objetividad”, y que atribuya la carga de la prueba a las víctimas que no tienen facultades investigativas y sufren la amenaza permanente de las retaliaciones de los victimarios, quienes manejan listas enormes de gente que debe ser asesinada, mientras gozan de la tolerancia y protección de todas las instituciones oficiales. Ya el país conoce de sobra el sesgo ideológico del Procurador Ordóñez Maldonado, especialmente pronunciado cuando se trata de investigar o sancionar a miembros de la fuerza pública, verdadera niña de sus ojos, disfrazando sus inhibitorios de argumentos legales insostenibles. Ello explica que la Comunidad de Paz haya dejado de recurrir desde hace varios años a la Procuraduría, al comprobar la ineficacia total de sus procesos disciplinarios, sin contar el respaldo dado a los procuradores de la zona, quienes llegaron a extremos de complicidad increíbles, limpiándole la hoja de vida a altos oficiales del ejército que practicaron torturas y otros crímenes, ocultando sus responsabilidades con declaraciones remuneradas de sus mismas víctimas

El miércoles 11 de abril de 2012 a las 18:40 horas, en el caserío antiguo de San José de Apartadó, fue asesinado REINALDO TUBERQUIA, comerciante del lugar. Un hombre armado, en traje civil, se acercó a su casa y le disparó en la cabeza con arma corta. Reinado no era integrante de la Comunidad de Paz pero era poblador civil de la zona. Su cadáver fue levantado oficialmente por autoridades de Apartadó hacia las 22:00 horas. Lo primero que llama la atención es el hecho de que se produzca un crimen de estos en un caserío tan pequeño donde patrullan todo el día numerosos agentes del Ejército y de la Policía y donde toda esta fuerza pública ha construido numerosas redes de informantes y cooperantes. Desde el 1° de abril de 2005, el Presidente Uribe le ordenó a la Policía tomarse ese pequeño espacio, antes ocupado por la Comunidad de Paz (la cual se desplazó inmediatamente de allí), con el fin de desconocer con toda la arrogancia posible el primer principio estructurante de una comunidad de paz, como es la decisión de no convivir con actores armados ni permitir el paso de armas o la colaboración logística o informativa a personas o estructuras armadas, dentro de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad. Para ello el Gobierno ha tenido que violar de manera persistente las directrices dadas por la Corte Constitucional en su Sentencia T- 1206 /01, sobre la ubicación de los puestos de policía, y en general, sobre la prohibición de crear formas de violencia sobreviniente que afecten a la población civil. Pero, además, la fuerza pública estableció en el caserío de San José, desde su ocupación, una intensa presencia paramilitar coordinada por alias “Lalo”, en cuyo establecimiento comercial departían cotidianamente militares y policías. Mediante todo este accionar, el Gobierno volvió a hacer del caserío un campo intenso de combate y de muerte, al atraer a otros actores armados para enfrentarse en medio de la población civil, poniendo a ésta como escudo. Fuera de tan perversa política espacial, el Gobierno ha implementado simultáneamente una diabólica política sobre la población, bajo el eslogan: “quien no está conmigo, está contra mí”. Una gran multitud de pobladores de la zona figuran en álbumes de la Brigada XVII, con fotografías e información exhaustiva, y sus nombres aparecen recurrentemente en los documentos que la Brigada suministra a los aparatos judiciales bajo los rótulos de “informes de inteligencia” u “órdenes de batalla”, elementos todos que la ley prohíbe considerar como pruebas judiciales pero que el corrupto aparato judicial de Urabá siempre los acepta como pruebas plenas sin ninguna reticencia. La forma como se confeccionan esos archivos donde tantos pobladores figuran como insurgentes o milicianos, es el interrogatorio manipulado (vía intimidación, tortura o soborno) a personas ilegalmente privadas de la libertad en instalaciones de la Brigada. Como ha ocurrido infinidad de veces, al hacerle saber a un campesino que se tiene ”testigos” contra él para judicializarlo, tratan de quebrar su voluntad para vincularlo a la guerra desde el polo del Estado, convirtiéndolo en informante o en cooperante. Sólo bajo esta perversa política estatal se puede entender la tragedia personal que terminó destruyendo la vida de REINALDO TUBERQUIA. Primero, la fuerza pública logró que uno de sus detenidos, JORGE ELIÉCER PALACIO, sin libertad alguna para rendir testimonios, denunciara a Reinaldo como colaborador de la guerrilla al enviarle remeses desde su tienda. Esto lo afirmó dentro del Rad: 1.029.235, cuaderno 1, folio 90, en su “declaración” rendida el 26 de enero de 2007. Si bien Jorge Eliécer confiesa, más adelante dentro del mismo expediente (Cuaderno 6, fol. 130) que recibió dinero para dar esas “declaraciones”, el nombre de Reinaldo seguiría figurando en la “lista negra” de la fuerza pública y organismos de inteligencia de Urabá, como materia prima de chantajes para aplicar el principio de involucramiento forzado, en uno u otro lado de la guerra. Al circular los primeros rumores sobre la muerte de Reinaldo, se dice que posiblemente lo mató la guerrilla por haber aceptado ser informante del Ejército. Frente a estas tragedias dolorosas en que la destrucción de vidas humanas continúa sin fin, la Comunidad de Paz reafirma su posición de no involucramiento en la guerra. El Estado y sus brazos paramilitares siguen estigmatizando como “guerrilleros” a quienes no aceptan trabajar con ellos.

Durante la tercera semana de abril de 2012, otros hechos complicaron aún más la coyuntura: la población campesina de la zona fue percibiendo una presencia creciente de paramilitares que recorrían la zona y se refugiaban en varias haciendas aledañas a Nuevo Antioquia. Se dieron nuevos enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas que sembraron nuevamente pánico en la población campesina y produjeron nuevos desplazamientos forzados. Una noche de esa semana, los militares le retuvieron ilegalmente sus documentos de identidad al joven JOSÉ RENÉ HIGUITA HIGUITA, en el caserío de San José, y dos días después dichos documentos fueron encontrados en la calle.

El viernes 11 de mayo de 2012, un grupo de paramilitares llegó a la casa del joven OSCAR MARIO GRACIANO, en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó. Según le dijeron a su familia, al no encontrarlo en el momento, llevaban orden de asesinarlo y anunciaron, además, que tenían una lista más amplia de personas para asesinar. Este hecho obligó a que algunos miembros de la familia se desplazaran de la vereda por temor a que se cumplieran las amenazas. Cabe recordar que varios miembros de esta familia ya habían sido detenidos ilegalmente, pocas semanas antes, por los mismos paramilitares, y conducidos a la vereda Playa Larga. A raíz de las denuncias públicas que entonces se hicieron, hubo alguna presencia esporádica de la fuerza pública en las veredas El Porvenir, la Esperanza y Playa Larga, pero la misma sólo ha servido para proteger a los paramilitares y para blindar su accionar criminal.

En la segunda semana de mayo de 2012, un soldado que había terminado de prestar su servicio militar en la zona de Nuevo Antioquia, buscó a miembros del Consejo Interno de la Comunidad para compartirles su preocupación, sustentada en su propia experiencia, de que los operativos del ejército estuvieran ya sistemáticamente realizados en compañía de grupos paramilitares, en una proporción de 50% militares y 50% paramilitares. Por supuesto, el ex soldado pidió reserva de su nombre. Sus relatos coinciden con afirmaciones de militares que patrullaban por esos mismos días en la vereda Mulatos y con la percepción directa de los pobladores de las veredas cercanas a Nuevo Antioquia, que en los últimos meses han visto contingentes de varios centenares de paramilitares que se desplazan por la zona sin preocupación alguna por el control del ejército.

El domingo 13 de mayo de 2012, hacia las 20 horas, JOHN FREDDY ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz, quien se dirigía de San Josecito a la vereda La Unión, entrando de paso al casco urbano de San José a comprar algunos alimentos, luego de subir éstos a la bestia los militares lo obligaron a bajar nuevamente los alimentos para requisarlos. Él se negó a dejarse requisar porque al momento de la compra los militares estaban  presentes. En medio de la discusión con los militares, uno de ellos disparó el arma de dotación a los pies de John Freddy.

El  domingo 27 de mayo de 2012, hacia las 10:00 horas, llegaron dos paramilitares al casco urbano de San José en un taxi, allí entraron a un establecimiento público, bebieron licor y luego de dos horas sacaron sus armas, las colocaron sobre una mesa y dijeron ante los allí presentes que asesinarían a personas de la zona, pues tenían lista en mano y habían coordinado todo con la fuerza pública. En esta ocasión los sujetos confesaron haber participado en varias ocasiones en incursiones y masacres contra la Comunidad de Paz en años anteriores, y afirmaron que ellos asumían, a partir de la fecha, el control del corregimiento de san José de Apartadó, tal como lo hacen en Nuevo Antioquia. Algunas personas del caserío, atemorizadas por lo que estaban viendo y oyendo, dieron aviso a la fuerza pública, la cual hizo presencia en el establecimiento y sometió a requisa a los paramilitares, encontrándoles las armas cortas que habían exhibido y una tula con armas largas, uniformes de camuflado y botas. Después de esto, militares y policías fueron vistos departiendo amigablemente con los dos paramilitares en un pequeño restaurante de la localidad. Al fin, los paramilitares fueron puestos en libertad y enviados de regreso a Apartadó en el mismo taxi en que habían llegado.

