CONTINUAMOS RODEADOS POR LA MUERTE

En las últimas semanas, sin que el Gobierno y su fuerza pública hayan prestado la más mínima atención a nuestros clamores para que cesen la persecución y la barbarie contra nuestra Comunidad de Paz, sus atentados y hostigamientos han continuado, secundados por otros actores armados, contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población civil que nos rodea y que acude a nosotros para que le ayudemos a visibilizar su tragedia.

Queremos dejar constancia nuevamente, ante el país y el mundo, de los últimos crímenes que nos han afectado:

En la semana del 11 al 15 de abril de 2011, se repitieron las llamadas telefónicas del desertor de las FARC alias “ZAMIR”, ilegalmente domiciliado en la Brigada XVII desde noviembre de 2008, y del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, protegido también en la misma Brigada desde hace unos días, al menos a ocho pobladores del caserío de San José, en las cuales eran conminadas a colaborar con el Ejército en calidad de informantes, si no querían ser judicializadas o ejecutadas. A dos de estas personas les advirtieron que ya no tenían salvación, pues ya estaban condenadas a muerte. Si bien este tipo de amenazas, de utilización de procedimientos paramilitares y de prácticas de terror, han sido constantes desde hace muchos años en esta misma Brigada. esto confirma la continuidad de prácticas de terrorismo de Estado en un momento en que el mismo Jefe de Estado difunde versiones falsas en otros países sobre la vigencia de un Estado de Derecho, y más grave aún, cuando uno de los actores de estas prácticas de terror, ostenta la distinción de “Gestor de Paz” que el ex Presidente Uribe le otorgó.

El miércoles 13 de abril de 2011, a las 10:00 horas, cuando uno de los líderes de la Comunidad de Paz, llegó al puerto de Frasquillo, sobre la represa de Urrá, con insumos agrícolas para los cultivos de la Comunidad, miembros del Ejército le impidieron pasar, exigiéndole un permiso especial de la UMATA y requiriendo de él una serie de datos personales, cuya exigencia está prohibida por la Corte Constitucional porque constituyen una forma de empadronamiento ilegal. Al ser contactada por teléfono la Defensora Regional del Pueblo de Urabá,, aprobó que los militares exigieran los datos que la Corte Constitucional prohíbe requerir.

El viernes 15 de abril de 2011, hacia las 18 horas, tres hombres armados llegaron a la casa de ALCIDES SUCERQUIA TUBERQUIA, de 39 años, ubicada en el caserío de San José a muy pocos metros del puesto de Policía, y mientras hablaba por teléfono le dispararon en la cabeza causándole la muerte en forma inmediata. Algunas personas vecinas creen que los victimarios eran integrantes de las FARC, pero aún no hay claridad sobre la autoría del crimen. La Comunidad, a petición de su familia, recogió el cadáver y le hizo la velación y el entierro en su asentamiento de San Josesito. Los miembros de la Policía presentes en el caserío de San José en ese momento, se mostraron indiferentes y se negaron a prestar cualquier colaboración para recoger el cadáver o facilitar las diligencias legales. Una funeraria, a petición de la Defensoría del Pueblo, trasladó el cuerpo a Apartadó para un irregular levantamiento y le cobró una gruesa suma de dinero a la Comunidad para entregar luego el cadáver. Alcides dejó cuatro niños pequeños de seis y cuatro años los mayores, y dos gemelos de ocho meses.

El lunes 18 de abril de 2011, a las 14:00 horas, el Ejército se enfrentó con un grupo de guerrilla, dejando en medio del cruce de fuego a seis integrantes de nuestra Comunidad de Paz del asentamiento de Mulatos, quienes en ese momento trabajaban en una de las parcelas de cultivo de la Comunidad. Ellos lograron correr y salir con vida del cruce de fuegos. Una vez terminado el enfrentamiento, los militares detuvieron arbitrariamente a cuatro campesinos que viven en cercanías de la Comunidad y los tuvieron privados de su libertad durante tres horas; les dijeron que eran guerrilleros y afirmaron que la Comunidad de Paz posee cultivos de coca. Cuando los detenidos respondieron que ellos sabían que eso era falso, pues la Comunidad expulsa quienes participan en el cultivo de coca, los militares insistieron en que la Comunidad de Paz es cultivadora de coca y guerrillera; les prohibieron, además, que contaran lo ocurrido a miembros de la Comunidad, pues si eso ocurría, se tendrían que arrepentir.

Frente a este nuevo cerco de muerte que nos tienden, nuestra Comunidad reitera su decisión de mantenerse en su proyecto de Vida, de Justicia, de Paz y de Solidaridad y de no retroceder ante las amenazas que buscan conminarnos a abandonar nuestro camino.

Nuevamente invocamos la solidaridad de quienes nos conocen y saben que trabajamos por un mundo diferente, alternativo al mundo de injusticia y violencia que se nos quiere imponer sin resquicios de alternativa alguna.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 18 de 2011

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