Nuestras constancias y clamores se suceden sin que ninguna instancia del Estado muestre preocupación alguna por el accionar intenso del paramilitarismo, como brazo armado que actúa en plena coordinación con los puntos de control de la fuerza pública.  Los paramilitares insisten en que nos sometamos a ellos bajo la amenaza de exterminarnos. No nos someteremos y hacemos una vez más responsable al Gobierno de todos los horrores a que nos tienen sometidos. El Presidente Santos ha estado informado minuciosamente de todos estos horrores y se niega a actuar. Las bases paramilitares siguen intactas y protegidas por la fuerza pública. Continuamos dejando constancias para la historia y estamos seguros de que la gente consciente sigue caminando con nosotros en una resistencia moral ante tanta infamia.

La opción de nuestra Comunidad de Paz se ha centrado desde su inicio en la defensa de la vida frente a cualquier estructura armada, por eso dejamos constancia ante los humanos que no comparten las estrategias de muerte, de todos los hechos que destruyen la vida. Nuestra opción por la vida ha sido la ruta central que nos permite avanzar hacia un mundo que algún día respete la vida y donde no reine la impunidad de los asesinos.

Hace quince días dejamos constancia ante el país y el mundo de la manera como continúan actuando las estructuras paramilitares en nuestro territorio, en las bases donde siempre han estado desde hace años protegidas por la fuerza pública y todas las demás autoridades del Estado. 

Semana tras semana vemos acrecentar el actuar paramilitar, no solamente en los territorios de nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó sino en muchas otras zonas del país, pero lo peor es que la sociedad va asumiéndolo como un destino fatal, sin remedio, al que debe someterse. Muchos no creen cuando denunciamos las formas de presencia y acciones concretas de los paramilitares en la zona de nuestra Comunidad. Nadie hace nada. Todo se le comunica inmediatamente al Presidente de la República pero él lo único que hace es remitir los registros a las jerarquías del Ejército y de la Policía, que son las instituciones que incentivan, apoyan, protegen y encubren a los paramilitares, para que ellas “investiguen” lo que estos hacen. Y las jerarquías militares y policiales inician una remisión en cadena a los comandantes, desde el más alto nivel hasta el más bajo, esperando que la respuesta vuelve a remontar todas las cadenas de mando con los contenidos de rutina utilizados durante varias décadas: “no teníamos tropas en la zona en ese momento”; “los hechos no fueron denunciados ante las autoridades competentes”; “eso no pudo ocurrir porque eso está prohibido por nuestros reglamentos”. Entre tanto los paramilitares ejecutan campesinos, amenazan, desplazan, anuncian el exterminio de nuestra Comunidad, roban, destruyen cultivos, someten a trabajos forzados a poblaciones de veredas enteras, y nadie hace nada. Impera el silencio del terror mientras ellos controlan toda la vida de la población como auxiliares de la fuerza pública; piden documentos; hacen censos; realizan empadronamientos; reúnen a las comunidades; colocan impuestos a productos, incentivan el cultivo de la coca y controlan su comercio; imponen reglas para la vida diaria. Vivimos en una sociedad paramilitarizada mientras el Gobierno del Presidente Santos le vende a la Comunidad Internacional la gran mentira de que el paramilitarismo ya no existe; de que sólo hay bandas de delincuencia común para las cuales ha acuñado la sigla engañosa de “BACRIM”. Todo esto ocurre en una sociedad sometida al accionar paramilitar con la vista permisiva del Estado Colombiano en todas sus instancias, permisividad que trata de ocultar con un discurso en el que afirma perseguir el paramilitarismo, algo no creíble para quienes vivimos la realidad cruda, en la cual esto no es más que una simple burla.