El lunes 28 de mayo de 2012, hacia las 11:00 horas, subieron de nuevo al caserío de San José, en un taxi de servicio público, los dos paramilitares que habían sido vistos el día anterior bajo la protección de la fuerza pública,  recorrieron el caserío en varias ocasiones y se encontraron nuevamente con la fuerza pública acantonada allí en ese casco urbano. Después de esto, regresaron de nuevo a Apartadó sin que la fuerza pública hiciera nada. Los días martes 29 y miércoles 30 de mayo, subieron al mismo caserío cuatro paramilitares motorizados quienes estuvieron allí por varias horas sin que fueran retenidos por la fuerza pública.

El viernes 1 de Junio de 2012, fue visto por los campesinos un grupo paramilitar de 20 personas fuertemente armadas en el corregimiento de Piedras Blancas, al parecer procedentes del Chocó, quienes recorrieron las veredas Belencito, Unión-Carepa, Miramar, Cristalina, La Linda y luego el caserío de San José de Apartado el sábado 2 de Junio, donde fueron recogidos por los militares y transportados en un camión hacia el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo), donde existe una muy antigua y enorme base paramilitar.

El miércoles 4 de junio de 2012, un grupo de paramilitares que patrullaban cerca al asentamiento de San Josecito, abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz con un álbum de fotos de personas de la zona; allí le preguntaron si era de la Comunidad de Paz y si  en ella había muchos milicianos; dijeron que ellos tenían información de que la Comunidad era una manada de guerrilleros y milicianos.

El martes 5 de junio de 2012, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Antioquia, mediante Acta No. 38 aprobada en la fecha, confirmó parcialmente la sentencia absolutoria emitida por la Jueza Segunda del Circuito Especializado de Antioquia, CATALINA RENDÓN HENAO, el 4 de agosto de 2010, en favor de 10 militares que habían participado en la horrenda masacre de las veredas Mulatos y Resbalosa, el 21 de febrero de 2005, en la cual fueron asesinados con extremos grados de sevicia 4 menores de edad y 4 adultos, entre ellos el líder histórico de nuestra Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra. La Magistrada YAMIL CYLENIA MARTÍNEZ RUIZ, quien hizo sala con los magistrados EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA y NANCY ÁVILA DE MIRANDA, modificó en parte la sentencia de primera instancia y condenó a 34 años de prisión a 4 de los militares implicados –dos tenientes, un subteniente y un sargento- quienes comandaban algunas de las compañías o pelotones participantes en el crimen, pero absolvió a los más altos oficiales del Batallón Vélez, alegando que no estaba plenamente probado su conocimiento y asentimiento a la actuación conjunta con los paramilitares, así como a los soldados que no tenían mando, supuestamente por no poder oponerse al crimen. Tanto la Jueza como la Magistrada seleccionaron arbitrariamente los testimonios que quisieron tener en cuenta y desecharon los no quisieron, sin atender a lo que la lógica más elemental de los hechos mismos evidenciaba. La Magistrada corrigió la aberrante postura de la Jueza, quien había sostenido que exigirle a los militares enfrentarse con los paramilitares, ya fuera deteniéndolos, ya atacándolos militarmente, equivalía a exigirles poner en riesgo sus vidas mediante actos heroicos que no son exigibles. En contra de estos conceptos, la Magistrada sostuvo que la sola decisión de actuar conjuntamente con grupos de por sí dedicados al crimen, constituye una aceptación anticipada de coparticipación en los crímenes. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia exonera a los comandantes del Batallón Vélez, a pesar de estar probada la coordinación a alto nivel con las estructuras paramilitares de la zona y la inclusión de elementos paramilitares en el operativo, seleccionados y enviados desde la Brigada XVII. El manejo selectivo y amañado del testimonio, que constituye el más generalizado “talón de Aquiles” del putrefacto sistema judicial colombiano, brilla escandalosamente en este proceso, al igual que la aceptación del ardid que combina documentos escritos legalmente impecables con órdenes y comunicaciones verbales y clandestinas que garantizan la efectividad impune de los actos criminales. Tanto las Jueza como la Magistrada se negaron a involucrar a quienes tenían el control operacional al más alto nivel, como los generales Fandiño y Zapata, quienes se alternaron por esos días en la comandancia de la Brigada 17; el General Mario Montoya, Comandante de División, quien ordenó incluir a los paramilitares bajo la fachada de “guías”; el Coronel Néstor Iván Duque, quien según el testimonio de sus mismos compañeros de armas fue el hombre clave de la operación, tanto por delegación explícita como por ser el mejor conocedor de la zona; el General Carlos Alberto Ospina, quien junto con el Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe y el Vicepresidente Francisco Santos, hicieron los más grandes esfuerzos por encubrir la masacre, buscando testigos falsos para atribuírsela a las FARC, utilizando incluso dineros de reconocidos narco-paramilitares. Por otra parte, la sentencia rehúsa considerar siquiera la existencia de estructuras criminales que actúan con personal intercambiable pero donde siempre hay un poder decisorio detrás que lleva adelante las estrategias criminales, única doctrina que hace justicia a las políticas sistemáticas que han refinado multitud de recursos para ocultar responsabilidades. Esta sentencia ingresa, pues, en la galería de los monumentos más atrevidos a la impunidad. Por ello fue apelada en casación ante la Corte Suprema y remitida a la Corte Penal Internacional, como un testimonio más entre millares, que evidencian que el Estado colombiano no quiere hacer justicia frente a los centenares de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz. 

El miércoles 13 de Junio de 2012, un grupo de 200 paramilitares llegó a la vereda El Porvenir, amanecieron allí, y luego se distribuyeron entre las veredas El Porvenir y La Esperanza.  Campesinos de estas veredas han visto aterrizar helicópteros que llevan provisiones a los paramilitares. Este grupo paramilitar permaneció varios días acantonado en la vereda La Esperanza donde fue visto por observadores internacionales en el momento en que abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz, quien se encontraba participando de una actividad familiar. Allí le preguntaron sobre las actividades de la Comunidad y de los acompañantes internacionales. En tono burlón los paramilitares decían que si la Comunidad iba a denunciar ante la Brigada militar y ante el General de la Brigada la presencia de ellos allí en la Esperanza, para tratar de expulsarlos de la zona, que no se equivocaran, ya que ellos tienen todo coordinado con la fuerza pública para quedarse en la zona y les estarían viendo la cara constantemente a los pobladores. También preguntaron por los límites de la zona humanitaria de la Comunidad de Paz y que por qué no está cercada con alambre, como la de Cacarica en el Chocó. Este día, varios campesinos de la zona fueron fotografiados ilegalmente por los paramilitares, entre ellos, el joven John Jairo Cardona Graciano. Dentro de este grupo paramilitar han sido reconocidos algunos paramilitares que son de la zona, como alias “Tribilín”, alias “Chibirico”, alias “Majute”, alias “Tierra”, alias “Fabio”, desmovilizados de las FARC, los cuales estuvieron domiciliados en la Brigada XVII y ahora aparecen integrados a las tropas paramilitares.

Entre el 13 y el 16 de junio de 2012 se dieron varios enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, entre ellos un hostigamiento guerrillero contra la base militar de San José el día miércoles 13 de junio de 2012. Dicha base y la de la policía están en medio de la población civil, desacatando las prescripciones de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01 al poner en alto riesgo el derecho a la vida, a la integridad y a la propiedad de los pobladores civiles y acarreando sobre ellos formas de violencia sobrevinientes. Se dieron también enfrentamientos entre paramilitares y  guerrilleros el día sábado16 de junio de 2012 en la vereda La Cristalina del corregimiento de San José, según información de campesinos residentes de la vereda. Si se tiene en cuenta toda la protección y unidad de acción entre militares y paramilitares que se denuncia en los párrafos anteriores y que se ha denunciado sin interrupción durante los últimos 15 años, se configura el mismo desacato a la sentencia citada de la Corte Constitucional.

El viernes 15 de junio de 2012, cuando un miembro del Consejo y acompañantes internacionales llegaron al asentamiento de La Esperanza, de la Comunidad de Paz, encontraron varios grupos de paramilitares que se dirigían al centro de salud y al campo deportivo, unos en traje civil, otros en camuflado o semicamuflado. En la cancha, un paramilitar preguntó a los voluntarios internacionales de dónde venían. Una voluntaria les pidió identificarse y ellos dijeron que eran del Quinto Frente de las FARC, sin embargo tenían brazaletes con la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Era evidente que estaban mintiendo. Los voluntarios explicaron que no podían hablar con grupos ilegales. Luego un integrante de la Comunidad de Paz comentó que los paramilitares lo habían interrogado sobre su relación con los internacionales y sobre la misma Comunidad. Por sus respuestas precisas, los paramilitares le dijeron que él parecía un líder de la comunidad y que “seguirían mirando su cara”, lo que significaba que le harían seguimientos y lo tendrían en la mira.

El sábado 16 de junio de 2002, los paramilitares estuvieron en la cancha de La Esperanza en la mañana y en la tarde. Uno de los pobladores de la zona, quien no pertenece a la Comunidad, comentó que había encontrado junto a su casa a 15 paramilitares y un vecino le pudo advertir a tiempo que lo buscaban a él por su nombre pero no lo conocían y que era mejor que se alejara, como en efecto lo hizo, pues los paramilitares pasaron toda la noche junto a su casa esperándolo.

