Acciones Jurídicas

"Si el Señor Presidente renunciara a los propósitos persecutorios contra la Comunidad de Paz, restauraría su honor y su buen nombre retractándose de sus calumnias que han servido de justificación a tantas violencias contra la Comunidad acallando a quienes las están reeditando constantemente para servir a sus propósitos, como periodistas, ex ministros, funcionarios judiciales, paramilitares, políticos e intelectuales; reubicaría las unidades de la fuerza pública en donde no incentiven el conflicto armado ni violen las opciones de paz de la Comunidad; permitiría que los proyectos de economía solidaria se desarrollaran con tranquilidad y que la vida, la libertad y dignidad de los miembros de la Comunidad y de la población de su entorno dejaran de ser rehenes de sus proyectos políticos, económicos y militares".

Difundimos las denuncias instauradas ante las Altas Cortes  e Instituciones del Estado Colombiano por parte de las Juntas de Acción Comunal del Corregimiento de San José de Apartado.

Aunque nuestras opciones son diferentes, una vez más las victimas, en este caso Las Juntas de Acción Comunal dejan constancia y piden Justicia para los crímenes, mentiras, falsedades y calumnias en contra de campesinos de la zona por parte de alias “SAMIR” comandante del V Frente de las FARC desmovilizado  a finales del año 2008

"Tanto ensañamiento exige preguntarle, Señor Ministro, ¿qué buscan con ello las Fuerzas Armadas? ¿Acaso el cúmulo de omisiones, evasivas, silencios, tolerancias, respaldos y condescendencias con todos los actores de tan perversa e inicua persecución, no revela a las claras que existe una decisión del Ministerio de Defensa de eliminarlo física o moralmente? ¿Va a continuar el Ministerio de Defensa evadiendo explicaciones sobre el caso ante la Comunidad de Paz, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comunidad Internacional?"

"No se trata, Doctor Muñoz, de algo del pasado, sino de estrategias en plena marcha, como lo revela la manera como se está utilizando al desmovilizado alias “Samir”, domicialiado actualmente en la Brigada XVII contra toda norma legal, para confeccionar montajes infames contra la Comunidad de Paz, con el concurso del ex Ministro del Interior y Justicia, Dr. Fernando Londoño Hoyos, y otros numerosos medios de comunicación que quebrantan toda la ética de la información".

   El Artículo 15 de la Constitución Nacional establece que:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

 “nadie será obligado a actuar contra su conciencia” (Art. 18)

“El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa”  (Concilio Vaticano II, documento Dignitatis humanae). [No. 1782]

""Se han multiplicado los anuncios de exterminio de la Comunidad por parte de militares y paramilitares. La Brigada extorsiona a miembros de la Comunidad, amenazándolos con judicializarlos si no colaboran en dicho exterminio y ofreciéndoles grandes sumas de dinero si colaboran. La alianza entre Ejército, Policía y Paramilitares sigue tan fuerte y atrevida como siempre. En el caserío de Nuevo Antioquia sigue existiendo una gran base paramilitar, desde donde se desplazan sus tropas por las veredas aledañas sembrando muerte, destrucción y terror; allí mismo se coordinó, entre la Brigada XVII y las estructuras de alias Don Berna, la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El Ministerio de Defensa sigue denominando “muertes en combate” numerosos casos de “falsos positivos” que han ocurrido allí, y no hay sanción alguna para los oficiales que los han perpetrado. El poder judicial en la zona sigue hipotecado a la Brigada XVII. Se violan todos los principios constitucionales y legales de un debido proceso. Ya ni siquiera se responde a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido necesario pedirle a todas las Altas Cortes del Estado que declaren un “estado de cosas inconstitucional”. Las sentencias de la Corte Constitucional han sido burladas mediante respuestas que sólo contienen formalismos ajenos a la realidad real. Los avances en la investigación de la masacre de 2005, fuera de ser un caso excepcional que se debe a presiones de senadores de Estados Unidos, ponen al desnudo, no solamente la barbarie del crimen y la unidad de acción entre Ejército y paramilitares, sino los mecanismos que usa el Gobierno para engañar al mundo, entrenando falsos testigos; cuidando que las órdenes escritas se ajusten a la ley mientras se dan directrices orales y secretas para perpetrar los crímenes y se acomodan todos los informes escritos para esconderlos y negarlos.""

DERECHO DE PETICION A LAS ALTAS CORTES DE COLOMBIA EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PAZ

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"Las situaciones concretas que a continuación enumero y describo sumariamente como FUNDAMENTOS DE HECHO de este derecho de petición, le mostrarán a las Altas Cortes que varios principios constitucionales de capital importancia para una administración de justicia de carácter democrático, son ignorados o violados en forma sistemática, y en ello caben responsabilidades tanto al poder judicial como al poder ejecutivo".  *******