El domingo 17 de junio de 2012 acompañantes internacionales que hacían presencia en la vereda La Esperanza, en el asentamiento de la Comunidad de Paz, pudieron comprobar en directo el paso, en diferentes horas del día, de al menos 4 grupos de paramilitares en dirección a Playa Larga, con mulas cargadas con provisiones para un gran campamento. Uno de los grupos era de 40 personas, los demás entre 13 y 15; iban unos en trajes civiles y otros en camuflados y con armas. Pobladores del caserío Nuevo Antioquia, del municipio de Turbo, informaron que el día siguiente, lunes 18 de junio, otro grupo de paramilitares salió de ese poblado con otra recua de mulas cargadas con alimentos y municiones con destino a los campamentos que los paramilitares han instalado en las veredas El Porvenir y La Esperanza, atravesando por Playa Larga. En La Esperanza se les vio tomando fotografías a todos los pobladores.

El lunes 18 de junio de 2012 se comenzó a apreciar un enorme incremento de presencia paramilitar en las veredas El Porvenir y La Esperanza. Según los cálculos de los pobladores, el número de paramilitares puede ascender a 400. En la vereda La Esperanza se ha asentado un grupo de 100 de ellos, quienes acamparon en los terrenos de la Comunidad de Paz desde el 13 de junio. Desde allí salieron 3 paramilitares hacia la casa de un miembro de la Comunidad en búsqueda de un campesino de la zona para asesinarlo. No se da su nombre porque lo buscan para matarlo en cualquier parte. El 17 de junio lo estuvieron buscando en otras viviendas y luego lo esperaron durante varias horas en su propia vivienda, conminando a los vecinos a que no fueran a denunciar la presencia paramilitar. En el área se encontraban acompañantes internacionales quienes tuvieron conocimiento de todos estos hechos.

El martes 19 de junio de 2012, acompañantes internacionales observaron la llegada de dos grupos de paramilitares a La Esperanza, uno de 5, otro de 10.

El miércoles 20 de junio de 2012, hacia las 16:30 horas, un grupo paramilitar ocupó la finca de la familia Graciano en la vereda El Porvenir. Al llegar a la casa de Don FABIO GRACIANO, preguntaron por las personas que unas semanas antes ellos habían raptado y llevado hasta la vereda de Playa Larga. Al no encontrarlas allí, insultaron a Don Fabio y lo amenazaron conminándolo a desplazarse, afirmando que, si no lo hacía, en la próxima visita serían asesinados él y su familia.

El sábado 23 de junio de 2012, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares que transitaba por el camino que de la vereda La Esperanza conduce a la vereda Playa Larga. Una hora después fue visto un grupo de militares que venía de Nuevo Antioquia, pasó por la vereda Playa Larga y llegó a la vereda La Esperanza. Es, pues, evidente, que militares y paramilitares comparten ese territorio de manera coordinada, como se ha comprobado en el pasado multitud de veces.

El miércoles 27 de junio de 2012 la Comunidad de Paz había convocado a los campesinos de los alrededores de La Esperanza a una reunión, con el fin de analizar la grave situación de control paramilitar de la zona que se viene viviendo allí. A las 18:00 horas, cuando se desarrollaba dicha reunión, se presentó un grupo de militares y convocó a los campesinos a otra reunión, estando a 10 minutos de dos campamentos paramilitares sin que los militares los atacaran. El SUPERINTENDENTE GARCÍA, quien se presentó como miembro del Batallón Vélez de la Brigada XVII en su puesto de mando de Nuevo Antioquia, expuso allí el plan del Ejército para involucrar al campesinado de la zona en el conflicto, utilizándolos como informantes. Les anunció que realizarán un censo poblacional para controlar a toda la población de la zona; que buscan una integración estrecha entre el Ejército y la población civil, organizando partidos de fútbol conjuntos y brigadas de salud; que van a involucrar a todo el campesinado en labores de inteligencia, colocando puestos fijos para el monitoreo de la zona; que las informaciones suministradas por los campesinos se complementarán con las suministradas por aviones de inteligencia y la que entreguen las tropas que recorren la zona; que van a coordinar con los campesinos la comercialización de sus productos agrícolas tales como el maíz, el cacao, el aguacate, el fríjol y el arroz, entre otros, para lo cual pidió colaboración en la construcción de la carretera que viene de Nuevo Antioquia y que pasará por Playa Larga y La Esperanza, proyecto en el cual están ya empeñados los alcaldes de Apartadó y Turbo, con grandes aportes de los paramilitares, como ya se sabe de acuerdo a reuniones y propuestas que han sido denunciadas. En su exposición ante los campesinos, el SUPERINTENDENTE  GARCÍA afirmó que es un hecho que las veredas La Esperanza, El Porvenir, Playa Larga, Caraballo y el corregimiento de Nuevo Antioquia, están hoy día controladas por la estructura paramilitar AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AGC- y que las demás veredas del corregimiento de San José de Apartadó están controladas por la guerrilla. Quedó, pues, revelado y reconocido un plan militar de involucramiento de la población civil en el conflicto, abierta y flagrantemente anticonstitucional, con mecanismos vedados por la Corte Constitucional como los empadronamientos, con la militarización abusiva de las actividades productivas y sociales y con el reconocimiento de la unidad de acción entre militares y paramilitares.

El mismo miércoles 27 de junio de 2012, campesinos de las veredas Caraballo, El Congo y Arcua, aledañas al corregimiento de San José de Apartadó, se acercaron a miembros de la Comunidad de Paz para manifestarles su preocupación por la presencia de grupos paramilitares en la zona, los cuales lanzan graves amenazas contra la población. Se han multiplicado las violaciones a los derechos humanos y los campesinos son generalmente acusados falsamente de ser colaboradores de la guerrilla. Según los pobladores, los paramilitares les han robado a muchos sus documentos de identidad. También afirmaron que algunos paramilitares que han muerto en la zona en combates con la guerrilla, han sido presentados por los medios de comunicación y por la fuerza pública como campesinos asesinados por la guerrilla. Denunciaron además, que se están produciendo muchos desplazamientos forzados a causa de estos hechos.

El mismo miércoles 27 de junio de 2012 falleció en la ciudad de Barranquilla, luego de varios meses de soportar un cáncer de los más agresivos, el acompañante de la Comunidad de Paz EDUAR JOSÉ LANCHERO JIMÉNEZ. Como integrante de los equipos misioneros de la Comisión de Justicia y Paz, Eduar inició un acompañamiento a la Comunidad de Paz desde su inicio en marzo de 1997, decidiendo luego comprometerse con esta Comunidad acompañándola en todo su trágico caminar y convirtiéndose en uno más de sus integrantes, demostrando una generosidad a toda prueba para compartir con esa población terriblemente victimizada todas sus penalidades, en desplazamientos, amenazas, agresiones, estigmatizaciones, calumnias y montajes, ayudándoles a recoger sus centenares de muertos, llorándolos con ellos y dignificando sus sepulturas y su memoria, ayudándoles a resistir sin dejarse destruir por la magnitud descomunal de las agresiones y buscando con ellos formas de subsistencia alternativas en armonía con la naturaleza y con la dignidad humana. Con su muerte terminó una de las persecuciones más ensañadas del Estado y del ParaEstado contra una persona indefensa, de profundos principios éticos y cristianos, que sólo quiso servir a las víctimas con una generosidad a toda prueba y con un amor excepcional por los desprotegidos. La horrenda cronología de la persecución del Estado contra él, al menos en los episodios más manifiestos, quedó registrada así:

+ El 24 de mayo de 1998, un grupo de soldados le robó una vaca a un campesino en los alrededores del caserío de San José de Apartadó; la mataron a bala y mientras la descuartizaban le repetían a los campesinos que observaban: de esta misma manera vamos a descuartizar a Eduar dentro de pocos días. Cuando el hecho fue denunciado, pocos días después, el 17 de junio de 1998 a las 12:30 horas llegaron al caserío de San José varios camiones del ejército con un fiscal títere, exigiendo que Eduar rindiera una declaración ante sus propios victimarios. Eduar se negó rotundamente a colaborar con esa pantomima de justicia ejercida por los mismos criminales y afrontó todas las amenazas de detención que le hicieron en ese momento, ofreciéndose a que se lo llevaran preso antes que colaborar con una farsa tan atrevida.

+ El 11 de septiembre de 1998 los militares incursionaron en la vereda Buenos Aires donde detuvieron gente arbitrariamente, torturaron y asesinaron. Cuando ya habían matado a Arnulfo Mora en un episodio típico de “Falso Positivo”, llegó en helicóptero el Coronel MARTÍN ORLANDO CARREÑO SANDOVAL, comandante de la Brigada 17, montó el cadáver de Arnulfo en una mula y escribió una boleta para Eduar, remitiéndole el cadáver y afirmando que, puesto que él era guerrillero, se lo enviaba para que lo sepultara en esa comunidad guerrillera.

+ El 2 de diciembre de 2002, cuando en compañía de otros tres integrantes de la Comunidad de Paz se movilizaba en un pequeño camión que la Comunidad tenía entonces para comercializar sus productos agrícolas, Eduar fue detenido con ellos por agentes de la Policía Nacional de la Patrulla de placas 08631 al mando del TENIENTE ORTIZ, a pocos kilómetros de Tunja. Durante varias horas los sometieron a insultos y vejaciones y los despojaron de todos sus documentos. Lo que más enfureció a los policías fue descubrir en sus maletines documentos relativos a los derechos humanos y a una reunión interinstitucional que acababan de tener con el Gobierno en Bogotá (28 de noviembre de 2002) sobre las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la Comunidad de Paz. Pocos días después, el 13 de febrero de 2003, cuando varios miembros de la Comunidad fueron víctimas de un montaje del Ejército, el cual introdujo perversamente una caja de explosivos en el vehículo que los transportaba entre Apartadó y San José, en los ilegales interrogatorios a que fueron sometidos los pasajeros del vehículo se les preguntó insistentemente por los hechos de Tunja y por las actividades de Eduar, lo que dejaba en evidencia que “informes de inteligencia” amañados y manipulados contra Eduar y otros integrantes de la Comunidad, estaban circulando a nivel nacional, considerándolos sospechosos o delincuentes por ocuparse de asuntos de derechos humanos, actividad que, según las expresiones del Teniente Ortiz en Tunja, “es la que tiene tan mal al país”.

+ El 3 de febrero de 2003, el joven Lubián Tuberquia, miembro de la Comunidad de Paz, fue sometido a chantajes por su primo Wilson Guzmán, quien trabajaba con la Brigada XVII del Ejército, el cual le propuso rendir declaraciones en la Fiscalía contra miembros de la Comunidad de Paz, advirtiéndole que si no lo hacía sería sometido a un proceso judicial por rebelión. Cuatro días después, Lubián quiso enfrentar a los militares para explicarles que él no tenía nada que ver con grupos armados, pero los militares lo citaron a la Fiscalía donde le reiteraron la amenaza: si él no acusaba a miembros de la Comunidad, sería judicializado. Entre los miembros de la Comunidad que los militares querían acusar, estaba Eduar, contra quien ya tenían una propuesta concreta de acusación de hechos absolutamente falsos. Lubián negó todos esos hechos y en el escaso plazo que le dieron los militares para decidirse, tuvo que huir de la región y denunciar el chantaje en ministerios, fiscalías, procuradurías y otras dependencias del Estado, sin que ninguna autoridad hiciera absolutamente nada para sancionar a los militares ni para proteger a las víctimas. La complicidad de todas las instituciones con tan criminales conductas, era evidente.

+ En agosto de 2007, un joven emparentado con la familia de Eduar recibía cursos en la Escuela de Cadetes José María Córdova del Ejército, estando adscrito al Cuarto Pelotón de la Compañía Ricaurte al mando del TENIENTE PEDRO SANTANA SOLANO. En una sesión de entrenamiento le fueron presentados videos y fotos por el CAPITÁN NELSON GUTIÉRREZ MARIÑO; allí aparecía una foto de Eduar, como ejemplo de “guerrilleros a los que había que asesinar”. Como el cadete afirmó conocer a Eduar, el Capitán le pidió conseguir documentos escritos por él para que los cadetes conocieran “cómo piensa un guerrillero”. El joven consiguió los documentos pero más tarde desertó y le informó a la familia lo sucedido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió repetidas veces al Gobierno investigar este caso y sancionar a los culpables, pero la única respuesta del Gobierno fue encomendarle la investigación a los mismos victimarios y dejarla así en total impunidad.

+El 16 de enero de 2008, cuando Eduar atravesaba el poblado de San José en compañía de un miembro del Consejo de la Comunidad de Paz, ambos fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía quienes los quisieron obligar a suministrar datos propios de empadronamientos, prohibidos por la Corte Constitucional, a lo cual ellos se negaron, por lo cual los dejaron detenidos bajo insultos y ofensas durante hora y media, dejándolos en libertad luego de una fuerte presión de la Comunidad que acudió en masa al puesto de policía. El subintendente GERMÁN CAICEDO se burló de las referencias que los detenidos hacían a sentencias de la Corte Constitucional, afirmando que esa Corte para ellos no significaba nada y que no acataban sus decisiones. En la última semana de marzo de 2008, cuando un grupo de acompañantes internacionales visitó la Brigada XVII, un alto oficial de la misma les dijo que la Policía había cometido un error el pasado 16 de enero, al no dejar detenido a Eduar, “sabiendo que era un guerrillero” y afirmó que la Brigada tenía pruebas fotográficas para demostrarlo (quizás las utilizadas en la Escuela de Cadetes José María Córdoba para motivar su asesinato). Durante esa misma semana, reconocidos paramilitares que trabajaban con la Brigada XVII afirmaron en barrios de Apartadó que la Policía había cometido un error al no dejar detenido a Eduar o asesinarlo, perdiendo así una oportunidad preciosa. Al mismo tiempo le enviaron mensajes a Eduar desde Apartadó, en los cuales le anunciaban que ya tenían luz verde para asesinarlo y que no lo habían hecho antes porque andaba acompañado por personas extranjeras, pero que ya tenían el permiso para ejecutarlo ante cualquier delegación extranjera.

+ El 25 de octubre de 2008, hacia las 14:30 horas, Eduar fue abordado en una calle de Barranquilla por hombres armados quienes lo trataron de “guerrillero que le haces daño a este país”. Luego de insultarlo y amenazarlo se subieron a una camioneta verde sin placas y se alejaron.

+ Muchos episodios demuestran que en el año 2009 los militares y sus brazos paramilitares se hicieron el propósito de eliminar a Eduar a toda costa. Cuando el 21 de febrero de 2009 Eduar asistió a la conmemoración de la masacre de 2005 en Mulatos y La Resbalosa, varios hombres armados abordaron a miembros de la Comunidad y a delegaciones internacionales, para preguntar insistentemente por Eduar y por sus rutas de salida. Fue necesario sacarlo por zonas selváticas con un fuerte acompañamiento.

+ El 3 de abril de 2009, a través de un informe rendido por el CTI a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema (Rad: 11 001 60 00686 2009 00002) fueron revelados espionajes ilegales y criminales del DAS contra muchos grupos y personas. En la carpeta 33-2004 figuraban órdenes de espionaje absolutamente ilegales contra 10 integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre los cuales figuraba Eduar. Uno de los directivos del DAS en sus confesiones ante la Corte afirmó que el objetivo era “restringir y neutralizar su accionar”. Fueron inútiles las acciones de Tutela interpuestas ante el DAS y la Presidencia para conocer a fondo lo recopilado por el DAS contra estas víctimas. Se violaba así el principio constitucional de “Habeas data” (Art. 15)

+ El 28 de mayo de 2009, el ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, en su perverso programa “La Hora de la Verdad”, por la emisora Radio Super, le hizo una entrevista profundamente manipulada al ex guerrillero de las FARC alias “Samir”, en la cual éste profirió numerosas calumnias contra la Comunidad de Paz para hacerla aparecer como su colaboradora (del Frente Otoniel Álvarez de la FARC del cual fue comandante), a pesar de haber ordenado matar a más de 20 miembros de la Comunidad y de haber tratado de “paramilitares” a todos sus líderes, entre ellos Eduar, a quienes amenazó de muerte repetidas veces. El blanco de todas las acusaciones de alias “Samir”, era Eduar y todo revela que la “entrevista” fue minuciosamente diseñada por la Brigada XVII del Ejército. Era evidente que buscaban una justificación para detenerlo, estigmatizándolo primero ante la opinión pública, con un testigo sobornado que los militares consideraban la “prueba reina contra él”. La Comunidad, en un extenso documento, probó que todo era absolutamente falso.

+ El 17 de junio de 2009, la revista holandesa Vrij Nederland reprodujo las calumnias de alias “Samir” contra Eduar y contra la Comunidad de Paz y ello le sirvió a un parlamentario conservador de ese país para hacer preguntas a su Gobierno en el Parlamento, cuestionando el apoyo de entidades holandesas a las Brigadas Internacionales de Paz, las cuales acompañaban a la Comunidad de Paz de San José. Inútiles fueron los esfuerzos para que dicha revista rectificara sus calumnias, violando todo el derecho internacional. Pronto se descubrió que una dama holandesa que había influido en la calumnia, tenía estrechas relaciones con la Brigada XVII del Ejército.

+ El 26 de agosto de 2009, en el caserío de Nuevo Antioquia fueron detenidos dos jóvenes integrantes de la Comunidad de Paz de su asentamiento de La Esperanza, y con plena complicidad de la Policía y el Ejército allí acantonados, fueron conducidos a la base paramilitar y sometidos a interrogatorios en los cuales les preguntaron insistentemente por la ubicación de Eduar.

+ El 2 de septiembre de 2009, tropas del Ejército que ingresaron a la vereda El Guineo, preguntan insistentemente por la ubicación de Eduar.

+ El 11 de octubre de 2009, el reconocido paramilitar Wilson Guzmán, quien trabajaba para el Coronel Néstor Iván Duque, autor éste de numerosos crímenes contra la Comunidad de Paz, ingresó en moto al caserío de San José y anunció públicamente que era decisión del Ejército y de los paramilitares ejecutar a Eduar, añadiendo que los seguimientos de inteligencia ya arrojaban datos seguros y su muerte era inminente.

+ El 25 de noviembre de 2009, otro colaborador del Coronel Néstor Iván Duque, Elkin Tuberquia, localizó por teléfono a un líder de la Comunidad en la vereda Arenas Altas para ofrecerle dinero si le informaba las fechas y sitios de ingreso de Eduar a su zona. En la conversación, Elkin le aseguraba a Rodrigo que la muerte de Eduar era inminente, pues ya el Ejército tenía organizada una red para atraparlo y cumplir esa tarea.

+ El 9 de diciembre de 2009, los paramilitares reunieron a los pobladores del barrio Policarpa de Apartadó y les presentaron un “plan de exterminio” de la Comunidad de Paz, entregando una lista de próximas ejecuciones, lista que estaba encabezada por Eduar.

+ El 14 de diciembre de 2009 el diario financiero estadounidense Wall Street Journal, en evidente servicio a instituciones del Gobierno colombiano a través de la periodista sin ética MARY ANASTASIA O’GRADY, ya antes incursa en otras calumnias, reprodujo las calumnias contra Eduar y otros integrantes de la Comunidad de Paz, crimen de difamación internacional que seguramente buscaba justificar otros crímenes inminentes, sin que las directivas del diario hubieran atendido las peticiones de rectificación de las calumnias, en violación flagrante del derecho.

+ El 14 de enero de 2010, tropas del Ejército que ingresaron a la vereda Naín de Tierralta, Córdoba, afirmaron que Eduar iba a ser eliminado a toda costa.

+ El 17 de enero de 2010, el ex comandante guerrillero alias “Samir”, domiciliado en las instalaciones de la Brigada XVII del Ejército, intervino por la emisora del Ejército profiriendo nuevas calumnias contra la Comunidad de Paz. En su alocución se refirió nuevamente a Eduar y afirmó que la Comunidad “tenía que estar preocupada por él”, lo que evidenciaba que la persecución contra él era intensa.

+ El 15 de abril de 2010, agentes de inteligencia penetraron en la casa de la familia de Eduar en Bogotá en momentos en que no había nadie en su interior. Los vecinos observaron que los agentes abrieron la puerta con una llave propia y permanecieron largo rato en su interior. Revisaron libros y documentos y dejaron todo en desorden.

+ El 2 de febrero de 2011, hombres armados llegaron en motos a la casa de familiares de Eduar en Barranquilla, hacia las 17:30 horas, preguntaron por él en medio de insultos y exigían que él saliera a la calle para matarlo o agredirlo. La alarma de los vecinos los hizo retirar luego de algunos minutos.

+ El 25 de abril de 2011, hacia las 17:30 horas, dos hombres armados llegaron en motos a la vereda Caracolí, donde hay permanencia casi continua del Ejército, y leyeron públicamente una lista de personas que iban a ser ejecutadas en los siguientes días, entre las cuales estaba Eduar. Los armados solicitaron a los presentes informaciones sobre el paradero de dichas personas. En el sitio se han encontrado repetidas veces militares y paramilitares en estrecha convivencia.

+ En los últimos meses de 2011 circuló por redes de internet un video titulado “Los Hijos de la Comunidad de Paz” cuyo propósito nuevamente era difamar, calumniar y estigmatizar a la Comunidad. Intenta hacer aparecer a muchos miembros de la Comunidad como militantes o colaboradores de la guerrilla, con datos absolutamente falsos y con evidentes montajes fotográficos e incluye a muchas personas que no han pertenecido a la Comunidad como si fueran miembros de ella. El video lo encabeza la figura de Eduar con una hoja de vida donde ningún dato es verídico. No queda duda alguna de que el video proviene de la Brigada XVII, no sólo por sus objetivos sino por su lenguaje, sus contenidos y sus insumos. En el caso de Eduar, constituye una pieza más de la ensañada persecución contra él, buscando justificar su muerte de antemano con técnicas perversas de difamación y estigmatización.

+ En general, antes de que Eduar cumpliera un año de estar acompañando a la Comunidad, era ya claro que militares y paramilitares, quienes se movilizaban y actuaban de común acuerdo, lo tenían en la mira para asesinarlo. Ya desde entonces se sabía que Eduar era un blanco de persecución prioritario para la Brigada y sus brazos paramilitares. Poco a poco la Comunidad se tuvo que acostumbrar a recibir noticias de aquí y de allá, en las que muchos miembros de la Comunidad eran abordados por militares y paramilitares para que informaran sobre el paradero de Eduar. En la medida en que la resistencia de la Comunidad se afirmaba con más fuerza, también se arreciaba la persecución contra Eduar. Paramilitares que a veces les hacían confidencias a miembros de la Comunidad en la terminal del transporte de Apartadó, múltiples veces les hicieron referencia a reuniones en que se decidía la “arremetida final” de exterminio de la Comunidad de Paz, siempre acompañada de la decisión de asesinar o capturar a Eduar, para lo cual ofrecían recompensas a quien informara sobre sus rutas. Por eso no deja de ser muy revelador el hecho de que el Gobierno, en su Informe No.39 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las Medidas Provisionales en favor de la Comunidad de Paz, fechado el 18 de mayo de 2012 (Of. DIDHD/GAPDH No. 30244/1279), responda así frente a las últimas agresiones contra Eduar: Respecto a la situación del Señor Eduar lancheros (sic), se desconoce su presencia cuando visita la región de Urabá, motivo por el cual se ha recomendado que cuando el Señor Lancheros (sic) haga presencia en la región, informe a las autoridades policiales correspondientes para brindarle la seguridad que necesita”. ¿Acaso esa información sobre su presencia no ha sido buscada durante muchos años por militares, policías y paramilitares para matarlo? ¿Acaso no fue solamente la solidaridad de todos los miembros de la Comunidad de Paz, quienes lo amaron entrañablemente, la que lo protegió en vida de los sabuesos estatales y paraestatales obsesionados por asesinarlo?

La muerte de Eduar obliga a mirar en retrospectiva la ensañada persecución que enfrentó con la más elevada altura moral y la más acendrada generosidad. Obliga a preguntarse por qué un apóstol tan radical de la paz, que se enamoró de la Comunidad justamente porque rechazaba toda connivencia con armas y con estrategias de muerte y les ayudó a buscar y a construir estrategias de vida y dignidad en medio de océanos de muerte, fue estigmatizado por el Estado como si fuera un “combatiente”, cuando eso fue lo que estuvo más lejos de sus proyectos y convicciones. ¿No revela esto una perversidad extrema en las políticas del Estado, que recurre a la mentira más infame para desprestigiar a quienes defienden la vida con entrega y compromiso insobornable? La memoria de Eduar cuestionará para siempre la aterradora criminalidad del Estado colombiano. Paz en su tumba.

El jueves 28 de junio de 2012, hacia las 11:30 horas, cuando miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, con acompañantes internacionales y observadores de organismos intergubernamentales de Naciones Unidas, se desplazaron de la vereda La Esperanza a la vereda El Porvenir, con el fin de verificar las condiciones de seguridad de familias que antes habían sido secuestradas y amenazadas por los paramilitares, se percataron de que habían sido seguidos por 50 hombres fuertemente armados con armas de uso privativo del Ejército Nacional, quienes se identificaron ante los observadores internacionales como “Fuerzas Gaitanistas de Colombia” y en su presencia amenazaron de muerte al campesino FABIO GRACIANO, obligándolo a desplazarse. El hecho fue presenciado por integrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, quienes se encontraban en la zona realizando un monitoreo sobre prevención al desplazamiento forzado. Al visitar otras viviendas, los funcionarios de ACNUR pudieron comprobar otros casos de desplazamiento forzado en la zona a causa del accionar conjunto militar / paramilitar y de la desprotección total por parte de los demás órganos del Estado frente a ese accionar conjunto. La Comunidad de Paz ha expresado su deseo de que ACNUR, en sus instancias nacionales e internacionales, cumpla con sus objetivos fundacionales de contrarrestar y prevenir el desplazamiento forzado y de proteger a la población victimizada por ese crimen.

El mismo jueves 28 de junio de 2012, un paramilitar se acercó a una vivienda campesina en la vereda La Esperanza, afirmando que estaba “extraviado” en la zona y se mantuvo allí durante medio día. Los campesinos le pidieron retirarse de su parcela, pues por allí no se permite circulación de armas según los principios de la Comunidad y le sugirieron dirigirse a una tropa militar que estaba acantonada a 15 minutos de allí. El paramilitar respondió que ciertamente ellos (los militares) eran sus patrones, pero que él no tenía en el momento orden de acercarse a ellos.

En la primera semana de julio de 2012 comenzó un desplazamiento de familias de la zona de La Esperanza, El Porvenir y Playa Larga, a causa de las amenazas de muerte de los paramilitares que se identifican con la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Estos grupos manifiestan que ya todo está coordinado con el ejército, en sus brigadas XVII y XI para ellos asumir el control del área. Afirman que a veces habrá presencia militar pero no para combatirlos a ellos; que la población tendrá que acostumbrarse a ver sus caras permanentemente en la zona. Dicen que los campesinos son guerrilleros o milicianos y que pronto habrá matanzas. Piden que no se le haga saber estas cosas a la Comunidad de Paz, la cual se la pasa denunciando todo a nivel internacional y eso perjudica a las instituciones del Estado.

El miércoles 4 de julio de 2012, hacia las 17:00 horas, fue incinerada la vivienda de REINALDO AREIZA en la vereda La Esperanza, por paramilitares que constantemente se movilizan entre Nuevo Antioquia, Playa Larga, La Esperanza y El Porvenir, con pleno respaldo y protección de la fuerza pública. Cabe recordar que Reinaldo había sido sometido a chantajes infames por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, Comandante del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, para que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz si no quería que le iniciaran un montaje judicial con falsos testigos. Este nuevo atentado evidencia la coordinación entre ejército y paramilitares.

El viernes 6 de julio de 2012, tres paramilitares que bajaban del lugar donde fue incinerada la vivienda de Reinaldo Areiza, fueron vistos cuando se dirigían de allí hacia Playa Larga, lugar donde funciona el cuartel principal de los paramilitares en la zona. En esos días había fuerte presencia militar en Playa larga y La esperanza y a pesar de ello los paramilitares se movilizaron sin obstáculo alguno.

El sábado 7 de julio de 2012, dos paramilitares llegaron al casco urbano de San José de Apartadó y preguntaron a los pobladores por el paradero de REINALDO AREIZA. Al no obtener informaciones sobre él, afirmaron que ellos le había quemado su vivienda el 4 de julio y que lo habían hecho gracias a la estrecha colaboración de la fuerza pública.

El martes 24 de julio de 2012, hacia las 15:00 horas, tropas del Ejército Nacional que desembarcaron de helicópteros en la vereda Las Nieves de san José de Apartadó, detuvieron ilegalmente a GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y al joven trabajador MAURICIO DAVID, quien no es miembro de la Comunidad de Paz pero es poblador civil de la zona; ambos se dirigían de San Josecito hacia la Aldea de Paz de Mulatos. Los militares los separaron, los ultrajaron e insultaron, les vaciaron en el camino sus morrales y provisiones y les reiteraron el propósito del ejército de exterminar la Comunidad de Paz para lo cual todo lo tienen coordinado con los paramilitares. A pesar de haberles pedido a los militares que se identificaran, no lo hicieron y ocultaron sus distintivos y sus nombres que, por ley, deben llevar visibles.

El sábado 28 y el domingo 29 de julio de 2012, en horas de la mañana, fueron vistos por varios pobladores dos encapuchados que portaban armas, en el sitio Tierra Amarilla, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, lugar en que militares y paramilitares han perpetrado numerosos crímenes.

El lunes 30 de julio de 2012, hacia las 9:00 horas, dos paramilitares motorizados llegaron hasta la puerta del asentamiento de San Josecito; uno de ellos permaneció afuera, en la moto, y el otro ingresó al caserío. Al ser abordado por miembros de la Comunidad para exigirle que se retirara, reaccionó con insultos y amenazas. Luego se regresaron a Apartadó. Este mismo día, a las 16:15 horas, GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, recibió una llamada desde el celular 3146601697, de alguien que se identificó como “desmovilizado de la guerrilla y hoy paramilitar alias Guachipín”, quien dijo trabajar para la Brigada XVII junto con otros paramilitares que mencionó, tales como “alias Chibirico”, “alias Tribilín”, “alias Tierra”, “alias Fabio”, “alias el Loco Daniel”, “alias Beto”, “alias Guajiro”, “alias Samir” (a quien la Brigada protege en sus instalaciones desde diciembre de 2008). Alias “Guachipín”, en su llamada, amenazó de muerte a Germán, a su familia y al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, afirmando que muy pronto empezarán a ejecutarlos. Le dijo que fueran consiguiendo los cofres mortuorios, pues “con ellos no se juega”. Le recordó numerosos hechos de asesinatos que ellos le han causado durante muchos años a la Comunidad de Paz y reiteró que todo el plan está coordinado con la Brigada XVII.

El martes 31 de julio de 2012, hacia las 13:20 horas, GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, recibió una nueva llamada del celular 3146601697, esta vez de alguien que se identificó con el alias de “Guajiro” y como “comandante de un bloque, en Urabá, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC”. En su llamada, “alias Guajiro” afirmó que la llamada del día anterior se había hecho por orden suya y exigió que la Comunidad tiene que colaborar con ellos, como lo están haciendo las empresas bananeras, los ganaderos y el comercio en general de Urabá, pagándoles impuestos; que de lo contrario, la Comunidad será exterminada por completo y sus líderes y demás integrantes asesinados, si no se someten a ellos.

El martes 7 de agosto de 2012 tropas del ejército asaltaron a un grupo insurgente que se encontraban de paso transitorio por una finca en la vereda La Resbalosa quedando muerto en la acción, según el reporte de los medios locales, un guerrillero. Luego los militares  se acercaron a la casa y procedieron a incinerar la vivienda con sus pertenencias, la cual pertenecía al Señor Rubén Oquendo quien al momento de los hechos no se encontraba allí.

El martes 14 de agosto de 2012, tropas del ejército acantonadas en la vereda La Unión, robaron varias herramientas de trabajo agrícola de la vivienda del Señor RAMIRO RUEDA, miembro de la Comunidad de Paz.

El miércoles 15 de agosto de 2012, tropas del ejército que se encontraban en el paraje de Chontalito detuvieron por más de 1 hora a JULIO CÉSAR GUISAO, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, y a su hermano ESTEBAN GUISAO, miembro también de nuestra Comunidad de Paz, los obligaron a vaciar sus pertenencias, los sometieron a empadronamiento ilegal, les retuvieron sus celulares privados, los amenazaron y sometieron a insultos y vejaciones.

El sábado 18 de agosto de 2012, hacia las 08:00 horas, tropas del ejército que se encontraban entre las veredas La Unión y Las Nieves, abordaron a CARLOS ALBERTO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz, lo quisieron obligar a empadronarse pero él se resistió demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces sometido a insultos y amenazas y le advirtieron que la Comunidad de Paz será exterminada y que para ello todo está coordinado con los paramilitares. El mismo día, a las 15:00 horas, en la vereda Las Nieves fue abordado por las tropas el Señor CONRADO DAVID, miembro también de la  Comunidad, al cual quisieron también obligar a empadronarse, frente a lo cual opuso resistencia demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces insultado y advertido del próximo exterminio de la Comunidad de Paz, pues, según le manifestaron, la Comunidad es un estorbo para sus planes en la zona.

El martes 28 de agosto de 2012, hacia las 13:00 horas, se notó un extraño seguimiento, en la ciudad de Apartadó por personas de civil, al miembro del  Consejo Interno GERMÁN GRACIANO, ya antes amenazado vía telefónica por jefes paramilitares.  Hacia las 15:00 horas, mientras se encontraba en un establecimiento público y acompañado por una organización internacional, Germán fue abordado por miembros de la policía motorizados quienes le pidieron documentos de identidad, supuestamente para “verificación de antecedentes”, obligándolo luego a acompañarlos hasta el comando de la policía, hasta donde llegó una persona de civil quien exigía saber su nombre y apellidos. Allí, le insistieron en firmar un documento de buen trato, al que Germán se negó debido a la persecución por militares y paramilitares contra él y su familia, los cuales han asesinado a varios miembros familiares, luego de 30 minutos fue dejado en libertad pero la coincidencia de amenazas paramilitares con el hostigamiento de la Policía deja sospechas muy fuertes sobre la continuidad del accionar conjunto entre policía y paramilitares en la ciudad.

El miércoles 29 de agosto de 2012, hacia las 09:45 horas, en un retén de la policía, instalado en el sitio La Cabaña de Apartadó, empadronaron ilegalmente a los ocupantes de un vehículo de servicio público que se dirigía hacia Apartadó, en el cual se movilizaban dos miembros del Consejo Interno: MARÍA BERTILDA QUINTERO y JESÚS EMILIO TUBERQUIA. El policía que realizaba el empadronamiento se escondió detrás de otro vehículo para no ser visto. Simultáneamente tomaron numerosas fotografías a los ocupantes, hecho absolutamente ilegal pero que reviste mayor gravedad al comprobarse la continuidad de la acción coordinada entre fuerza pública y paramilitares.

El jueves 30 de Agosto de 2012, en la vereda La Unión, un grupo de trabajo de la Comunidad se dirigía a un terreno preparado para la siembra de cultivos agrícolas, se encontraron con tropas militares quienes impidieron la realización de la siembra.

El viernes 31 de agosto de 2012, se presentaron combates entre las veredas Miramar del corregimiento de San José y la vereda Caracolí del Corregimiento de Piedras Blancas, los cuales se prolongaron entre las 09:00 y las 13:00 horas. Según los pobladores de la zona, el enfrentamiento se dio entre un grupo guerrillero y paramilitares presentes en la zona, de la base paramilitar de Piedras Blancas (municipio de Carepa) muy cerca a la Brigada XVII del ejército, muchas veces denunciadas. Dado que en dichas veredas hay fuerte presencia de la fuerza pública, la presencia paramilitar delata nuevamente su connivencia con la fuerza pública.

El día 5 de septiembre de 2012, hacia las 17:40 horas fue interceptado  por la Policía en el sitio conocido como el Mangolo, en Apartadó, un carro de servicio público el cual transitaba entre Apartadó y San José, donde viajaba Jesús Emilio Tuberquia, miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz. Allí fueron empadronados ilegalmente por la policía todos los ocupantes del vehículo. Este mismo día campesinos del corregimiento de Piedras Blancas le informó a miembros del Consejo Interno, que hacia las 8:00 horas había salido un grupo de unos 60 paramilitares los cuales manifestaron que realizarían un recorrido por las veredas del corregimiento de San José de Apartadó y que llevaban una lista de personas para asesinar, ya que habían sufrido daño en los combates contra la guerrilla el día 31 de Agosto, donde perdieron equipos y munición y además les hirieron personal, según ellos, esto lo pagarían muy caro los campesinos de la zona y esa hp Comunidad de Paz que debe ser exterminada lo más pronto posible.

El día 6 de septiembre de 2012, hacia las 0:30 horas, cuatro paramilitares que vestían prendas militares y portando armas cortas interceptaron el vehículo de servicio público que cubría la ruta entre la Ciudad de Medellín y el municipio de Apartadó, entre las poblaciones de Santa fe de Antioquia y Cañasgordas donde viajaba Arley Tuberquia miembro de la Comunidad de Paz y Coordinador del proyecto Educativo de la  Comunidad. Ya en el vehículo le apuntaban con sus armas y tratándole con insultos le enviaron un mensaje a los líderes de la Comunidad de Paz, especialmente a Germán Graciano y a Jesús Emilio Tuberquia a quienes  tienen para asesinar, pues según ellos, ya conocen sus rutas y movimientos y en cualquier momento los van  a matar. Después procedieron a requisarle y se llevaron sus documentos de identidad, soportes de transportes y viáticos al igual que una memoria USB con información sobre la Comunidad de Paz. Estos hechos se dan a pocos metros  de un puesto de control de la policía.

El Jueves 13 de septiembre de 2012, hacia las 21:00 horas y por espacio de 45 minutos, se presentaron combates entre la fuerza pública y la guerrilla en el caserío de San José,  centro urbano del corregimiento, quedando tres viviendas civiles del caserío de San José impactadas por proyectiles disparados por soldados desde la base militar. Nadie pudo entender por qué los militares, si fueron atacados por guerrilleros que estaban junto al río, sin embargo dispararon contra los techos de las viviendas de la población civil. En uno de los casos, los proyectiles penetraron por el techo de una habitación donde duermen varias niñas, quienes en ese momento no estaban en sus camas, pero de haber estado allí, hubieran muerto o quedado gravemente heridas. Los pobladores de San José han manifestado su temor por los hechos ya que de manera cada vez más frecuente sus propias vidas están siendo sometidas a altos riesgos, debido al desacato del gobierno a las sentencias de la Corte Constitucional que exigen no colocar las bases militares ni policiales, menos en zonas de conflicto, en medio de la población civil.

El lunes 17 de septiembre de 2012, hacia las 14.20 horas, fue asesinada FABIOLA PEREA PEREA, profesora de la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó. Dos hombres en trajes civiles y portando armas ultimaron a la maestra. Su cuerpo sin vida fue trasladado por campesinos de la zona hasta el casco urbano de San José. En los días siguientes los medios de comunicación locales difundieron la noticia sin alusión alguna a los responsables. El gobierno municipal decretó tres días de luto y ordenó suspender las clases en las veredas del corregimiento de San José hasta nueva orden, argumentando que no hay seguridad en la región para los maestros. Los comentarios de los pobladores de la zona apuntan a una presunta acción de la guerrilla, la cual habría buscado castigar una supuesta labor de informante del ejército que estaría ejerciendo dicha docente, al tomar permanentemente fotografías a campesinos a quienes suponía ser milicianos y entregárselas al ejército. Los mismos comentarios aluden a una presión persistente ejercida por la Alcaldía de Apartadó sobre los docentes rurales, con la asesoría del desertor de las FARC alias “Samir”, para que ejerzan el papel de informantes, convocándolos frecuentemente a reuniones para revisar las situación de las zonas rurales y ejerciendo presión o represalias contra los docentes que se niegan a cumplir con ese papel que no les corresponde y más bien pone en alto riesgo sus vidas. La Comunidad no comparte las acciones de muerte de parte de ninguno de los actores armados, por el contrario se solidariza con los familiares y amigos de las víctimas. Al mismo tiempo rechaza los intentos de vincular a la población civil, y particularmente a los docentes, al conflicto, forzándola a ejercer labores de inteligencia. Cabe recordar que este hecho hace parte de toda la lista de muertes que se han venido registrando desde que la fuerza pública ingresó al corregimiento de San José de Apartado.

El miércoles 19 de septiembre de 2012, cuatro campesinos de la vereda Miramar del corregimiento de San José fueron detenidos ilegalmente por tropas del ejército nacional y después de ser sometidos a interrogatorios fueron puestos en libertad. Con toda evidencia se violó allí la ley, pues no existía ninguna orden de captura de autoridad competente y la  privación arbitraria de la libertad, cuando se ejerce fuera de la ley y como práctica sistemática, constituye además violación de los tratados internacionales y crimen de lesa humanidad.

El jueves 27 de septiembre de 2012, a las 11.10 horas y por espacio de 1 hora, nuevamente se registraron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar y del puesto de policía de San José de Apartadó. Las maestras que ese día iniciaban nuevamente las clases después de una suspensión de clases ordenada en días anteriores por el gobierno municipal, al quedar en medio del fuego cruzado se vieron forzadas a abandonar el plantel, junto con los niños, para salvar sus vidas. Nuevamente se coloca en riesgo a la población civil, en este caso a los niños y niñas de un plantel educativo. En numerosas ocasiones la Comunidad de Paz le ha solicitado al Presidente de la República acatar la Sentencia T-1206 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se establecen criterios que impiden ubicar puestos de policía, y con mayor razón bases militares, en espacios de la población civil, en especial en zonas de conflicto. Con toda evidencia, el Estado se hace responsable de estos atentados contra la población civil y de las infracciones allí implicadas al Derecho Internacional Humanitario.

El miércoles 3 de Octubre de 2012, por espacio de una hora varios uniformados de la Base militar de San José, se ubicaron frente al asentamiento de la  Comunidad en San Josecito, pese a que miembros de la comunidad les solicitaron se retiraran del sitio ellos alegaron diciendo que no se retirarían porque estaban cumpliendo órdenes de sus superiores.

El jueves 4 de Octubre de 2012, a las 19:50 horas, por espacio de 50 minutos nuevamente se presentaron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar instalada en San José de Apartadó. Según habitantes del casco urbano del corregimiento, los militares disparaban desbordadamente para todos los lados, resultando gravemente herido el civil ALBERTO ARIZA HUACA de 32 años, padre de dos niños y habitante de San José. A pesar de no pertenecer a la Comunidad de Paz, fue trasladado a San Josecito y desde allí acompañado por miembros de la  Comunidad hasta el hospital de Apartadó como un gesto de solidaridad con la población civil víctima. Con toda evidencia, el Estado es responsable de estos atentados contra la población civil.

El jueves 4 de octubre de 2012, hacia las 7:00 horas, alias “Samir”, desde su domicilio en la Brigada XVII donde se han confeccionado todas  sus mentiras, calumnias y suciedades, pronunciándose a través de emisoras locales como “Antena Estéreo” y la emisora del Ejército en la Brigada XVII, manifestó su alegría por la muerte de EDUAR LANCHERO, a quien nuevamente calumnió calificándolo como “ideólogo de las FARC”, acusando nuevamente a la Comunidad de trabajar en coordinación con las FARC, hasta llegar a decir que nuestros comunicados públicos son “orientados por las FARC”.  Allí mismo afirmó que él mantiene informantes en la zona y en la Comunidad, que lo ponen al tanto de todo lo que ocurre, y le hizo un llamado a la Comunidad para que corrija su camino, ya que Eduar no está presente. Es cosa sabida y probada hasta la saciedad, que cualquier denuncia por calumnia, injuria o falsedad contra alias “Samir”, es tiempo perdido, pues la protección del Estado a este criminal ha sido manifiesta, explícita, tozuda y contumaz. No importa que el gobierno sea acusado de emitir mentiras altamente dañinas para la honra de las personas y radicalmente violatorias de los derechos  humanos por emisoras que pertenecen a instituciones del Estado. Lo sabemos de sobra: la justicia no hará absolutamente nada para investigar ni sancionar a los responsables ni a sus cadenas de mando.

En la constancia anterior, del 5 de octubre de 2012 la Comunidad había denunciado el tiroteo que se presentó en el caserío de San José el jueves 4 de octubre de 2012 hacia las 19:50 horas por espacio de 50 minutos, tiroteo en el cual resultó herido en su propia casa el civil ALBERTO ARIZA, de 32 años y padre de dos niños. El viernes 5 de octubre de 2012, durante todo el día, los medios locales estuvieron dando la noticia de un supuesto combate entre el ejército y la guerrilla, señalando al civil herido como “guerrillero”. Luego de investigar el hecho analizando las trayectorias de los proyectiles y de interrogar a muchos pobladores del caserío, la Comunidad no alberga ninguna duda de que los proyectiles venían de la base militar y estaban dirigidos contra las viviendas de los pobladores. Todos los testigos afirman que los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones y que, como era de noche, las balas se veían avanzar, luminosas e incandescentes, en clara proveniencia de la base militar. Además nadie pudo ver a ningún guerrillero disparando y por ello se pone en duda la versión de un supuesto ataque de la guerrilla a la base militar. Se desmintió como dato absolutamente falso el que desde alguna vivienda hubieran salido disparos y como algo mucho más falso aún, el que la víctima fuera un guerrillero o tuviera armas, como de manera infame lo dio a entender el comandante del puesto militar, cuando ingresó a su casa y le pidió a la familia de Alberto que “le entregara el uniforme de guerrillero que él usaba”. Él era a todas luces un civil, padre de familia, integrante de una congregación cristiana del lugar y trabajador en la obra que actualmente se adelanta en la carretera, cuyos compañeros y directivos realizaron un cese de trabajo al día siguiente en protesta por el vil atentado del ejército contra él. Con toda evidencia, el proyectil que hirió a Alberto provenía de la base militar, pues impactó la pared de la vivienda desde esa dirección y en la misma dirección atravesó una escoba que estaba junto a la puerta y por último el cuerpo de Alberto, quien se disponía a abrir la puerta luego de escuchar el llanto de unos niños en medio de la balacera.

Este mismo día, el delegado de la Defensoría del Pueblo SAID CHÁVEZ se trasladó al caserío de San José y se reunió con un grupo de pobladores ante quienes hizo una defensa del ejército, exonerándolo de toda responsabilidad en el crimen, sin haber estado presente y desatendiendo todos los testimonios presenciales. Dicho “defensor” visitó la vivienda de la víctima donde hizo interpretaciones completamente ilógicas sobre la trayectoria de los proyectiles. Los pobladores se burlaron de su falta de cordura y le preguntaron si era defensor del pueblo o defensor de los militares.

El sábado 6 de octubre, varios habitantes del casco urbano de San José se acercaron a miembros de la Comunidad de Paz para comentarles que otras casas del caserío habían sido impactadas por los disparos de los militares y policías desde sus respectivas bases. Esta información se comprobó y se encontró que había cinco viviendas averiadas, además de la escuela de San José, la cual tiene varios impactos. Este mismo día, el equipo de comunicación de la Comunidad de Paz se acercó a fotografiar las casas averiadas por los disparos, pero los uniformados que allí se encontraban se opusieron a que los miembros de la Comunidad registraran fotográficamente los daños, aduciendo que ellos no poseían carnés de periodistas, por lo que les prohibieron rotundamente fotografiar el lugar, amenazándolos de detención y de decomiso de sus cámaras. Así el crimen quedaba completado con el encubrimiento, la obstrucción de la verdad y el ocultamiento de pruebas, lo que confirma la conciencia de culpa. Todo esto alcanzó niveles extraordinarios de descaro, cuando los mismos militares intimidaron a los pobladores prohibiéndoles que afirmaran que las heridas de Alberto habían sido causadas por el ejército y presionándolos a que afirmaran en cambio que ellas habían sido causadas por la guerrilla, mientras nadie había visto a ningún guerrillero esa noche. Sobra todo comentario.

El viernes 5 de octubre de 2012, a las 8:30 horas, un testigo que se encontraba en la Embajada de Chile, en Bogotá, escuchó a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo cuando le respondía a un conocido suyo allí presente, quien le había preguntado sobre la situación de la Comunidad de Paz luego de algunas condenas a militares por la masacre de febrero de 2005. La funcionaria afirmó que la Comunidad sólo se interesa por el dinero y que por ello había llevado el caso a la Corte Penal Internacional para buscar indemnizaciones grandes, pues las reparaciones que da Acción Social le parecen demasiado exiguas. Ya hace un tiempo que la Comunidad rompió relaciones con la Defensoría porque comprobó que la corrupción la había invadido y que ya no defendía a nadie sino su propia burocracia. Llegar a niveles tan bajos y sucios de mentira, cuando precisamente la Comunidad ha rechazado las reparaciones administrativas porque convierten a las víctimas en mercancías sin importar su dignidad y su memoria, es propio sólo de funcionarios sin ética alguna.

Por los mismos días se informó que el “Defensor Comunitario” de San José de Apartadó, quien nunca ha defendido a miembros de la Comunidad de Paz cuando son víctimas de graves violaciones de sus derechos, ahora está empeñado en una campaña de sabotaje a la Comunidad, con el propósito de impedir que se cumplan estrictamente los reglamentos y principios definidos en su Reglamento. Está tratando de convencer a algunas personas que se han retirado voluntariamente de la Comunidad de Paz porque les resultaban onerosas algunas normas y trabajos comunitarios, de que permanezcan en los espacios de la Comunidad y no se retiren de allí para él poder penetrar en esos espacios con programas del Estado que subviertan la economía y organización comunitaria. Sobra todo comentario ante estrategias tan sucias.

El viernes 12 de octubre de 2012, a las 19:00 horas, miembros de la fuerza pública fuertemente armados ingresaron sin orden judicial alguna a la vivienda del Señor JORGE BEDOYA, habitante del casco urbano de San José de Apartadó, sometiendo la vivienda a un allanamiento ilegal. Luego procedieron a amenazarlo, acusándolo de hacer comentarios contra la fuerza pública luego de la balacera del 4 de octubre en la cual su vecino, Alberto Ariza, fue gravemente herido por un proyectil proveniente de la base militar.

El lunes 15 de octubre de 2012, en horas de la madrugada, falleció en el hospital de Apartadó el Señor ALBERTO ARIZA HUACA, de 32 años, quien había sido herido el pasado 4 de octubre cuando, estando en su casa y al disponerse a abrir la puerta luego de sentir el llanto de unos niños durante el tiroteo, una bala penetró en su cuerpo y le destrozó órganos vitales. Llevado al hospital por miembros de la Comunidad de Paz, quienes lo recogieron herido y lo acogieron primero en San Josesito, su salud se fue deteriorando hasta fallecer quince días después. Entre tanto había sido acusado por los militares y policías acantonados en el caserío, incluso por las emisoras radiales, de ser “guerrillero”, acusación que indignó a toda la población que lo conocía como padre de familia, integrante de una congregación cristiana y trabajador en la obra que se adelanta actualmente en la carretera. Su muerte constituye a todas luces un crimen de guerra e infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, pues el ejército disparó esa noche contra las viviendas civiles, pudiendo ser apreciadas por muchos pobladores las balas que provenían, luminosas e incandescentes, desde la base militar, penetrando en varias viviendas y en la escuela. Esta es una consecuencia más de la intransigencia del Gobierno, el cual se ha negado a acatar las prescripciones de la Corte Constitucional, la cual prohíbe ubicar puestos de policía y bases militares, en zonas de conflicto, en medio de la población civil. No hay duda alguna de que al mismo Presidente Santos, a quien tantas veces se le ha suplicado que acate las Sentencias de la Corte, le cabe responsabilidad de primer orden por esta muerte. La Comunidad de Paz, enterada de la muerte de Alberto, organizó una marcha hasta Apartadó, desde donde acompañaron a pie el cadáver de Alberto hasta San José.

El sábado 1 de diciembre de 2012, un grupo de paramilitares subieron a la vereda El Porvenir, allí se acercaron a los campesinos preguntando por varias personas residentes de la vereda pero que al momento no se encontraban ya que por ser fin de semana habían salido. Los amenazaron dejándoles un mensaje que era mejor que no volvieran a la zona si no querían morir.

El domingo 2 de diciembre de 2012, hacia las 6.00 horas otro grupo de paramilitares acampó en la finca de la Comunidad de Paz que está ubicada en la vereda la Esperanza, allí se mantuvieron durante todo el día. Nuevamente desde allí han proferido amenazas contra la comunidad argumentando que esa hp de comunidad es un estorbo en la zona y obstaculiza el proyecto militar y paramilitar que ellos tienen planeado para esa región.

El miércoles 5 de diciembre de 2012, salieron desplazadas dos familias de la vereda La Esperanza, aunque las familias no hacían parte a nuestra Comunidad de Paz, de igual forma es población campesina, recordamos que desde hace varias semanas los paramilitares vienen haciendo presencia constante en la vereda con amenaza a la población civil.

El domingo 9 de diciembre de 2012,  nuevamente fueron vistos por campesinos un grupo de paramilitares que patrullaban en La Esperanza, diciendo a varios campesinos que tenían una lista de personas para asesinar y que tarde o temprano les darían papaya, que ellos seguirían por esas áreas, allí procedieron a fotografiar a toda persona que pasara.

El domingo 16 de diciembre de 2012, un grupo de paramilitares que desde hace varios días se encuentran acampados en el paraje de Caraballo en inmediaciones a la vereda Arenas Altas, donde el miércoles 14 de noviembre de 2012 hubo combates entre paramilitares y guerrilla. El grupo paramilitar allí acantonado realizaron disparos y ametrallamientos generando de esta forma intimidación y zozobra contra la población civil de los entornos, sin que hasta el momento la fuerza pública haga nada.

El sábado 29 de diciembre de 2012, entre las 18 y 19 horas, por dos ocasiones aterrizaron dos helicópteros militares en la finca de la Comunidad en la vereda La Esperanza, allí desembarcaron tropas militares y acamparon en los predios de la zona humanitaria de la comunidad, dañando las cercas y los alambrados.

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